Detienen a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal y cercano a García Luna

El 24 de septiembre de 2020, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Cárdenas Palomino, por el delito de tortura en la modalidad e instigador y autor material.

Redacción | Animal Político

Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano a Genaro García Luna, fue detenido en el Estado de México en un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

A través de un comunicado, la FGR indicó que luego de trabajos de investigación se pudo identificar la ubicación de Cárdenas Palomino en un inmueble en Naucalpan, Estado de México, lugar donde esta madrugada fue ejecutada una orden de cateo en la que se le detuvo.

El exfuncionario, relacionado con probables hechos de tortura ocurridos en 2012, en contra de presuntos secuestradores, quedó a disposición del Juez Federal quien determinará su situación jurídica.

Sobre la detención de Cárdena Palomino, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la acción se debió porque era el segundo de García Luna y tenía una investigación abierta en la fiscalía; “se le detuvo porque ya no hay impunidad”, dijo.

El 24 de septiembre de 2020, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino, por el delito de tortura en la modalidad de instigador y autor material.

Palomino forma parte de una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 13 elementos y mandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas el 27 de abril del 2012.

https://twitter.com/FGRMexico/status/1412034833656815616/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1412034833656815616%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2021%2F07%2Fdetienen-a-luis-cardenas-palomino-exmando-de-la-policia-federal-y-cercano-a-garcia-luna%2F

El 31 de julio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió con el congelamiento de más de 45 cuentas bancarias relacionadas a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, exaltos mandos de la desaparecida Policía Federal acusados en Estados Unidos de trabajar para el Cártel de Sinaloa.

Entonces, autoridades federales confirmaron a Animal Político que en el caso de Cárdenas Palomino se procedió con el congelamiento de 40 cuentas bancarias a su nombre en distintas instituciones, a los que se suman cinco cuentas bancarias de terceros vinculados con él.

Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García fueron durante tres sexenios altos mandos de la policía en México.

Impulsados por su jefe, Genaro García Luna, escalaron posiciones en áreas de seguridad e inteligencia, hasta tener a su cargo operativos clave contra el crimen organizado y la vigilancia de instalaciones estratégicas, carreteras y aeropuertos.

El presente articulo es propiedad de Animal Político

Redacción (2021) Detienen a Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal y cercano a García Luna. Animal Político. Recuperado el Lunes 5 de Julio del 2021 en: https://www.animalpolitico.com/2021/07/detienen-a-luis-cardenas-palomino-exmando-de-la-policia-federal-y-cercano-a-garcia-luna/

Inicia IEEPCO 48 Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política en Oaxaca

* Durante el proceso electoral 2020-2021

* Uno de ellos fue interpuesto por la candidata del PAN Ivonne Gallegos quien fue asesinada en marzo pasado

Soledad Jarquín Edgar | Sem México

México, Oaxaca | Lunes 5 de Julio del 2021 | — : —

 Durante el proceso electoral 2020-2021, el instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana inició un total de 48 procedimientos especiales sancionadores (PES), por violencia política en razón de género.

De acuerdo al informe público en el primer año se registraron nueve procedimientos siete de los cuales corresponden a violencia política y la mayoría de ellos fueron interpuestos contra autoridades municipales y en un solo caso contra “operadores, titulares y/o responsables de medios de disfunción o de comunicación de noticias digitales vía internet mediante páginas o cuentas de redes sociales”.

De los siete procedimientos dos han sido remitidas al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y el resto se encuentra en etapa de audiencia de pruebas e investigación. Dos también recibieron medidas cautelares de las cuatro que solicitaron la medida.

De los 41 PES interpuestos en 2021 destaca el registrado el 20 de marzo pasado por Ivonne Gallegos Carreño, aspirante del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Ocotlán en contra de Miguel Pacheco Pérez y Eduardo Salvador Díaz Ríos. Se trata de la misma fecha en que fue asesinada a pesar de que la candidata había acudido ante la instancia correspondiente una tarde antes.

La mayoría de los procedimientos especiales se interpusieron en contra de actos cometidos por autoridades municipales, al menos cuatro diputados locales, partidos políticos y funcionarios.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Soledad Jarquín Edgar (2021) Inicia IEEPCO 48 Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política en Oaxaca. Sem México. Recuperado el 6 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/inicia-ieepco-48-procedimientos-especiales-sancionadores-por-violencia-politica-en-oaxaca/

Foro Igualdad Generación busca crear 80 millones de empleos decentes y reducir la pobreza extrema de las mujeres

Ofrece ONU Mujeres reducir pobreza a 85 millones de mujeres y niñas

Las mujeres jóvenes abandonan la escuela para ir a trabajar 

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

No es posible que las mujeres y las niñas sigan trabajando tres veces más y no compartan esas responsabilidades que son de todas y todos, expresó Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres en París en el Foro Generación Igualdad.

A nombre de la Coalición de Justicia y Derechos Económicos expreso su satisfacción de haber lanzado la Alianza Global de los Cuidados en colaboración con ONU Mujeres a fines de marzo en México.

Señaló que el objetivo de la Alianza es poner en la agenda pública la necesidad avanzar hacia sociedades de cuidado, cuya importancia se evidencio después de la pandemia, por lo que realmente hay que invertir, reconocer, redistribuir los cuidados en una corresponsabilidad de gobierno, sector privado, sociedad civil y filantropía. 

En cinco años se busca crear hasta 80 millones de empleos decentes en el sector y que se reduzca en 85 millones el número de mujeres y niñas que viven en la pobreza señala ONU Mujeres en datos sobre la Coalición de Justicia y Derechos Económicos. 

 Mediante las acciones de transformar la economía de los cuidados; aumentar el trabajo y el empleo decentes; inclusión financiera de las mujeres y el control sobre los recursos productivos, y establecer planes macroeconómicos con perspectiva de género. 

Se busca cambiar con estas acciones:  

Actualmente 740 millones de mujeres en todo el mundo trabajan en la economía informal, donde prevalecen la inseguridad laboral, los bajos salarios y las duras condiciones y horas de trabajo.

Que durante tres décadas se ha mantenido la brecha de género en 31 por ciento, que ante los efectos económicos del COVID-19 se proyecta que 47 millones más de mujeres caerán en la pobreza extrema. 

Las mujeres jóvenes (entre 15 y 29 años) tienen tres veces más probabilidades de estar fuera de la fuerza de trabajo y de no ir a la escuela que los hombres jóvenes.

Mientras que el 71 por ciento  de la población mundial carece de acceso a la protección social, las mujeres se ven particularmente en desventaja en los sistemas de protección social, con lo que registran menores tasas de cobertura y niveles de prestaciones sustancialmente inferiores.

Una encuesta efectuada en 18 países muestra que el COVID-19 ha intensificado la carga de trabajo de las mujeres en el hogar, y casi la mitad de todas las mujeres que viven con sus hijos en el hogar declaran que dedican más de cinco horas diarias al cuidado infantil.

La discriminación contra las mujeres es más si son indígenasMaría Noel Vaeza

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para la Américas y el Caribe dijo que la pandemia no ha creado la desigualdad en nuestra región, pero si la vino a profundizar lamentablemente.

Esta desigualdad enlaza con una profunda discriminación que aún existe contra las mujeres y contra las mujeres indígenas aún más.

En el marco del evento virtual “Crisis y oportunidades: mujeres indígenas ante la pandemia” abundó que las mujeres indígenas tienen un rol fundamental en la defensa del medio ambiente, que cobra un relieve especial en el contexto de la crisis y la prevención de futuras pandemias. 

Yeleny Melody Juárez, activista representante de las niñas lideran, de Guatemala expresó que “Nuestros gobiernos y tomadores de decisiones necesitan acepta que muchas veces las mujeres indígenas llevan el sustento a las familias, por eso deben incluirse en los planes y políticas públicas”.

Mientras que Tarcila Rivera Zea, presidenta de Chirapaq, centro de culturas indígenas del Perú demandó “queremos que la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres sea una realidad en esta generación”. 

Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y despatriarcalización de Bolivia, expuso que “la madre tierra te da las medicinas para luchar contra las enfermedades, las mujeres indígenas lo sabemos y lo utilizamos para cuidar a nuestras comunidades.  

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Elda Montiel  (2021) Foro Igualdad Generación busca crear 80 millones de empleos decentes y reducir la pobreza extrema de las mujeres. Sem México. Recuperado el 3 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/foro-igualdad-generacion-busca-crear-80-millones-de-empleos-decentes-y-reducir-la-pobreza-extrema-de-las-mujeres/

INE se compromete a evitar la violencia de género en los medios: Carla Humphrey Jordán

La violencia política de género, se detectó sobre todo en elecciones municipales

Pondrán en marcha jurisprudencia para actuar contra la violencia mediática

Redacción | Sem México

Ciuda de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Desde la autoridad electoral se debe contrarrestar la violencia mediática y digital en contra de las mujeres, porque es parte de las obligaciones que marca la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señaló la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordán.

En el octavo conversatorio en línea “¿Qué recursos tiene el INE ante la violencia política contra las mujeres en razón de género?”, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación reconoció la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para garantizar por la vía plurinominal la integración paritaria del Poder Legislativo, porque “en los hechos esto luego no se ve contrastado con las acciones que toman los partidos políticos”.

En el evento virtual, Carlos Alberto Ferrer, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, advirtió que uno de los mayores desafíos es contrarrestar la violencia política contra las mujeres en razón de género que ocurre en redes sociales.

Ello, porque “es un problema dar con los infractores y sancionarlos”, debido a que muchos ocupan perfiles falsos o pueden estar radicados en otro país. De ahí que se tenga una colaboración estrecha con Facebook para evitar estos contenidos.

Aseguró que la violencia política contra las mujeres en razón de género ocurre principalmente en el ámbito local y han detectado una mayor incidencia en el estado de Veracruz, pero desde el INE se cuenta con buenas prácticas para combatir este fenómeno.

Ejemplos de estas herramientas son la “Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, que contiene el formato de queja y facilita la denuncia, así como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el cual el Instituto y los Organismos Públicos Locales (OPL) evalúan “el modo honesto de vivir” de aquellos a los que se acredite responsabilidad.

Más mujeres en las gubernaturas

Laura Liselotte Correa, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, alertó que la paridad no garantiza por sí misma la igualdad sustantiva, por lo que es necesario seguir trabajando para que las mujeres tengan acceso al mismo trato y oportunidades.

Resaltó que, con el actual andamiaje electoral, seis mujeres ocuparán el cargo de gobernadora en Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala y las proyecciones establecen que 248 de ellas serán diputadas federales, lo cual representa el 49.6 por ciento del total de las curules, pero solicitó dar un seguimiento y analizar “de qué manera repercute el liderazgo en la agenda política” para la disminución de las brechas de desigualdad, no sólo entre las mujeres sino en otros grupos de la población.

Jacqueline Vargas, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, detalló que han sancionado a aquellos partidos políticos nacionales que no destinaron al menos el tres por ciento de sus prerrogativas a la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres. En 2018 las multas ascendieron a 32.5 millones de pesos, mientras que en 2019  aumentaron a 52.9 millones.

Precisó que, si bien continúan con la fiscalización de las elecciones locales, han detectado 92 casos de candidatas en los cuales el partido incumplió en dar el 40 por ciento del financiamiento público, 14 de los casos se encuentran en Morelos, siete en San Luis Potosí y la misma cantidad en Sonora.

Avance en paridad de género

Patricio Ballados, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, dijo que a través de los años se ha avanzado poco a poco y de manera responsable en cuotas, interpretaciones y principios constitucionales para que las acciones afirmativas dirigidas a las mujeres sean permanentes, de ahí que en el Proceso Electoral 2020-2021 se modificaran 500 candidaturas y se revisara que seis mil cumplían con la paridad de género.

Ballados explicó que los criterios de las acciones afirmativas buscan “garantizar mínimos indispensables sin que eso se convierta en una camisa de fuerza” para los partidos políticos “en donde la sociedad no pueda distinguir las visiones que tienen cada uno”.

Por último, Roberto Heycher Cardiel, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, detalló que en el proceso electoral se utilizaron todos los medios de comunicación al alcance del INE para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la difusión de spots en radio, televisión y redes sociales.

Además de la capacitación a 41 mil 88 asistentes electorales y 13 millones 331 mil ciudadanas y ciudadanos para que visibilicen la violencia, la concienticen y la prevengan, así como webinars para la formación ciudadana.

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Redacción (2021) INE se compromete a evitar la violencia de género en los medios: Carla Humphrey Jordán. Sem México. Recuperado el 2 de Julio del

Instalan Unidades del MP para atender delitos contra población LGBTTTIQA+

* Investigarán delitos que involucren la orientación sexual, identidad de género o expresión de género 

* Estas oficinales ministeriales especializadas se ubicarán en municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco

Ángeles Gómez | Sem México

Benito Juárez, Quintana Roo | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo suscribió un Acuerdo por el que se instalan la Unidades Especializadas del Ministerio Público para la investigación de delitos que involucren la orientación sexual, identidad de género o expresión de género en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

En el marco del mes del orgullo LGBTTTIQA+ el fiscal general Óscar Montes de Oca sostuvo que esta acción es resultado de los esfuerzos coordinados con otras instituciones tales como el poder judicial y el congreso local a iniciativa del diputado del Edgar Gasca Arceo, quien el pasado mes de marzo promovió una reforma de ley para incluir al código penal la agravante de odio en los delitos de lesiones y homicidio. 

La competencia territorial de las Unidades Especializadas del Ministerio Público para la Investigación de Delitos que involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género, será la siguiente:

a)        La Unidad Especializada con sede en Benito Juárez conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Benito Juárez.

b)        La Unidad Especializada con sede en Solidaridad conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum.

c)        La Unidad Especializada con sede en Othón P. Blanco conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

El Acuerdo signado por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo responde a la obligación del estado para promover y proteger los derechos humanos y a la no discriminación demandada por la comunidad LGBTTTIQA+, para conducir las investigaciones de hechos probablemente constitutivos de delito con perspectiva de género, respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación.

Las Unidades de Investigación empezarán sus funciones una vez que reciban la capacitación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación dependiente de la Secretaría de Gobernación, -entre otras instituciones-, las cuales serán permanentes y progresivas.

Con acciones como ésta, la FGE cumple con su encomienda constitucional de investigar, identificar, ubicar y capturar a quienes no respeten la ley y/o atenten contra la integridad física de los y las quintanarroenses y sus visitantes.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Ángeles Gómez (2021) Instalan Unidades del MP para atender delitos contra población LGBTTTIQA+. Sem México. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/instalan-unidades-del-mp-para-atender-delitos-contra-poblacion-lgbtttiqa/

La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo

Se pronuncia porque se libere el aborto en la entidad y se cumplan recomendaciones internacionales

Las feministas hacen un recuento de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y denuncian la negativa a dictaminar sobre la ILE

Sara Lovera | Sem México

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Una ola de indignación, condena  y reclamos contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz, surgieron  en el país y en el mundo. Ello  por el encarcelamiento de Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, recluida  desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo y provocado por la violencia de su pareja.

Este caso es resultado de una política sistemática en Veracruz, agravada por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace más un mes está presa en Acayucan por un aborto, señalaron una centena de colectivas de mujeres e, integrantes del sistema estatal contra la violencia en Veracruz.

Paralelamente Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV)  condenaron los hechos y exigieron al gobierno de Veracruz cumplir dar cuenta de los atropellos  contra  Diana Patricia.

Lo que sucedió a Diana Patricia, sostienen los organismos de Derechos Humanos,  vulnera gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.

Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto, es muy grave. Por ello las firmantes, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres,  representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.

Las colectivas feministas señalan, además  que la Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados.

La Fiscalía demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género y  significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

La CNDH exhortó  al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos y sostiene que urge derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de condenan la acusación por homicidio contra Diana Patricia porque  denota la falta de perspectiva de género en la investigación,  además de  la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que  abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable. 

Recuerda la CNDH  que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.

La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Feministas condena conducta desviada en Veracruz, desde hace tiempo.

Elevan sus protestas al Gobernador Cuitláhuac García, omiso en su actuar desde de 2019 y narran:

Incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto.

 En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. 

En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.

 Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz. 

Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. 

A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar. 

Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.

Recuerdan que  las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005. Xalapa, 

 Los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias. 

El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel  lo que no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.

 Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.

 Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.

 Ambos hechos tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.

 Firmantes Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER. Marea Verde Altas Montañas. Xalapa, Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C. Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde Colectivo Colmena Verde Luz María Reyes Huerta. Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. Ana María Fonseca Cortés. Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Haydée Aurora Magallanes Montalvo. Ana María Fonseca Cortés. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona. Deisy Iris Jácome Sánchez. Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C. Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos. Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD. Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista Martha Martínez Marín. Metzeri Ávila San Martín. Marea Verde Totonacapan. Católicas por el Derecho a Decidir. María Sabina Martínez Pinto, Activista. Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 Boca del Río. Belem Palmeros Exsome, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona, MAMVBER. Magaly Emilia Corona García, MAMVBER. Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C. Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C. Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación. Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C. Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C. RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres. Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz. Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C. Pro-Mujeres Veracruz Iniciativa feminista Veracruz Las Libertarias

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Sara Lovera (2021) La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. Viernes 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-cedh-de-veracruz-condenan-a-la-fiscalia-y-al-gobierno-por-violaciones-a-los-ddhh-de-una-mujer-encarcelada-tras-sufrir-un-aborto-espontaneo/

Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la expulsión, algunos atropellos contra los migrantes

Roberto Pichardo Ramírez | Desinformémonos

—- | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Toda persona que por cualquier motivo se encuentre fuera de su lugar de origen puede ser considerada migrante. México es un país que reúne todos los tipos de flujos de movilidad humana posibles: migración, recepción y tránsito en direcciones sur-norte y norte-sur. Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Cuba son algunos de los países que más circulan en el territorio nacional.

Dentro de los fenómenos migratorios, las personas refugiadas se ubican como un grupo en especial vulnerabilidad que requiere de una protección internacional específica. Al respecto expuso Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, durante una sesión formativa de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.

La necesidad de una normativa sobre refugio quedó evidenciada durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros convenios internacionales dictaron que las personas refugiadas serán aquellas que tengan con algún temor a ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opiniones políticas.

Con la revisión realizada para la Declaración de Cartagena (1984), la definición ampliada agregó principios relacionados con violencia generalizada, conflictos internos y cualquier situación que pueda vulnerar a las personas. Las asimetrías entre ambas definiciones generan que ciertas personas sean consideradas en algunos países, pero no en otros. Por ejemplo, y a diferencia de algunas naciones, México contempla la persecución por razones de género.

A partir de la figura del refugiado se desprenden otros mecanismos de resguardo. La protección complementaria se otorga cuando la devolución de una persona a su lugar de origen implica un riesgo de ser sometido a tratos inhumanos. Por su parte, el asilo político es una facultad en la que las personas perseguidas por razones políticas son protegidas por los países receptores.

Las personas que solicitan asilo lo hacen por su voluntad. Casos emblemáticos como los de Julian Assange y Edward Snowden exponen las afinidades políticas entre los solicitantes y los países receptores. No obstante, la Declaración de Cartagena establece que la oferta de refugio debe ser por razones humanitarias, no con intereses de cualquier tipo.

De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reconocerse como persona refugiada es necesario iniciar un proceso administrativo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el cual se debe solicitar a los 30 días de ingreso al país.

Guerrero Navarro indicó durante su cátedra que se trata de un proceso que no cuenta con una normativa de celeridad, por lo que el proceso puede extenderse por meses o hasta años. En el intermedio, los solicitantes pueden acceder a la condición de visitante por razones humanitarias, una figura jurídica que les permite tener acceso a beneficios públicos y laborales.

Los Estados tienen el derecho de aplicar controles en puntos de internamiento en fronteras o aeropuertos para regular el ingreso de migrantes, los cuales deben asegurar los principios de no discriminación y no devolución. Pese a ello, en México existe una práctica regular de devolver a las personas, especialmente en casos de migraciones masivas, sin analizar casos individuales.

También se les detiene en Estaciones Migratorias con el fin de regresarlas a su lugar de origen. Tal omisión a los principios humanitarios pudo observarse en la instalación de un puente aéreo el mes pasado que, en su primer día de operaciones, devolvió a casi mil centroamericanos a sus respectivos lugares de origen.

La detención migratoria ha sido una figura controversial debido a que ocurre en condiciones que no corresponden a la gravedad de las faltas. “No existe un control judicial para esto. Es el director del Centro Migratorio quien decide si la persona se queda en México o no”, explicó Salvador Guerrero. Además de la falta de acceso a la justicia, las personas refugiadas ven vulnerados sus derechos a la identidad y a la unidad familiar.

El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de igualdad que permitan que todas las personas puedan acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas refugiadas se basan primordialmente en factores de xenofobia. “Está comprobado que la instalación de un grupo migrante hace subir el nivel de vida de toda la comunidad”, expresó el especialista.

Este material se comparte con autorización de la IBERO Puebla

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Roberto Pichardo Ramírez (2021) Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la expulsión, algunos atropellos contra los migrantes. Desinformémonos. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/xenofobia-procesos-burocraticos-dilatorios-y-riesgo-a-la-expulsion-algunos-atropellos-contra-los-migrantes/

Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas

Foto: Cuartoscuro

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Colectivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los discursos estigmatizantes que el gobierno federal emite contra la prensa en México.

En la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones”, 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos, además de cesar las narrativas estigmatizantes y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras.

La organización Artículo 19 señaló que la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de “permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras”, por lo que ha aumentado la violencia y el deterioro de entornos seguros para el ejercicio de libertad de expresión y defensa de derechos humanos en México. Además, las autoridades no se posicionaron sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas, de acuerdo con las organizaciones denunciantes.

Los periodistas presentaron un video durante la audiencia, para señalar que el actual gobierno utiliza recursos públicos y a través de los espacios oficiales, estigmatiza a personas defensoras, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, “con el fin de silenciar, censurar y atacar la disidencia”, señalaron. Por su parte, los representantes del Estado mexicano negaron los hechos.

La CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), propusieron establecer mesas de diálogo entre el gobierno mexicano e integrantes de la sociedad civil, aunque, denunciaron las organizaciones que no hubo respuesta por parte de las autoridades. 

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Redacción (2021) Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas. Desinformémonos. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/denuncian-al-estado-mexicano-ante-la-cidh-por-estigmatizacion-contra-periodistas/