Padres de los 43 denuncian «intentos de cooptación y división» por grupos de poder

Redacción Desinformémonos

31 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se deslindaron de la participación de cinco padres de familia en una marcha para exigir la liberación de José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición de los estudiantes, y aseguraron que quienes se movilizaron «fueron manipulados y llevados por Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo».

«La asistencia de estos padres fue a título individual, de ningún modo representan al colectivo de los 43 madres y padres», señalaron en un comunicado, en el que reafirmaron que se encuentran «de pie» para exigir verdad y justicia en la desaparición de sus hijos.

«Los intentos de cooptación y división orquestados desde los grupos del poder y las mafias no detendrán la marcha ni socavarán nuestra lucha. No es la primera vez que sufrimos estas embestidas, ya en el pasado caciques y gobernantes lo han intentado sin éxito. El amor por nuestros hijos es infinito y nuestra lucha por la justicia es inclaudicable», agregaron.

Finalmente, lamentaron la muerte de Ezequiel Mora Chora, padre del normalista desaparecido Alexander Mora Venancio, «quien bajo engaños y manipulación fue llevado a la citada marcha, donde perdiera la vida en condiciones que deben ser cabalmente investigadas».

A continuación el comunicado completo:

El día 28 de los corrientes algunas personas convocaron a una marcha en Iguala para exigir la liberación de José Luis Abarca uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, a la que asistieron cinco padres de familia de los jóvenes desaparecidos que fueron manipulados y llevados por Pedro Segura empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo.

Al respecto manifestamos que la asistencia de estos padres fue a título individual, de ningún modo representan al colectivo de los 43 madres y padres.

Al colectivo de madres y padres de los jóvenes desaparecidos nos queda clara la responsabilidad de José Luis Abarca en la desaparición de nuestros hijos, al tenor de los datos de prueba que obran en la investigación debe ser sancionado con todo el peso de la Ley por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y haber truncado 43 vidas de jóvenes que tenían la esperanza de ser maestros.

Por lo demás, lamentamos el fallecimiento de don Ezequiel Mora Chora padre del estudiante Alexander Mora Venancio quien bajo engaños y manipulación fue llevado a la citada marcha, donde perdiera la vida en condiciones que deben ser cabalmente investigadas. A sus familiares ofrecemos nuestras condolencias y solidaridad.

Queremos destacar que Pedro Segura, por órdenes de la familia Abarca y otros grupos de poder, desde hace tiempo realiza acercamiento con algunos padres para cooptarlos y dividir el colectivo de madres y padres.

El colectivo de los 43 padres y madres se encuentra de pie e íntegro con la convicción de seguir en la lucha por verdad y justicia. Los intentos de cooptación y división orquestados desde los grupos del poder y las mafias no detendrán la marcha ni socavarán nuestra lucha. No es la primera vez que sufrimos estas embestidas, ya en el pasado caciques y gobernantes lo han intentado sin éxito. El amor por nuestros hijos es infinito y nuestra lucha por la justicia es inclaudicable.

ATENTAMENTE.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Comité de Padres y Madres de los 43.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Padres de los 43 denuncian «intentos de cooptación y división» por grupos de poder. Desinformémonos. Recuperado el 02 de septiembre de 2022, de https://desinformemonos.org/padres-de-los-43-denuncian-intentos-de-cooptacion-y-division-por-grupos-de-poder/

Cada día desaparecen 17 niñas, niños y adolescentes en México: REDIM

Las infancias en México también están afectadas por la desaparición de personas, ya sea porque son víctimas de ella o porque sus familiares o conocidos fueron desaparecidos. Hoy, 17 mil 593 niños, niñas y adolescentes permanecen desaparecidas

Pie de Página

29 de agosto de 2022

Andro Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada día, a lo largo del año 2021, 17 personas de 0 a 17 años han desaparecido en México, de acuerdo con datos del Informe “La Infancia Cuenta en México 2022 Niñez y Desapariciones”.

Al día de hoy, 17 mil 593 niños, niñas y adolescentes permanecen desaparecidas, de ellas el 55 por ciento son mujeres y el resto son hombres. En promedio, 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes desaparecidos son encontrados con vida. De cada 100 localizados, uno fue encontrado sin vida.

Las infancias están afectadas por la desaparición, ya sea porque son víctimas de ella, como lo refieren los datos arriba mencionados, o porque sus familiares o conocidos fueron desaparecidos.

“Debemos complejizar la desaparición de las infancias porque hay reclutamiento, trata, secuestros y factores expulsores. En estos casos no podemos hablar de una ausencia voluntaria, sino más bien de huida como estrategia de sobrevivencia”, dice el informe.

Las autoridades no han generado información para saber cuántos niños, niñas y adolescentes viven la ausencia de un familiares desaparecido, no se sabe cuántos participan en búsqueda de sus familias. 

En el 2020 había 35 millones de hogares en el país  y, de acuerdo con los datos de personas desaparecidas, uno de cada 352 hogares del país tiene a una persona desaparecida. 

El informe recoge datos estadísticos sobre la desaparición y las infancias buscadoras, así como testimonios de estos niños, niñas y adolescentes. 

Fernando es un niño de 10 años y busca a su tío Tomás Vergara, en el estado de Guerrero. “Mi tío me invitó y yo sí quise ir. De ahí ya me gustó y seguí yendo. Porque me entretiene y sé que las personas desaparecidas van a regresar a su casa con sus familiares, sabes que van a regresar con sus familiares. A mí no me da tristeza. No es triste porque te diviertes, porque es como una aventura”.

Valentina busca a su tío Jesús.

“Mi tío es Jesús Antonio Mena. Desapareció el 29 de junio de 2010, ya casi doce años de que… de esta búsqueda, pues. Sí es algo triste venir, hacer esto, ver a mi abuelita… me gustaría que estuviéramos, pues, así, todos juntos, la verdad”. 

Monse y Jade buscan a su hermana Andrea, en el Estado de México.

“Mi hermana [Jade] cuando desapareció Andrea tenía tres años. Para mi hermana y para mí, para las dos fue muy difícil en el ámbito de que mis papás tenían que estar ausentes, dedicarse a la búsqueda, ir a muchas asociaciones, a hospitales, a centros. Entonces por esa parte como…fue más el abandono por parte de nuestros padres pero se entiende, están buscando a nuestra hermana. Se siente un vacío muy grande en tu familia. Y cuando desaparece un integrante de tu familia se queda ese vacío, esa ausencia, esa tristeza”. 

El informe fue coordinado por Valeria Geremia y Tania Ramírez Hernández, y realizado por la periodista Paula Mónaco, con estadística de Fernando J. Salas Ventura. 

Entre las recomendaciones que el informe plantea están:

Recomendaciones:

  • Crear unidades de análisis de contexto en todas las Fiscalías especializadas y Comisiones Locales de Búsqueda;
  • Incluir a las Comisiones Locales de Búsqueda en las Coordinaciones Estatales de la Alerta Amber y a la Comisión Nacional de Búsqueda en el Comité Nacional del Programa Alerta Amber, para permitir a dichas instituciones detonar la alerta y no tener que esperar a que la detone la Fiscalía correspondiente;
  • Intensificar la capacitación a todas las autoridades involucradas en la aplicación del Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de herramientas de aprendizaje a distancia y presencial (donde necesario), asignando recursos humanos y financieros suficientes para la formación inicial y continua;
  • Crear lineamientos para la participación de niñas, niños y adolescentes en las operaciones de búsqueda de sus familiares, permitiendo su involucramiento de manera amigable, respetuosa de su interés superior y su derecho a la participación, y de forma acorde a su edad;
  • Incluir el tema de la desaparición de personas, y en particular de la situación y riesgos de niños, niñas y adolescentes, entre los contenidos que se imparten por parte de la Secretaría de Educación Pública, como forma de generar espacios de diálogo y visibilización de la problemática. Capacitar a docentes con herramientas para el enfoque más adecuado;
  • Censar, contabilizar o realizar algún estudio estadístico para cuantificar numéricamente a niñas, niños y adolescentes con familiares desaparecidos;
  • -Crear una guía sobre buenas prácticas de crianza, dirigida específicamente a las familias buscadoras, que incluya un conjunto de herramientas de apoyo y asesoramiento para conciliar las tareas de búsqueda con las tareas de cuidado, de una forma que priorice el sano desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su interés superior y derecho a la vida familiar.
  • Mejorar la capacidad operativa y política del SIPINNA y su Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA) para enfrentar la grave crisis de violencia; así como para la implementación de políticas públicas que avancen en garantizar la supervivencia y vida digna de la niñez.
  • Promover una amplia conversación pública sobre la idea de “víctimas” en sentido amplio, es decir: que no sólo el hijo o hija de un desaparecido sufre su ausencia.
  • Incluir, escuchar y procurar acompañar así a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en esa situación

Aquí puedes leer el informe completo.

“El presente artículo es propiedad de Pie de Página

Pie de Página. (2022). Cada día desaparecen 17 niñas, niños y adolescentes en México: REDIM. Pie de Página. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de https://piedepagina.mx/cada-dia-desaparecen-17-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-redim/

Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios

Sofía Huerta, Desinformémonos

29 de agosto de 2022

Foto: San Bartolo Ameyalco (Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios)

Bajo una serie de irregularidades y con engaños se realizaron supuestas asambleas comunitarias en pueblos para solicitar su integración al registro que busca implementar la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI). Desde suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad, habitantes de diversos pueblos y barrios de la ciudad fueron testigos de una serie de anomalías y desigualdades en estos procesos, que de acuerdo a la convocatoria de la SEPI debían darle seguimiento asambleas comunitarias y autoridades representativas legítimamente reconocidas por ellos y ellas.

El próximo martes 30 de agosto es la fecha límite para que se integre el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La convocatoria de la SEPI, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de mayo del 2022, indica no sólo que estas solicitudes deben ser acompañadas de “antecedentes necesarios y documentos que acrediten” que son indígenas y/u originarios, sino que deben contar en primer lugar con un acta de asamblea comunitaria que “al menos” tenga la fecha y hora, lugar, periodo y ámbito de publicidad de la convocatoria de asamblea, testigos, indicar a qué pueblo indígena pertenecen y un listado de asistentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estos requisitos de “autoidentificación colectiva” es la “manifestación de reunir las características objetivas y subjetivas de comunidad indígena residente”, además de pedir la «manifestación de voluntad colectiva de identificarse como comunidad indígena residente y que solicitan su inscripción al registro” y solicitar el “mandato expreso por medio del cual designan a las personas representantes del grupo social para presentar la solicitud de registro”. En particular la última condición causa ruido, pues los pueblos y barrios comunitarios ya tienen reconocidas sus propias autoridades tradicionales que les representan en diferentes ámbitos.

San Mateo Xalpa, Xochimilco

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

En un domicilio particular y a puerta cerrada, en el pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco se llevó a cabo una asamblea informativa el domingo 14 de agosto. Se convocó a personas mayores de edad del pueblo y a algunas autoridades tradicionales, principalmente. Además, estuvieron presentes funcionarios públicos tanto de la alcaldía Xochimilco como de la SEPI.

Una habitante de este pueblo originario, quien pidió conservar el anonimato por razones de seguridad, y su familia se enteraron de esta “asamblea falsa” porque un familiar suyo recibió la invitación donde de manera explícita informan que se reservan el derecho de admisión. “La difusión no fue tan amplia, fue llamando por teléfono. De hecho, nos enteramos que algunas autoridades tradicionales fueron invitadas a través de una llamada telefónica. Fuimos poco más de 50 personas y donde se llevó a cabo fue en una casa particular, en un domicilio de aquí de San Mateo”, mencionó.

“Los que firman la invitación, uno de ellos es el representante de bienes comunales, que no es representante de bienes comunales, para empezar”, aseguró, pues en San Mateo Xalpa no tienen un comisariado ni representante de bienes comunales, sino que son los comuneros en asamblea quienes son autoridades tradicionales. “También firma el consejo del pueblo, que sabemos que ya no está funcionando desde años atrás”, dijo.

Las autoridades tradicionales en San Mateo son los fiscales, el patronato del panteón y comuneros, aunque los socios de mayordomos están en proceso de ser reconocidos como autoridades. La figura de consejo de pueblo no es un cargo tradicional, sino, una denominación que existía en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue sustituida por las Comisiones de Participación Comunitaria en la legislación vigente.

“Los consejos de los pueblos ya no existen en razón de la sentencia SUP-REC-35/2020 y como ya no existen desde hace tiempo, ahora con el registro se supone que cada pueblo ingresará a las autoridades que consideran tradicionales. Y por obvias razones los miembros del consejo del pueblo quieren ser incluidos en esa lista de autoridades tradicionales, cuando su figura ni es del pueblo ni es tradicional, pues responde a intereses e instrucciones meramente del gobierno y no del pueblo”, agregó .

A la asamblea acudieron poco más de 50 personas. En el lugar, las autoridades tradicionales, mayordomos y socios de mayordomos les dieron una hoja para registrarse, pero no era una lista de asistentes, sino, un formato membreteado con el logo de la SEPI. Esta situación llamó la atención de algunas personas que asistieron pues, notaron que estos nombres, firmas y números de contacto podrían servir para otros fines.

https://fb.watch/fdX7xrfQsq/

La mesa de la asamblea estaba conformada por diferentes funcionarios públicos y habitantes del pueblo. Por ejemplo, Genaro Olivares y Edilberto Ramírez, ambos trabajadores de la alcaldía; David Mendoza y Belinda Santamaría, ex presidente y ex secretaria del desaparecido Consejo del Pueblo. Además de Arturo Aguilar, quien aseguró ser el representante comunal, cuando de acuerdo a la información de habitantes del pueblo no es comunero. De la SEPI acudieron Carlos Bravo Vázquez, quien también es ex asesor del alcalde José Carlos Acosta.

Durante la asamblea se le explicó a los asistentes que tienen que mandar pruebas tanto de sus fiestas patronales como de su adscripción como originarios, ya que en caso de algún “error”, aseguró Carlos Bravo, trabajador de la SEPI y quien recibe por horarios un sueldo mensual estimado neto de 63,729 pesos.

“Una vez que tienen estos elementos, se llenan los formatos, se presentan ante la SEPI, un comité de expertos en pueblos originarios analizará los documentos, no los calificará, los analizará y en su caso podrá decir: ‘al pueblo de San Mateo Xalpa le falta completar el listado de ciudadanos con derecho a emitir su voto en las asambleas o le falta incorporar o enriquecer más fiestas de las que registró aquí y dará una prevención al comité general de que tiene dos meses, tres meses para completar esta información, para que se te reconozca, para que se te asuma como pueblo originario”, explicó Carlos Bravo durante esa reunión del 14 de agosto.

Es importante mencionar que muchos vecinos y vecinas de San Mateo fueron excluidas de la reunión, pues además de que fue en el patio de una casa particular, cerraron las puertas de la casa para que nadie más pudiera ingresar. Ante esta situación algunos vecinos exigieron que abrieran las puertas, sin embargo, la dueña de la casa, Belinda Santamaría se negó.

“Dejaron a muchísimos vecinos a fuera, porque todas las puertas estaban cerradas. Los vecinos de afuera empezaron a tocar para poder entrar. Una vecina dijo que si estábamos en una asamblea del pueblo, estaba mal que estuviera cerrada la puerta. Debieron dejar entrar a los vecinos porque seguramente tenían intereses en esa reunión y por eso estaban tocando. De hecho, cuando empieza la trifulca, tanto el zaguán como la puerta chica estaban cerradas”, compartió una vecina de San Mateo.

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El conflicto comenzó cuando uno de los vecinos pidió la palabra para expresar su descontento y que no estaba de acuerdo con que se hiciera una comisión ni ser parte del registro. En ese momento las cosas se salieron de control: “Los organizadores se empezaron a molestar y entre ellos estaba el hijo de la dueña de la casa que se le fue encima a una de las personas que estaba en desacuerdo. En ese momento, este individuo golpeó a un adulto mayor. Ahorita ya hay un proceso judicial, me parece, sobre todo porque el señor que fue agredido tiene 84 años y el hijo de la señora ha de andar en sus casi cuarenta”, narró.

Diferentes voces exigieron que se suspendiera la asamblea, pues ya no había condiciones adecuadas no sólo para tomar decisiones, sino para la seguridad de todos y todas. En ese momento, diferentes personas aprovecharon la situación para terminar de firmar el acta de asamblea, la cual era necesaria en el proceso para pedir el registro: “Ellos lo hicieron así, todos sus acarreados aprovecharon la trifulca para anotarse en una lista y noté que estaban dobleteando votos. Yo había contado 27 personas a favor de que se llevara a cabo el registro y los demás éramos como un tanto que estábamos en desacuerdo. Ahí empezaron a decir que eran cuarenta y tantos votos a favor”.

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón.

Alejandro Ugalde es autoridad tradicional, su cargo es el de subdelegado. Fue elegido en el mes de febrero del 2019 por asamblea a través de papeletas que los mismos pobladores hicieron para ejercer su derecho. Con anterioridad, Alejandro ya ha vivido una serie de situaciones que desprestigian no sólo su quehacer como autoridad, también ha sido víctima de discursos homofóbicos. Asimismo, personas del pueblo que le apoyan en su cargo han enfrentado agresiones verbales. “El día de la asamblea falsa le gritaron a una de las señoras con la que nos coordinamos, le dijeron ‘vendida’, ‘traidora’, ‘fuera, fuera’. Ya hacia mi persona me dicen: ‘puto’, ‘maricón’. Solamente en una ocasión, hace dos años, recibí golpes y un navajazo en una asamblea, donde curiosamente estuvo presente José Luis Velázquez, quien es parte de la Alianza”, declaró Alejandro.

Foto: Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios

La Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios es una organización que está a favor de varios de los proyectos y políticas públicas del gobierno central. Por ejemplo, la Consulta Indígena para el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, el Registro de Pueblos y Barrios Originarios, entre otras actividades de la SEPI. Uno de sus argumentos para que se lleve a cabo el registro es que “tenga como propósito fundamental dotar, de forma particular, a los pueblos y barrios originarios la calidad de sujetos colectivos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese grupo se encuentra José Luis Velázquez, quien también es originario del pueblo de San Bartolo.

De acuerdo a Alejandro, la asamblea fue convocada en 31 de julio a través de una lona, donde ellos decían que era muy importante el registro para administrar “nuestro territorio”. “Esta asamblea la convoca la pseudo representación del señor Víctor Zaldívar, que está respaldada por un grupo de Morena, en específico por José Luis Velázquez que es un actor político dentro del pueblo que en su momento con la administración pasada de Álvaro Obregón estuvo muy inmiscuido en la problemática y la división que se generó por estos actores políticos al ellos imponer una pseudo representación del pueblo cuando no tienen ellos ninguna acta de asamblea, no tienen un número determinado de votos donde los reconozca la asamblea como representantes”, dijo.

Además, agregó, invitaron a la plaza del pueblo a arrieros, arrieras, algunos equipos de futbol, a algunas familias del pueblo, mayordomos, representaciones de fiestas patrias, “pero esto fue invitaciones en mano. Yo únicamente me dediqué a documentar, entonces, empiezan su asamblea, pidiendo el registro con la INE, pasando sus listas y sí estaba una persona de SEPI, que era Nicolás López López, porque él se presentó como parte de SEPI. En total asistieron cerca de 90 personas”.

Alejandro ha desmentido a través de la página oficial del pueblo de Facebook, Pueblo San Bartolo Ameyalco, varios mitos sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, este trabajo de difusión no es suficiente, pues ante una asamblea donde la mayoría eran personas adultas mayores, la desinformación sobre la libre determinación, autoadscripción y autonomía logró un efecto a favor del registro.

https://www.facebook.com/watch/?v=643076763486306

La asamblea se llevó a cabo el 7 de agosto, de las autoridades tradicionales sólo fueron bienes comunales y los arrieros. Los demás, patronato del panteón y mayordomos no hicieron presencia. “Empezaron a decir (la mesa que llevaba la asamblea) que es importante el registro porque vamos a dejar de ser pueblo y nos van a convertir en colonia, van a aumentar los costos en predial, luz, agua. Que van a intervenir en la decisión sobre nuestro territorio, pues ya no va a ser de nosotros, va a ser únicamente del Estado, porque vamos a ser colonia”, exclamó molesto:

“Varios vecinos y vecinas pidieron la voz, se los negaron totalmente a base de engaños porque realmente la mayoría de estas 90 personas eran señores adultos mayores, arriba de los 60 años que los llevaron a engaños: ‘que si no se lleva el registro vamos a perderlo’, ‘ya no vamos a ser pueblo, vamos a ser colonia’. Entonces con todo esto los estuvieron envolviendo (…)”.

Alejandro explicó que en varias ocasiones argumentó que ellos siguen siendo pueblo originario, pues en otras ocasiones el mismo gobierno central los ha reconocido como tal. Sin embargo, tanto José Luis Velázquez, como uno de los representantes de la SEPI continuaron abonando a la desinformación. “José Luis fue uno de los que continuó diciendo que ‘antes éramos pueblo y ahora ya no lo somos’ (…) el representante de la SEPI dijo ‘muchas felicidades, qué bueno que ustedes accedieron a hacer este registro para que ustedes puedan ser nuevamente pueblo’”. Ante esta situación, una de las vecinas pidió el micrófono para tratar de informar a la gente. Sin embargo, fue atacada por varios pobladores.

“El chiste es que fue un asamblea express, si fue media hora, fue mucho tiempo. Para finalizar, someten a votación: ‘¿quién de ustedes está de acuerdo en que seamos pueblo?’. Fue una votación de 80 personas, con 80 personas argumentan que el pueblo va a empezar con su registro”, finalizó Alejandro, no sin antes agregar que después de la asamblea siguieron recolectando firmas sin INE.

Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

El sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana se reunieron frente al módulo de policía del pueblo de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de 120 personas para discutir y tomar decisiones sobre la asamblea que promovió un presunto representante del pueblo junto a Rafael Castelán, otro integrante de la Alianza, y el JUD de Pueblos y Barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero. La discusión tuvo como eje principal que esta asamblea que se llevó a cabo el 21 de agosto y pretendía ser comunitaria fue en la Sala Tepecuicatl, la cual está fuera del pueblo de Tola, en la colonia Rosas del Tepeyac.

La señora María Inés y un grupo de vecinos acudieron molestos a la Sala Tepecuicatl, “fuimos en oposición a la asamblea realizada fuera del pueblo, en lugar cerrado, sin previo aviso y que por accidente nos enteramos”, mencionó. Al llegar al lugar, la primera anomalía que notaron fue que en la parte de abajo de la lista de asistencia decía: “Acta de asamblea comunitaria del pueblo originario de Santa Isabel Tola, por medio de la cual acreditamos la autoadscripción colectiva para participar en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

María Inés agregó que quienes se organizaron y fueron a esa reunión no sólo están en desacuerdo con el registro, sino que están molestos porque se hizo en un lugar que no está ni en la comunidad: “no debían de haberlo hecho en un espacio cerrado y fuera de nuestro pueblo y esto es lo que lo hace ilegal, por tal motivo, fuimos a protestar. Tuvimos el acompañamiento de derechos humanos, fuimos una profesora, dos ejidatarios, fue una autoridad tradicional del panteón. Yo creo que esta acción fue avalada por la alcaldía porque para haber enviado a su JUD de Pueblos y Barrios, siendo él, vecino e integrante de COPACOS, una persona que lo hemos visto con grupos de choque en las manifestaciones del zócalo”.

Una vez en el interior del recinto y con la presencia de no más de 50 personas, comenzó la reunión. Uno de los que tomaron el micrófono fue el poblador de Santa Isabel Tola Ricardo Martínez, quien comentó que para acceder a un programa social se necesitaban una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores: “por derecho, al tener 65 años ya tengo ese derecho, pero para eso se necesita tener tu credencial de elector, una acta de nacimiento y el CURP. Esos son los requisitos para acceder a ese programa y haber cumplido ya los 65, para poder acceder a ese programa”.

Y continúa con su exposición: “Es lo mismo que les explicó el compañero Rafael Castelán, lo mismo, no vamos a perder la categoría como pueblo, simplemente es para acceder a los derechos como pueblo originario, para cualquier tema. Tenemos un tema bien importante, el Mexicable, es un ejemplo bien claro. ¿Por qué no nos hicieron la consulta? porque a SEPI se le ocurrió decir que no éramos un pueblo originario y es por eso que se tuvo que amparar. Es eso, la convocatoria, va a seguir siendo abierta, lo dice la ley, búsquenlo por favor. Algunos pueblos no lo van a alcanzar, en esta convocatoria no lo van a alcanzar. Inclusive muchos de los seguidores de la Coordinadora, antier estuvieron sentados ahí en SEPI para hacer sus asambleas”.

“Estamos luchando porque esas medidas no sean violatorias, porque nos violentan a nosotros los pueblos originarios e indígenas. No puede ser posible que seamos tan miserables, tener tan poco criterio y no investigar qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. La convocatoria que se hizo para los pueblos y barrios es un registro amañado, no podemos permitir que sigan violentándose los derechos de los pueblos. Los pueblos tenemos autodeterminación, no debemos tener un registro, ya estamos reconocidos. Nuestra Constitución nos avala”, declaró la señora Inés.

En un principio, la convocatoria llamó la atención de activistas y originarios, pues no sólo consideran inconstitucional el registro, pues atenta contra el derecho a la autoadscripción y por ende contra la libre determinación inscrita en el artículo 2º constitucional, sino que les degrada como “grupo social” y que además tienen que demostrar que son originarios e indígenas con documentación que acredite que cuentan con “instituciones y tradiciones sociales y cultuales comunitarias, lenguas, patrimonio cultural material e inmaterial y su reproducción”.

El reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas está en la Constitución, así como en las leyes de las entidades federativas. Y en ese sentido, el criterio de la autoadscripción es un elemento adecuado y determinante cuando se refiere a este reconocimiento. De hecho, el artículo 2º constitucional indica que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Además, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis la/J. 57/2022, no es necesario demostrar la autoadscripción indígena a través de documentos oficiales:

“…no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional.”

Una de las acciones que acompañan la exigencia para frenar el registro incluye una demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien resolvió que el caso no es competencia electoral. “Se unieron 70 pueblos, algunos con el Frente, algunos con la Defensoría de oficio del Tribunal Electoral, ya el Tribunal Electoral manifestó que no es competencia electoral, por eso estamos también con los amparos y las acciones de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México”, declaró el abogado Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.

Velázquez también informó que actualmente están acompañando la impugnación de estas asambleas: “la que se han impugnado son San Mateo Xalpa (Xochimilco), Santiago Tluyehualco (Xochimilco), Santa Isabel Tola (Gustavo A. Madero) y San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón). Son 4 asambleas de estas que se hicieron con irregularidades para el registro las que están ahorita en tribunales”.

Recientemente, el 22 de agosto del 2022, una ciudadana obtuvo respuesta de una solicitud de información (folio 090162422000196), en la cual quiso saber cuántos y cuáles pueblos y barrios originarios solicitaron registrarse en el sistema de la SEPI. Como respuesta, el JUD de Consulta para Comunidades Indígenas, José María Ahuitzotl Pastrana Hernández contestó: “Me permito hacer de su conocimiento que, a la fecha no se cuenta con ninguna solicitud de registro presentada formalmente ante la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

La lucha por la libre determinación de los pueblos y barrios originarios comienza con el reconocimiento de la autoadscripción. El subdelegado de San Bartolo Ameyalco, Alejandro, como autoridad tradicional lo sostiene y defiende: “No es necesario recurrir a ningún tipo de registro para poder continuar con nuestros derechos, derechos que ya tenemos ganados desde hace años, tratando de explicar el porqué este registro es improcedente, violatorio hacia nuestro propio derecho a la autoadscripción y sobre todo esto que están solicitando una lista de originarios y avecindados. Para mí eso ya es muy delicado, totalmente clasista porque están solicitando además el último grado de estudios para ser reconocidos en el registro. Eso sí se me hace absurdo”, expresó.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Huerta, S. (2022). Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios. Desinformémonos. Recuperado el 30 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-enganos-y-a-puerta-cerrada-realizan-asambleas-para-registro-de-pueblos-y-barrios-originarios/

Por segunda ocasión, Fiscalía revictimiza a Luz Raquel Padilla

Redacción Desinformémonos

26 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. La Fiscalía de Jalisco revictimizó por segunda ocasión a Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva por sus vecinos en Zapopan, al asegurar que fue ella quien realizó las pintas con amenazas de muerte.

De acuerdo con la perito en ciencias forenses en materia de grafoscopía, Quetzalli Meza, hay “suficientes similitudes gráficas” entre la escritura de Luz Raquel con la de las pintas en su edificio.

La primera revictimización por parte de la Fiscalía fue el pasado 26 de julio, cuando abrió una línea de investigación sobre la posibilidad de que Luz Raquel se autolesionó.

Antes de ser quemada viva el pasado 16 de julio, Luz Raquel ya había recibido diversas amenazas de muerte y agresiones previas a su feminicidio, las cuales fueron denunciadas ante las autoridades estatales, sin que hubiera una intervención de su parte.

Además, la mujer de 35 años ya había sido agredida por sus vecinos en ocasiones anteriores, por ejemplo, con un ataque con cloro, la obstaculización de su libre tránsito y mensajes en las paredes con los que la hostigaban y violentaban también de manera psicológica.

Luz Raquel Padilla fue víctima de feminicidio y violencia por sus vecinos, a quienes les molestaban los ruidos que hacía su hijo Bruno, de 11 años, diagnosticado con autismo severo.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Por segunda ocasión, Fiscalía revictimiza a Luz Raquel Padilla. Desinformémonos. Recuperado el 29 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/por-segunda-ocasion-fiscalia-revictimiza-a-luz-raquel-padilla/

Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos

Alícia Fàbregas, El Salto, Desinformémonos

26 de agosto de 2022

Foto: Hay personas que esperan durante meses, incluso años, en estos albergues para poder cruzar a Estados Unidos (Alícia Fàbregas)

El pasado 19 de mayo, sobre las 23h, el servicio de emergencias recibía una llamada alertando de que en la colonia Nueva Aurora, al suroeste de la ciudad fronteriza de Tijuana, se estaban oyendo disparos. Había estallado un tiroteo en las calles de tierra que rodean al albergue Ágape, poniendo en peligro a los que descansaban allí dentro. Por eso, algo más pronto sonaba, también, el teléfono del pastor Albert Rivera, pentecostés evangélico, fundador y director de este refugio donde se hospedan alrededor de 600 personas que han tenido que huir de sus países y que ahora esperan para poder cruzar a Estados Unidos.

El pastor cuenta que esa noche uno de los hombres armados llegó corriendo hasta los portones: “Él estaba disparando para atrás y le estaban disparando. Huyendo de las balas se quiso meter a nuestro albergue pero las puertas estaban cerradas”. Una de esas balas se coló en el interior del hospedaje e impactó contra una mujer que no tenía nada que ver con aquel conflicto. “La bala le tocó cerca de la columna. Duró unos días que no podía mover las piernas. No puede mover bien sus manos. No puede mover bien sus hombros”, dice el pastor. La mujer había llegado huyendo de la violencia del crimen organizado en el estado mexicano de Michoacán. Llevaba en este albergue apenas dos semanas, pero huyendo de la violencia se encontró con más violencia. Ahora, ella y su familia están ya en EE UU, pero la mujer continúa en terapia para recuperar la movilidad completa de los hombros y el cuello.

Baja California, donde se encuentra Tijuana, es el segundo estado mexicano con más delitos por cada 100 mil habitantes, según los datos de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país. Y en 2021 Tijuana aparecía cuarta en el ranking de las  ciudades más violentas del mundo que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Las tres ciudades que la precedían eran también todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón y Zacatecas.

En enero de 2019, Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México)

Quizás por eso en Ágape no es la primera vez que tienen que protegerse de los disparos. El pastor Albert puede recordar bastantes malas experiencias desde que fundó este albergue a finales de 2017. Sus recuerdos incluyen más impactos de bala, dos secuestros, y la irrupción de hombres armados buscando a esposas de sicarios, para hacerlas pagar por haberles denunciado. Por ese motivo, explica el pastor, a las personas que corren un mayor riesgo las tiene que llevar a otro lugar: “No los puedo tener en el albergue normal con los otros porque si están acá sabemos que los van a buscar y van a poner en peligro a los otros inmigrantes. Se tienen que canalizar a albergues de seguridad. Albergues que nadie conoce, ni las autoridades”. 

Niños y niñas juegan en uno de los albergues de acogida de migrantes. ALÍCIA FÀBREGAS

En hospedajes como el suyo —y muchos otros en la ciudad de Tijuana— hay personas que esperan durante meses, incluso años, para poder cruzar a EE UU. María —un nombre ficticio para proteger su identidad— llegó con su hija de cuatro años hace ya más de diez meses, huyendo del estado de Guerrero, a orillas del Pacífico. En ese estado es donde en 2021 la violencia del crimen organizado provocó más desplazados: 21.800, dice el Índice de Paz México que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y eso que, según ese mismo informe, Guerrero es uno de los lugares donde más se ha reducido el nivel de violencia en los últimos siete años. No para María. Allí la habían despojado de su casa y la habían amenazado, pero no esperaba que en la frontera con EE UU las cosas fueran tan lentas. No esperaba la larga espera: “Pensaba que podría pasar rápido”. Pero las gestiones para pedir el derecho de asilo pueden atascarse durante tiempo. “La única persona que me apoyaba era mi abuelita, pero ya falleció…”. Ahora está sola en Tijuana con su hija, sin saber muy bien qué hacer, y hay días que se desespera ella y se desespera su hija: “Llora, que ya se quiere ir. No sabe ni a dónde, pero dice que ya se quiere ir”. 

María estaba en el albergue Ágape la noche del 19 de mayo. Tuvo suerte y la bala perdida no impactó contra su cuerpo, pero la larga espera es inversamente proporcional a la suerte: cuanto más prolongada es la exposición a la violencia, más probabilidades de que te toque. 

Las trabas

Las cosas se complicaban en enero de 2019, cuando Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). Ese programa obligaba a los migrantes que querían cruzar a EE UU a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus solicitudes de asilo en los juzgados estadounidenses. El pasado mes de junio —casi cuatro años después del inicio de esa política migratoria—, la administración del actual presidente Biden obtenía la aprobación de la Corte Suprema de EE UU para rescindir el ‘Remain in Mexico’. 

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS

Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Frontera México - 1
Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS


Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

“El presente artículo es propiedad de El Salto, recuperado de Desinformémonos

Fàbregas, A. (2022). Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos. El Salto. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/diez-mil-crimenes-en-un-solo-titulo-entre-mexico-y-estados-unidos/