Challenge to reduce homelessness in Santa Barbara County now underway

Delaney White, KSBY

23 de agosto de 2022

Just off Highway 101, nestled in the Santa Maria Riverbed and dotted with brightly colored tents, is a community of over 100 people experiencing homelessness.

The conditions are harsh. The area lacks shade, water, plumbing, transportation services, and medical resources.

Many people residing in the riverbed are degree holders. Some were firefighters, doctors, and tour guides, formerly serving a community that is now failing them.

“I went to college. I went to Cal Poly. I got a job. I worked at Hearst Castle as a tour guide for many years and then I got a DUI,” said Elizabeth Perry, a person transitioning out of The Santa Maria Riverbed.

Perry explained how she ended up in the riverbed.

“The DUI took my daughter away from me and it just… it did something to my life that made it very difficult for me to put back together,” said Perry.

Feeling hopeless, Perry turned to substances.

“…and without my daughter who is my life, things just went down, and once I found myself homeless, addiction set in,” said Transitioning out of The Santa Maria Riverbed.

She said there are very few resources available to people like her in the riverbed suffering from addiction.

“Now I feel like I’ve set behaviors that have now become patterns and a way of life and it’s hard to just break those and get back, and I think that’s true for a lot of people,” Perry added.

However, the county is trying to change that by participating in a 100-day challenge to reduce homelessness throughout the state by resolving encampments along county freeways and railroad corridors.

The funding behind this effort comes from the state of California encampment resolution funding grant awarded to Santa Barbara County to move people experiencing homelessness indoors and away from freeways and railroad tracks. This is because these locations have higher safety risks because of fires and collisions.

“A lot of this initial push is trying to make sure that we have accurately mapped all the sites so that we can make sure we’re getting the right services to the right people,” said the County of Santa Barbara Homelessness Assistance Program Manager Kimberlee Albers.

The county has been successful in other initiatives by obtaining a list of people experiencing homelessness, understanding what each one needs in order to be successful and connecting them with an outreach worker.

“We’re also hoping to move at least 20 who are living in encampments into shelter and another 20 into permanent housing,” said Albers.

People experiencing homelessness said they feel optimistic about the initiative. 

“At first I felt a little apprehensive about it because sometimes people say they want to help, but the help isn’t there,” said Perry.

“Not all of us are bad in the Riverbed. You know, not all of us use drugs, we’re not all bad. We’re just trying to live day to day. So hopefully this county gets us in houses,” said Shane Barker, a Santa Maria Riverbed encampment resident.

Involvement from the community is an integral part of this effort. If you’d like to help, you can donate gently used furniture or household items such as bedding and clothing. To coordinate a drop off contact Alice Villarreal Redit at aredit@hacsb.org.

Housing rental units are also in demand as part of this effort. Rental subsidies and landlord incentives are available.

“El presente artículo es propiedad de KSBY

White, D. (2022). Challenge to reduce homelessness in Santa Barbara County now underway. KSBY. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de https://www.ksby.com/news/local-news/challenge-to-reduce-homelessness-in-santa-barbara-county-now-underway

Semillas nativas: identidad, comunidad y resistencia

La Casa del maíz Tlajomulco, la Comunidad Creativa Entreflores, el Colectivo Agroecológico Teocintle y el Huerto Comunitario Tlacuache Huentitán trabajan por la preservación de recursos y saberes locales.

Por Karina Abigail Peña Mendoza / @KarinaPeña

Alianza de Medios | Página 3

—– | Julio 2021 | — : —

En el pueblo San Juan Evangelista, ubicado en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, una familia lleva más de 17 años rescatando diversidad a través de la conservación, almacenamiento, producción y uso de semillas nativas. Este proyecto familiar y de conservación se llama La Casa del Maíz Tlajomulco.

Inspirado por su abuelo, Ezequiel Cárdenas comenzó con este proyecto para mantener el cuidado de su familia a través de la unión entre su relación con la tierra y una alimentación saludable, en su caminar encontró su gran pasión: el maíz. Su labor ha sido tan significativa que fue nombrado como “Guardián del maíz” y la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias(RASA), reconoció su casa como la segunda reserva de semillas más importante de la red al proteger más de 25 variedades de maíz, más de 18 variedades de frijol y 3 variedades de calabaza. 

Las semillas nativas son resultado del trabajo de muchas generaciones de agricultores que las han domesticado, mejorado, reproducido e intercambiado a través del tiempo. Esta conservación requiere conocimiento y paciencia tal como nos describe el encargado del banco de Semillas de la Comunidad Creativa Entreflores ubicada en Nextipac, en el municipio de Zapopan, conocido como Tito:

“Identificas las lechugas que tienen una característica que te interesa, por ejemplo, creció rápido, no la atacaron los insectos, tuvo hojas rojas, y las marcas. Después las tapas para que se reproduzcan entre ellas y una vez hecha la cruza esperas su maduración para poder cosechar su semilla”.

Este es el proceso de producción de semillas de lechuga que se da a través de una polinización abierta sin alterar su naturaleza.

Forma en que marcan las plantas para semilla en la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Cuando llega el momento de la cosecha de semillas también hay ciertos pasos que seguir, como lo cuenta Tito: “Tienes que observar si la flor de la planta ya se preparó para la transformación hacia la semilla, verificar que esté bien seca y comenzar a recolectarlas, después separas la semilla de los restos de flor a través de tamices o con ayuda del viento”.

En la Comunidad Creativa Entreflores almacenan las semillas en frascos de vidrio reciclados e identificados con nombre y códigos, los guardan en la oscuridad y procuran sellar bien los frascos para que el oxígeno no limite la vida de las semillas.

Semillas de brócoli en el banco de semillas de la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Banco de Semillas de la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Este proceso es el mismo que siguen para las 200 especies que se siembran en esta comunidad, tomando en cuenta las características y necesidades de cada variedad de planta. Ahí siembran desde plantas medicinales como equinácea, caléndula, epazote y manzanilla; pasando por frutos como amaranto dorado gigante, calabacita bola y variedades de maíces; hasta hojas y flores comestibles como la flor guadalajara, malva real, mastuerzo, arúgula, acelgas y quelites.

Variedad de cultivos en la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Sin embargo, estos proyectos se ven amenazados por la industria agroalimentaria que ha desplazado los recursos y saberes locales por nuevas tecnologías y semillas “mejoradas” bajo el discurso de tener cultivos más productivos, lo que pone en riesgo la posibilidad de las personas de consumir alimentos limpios, sanos y adecuados conforme a su cultura.

“Junto con el avance de las técnicas para aumentar la productividad del campo, llegó también la proliferación de semillas patentadas (y otros organismos genéticamente modificados), poniendo en riesgo la diversidad de alimentos, la cultura alimentaria y la soberanía de los pueblos”.

Es así como lo describe el Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué comemos? en su  Primer Informe de Políticas Públicas. Este observatorio es una iniciativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, (ITESO), que busca analizar y presentar información sobre los problemas que obstaculizan la plena realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en los municipios al interior de Jalisco, además pretende formar opinión pública para despertar el interés por la investigación e incidencia en este tema. Esta iniciativa también reconoce e impulsa el trabajo de los pequeños productores, organizaciones y colectivos que promueven una alimentación sana y agroecológica.

Tal es el caso del Colectivo Agroecológico Teocintle que enseña que tejiendo lazos entre la comunidad es posible mantener sistemas alimentarios sostenibles. Todo esto pese a que la gigantesca industria alimentaria insista en que el campo y la agricultura deben ser modernos, con semillas modificadas y basados en la producción masiva de alimentos.

Este colectivo tiene su lugar de encuentro en el Parque Agroecológico de Zapopan, ubicado en la colonia Santa Margarita. Blanca, integrante de este colectivo desde su fundación, afirma que es un espacio intergeneracional donde hay actividades para todos y todas sin importar la edad. Hay un niño de dos años  que está presente en todas las tareas que hacemos”, comenta entusiasmada.

La historia de Paola es similar. Ella comenzó a participar desde hace 8 años, cuando apenas tenía 10 y considera que además es un lugar que transmite tranquilidad: a pesar de estar en medio de la ciudad llegas aquí y piensas que sales a respirar naturaleza”.

Polinizadores en el Parque Agroecológico de Zapopan

Fotografía por Ulises Brambila

Trabajo comunitario del Colectivo Agroecológico Teocintle

Fotografía por Karina Peña

En palabras de Ángeles, una mujer con gran espíritu revolucionario y cautivada por el trabajo que hacen en Teocintle, ellos cultivan amor a la tierra, rescate  del espacio y producción de alimentos limpios, características que se replican al intercambiar trabajo y conocimiento entre los colectivos que conforman la Red de Agricultura Urbana, (RAU), de la Zona Metropolitana de Guadalajara. “Cada mes visitamos un huerto diferente para apoyarnos en las diferentes actividades, es bonito recibir gente, convivir y compartir saberes”, comparte Blanca.

Jassiel explica las zonas amenazadas por la privatización del espacio

Fotografía por Ulises Brambila

Mantenimiento en las camas del Huerto comunitario Tlacuache Huentitán

Fotografía por Ulises Brambila

A su vez, Mario, biólogo e integrante del Huerto Tlacuache, identifica el espacio como protagonista para implementar nuevas formas de participación e incidencia en la ciudadanía. Esta estrategia permite permanecer en colectividad y hacer milpa. A través del texto titulado “Milpa y Resistencia” Mario describe que este sistema de cultivo representa una verdadera hazaña biocultural patrimonio de México:

La milpa es una verdadera proeza agronómica y alimentaria: el frijol le da al suelo el nitrógeno que el maíz requiere en gran cantidad, cuando es guía se enreda del tallo del maíz que le da sostén, a su vez, las anchas hojas de la calabaza favorecen la conservación de la humedad en el suelo. Por si fuera poco, combinados en la misma comida son un grandioso alimento”. Este fragmento nos remonta al trabajo de Ezequiel sobre la protección de variedades de estos elementos que conforman la milpa, reiterando así la importancia de sumar como sociedad para que estos proyectos sigan en pie.

Fotografía por Ulises Brambila

Mario comparte su texto Milpa y resistencia

Fotografía por Ulises Brambila

Las semillas son síntesis de historias. En voz de los colectivos, significan vida, herencia ancestral, inspiración, unión y buena alimentación. En estos tiempos, en los que su conservación se ha vuelto cada vez más complicada por las constantes amenazas de la industria, le dan significado a la resistencia y son punto de partida para volver a los saberes comunitarios, que mantienen la posibilidad tangible de alcanzar una autonomía alimentaria.

Integrantes del Huerto comunitario Tlacuache Huentitán

Fotografía por Ulises Brambila

Colectivo Agroecológico Teocintle

Fotografía por Ulises Brambila

Ezequiel es fundador de la Casa del Maíz Tlajomulco

Fotografía por Ulises Brambila

Conversación con Tito de Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

El presente articulo es propiedad de Página 3.

Alianza de Medios (2021) Semillas nativas: identidad, comunidad y resistencia. Página3. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://pagina3.mx/2021/07/semillas-nativas-identidad-comunidad-y-resistencia/

De 100 casos de violencia contra las mujeres sólo 13 obtienen orden de protección: BANAVIM

Órdenes de protección que respondan a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas de violencia

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Lunes 19 de Julio del 2021 | — : —

Considerar las órdenes de protección como un derecho humano de todas las mujeres y niñas, que no esté sujeto a la presentación de una denuncia, querella o demanda. 

Incorporar la figura de órdenes de protección definitivas, que respondan a aquellos casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado y por lo tanto las mujeres o niñas requieren protección a largo plazo. Que no solo duren tres meses.  

Son parte de las propuestas que la iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) presentaron 22 organizaciones feministas del país.

La propuesta se presenta por el aumento de la violencia de género por la pandemia tras analizar 110 sentencias con perspectiva de género, en el primer informe de la Red por la Ciudadanización de la Justicia #NoEsJusticia, encontraron que en el 69% de los casos, las y los jueces omitieron identificar las posibles situación o conductas de riesgo para las mujeres y, por ende, no dictaron las órdenes de protección necesarias.

El 78 por ciento de los poderes judiciales no contemplaron las órdenes de protección en materia penal de manera explícita como parte de las funciones de impartición de justicia consideradas de urgencia, de acuerdo al Informe (Des)protección Judicial en tiempos de COVID-19 realizado por Equis Justicia. 

El 81 por ciento de los poderes judiciales reprobaron en contemplar los mecanismos que tenían a su alcance para proteger a las mujeres en situación de violencia incluyendo a las órdenes de protección.

De cada 100 casos de violencia contra las mujeres, únicamente se dictan 13 órdenes de protección de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

Las organizaciones feministas como Equis Justicia destacaron que las órdenes de protección son una herramienta efectiva para proteger a niñas y mujeres, pues permiten a las autoridades detener y prevenir rápidamente la violencia. 

Consideran que son un mecanismo de protección que destaca del resto por tratarse de un mecanismo estatal específicamente diseñado para proteger a niñas y mujeres contra la violencia de género, y son especialmente útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia.

Las organizaciones feministas reconocen que en la reciente reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 18 de marzo de 2021, se realizaron cambios trascendentales en el esquema regulatorio de las órdenes de protección en la dirección correcta.

Sin embargo, con asesoría de jueces y juezas, y la experiencia de trabajo de base de organizaciones con amplia trayectoria acompañando y representando a mujeres en situaciones de violencia plantean su regulación desde las experiencias que viven las propias mujeres.

Reconocen que la reforma a, publicada el 18 de marzo de 2021, realizó cambios trascendentales en las órdenes de protección y van en la dirección correcta, sin embargo es necesario replantear su regulación desde las experiencias que viven las propias mujeres para que realmente sean accesibles y eviten que la violencia que viven las víctimas escale al feminicidio. 

Las propuestas

La propuesta de reforma busca reconocer a las órdenes de protección como principales, autónomas y complementarias a otros mecanismos y considera que son un derecho humano de todas las mujeres y niñas, que no está sujeto a la presentación de una denuncia, querella o demanda.

Incorpora una mirada interseccional, pues “reconoce la autonomía, voluntad y capacidad jurídica de las diversas mujeres y niñas, a través de la obligación expresa de compartir información sobre las órdenes de protección en un idioma y formato pertinente para las mujeres y niñas indígenas, con discapacidad o en situación de movilidad”.

Contempla el estándar del posible riesgo, es decir que para dictar una orden de protección, “basta que existan indicios de que la mujer o niña podría encontrarse en peligro, y no es necesario que la vida de las mujeres esté comprometida, pues es precisamente esta situación la que las órdenes intentan prevenir”.

Busca facultar a los jueces calificadores y de paz municipales y a las autoridades de los pueblos o comunidades indígenas para emitir órdenes de protección, al tratarse de las autoridades más cercanas a las mujeres.

Incorpora también la figura de las órdenes de protección definitivas, que responden a aquellos casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado y por lo tanto las mujeres o niñas requieren protección a largo plazo.

Establece cuatro directrices para que las autoridades evalúen el riesgo de forma integral, considerando el contexto de cada mujer o niña: las características, frecuencia y magnitud de la violencia; las necesidades específicas de cada mujer y niña que derivan de su situación particular; los factores sociales que pudieran incrementar su vulnerabilidad; así como las características del generador de violencia que podrían aumentar el peligro que este represente.

Las reformas vigentes 

Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. 

Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, y solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos.

Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, fundamentalmente precautorias y cautelares. 

Además, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, libertad o la vida de mujeres o niñas. 

Con ello, se busca evitar en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. 

Las órdenes de protección de carácter administrativo podrán consistir en la custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la Fiscalía General de la República o las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas. 

La reforma establece asimismo la confidencialidad, la eficacia y el principio pro persona a fin de proteger a las víctimas, ya sea a través de la custodia personal o domiciliaria o que, incluso, junto con sus hijos o las personas que dependan de ellas sean llevadas a un alojamiento temporal en casas de emergencia, refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta ley.

Así como canalizar y trasladar sin demora alguna a las víctimas de violencia sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata los servicios de: aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición; anticoncepción de emergencia; e interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación. 

Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, en tanto, incluyen la prohibición del acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal, de la mujer o la niña en situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente.

Testimonios

La Red Nacional de Refugios (RNR) en su informe de febrero del 2021 refiere que las mujeres en el país deben enfrentar la impunidad y violencias institucionales al intentar acceder a la justicia y seguridad, “dos de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento a la RNR ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental pero no recibieron la atención esperada. Muestra clara de la revictimización y la falta de estrategias articuladas”

Expuso el caso de una mujer de 28 años que atendió. “Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me pregunto si ya me había golpeado de nuevo, le conteste que no, me dijo que entonces no podía renovarlas…necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den, te das cuenta de que no es cierto que te apoyan si denuncias”.

De acuerdo a RNR este testimonio refleja la “falla del Estado, que tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo, no se debe esperar a que la vida de una mujer esté comprometida o haya evidencias físicas, recordemos que los feminicidios son el resultado de una serie de violencias que se minimizan e invisibilizan, cientos de veces por las propias autoridades y un sinfín de casos son testigo de esta falla”.

Por otra parte, en la información periodística de Animal Político del 17 de abril registra el caso de Mina y su exnovio Yair Mansbach Rajchenberg que después de un año de relación que termino por celos, insultos y desplantes violentos y redes sociales creadas en una sola noche para acosarla, consiguió una orden de restricción en septiembre por 60 días en la Ciudad de México. 

El agresor fue citado al juzgado del Reclusorio Norte donde le advirtieron que no podía acercarse ni buscarla por otros medios. Por unos meses, pudo respirar tranquila, pero en cuanto pasó el periodo de restricción, él comenzó a acecharla otra vez presencialmente afuera de su casa para “hablar” y creó nuevamente varias cuentas de redes para monitorearla a ella, a sus amigos, familia y compañeros de trabajo. 

Recientemente la amenazó con que cada 15 días la va a buscar para pedirle que regresen. Mina lamenta que las restricciones se hayan terminado y sabe que, si no la deja en paz, ahora sí tendrá que meterse en el proceso de una denuncia legal por acoso.

Las cifras

La violencia contra las mujeres aumento en el periodo de confinamiento por el COVID 19 de 10.5 asesinatos de mujeres al día en 2019 a 10.8 mujeres asesinadas al día en promedio de enero a abril del 2020 de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo a la información disponible a junio de 2020 a nivel nacional hay 607,715 casos de violencia contra niñas y mujeres, con 427,336 agresores hombres, es decir, el 70.32%. De los cuales se reportan 73,688 órdenes de protección emitidas.

Las entidades federativas con menor número de casos registrados fueron la CDMX con 199, seguido de Querétaro con 339 y Sonora con 408; mientras que aquellas con mayor número de casos fueron Quintana Roo con 49,661, seguido de Jalisco con 79,669 y Estado de México con 85,845.

Los datos que reporta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) que admite varias omisiones sin embargo, permite conocer una aproximación del número de órdenes de protección que son emitidas en el país por cada una de las entidades federativas.

Cuando se analiza la emisión de órdenes de protección, según el tipo de violencia al que se vinculó, se identifica que la violencia física y la violencia psicológica son las que mayormente se encuentran asociadas a las órdenes de protección. 

En 2017, poco más de tres de cada 10 casos se relacionó con la violencia psicológica, y muy de cerca se observa la violencia sexual (25.8 por ciento). En el 2018, 44.5 por ciento de las órdenes de protección registradas estuvieron relacionadas con violencia física, seguida de violencia psicológica (40.36 por ciento). 

En lo relacionado con las órdenes de protección, con base en el número de órdenes de protección registradas en el BANAVIM por entidad federativa para junio 2020, se aprecia que el número de órdenes de protección emitidas reportadas en el BANAVIM es inferior al de registro de presuntos delitos de violencia familiar del Secretariado Ejecutivo en 2020 a nivel nacional.

No en todos los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se solicitan estas medidas, y en algunos casos las entidades federativas que poseen un mayor número de presuntos delitos de violencia familiar no son las mismas que reportan haber emitido más órdenes de protección. 

La emisión de las órdenes de protección es compleja, sino también lo es su registro, todo ello vinculado con la problemática manera en que se regulan en algunas entidades federativas. Para el Censo del 2019, que registraba la información de 2018, el INEGI dejó de incorporar el módulo en el cuestionario correspondiente a los Centros de Justicia para las Mujeres. 

En el documento de la CNDH del 2020 “Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección” se reconoce que las órdenes de protección, por sus diversos tipos, no son emitidos por las mismas autoridades, ello deviene en que el registro sea todavía más complejo y, además, las órdenes pueden ser emitidas por autoridades estatales o municipales.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel  (2021) De 100 casos de violencia contra las mujeres sólo 13 obtienen orden de protección: BANAVIM. Sem México. Recuperado el 19 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/de-100-casos-de-violencia-contra-las-mujeres-solo-13-obtienen-orden-de-proteccion-banavim/

La participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas

Estudio de la Federación Mujeres Jóvenes

En 2018 quedó más que en evidencia que las mujeres jóvenes son partícipes y una parte fundamental del movimiento feminista actual, pero cada vez menos deciden que esa participación se haga desde las instituciones u organizaciones. Por ello, la Federación Mujeres Jóvenes ha iniciado un estudio para analizar por qué las mujeres menores de 35 años prefieren no pertenecer a las organizaciones, y seguir con la lucha feminista por otras vías

 Andrea de Lucas | Sem México

AmecoPress, Madrid | 28 de Junio del 2021 | — : —

Hace algunos años se tendía a creer que a los y las jóvenes no les atraía el feminismo, pero ese pensamiento se dejó de lado tras el 8 de marzo de 2018, cuando se evidenció que las mujeres jóvenes eran partícipes del movimiento feminista y que, además, son también una parte fundamental de la Cuarta Ola. Pero, es cierto que son cada vez menos las jóvenes que deciden participar en la lucha feminista desde las organizaciones.

La Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) ha querido hacer hincapié en por qué ocurre esto, y en cómo participan las mujeres jóvenes en el feminismo, y hoy han presentado la primera parte de las tres que van a comprender su análisis de la participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas.

La presidenta de la federación, Ada Santana, ha dejado claro que los tiempos están cambiando, y que se le está pidiendo a los jóvenes del siglo XXI que sean partícipes dentro de un modelo implantado hace décadas: “Siempre hemos partido de que la participación se basa en que estemos en las entidades tradicionales enmarcadas en la década de los años 80 y 90, y se lo pedimos a las generaciones de ahora”.

Además, también ha explicado que “las redes sociales son una herramienta que tienen un potencial tremendo para llegar a mucha gente que no podríamos de otra manera”, aunque muchas veces se usan de maneras poco efectivas, ya que “desde el sillón de casa dar un RT o compartir un tuit es una acción que no tiene ningún sentido si no hay una acción colectiva o concreta”, ha añadido Santana.

Pero una de las razones fundamentales por las que los y las jóvenes, es que hemos crecido en una sociedad rodeada de crisis y hay un desencanto generalizado con el panorama actual: “Se nos ha enseñado a ser trabajadores y conformarnos con el sistema actual, y no ser agentes del cambio para el mañana, desaprovechando así a la juventud más concienciada y reivindicativa que hemos tenido”.

Durante la presentación de este primer informe, también ha intervenido María Antonia Morillas González, directora general del Instituto de las Mujeres, quien además ha añadido a las palabras de la presidenta de FMJ que la participación de las mujeres en el ámbito público a lo largo de la historia ha sido indispensable, reconociendo “que la conquista de derechos es la historia de la participación de las mujeres y del movimiento feminista”.

“Estamos viviendo un proceso de amenaza sobre nuestros derechos, de retroceso de muchas de las conquistas que llevamos consiguiendo en las últimas décadas (…). La manera de hacer frente, de consolidar derechos, es responder las que estamos ahora desde las instituciones, pero fundamentalmente armando una respuesta desde la participación de las mujeres y de las feministas”, ha concluido Morillas González.

Objetivos y conclusiones a la poca participación de las jóvenes en las organizaciones

En cuanto a la exposición del informe, ha sido Mónica Saiz Martínez, coordinadora técnica del área de participación de FMJ, quien ha explicado cuáles han sido los objetivos y conclusiones a las que han llegado después de terminar este primer estudio, explicando que “esto es un proyecto que parte de un diagnóstico” previo.

Como objetivo general, según ha explicado la coordinadora, ha estado el de “ampliar el conocimiento sobre las actuales formas de participación de las mujeres jóvenes en la cuarta ola del movimiento feminista”, además de otros muchos como saber cuáles son sus formas de participación, qué códigos organizativos utilizan, y saber el por qué del distanciamiento de las jóvenes activistas con las organizaciones de mujeres y feministas más tradicionales.

Tras hacerse todas estas preguntas, llegaron a diferentes conclusiones:

  Hay una “ausencia del fomento de la participación desde el sistema educativo, restando importancia social al crecimiento colectivo”.

  La sociedad está cada vez más individualizada, lo que “provoca el desinterés por el asociacionismo.

  Las nuevas generaciones están acostumbradas a las “respuestas rápidas” por lo que “prima la inmediatez y la velocidad.

  “Falta de referentes como modelos de participación activa”.

  El actual “debate fragmentado en el movimiento feminista” hace que muchas se echen para atrás.

  También hay una “existencia de estereotipos en torno a las asociaciones que sirven como obstáculos”, como el relacionarlos con partidos políticos, que muchas mujeres no se sientan representadas, etc.

Así, Saiz Martínez ha explicado que se debe “poner sobre la mesa la importancia que los colectivos y las redes sociales han tenido en el surgimiento de la cuarta ola”, y que desde las instituciones se quiere mandar a los jóvenes el mensaje de que “el movimiento feminista supone un proyecto colectivo, un espacio rejuvenecido, fortalecido, plural y lleno de complejidad”.

Foto: archivo AmecoPress / Pixabay

EL presente articulo es porpiedad de Sem México.

 Andrea de Lucas (2021) La participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas. Sem México. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-participacion-de-las-mujeres-jovenes-en-las-organizacionesfeministas/

¿Señalar a “los violentos”?

Lado B

Lado B | Lado B

—- | Jueves 3 de Junio del 2021 | — : —

Nodo de Derechos Humanos

El gobernador Barbosa de Puebla, en un intento por justificar la represión en contra de las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán”, dijo que llegaron “varones, normalistas de otras normales rurales del país, parece que sobre todo de Ayotzinapa para provocar violencia” y en un macabro paralelismo, tras una agresiva represión detienen a 43 estudiantes, sí, a 43.

La justificación gubernamental de “venían a provocar violencia” para reprimir, encarcelar, desaparecer y matar estudiantes no es una innovación de Barbosa o de la llamada 4T, hemos visto ediciones anteriores en cada represión a movimientos estudiantiles desde esta año hasta 1968.

Tal vez podríamos hacer un monumental esfuerzo por darle el beneficio de la duda al gobernador Barbosa, pero cuando tiene a violentos represores como Ardelio Vargas llegan de inmediato las imágenes de Atenco y Oaxaca, de Chignahuapan y la Ley Bala, y la administración de Barbosa se empieza a confundir con la de Moreno Valle.

El conocido discurso de “venían a provocar violencia” empieza a desmoronarse cuando volteamos al sureste y llegamos a Mactumatzá en Chiapas y vemos que el gobernador Escandón ha optado por la misma vía de “diálogo” con  normalistas. Parece que la represión es nuevamente una política de Estado, una política que más allá de cómo se encuadre en los marcos jurídicos viola gravemente los derechos humanos y busca ocultarse, disfrazarse.

El caso Ayotzinapa sigue abierto y la responsabilidad de agentes y estructuras del Estado sigue oliendo a impunidad. Con las acciones de Barbosa y Escandón en contra de las y los normalistas, con represores y criminales que se mantienen impunes y se reciclan en funciones Estatales transexenalmente, los crímenes de Estado del pasado se vuelven del presente. Las mismas prácticas se repiten y se repite el discurso oficial que las pretende ocultar.

En tiempos electorales todo se vuelve turbulento y todo se vuelve electoral aunque no lo sea. Estamos ante administraciones que utilizan la legitimidad electoral que les dieron los votantes que buscan un cambio de rumbo para repetir las mismas prácticas represivas de sus antecesores, y estamos ante una oposición electoral que utiliza lo que sea para volver a estar en una posición en la que puedan cometer las mismas atrocidades.

Creemos que es fundamental seguir señalando los actos represivos, a quienes los cometen, a quienes los encubren, a quienes los aprovechan. La necesidad de señalar actos inhumanos y represivos no puede desaparecer mientras las mismas prácticas se siguen reproduciendo. No se trata de liberales y conservadores, de chairos y fifís, se trata de tener la capacidad crítica para señalar y denunciar lo que vemos y sabemos que es injusto, tengamos esperanza o no en las actuales administraciones. El derecho y la necesidad de disentir no es algo que se deba de sacrificar, el silencio ante la injusticia no puede ser una opción.

*Foto de portada: Marlene Martínez

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Lado B (2021) ¿Señalar a “los violentos”?. Lado B. Recuperado el 3 de Junio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/06/senalar-a-los-violentos/