ILSB crea plataforma para denunciar casos de violencia política de género

La Redacción | CIMAC Noticias

Viernes 30 de abril de 2021

Ciudad de México.- La elección del próximo 6 de junio es la primera en México donde hay una participación masiva de mujeres, por esa razón el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) lanzó la plataforma mujeresalpoder.mx para denunciar casos de violencia política de género.

En la presentación virtual que se realizó este 30 de abril, la subdirectora del ILSB, Valentina Zendejas, expuso que en México se han dado cambios acelerados a favor de la participación política de las mujeres; sin embargo, quedan retos para que las mujeres participen en política libres de violencia y en igualdad de condiciones con los hombres.

La defensora aseguró que existe una gran brecha entre las leyes y la práctica. Por ejemplo, aunque la paridad en candidaturas es un principio constitucional desde 2014, los partidos debatieron las razones para postular mujeres en 8 de las 15 gubernaturas en juego. Al final acordaron presentar candidatas mujeres.

En el contexto electoral las mujeres indígenas, trans, afromexicanas o que viven con una discapacidad o en contextos rurales enfrentan obstáculos mayores que el resto de las mexicanas, dijo, pero además aquellas que se interesan en participar en los procesos político-electorales enfrentan diferentes violencias de género.

Zendejas expuso que en las elecciones de 2018, 16 candidatas fueron asesinadas y 106 reportaron violencia política. En contraste, solo se abrieron 6 carpetas de investigación. Una de las razones de la diferencia entre los casos de violencia y las denuncias, es que se desconoce cuál es el proceso para presentar una queja, de ahí que el ISLB creó una ruta clara y sintetizada.

En la presentación participó la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, quien dijo que la violencia política se vive en las campañas, pero también cuando se ejerce un cargo. Expuso que con las reformas en materia de violencia política de género, vigentes desde abril de 2020, las candidatas pueden denunciar en caso de ser víctimas de amenazas, agresiones o conductas que limitan su participación en la vida pública.

La consejera mencionó que hoy la violencia se puede denunciar por la vía administrativa, penal-electoral o jurisdiccional, pero además los partidos políticos tienen la obligación de prevenir y atender actos violentos y el INE creó una guía de prevención y atención y un registro de personas sancionadas en materia de violencia política, el cual ya suma 21 hombres registrados.

Humphrey Jordan dijo que las ciudadanas deben conocer que tienen derecho a estar en los espacios libres de violencia, convencerse de que tienen capacidades y que su presencia en la democracia es necesaria para tener un país más incluyente. Ejemplo de que las mexicanas están haciendo uso de la ley es que, desde que se publicaron las reformas en materia de violencia política en 2020, el INE ha recibido 73 denuncias.

La plataforma creada por el ILS explora tres vías para denunciar: al interior del partido político, ante cualquier órgano del INE y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además recomienda solicitar medidas cautelares o acercarse a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

La Redacción (2021). ILSB crea plataforma para denunciar casos de violencia política de género. CIMAC Noticias. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/30/ilsb-crea-plataforma-para-denunciar-casos-de-violencia-politica-de-genero

Radio Onda d’Urto, uno de los 250 colectivos que se organizan para recibir a los zapatistas en Italia

Radio Onda D’Urto | Desinformémonos.

Lunes 3 de mayo de 2021

Del encuentro con la delegación zapatista esperamos poder devolver las enseñanzas recibidas, además de realizar un recorrido plural que pueda ser una «escuelita» al revés, nos gustaría mostrar las formas de lucha de la ciudad de Brescia y la organización desplegada desde abajo.

Desde 1994 en la Radio Onda d’Urto hablamos de lo que sucede en el sureste mexicano. Para nosotros, la lucha zapatista es ejemplo de autogestión y autonomía, un proyecto político revolucionario, que con mucho coraje busca construir un mundo diferente.

Queremos compartirles cómo vivimos en Europa, con los dramas de la subsunción del capitalismo, pero también de pequeñas y grandes formas de resistencia y alternativas. En definitiva, con este encuentro estamos intentando hacer un proyecto colectivo y volver a conectar a quienes se hayan perdido en el camino.

Nos estamos organizando en una asamblea de más de 250 grupos e individuos, repartidos por toda Italia. Intentamos garantizar un recorrido amplio, con las medidas de seguridad sanitaria pertinentes, a través de diversos territorios del país, y poder acompañar a las pequeñas y grandes luchas.

Radio Onda d’Urto nació en 1985 desde la historia de la “autonomia operaia” (autonomía de los trabajadores) en Brescia, segunda ciudad de Lombardía, con la radio intentamos romper el cerco de la información capitalista, con profesionalidad y dedicación, es una forma de hacer información “de parte”. Desde la radio apoyaremos el viaje zapatista a Italia y a Europa difundiendo y esperamos que el recorrido también pueda pasar por nosotros.

La lucha por la vivienda y los migrantes son dos de las luchas más importantes de la ciudad, las cuales apoyamos en Radio Onda d’Urto. Durante la pandemia hemos trabajado en el desarrollo de la salud pública, laica y popular. La situación socio-económica es grave, pero ya estaba muy mal, se puede decir que la pandemia mostró las problemáticas del capitalismo y mostró toda la violencia de la desigualdad en la sociedad.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Radio Onda D’Urto (2021). Radio Onda d’Urto, uno de los 250 colectivos que se organizan para recibir a los zapatistas en Italia. Desinformémonos. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/radio-onda-durto-uno-de-los-250-colectivos-que-se-organizan-para-recibir-a-los-zapatistas-en-italia/

A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco

Anayeli García Martínez | CIMAC Noticias

Lunes 3 de mayo de 2021

Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh
Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh

Ciudad de México.- Han pasado 24 meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura sexual cometida por policías en contra de 11 mujeres, sin embargo, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con las medidas de reparación, entre ellas, la investigación y sanción de los responsables. 

Si hace 15 años, cuando las mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el gobierno estatal a cargo de Enrique Peña Nieto les ofreció una aspirina para ayudarlas a apaciguar los golpes y la violencia, ahora la administración de López Obrador hace lo mismo porque sólo en una ocasión trató de calmar la exigencia de justicia asegurando que cumpliría la sentencia. Dos años después no ha hecho nada para acatarla.

En conferencia de prensa, a propósito del 15 aniversario de este caso, cuatro de las 11 sobrevivientes: Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que no existe avances en la investigación penal y no hay ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.

Además, mencionaron que no se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015 y coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres y no se ha instalado un observatorio sobre el uso de la fuerza, como se recomendó en la sentencia de la Corte IDH.

Barbara Italia Méndez Moreno | Cortesía Centro Prodh

En abril de 2019 el Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición. 

En esta ocasión Bárbara Italia Méndez Moreno dijo: “El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles. Tenemos las peores noticias. Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido”.

Investigación e impunidad 

A 15 años de los hechos Italia Méndez envió un mensaje al gobierno federal: “Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna”.

Respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, la abogada y co-coordinadora del área de Defensa Integral, Melissa Zamora Vieyra, dijo que no hay avances. “No existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, del fuero local ni del fuero federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Estamos ante un Estado que ha incumplido con la sentencia de la Corte Interamericana”. 

En un recuento de lo sucedido, la abogada explicó que la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha enviado a la federación la investigación que mantiene abierta contra policías estatales, en concreto a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, es decir, incluyendo a los probables responsables de los tres niveles de gobierno. 

Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la Fiscalía estatal, cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia, se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.

Edith Rosales Gutiérrez | Cortesía Centro Prodh

Mecanismo de seguimiento de casos de tortura

Por otra parte, en septiembre de 2015 el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, para revisar casos de tortura sexual, pero desde entonces sólo emitió tres dictámenes, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. En contraste, el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito. El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2020.

La colaboradora del área Internacional del Centro Prodh, Sofía de Robina, expuso que el gobierno les informó que este Mecanismo se formalizaría por medio de un decreto, después les dijeron que sería por medio de lineamientos y ahora les informaron que buscarán otro camino. El fortalecimiento de este Mecanismo se detuvo en octubre de 2019. 

A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que, dijo, las organizaciones continúan documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.

Edith Rosales Gutiérrez declaró que el presidente de la República no puede decir que no sabía de este caso o qué no le toca: “Cuando salió la sentencia yo decía: apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada; otro gobierno y tampoco nada. Lo más chistoso es que este gobierno no tiene que negociar con nosotras. La sentencia ya está, lo único que tiene que hacer es ejecutar, sin embargo no quiere, no quiere cumplir con la justicia”.

Observatorio de uso de la fuerza

En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, en el reciente informe que el Estado mexicano envió a la Corte IDH, el pasado 23 de marzo, informó su decisión de no cumplir con lo establecido en la sentencia. El argumento fue que ya se cuenta con órganos de control interno y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación, que cumplen con este propósito. 

Sin embargo, el observatorio ordenado por la Corte IDH es para que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. Este mecanismo de observancia debería ser independiente, dijo De Robina. El Centro Prodh y las Mujeres de Atenco no ha sido convocadas para analizar el diseño de este mecanismo, a pesar de que en diciembre de 2019 enviaron una propuesta de monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional. 

El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte se agrava si se toma en cuenta que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter militar que ha usado la fuerza en protestas de mujeres. Por ejemplo, en León, Guanajuato; en Ecatepec, Estado de México; en Cancún, Quintana Roo y en Jalisco, se han realizado operativos donde la policía “agrede” y violenta sexualmente a las manifestantes.

Yolanda Muñoz Diosdada | Cortesía Centro Prodh

En conferencia de prensa Yolanda Muñoz Diosdada dijo “Todo lo que se ha dado después (del 3 y 4 de mayo) sólo han sido decepciones porque el gobierno está dando lapsos muy largos y no ha da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quienes fueron. Creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de once, es de miles de mujeres que siempre están y seguirán ahí, participando para que esto no se vuelva a repetir”.

Medidas individuales

Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas. Situación que no es acorde con una política diligente de atención a víctimas.

Sofia de Robina señaló que las mujeres no reciben atención médica ni psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni del Instituto de Salud para el Bienestar. “A la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas han dejado incluso de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional”, dijo De Robina. 

Claudia Hernández Martínez | cortesía Centro Prodh

Claudia Hernández Martínez consideró que han pasado 15 años de injusticia. “Desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal. En ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación. Incluso hubo compañeros que perdieron las vida en esa represión, del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser revictimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado.

Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que este plazo finalizó en 2020 con dos medidas concluidas de las 9 ordenadas. Las abogadas de las víctimas, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a la CoIDH una audiencia de seguimiento a fin de que el Estado y las representantes legales de las mujeres expongan cómo se ha cumplido la sentencia. El organismo internacional no ha confirmado si se realizará este encuentro. 

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

García Martínez, A. (2021). A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco. CIMAC Noticias. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/03/a-3-lustros-de-los-hechos-de-atenco-estado-mexicano-sigue-sin-reparar-tortura-sexual-a-mujeres-de-atenco

El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd

Katia D’Artigues | Yo También.

Lunes 3 de mayo de 2021.

Fotografía de las manos de una mujer de edad adulta, recargadas sobre un bastón de madera, en la imagen se puede apreciar que lleva puesta una blusa de color blanca.

Contradicciones, olvidos y desidia a 13 años de la Convención de Discapacidad.

Hoy deberíamos de estar de manteles largos en México. Al menos en el papel, hoy hace 13 años que en nuestro país entró en vigor una Convención, la de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) que está llamada a cambiar la cultura y la forma en que vemos a las personas con discapacidad en el mundo. Además, orgullo nacional, es una Convención internacional que ¡México propuso al mundo, vía la ONU, gracias a un compatriota, Gilberto Rincón Gallardo!

Pero hoy a una década y tres años de distancia de este cambio paradigmático -que ya han firmado y ratificado 187 países en el mundo-  hay mucho qué poner en la mesa y poco qué festejar. Incluso tras el cambio Constitucional en Derechos Humanos de junio de 2011 que obliga a todos nuestros servidores públicos a tomar todas las convenciones del tema que México ha firmado como parte, nada menos, que ¡del mismo texto de la Constitución!

Lo bueno de esta Convención, considerada el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, es que tiene un mecanismo de seguimiento y de recomendaciones que México está -en el papel, ojalá que en la realidad también- obligado a cumplir.

¿Cuál es el estatus de la Convención hoy?

Es un misterio difícil de reportear porque todas las instancias involucradas en reportar y hacer cumplir la CDPD se ‘echan la bolita’ unas a otras. Incluso mandan documentos que se contradicen unos con otros. 

Históricamente, las Convenciones de derechos humanos que tienen mecanismos de seguimiento son sustentadas por México ante la ONU por la secretaría de Relaciones Exteriores. Claro, con el apoyo del resto de la administración que tiene que contribuir a reportar sus acciones hacia la población con discapacidad: todos tienen algo que hacer.

No está de más repetir el círculo al que nos comprometimos como país al firmar la Convención y su Protocolo Facultativo y que ya habíamos reproducido en algunas otras notas de Yo También para dejarlo más claro:

Infografía en forma de reloj con flechas de color morado y lila, la imagen tiene el logotipo de las naciones unidas, en color azul al centro. 

Texto en la imagen: 1 Estado (en este caso México) firmó y ratificó la CDPD.
2 Estado entrega a la ONU su Informe Oficial.
3 Sociedad civil e instituciones entregan Informes Alternativos o sugerencias para la “Lista de Cuestiones” (una serie de preguntas sobre cómo se está implementando la CDPD).
4 ONU emite la “Lista de Cuestiones” al Estado.
5 Estado responde por escrito a la “Lista de Cuestiones” de la ONU.
6 ONU y Estado establecen diálogo interactivo en Ginebra, Suiza. Participan también organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad.
7 ONU emite sus observaciones finales o recomendaciones
8 Estado da seguimiento y aplica las recomendaciones de la ONU

México ratificó por unanimidad hace 13 años la Convención. Ya se hizo todo el círculo una vez y recibimos recomendaciones, mismas que por cierto no hemos cumplido, en 2014.

En esta segunda vuelta, estamos de nuevo en el punto 5 tras que la ONU mandó la “Lista de Cuestiones” (que son preguntas, pero por lo general se usa el anglicismo) y que puedes leer aquí en una traducción accesible que hicimos o bien en la página oficial de la ONU acá, en octubre de 2019. Nuestro país respondió a estas preguntas formalmente hasta el ¡30 de septiembre de 2020! 

¿Qué contestó México? 

En la secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas, director de Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores, me mandó una presentación de siete páginas -sí, siete- donde tras esta enorme lista de preguntas o cuestiones que mandó la ONU reportan cuatro -sí, cuatro- avances en las recomendaciones que tenemos desde 2014. Una presentación, que, por cierto, tiene de fecha abril de 2021 y que puedes ver aquí.

  1. Que se hicieron reformas a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad referentes al reconocimiento de su capacidad jurídica, accesibilidad universal y derecho a la consulta (Aclaración: es una iniciativa aún y NO una ley).
  2. “Propuesta de creación de una Ley General de Accesibilidad”. (Aclaración: Es una iniciativa que no se ha dictaminado aún de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu que primero tiene que cambiar un artículo de la Constitución para que el Poder Legislativo pueda regular el tema, para luego hacer una “Ley General de Accesibilidad”. No está ni cerca de ser una realidad). 
  3. Programas: la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con discapacidad (Aclaración: que la secretaría de Bienestar hizo sin consulta, es un “programa” que tiene 17 páginas y que analizó aquí Agustín de Pavía).
  4. Y la implementación de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente, “cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la población con discapacidad y promover en el corto plazo la disminución de la brecha de desigualdad en el ingreso”. 

Hay que recordar que este programa, que ha sido criticado lo mismo por Coneval que por la Función Pública, tiene como meta atender a 1 millón de personas con discapacidad cuando en el Censo 2020, se reportaron más de 20 millones de personas con limitaciones para cosas de la vida diaria.

Y ya, esas son las acciones. Hay una más que no pongo como tal porque me parece cebollazo que en realidad nos debería dar vergüenza:  “En 2006, México fue el principal promotor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo”. 

Más preocupante es la lista, mucho más grande, de las 21 instituciones que, como dice la misma presentación “están en falta de reportar acciones”: la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con discapacidad (CONADIS, con 16 recomendaciones); las Cámaras de diputados y senadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También las secretarías de Gobernación, Función Pública, Seguridad y Protección ciudadana, la de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, la de Salud, la de Cultura y la de Bienestar (con cinco recomendaciones).

También El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de los Puueblos Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ballinas me cuenta que pidieron que la reunión entre organizaciones de personas con discapacidad, el Estado Mexicano y los expertos del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (el paso 6 de la infografía que luego da paso a nuevas recomendaciones), que se realiza en Ginebra, fuera hecha a distancia, por la pandemia. “El comité no aceptó y será hasta que haya condiciones de hacerla de manera presencial”, me respondió por whatsapp en un intercambio que tuvimos sobre cómo va todo el proceso.

Por cierto, hay una página en la que Relaciones Exteriores ha hecho una lista de tooodas las recomendaciones (de todos los tratados de Derechos Humanos) de las que ha recibido recomendaciones. Hay 3 mil 549 recomendaciones a la fecha, hechas por 33 entidades emisoras, en 34 temas y con 2 mil 367 acciones reportadas.

La página se llama Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH) . Ahí se puede observar que hay 79 recomendaciones al CONADIS, que es una institución que prácticamente ha desaparecido; 152 al CONAPRED, que está casi en las mismas, esta semana el mismo presidente dijo que quería desaparecerla; 68 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que es una de las encargadas de seguir cómo se aplica la Convención). Eso a vuelo de pájaro.

¿Qué pasa en el fondo? Nadie se hace cargo del tema

En una entrevista sincera que le hice en el 2019, la subsecretaria Martha Delgado, encargada de Derechos Humanos y Relaciones Multilaterales de la secretaría de Relaciones Exteriores, aceptó que había que buscar “un campeón” dentro de la administración amloísta que se quiera encargar del tema de la discapacidad. La entrevista la puedes leer aquí, es de agosto de 2019. 

Esto tras que en la ONU, durante una reunión formal de la propia Convención, el mismo Ballinas había dicho, el 11 de junio de 2019, -ante la falta de titular del CONADIS, que no ha tenido cabeza en todo el sexenio- dijo, sin dar más detalles, que México analizaba crear un “Sistema” para la atención de la discapacidad, tipo el de Infancia y adolescencia, es decir el SIPINNA. 

No ha pasado nada desde entonces. Peor aún, esta semana el presidente insistió en que hará una “Reforma administrativa del gobierno” que planea desaparecer muchos organismos autónomos e incluso algunos adscritos a Gobernación como CONAPRED. Ya no digamos CONADIS aunque formalmente es una institución a la que nos obliga el Artículo 33 de la Convención y que es la “garantía” de la aplicación de la Convención y que prácticamente no existe. 

¿Por qué el tema no está en Gobernación?

Aunque los temas de las personas con discapacidad son derechos humanos y casi todas las instituciones relacionadas con derechos humanos están bajo el paraguas de la secretaría de Gobernación, no es así en el caso de personas con discapacidad, lo que tendría que ser un diseño institucional básico.

Sí, se trata de derechos humanos y deberían estar a cargo en particular del subsecretario del ramo, Alejandro Encinas, pero no es así. Los derechos humanos de personas con discapacidad están, formalmente en la secretaría de Bienestar (antes SEDESOL)

En corto, el propio subsecretario ha sido claro en que está sobrepasado. Incluso cuando en una conferencia de prensa a la que asistí donde hizo un reporte de su primer año de trabajo, y le pregunté sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, él dijo algo relevante: con un gesto que abarcaba a todos los responsables de las áreas que tiene a su cargo (lo mismo las miles de personas desaparecidas, que infancia, no discriminación, violencia contra las mujeres, migración) dio a entender que estaba sobrepasado en responsabilidades. Incluso -lo dijo- es público,

Pidió en ese momento -ante mi petición como reportera y activista- que la aún titular de Conapred, Mónica Maccise (que luego renunciaría y nadie se ha hecho cargo de la dependencia más que como ‘encargada del despacho’), hiciera un reporte de las acciones hechas a favor de las personas con discapacidad en el sexenio y que me lo hicieran llegar. Pero nunca lo recibí. ¿Se hizo? No lo sé. 

Es cierto: esta administración se ha puesto a ‘dieta’ de instituciones y recursos -y eso aunque suena bien en principio-  en un país con tantas crisis simultáneas de derechos humanos es difícil que pueda ‘apagar’ tantos fuegos con tan pocos funcionarios a cargo. 

Suena hasta humano, pero aún así injusto para 20 millones de personas con alguna limitación de la vida cotidiana que necesitan que alguien -quien sea, pero de manera seria- impulse políticas públicas al respecto en toda la administración.

¿Y la secretaría de Bienestar?

López Obrador decidió, desde el inicio del sexenio, que el tema de la discapacidad estaría a cargo no sólo de una secretaría diferente sino de una persona en particular: Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. AMLO ha dicho en múltiples ocasiones que, para él, “más vale el encargo que el cargo”. Y así ha sido: o si no vean la multitud de responsabilidades, que no le corresponden, pero que le ha dado, por ejemplo al Ejército: hasta construcción de bancos y aeropuertos.

Montiel ha dicho en múltiples ocasiones que el presidente le ha pedido que primero acabe de dar el millón de pensiones y que luego haga más cosas para favorecer a este grupo que necesita acciones en todas las secretarías. 

A inicios del sexenio dijo que quería que CONADIS -que no ha desaparecido, pero es casi un zombie- fuera una dirección a cargo de su secretaría. No ha sido así de manera institucional formal, pero casi: ya no tiene sede, tiene cada vez menos presupuesto y menos personas que hacen lo que deberían hacer: concientizar y apoyar a todas las dependencias a que vean a las pcd.

Aunque Montiel, quien también es cercana personalmente al mundo de la discapacidad, ha dicho que el tema es de “altísima prioridad” y que el presidente será un “gran aliado” en el tema, pues no ha sido así. Aquí hay una entrevista con ella donde así lo asegura. Ahí están sus palabras. 

Incluso también México ha incumplido al ni siquiera responder en tiempo y forma a una recomendación histórica sobre la violación a derechos humanos de una persona en particular (es un mecanismo que también permite la Convención). Se trata del caso de Arturo Medina Vela, que litigó Documenta y que exige que el Estado Mexicano reconozca, como lo ha hecho en otros casos, que violó sus derechos humanos, le ofrezca una disculpa pública, lo indemnice y también se tomen acciones para su no repetición. Aquí puedes leer un resumen del caso de Medina Viela. 

Hay que seguir exigiendo

Pese a que en Yo También hicimos un cuestionario que pedimos que contestaran, en 2018, todos los y la candidata a la presidencia sobre acciones que tomarían hacia personas con discapacidad y nuestro actual presidente lo respondió aquí, lo que prometió -y nos hizo llegar vía su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, no se ha cumplido ni de cerca. 

En cuanto llegó al poder, lo que hizo fue apostar todo por las Pensiones para el Bienestar de las personas con discapacidad y comenzar a desmantelar las instituciones que se hacían cargo de impulsar desde el interior del gobierno todas las acciones y políticas públicas que hay que promover para lograr una verdadera inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento de la Convención sobre sus derechos que hoy, de manera triste cumple 13 años.

Cuando comenzamos la aventura de hacer Yo También, hoy hace 2 años en honor justo al aniversario de la Convención, entrevisté brevemente en nuestro primerísimo newsletter a Lídice Rincón Gallardo sobre su padre y el papel que tuvo en que se negociara y lograra la Convención. Recuerdo sus palabras sobre el día en que al fin se firmó y ratificó:

“Reconocía el gran trabajo de ponerse de acuerdo tantas naciones, personas, culturas en un solo rubro. Estaba inmensamente feliz, pero me dijo: ‘Lo difícil viene ahora. Ya está la normativa, ahora hay que aplicarla. ¿Cómo lo vamos a aterrizar, cómo se va a armonizar, cómo se va a aplicar?’”.

En eso seguimos, pero con graves retrocesos. Olvido y desidia institucional. Abandono.

Pero para no terminar deprimida, mejor termino citando una frase del que fue presidente del Comité Especial de la Convención, el neozelandés Don MacKay, quien dijo:

“La simple existencia de la convención da a las personas con discapacidad y a sus organizaciones la facultad para que le digan a sus gobiernos: ‘ustedes han aceptado estas obligaciones’, e insistir en que las cumplan”.

Y eso seguiremos haciendo.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

D’Artigues, K. (2021). El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd. Yo También. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-desolador-13-aniversario-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-las-pcd/

In Socal Showdown, Andy Ruiz vs Cris Arreola Give An Underrated Classic Bout

The Two Mexican heavyweights gave their most complete version of themselves, the good, the bad and the wild as Arreola chastised the judges for bonker scorecards.

Ruiz V Arreola

Andy Ruiz Jr won Saturday’s May 1st showdown via Unanimous Decision. While this editor had Ruiz winning 8 rounds out of the 12, Arreola scored a knockdown in the 2nd. There was also very definitive work during the 3rd where Ruiz was stunned by the same straight right hand. Our score was 116-111 in the score cards for Ruiz, not the ridicolous 118 to 109 two judges had for Arreola. Even the scorecard we have does not tell the entire story. Cris was dangerous for 4 rounds, while also still having the potential to time Ruiz for the last 8 rounds.

Photo: Cris Arreola Drops Ruiz Jr.

Regardless of the official scorecards, the fanbase for both fighters would likely enjoy the PPV once more and numbers, social media have established an appetite for a rematch.

Arreola Drops Andy Ruiz Jr With Great Timing

Arreola delivered a straight right hand to Ruiz. The commentators believed that shot was to the back of the head (or nearly there), but the Ruiz knockdown was ruled legal.

The second and third round saw evidence of Andy Ruiz Jr’s ring rust and oveconfidence. While coming forward, Ruiz was rocked and dropped by a straight right hand from Arreola during the second round of their fight. Again, in the 3rd round another right connected and appeared to hurt Ruiz. Timing was key as Ruiz went straight forward, missing and Arreola was able to capitalize off that mistake. His jab was consistent throughout the fight, most notably in the first half of the fight.

The new training camp. The weight loss, the new mentality may have led to an overconfident Ruiz. Arreola may be 40 years old, but his camp with legendary Joe Goosen proved that he could once more be inspired enough to drop any former champion or champion. Conditioning, technique and experience proved more valuable for the faster, possibly more powerful Andy Ruiz Jr.

Highlights from PBC on Fox

Ruiz vs Arreola HIGHLIGHTS: May 1, 2021 – PBC on FOX PPV – YouTube

Eventually, Ruiz Jr’s faster handspeed and three punch combinations consistently landed on Arreola who was grimacing from bodyshots and punches to his shoulder. Ruiz Jr. may have anticipated a cautious Arreola. As a result, he began targeting his defensive posture and may have hurt Arreola to the shoulder (of all places) by the 8th round.

Post-Fight Interviews

As mentioned, the wide (too wide) margins led to Arreola to call foul. Belligerent and colorful, he advised that the judges should ‘Suck My D*ck‘ since the cards were so overwhelmingly in favor of Andy Ruiz Jr despite his early knockdown and control of the fight.

For his part, Eddy Reynoso commented on Andy Ruiz Jr having shown the newfound discipline. He remarked that Andy was able to define

Colorful Press Conference From Ruiz vs Arreola

ANDY RUIZ VS. CHRIS ARREOLA FULL POST-FIGHT PRESS CONFERENCE – YouTube

Fans Fight

The undercard also featured bonus fan fights, with members of the audience brawling at different points and time of the event. There are countless videos of the incident, no security present but also no serious injuries at the Dignity Health Park Stadium.