Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos

Alícia Fàbregas, El Salto, Desinformémonos

26 de agosto de 2022

Foto: Hay personas que esperan durante meses, incluso años, en estos albergues para poder cruzar a Estados Unidos (Alícia Fàbregas)

El pasado 19 de mayo, sobre las 23h, el servicio de emergencias recibía una llamada alertando de que en la colonia Nueva Aurora, al suroeste de la ciudad fronteriza de Tijuana, se estaban oyendo disparos. Había estallado un tiroteo en las calles de tierra que rodean al albergue Ágape, poniendo en peligro a los que descansaban allí dentro. Por eso, algo más pronto sonaba, también, el teléfono del pastor Albert Rivera, pentecostés evangélico, fundador y director de este refugio donde se hospedan alrededor de 600 personas que han tenido que huir de sus países y que ahora esperan para poder cruzar a Estados Unidos.

El pastor cuenta que esa noche uno de los hombres armados llegó corriendo hasta los portones: “Él estaba disparando para atrás y le estaban disparando. Huyendo de las balas se quiso meter a nuestro albergue pero las puertas estaban cerradas”. Una de esas balas se coló en el interior del hospedaje e impactó contra una mujer que no tenía nada que ver con aquel conflicto. “La bala le tocó cerca de la columna. Duró unos días que no podía mover las piernas. No puede mover bien sus manos. No puede mover bien sus hombros”, dice el pastor. La mujer había llegado huyendo de la violencia del crimen organizado en el estado mexicano de Michoacán. Llevaba en este albergue apenas dos semanas, pero huyendo de la violencia se encontró con más violencia. Ahora, ella y su familia están ya en EE UU, pero la mujer continúa en terapia para recuperar la movilidad completa de los hombros y el cuello.

Baja California, donde se encuentra Tijuana, es el segundo estado mexicano con más delitos por cada 100 mil habitantes, según los datos de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país. Y en 2021 Tijuana aparecía cuarta en el ranking de las  ciudades más violentas del mundo que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Las tres ciudades que la precedían eran también todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón y Zacatecas.

En enero de 2019, Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México)

Quizás por eso en Ágape no es la primera vez que tienen que protegerse de los disparos. El pastor Albert puede recordar bastantes malas experiencias desde que fundó este albergue a finales de 2017. Sus recuerdos incluyen más impactos de bala, dos secuestros, y la irrupción de hombres armados buscando a esposas de sicarios, para hacerlas pagar por haberles denunciado. Por ese motivo, explica el pastor, a las personas que corren un mayor riesgo las tiene que llevar a otro lugar: “No los puedo tener en el albergue normal con los otros porque si están acá sabemos que los van a buscar y van a poner en peligro a los otros inmigrantes. Se tienen que canalizar a albergues de seguridad. Albergues que nadie conoce, ni las autoridades”. 

Niños y niñas juegan en uno de los albergues de acogida de migrantes. ALÍCIA FÀBREGAS

En hospedajes como el suyo —y muchos otros en la ciudad de Tijuana— hay personas que esperan durante meses, incluso años, para poder cruzar a EE UU. María —un nombre ficticio para proteger su identidad— llegó con su hija de cuatro años hace ya más de diez meses, huyendo del estado de Guerrero, a orillas del Pacífico. En ese estado es donde en 2021 la violencia del crimen organizado provocó más desplazados: 21.800, dice el Índice de Paz México que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y eso que, según ese mismo informe, Guerrero es uno de los lugares donde más se ha reducido el nivel de violencia en los últimos siete años. No para María. Allí la habían despojado de su casa y la habían amenazado, pero no esperaba que en la frontera con EE UU las cosas fueran tan lentas. No esperaba la larga espera: “Pensaba que podría pasar rápido”. Pero las gestiones para pedir el derecho de asilo pueden atascarse durante tiempo. “La única persona que me apoyaba era mi abuelita, pero ya falleció…”. Ahora está sola en Tijuana con su hija, sin saber muy bien qué hacer, y hay días que se desespera ella y se desespera su hija: “Llora, que ya se quiere ir. No sabe ni a dónde, pero dice que ya se quiere ir”. 

María estaba en el albergue Ágape la noche del 19 de mayo. Tuvo suerte y la bala perdida no impactó contra su cuerpo, pero la larga espera es inversamente proporcional a la suerte: cuanto más prolongada es la exposición a la violencia, más probabilidades de que te toque. 

Las trabas

Las cosas se complicaban en enero de 2019, cuando Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). Ese programa obligaba a los migrantes que querían cruzar a EE UU a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus solicitudes de asilo en los juzgados estadounidenses. El pasado mes de junio —casi cuatro años después del inicio de esa política migratoria—, la administración del actual presidente Biden obtenía la aprobación de la Corte Suprema de EE UU para rescindir el ‘Remain in Mexico’. 

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS

Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Frontera México - 1
Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS


Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

“El presente artículo es propiedad de El Salto, recuperado de Desinformémonos

Fàbregas, A. (2022). Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos. El Salto. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/diez-mil-crimenes-en-un-solo-titulo-entre-mexico-y-estados-unidos/

“Rehenes políticos”: Activistas a favor de la inmigración critican al gobernador Abbott de Texas por trasladar a solicitantes de asilo a Nueva York y Washington

Democracy Now

11 de agosto de 2022

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, está enviando autobuses llenos de personas solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York y a otras ciudades “liberales” de Estados Unidos. Lo hace en resistencia a lo que denomina “las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno de Biden. Unas cien personas solicitantes de asilo llegaron el 10 de agosto a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York en un autobús despachado por el estado de Texas. Estas personas se suman a las miles de solicitantes de asilo que, de acuerdo a las autoridades de la ciudad, han superado la capacidad del sistema de albergues en los últimos meses. Algunas de estas personas afirman que las hicieron subir a los autobuses y firmar consentimientos engañadas. Grupos de activistas a favor de la inmigración piden a los gobiernos municipales, estatales y federales que brinden una mejor atención a quienes llegan a Nueva York. “Lo que estamos viendo es que, en este momento, el gobernador Abbott usa a las personas solicitantes de asilo como rehenes políticos, solo para aumentar su base electoral en Texas”, afirma Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, parte de una iniciativa para recibir a las personas, con dignidad, ayuda mutua y asistencia legal.

Para conocer más sobre este tema, vea (en inglés) la conversación que tuvimos con Murad Awawdeh.

“El presente artículo es propiedad de Democracy Now

Democracy Now. (2022). “Rehenes políticos”: Activistas a favor de la inmigración critican al gobernador Abbott de Texas por trasladar a solicitantes de asilo a Nueva York y Washington. Democracy Now. Recuperado el 11 de agosto de 2022, de https://www.democracynow.org/es/2022/8/11/texas_abbott_busses_asylum_seekers_nyc

Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

Coyomeapan1

Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

***

Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la expulsión, algunos atropellos contra los migrantes

Roberto Pichardo Ramírez | Desinformémonos

—- | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Toda persona que por cualquier motivo se encuentre fuera de su lugar de origen puede ser considerada migrante. México es un país que reúne todos los tipos de flujos de movilidad humana posibles: migración, recepción y tránsito en direcciones sur-norte y norte-sur. Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Cuba son algunos de los países que más circulan en el territorio nacional.

Dentro de los fenómenos migratorios, las personas refugiadas se ubican como un grupo en especial vulnerabilidad que requiere de una protección internacional específica. Al respecto expuso Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, durante una sesión formativa de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.

La necesidad de una normativa sobre refugio quedó evidenciada durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros convenios internacionales dictaron que las personas refugiadas serán aquellas que tengan con algún temor a ser perseguidas por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opiniones políticas.

Con la revisión realizada para la Declaración de Cartagena (1984), la definición ampliada agregó principios relacionados con violencia generalizada, conflictos internos y cualquier situación que pueda vulnerar a las personas. Las asimetrías entre ambas definiciones generan que ciertas personas sean consideradas en algunos países, pero no en otros. Por ejemplo, y a diferencia de algunas naciones, México contempla la persecución por razones de género.

A partir de la figura del refugiado se desprenden otros mecanismos de resguardo. La protección complementaria se otorga cuando la devolución de una persona a su lugar de origen implica un riesgo de ser sometido a tratos inhumanos. Por su parte, el asilo político es una facultad en la que las personas perseguidas por razones políticas son protegidas por los países receptores.

Las personas que solicitan asilo lo hacen por su voluntad. Casos emblemáticos como los de Julian Assange y Edward Snowden exponen las afinidades políticas entre los solicitantes y los países receptores. No obstante, la Declaración de Cartagena establece que la oferta de refugio debe ser por razones humanitarias, no con intereses de cualquier tipo.

De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para reconocerse como persona refugiada es necesario iniciar un proceso administrativo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el cual se debe solicitar a los 30 días de ingreso al país.

Guerrero Navarro indicó durante su cátedra que se trata de un proceso que no cuenta con una normativa de celeridad, por lo que el proceso puede extenderse por meses o hasta años. En el intermedio, los solicitantes pueden acceder a la condición de visitante por razones humanitarias, una figura jurídica que les permite tener acceso a beneficios públicos y laborales.

Los Estados tienen el derecho de aplicar controles en puntos de internamiento en fronteras o aeropuertos para regular el ingreso de migrantes, los cuales deben asegurar los principios de no discriminación y no devolución. Pese a ello, en México existe una práctica regular de devolver a las personas, especialmente en casos de migraciones masivas, sin analizar casos individuales.

También se les detiene en Estaciones Migratorias con el fin de regresarlas a su lugar de origen. Tal omisión a los principios humanitarios pudo observarse en la instalación de un puente aéreo el mes pasado que, en su primer día de operaciones, devolvió a casi mil centroamericanos a sus respectivos lugares de origen.

La detención migratoria ha sido una figura controversial debido a que ocurre en condiciones que no corresponden a la gravedad de las faltas. “No existe un control judicial para esto. Es el director del Centro Migratorio quien decide si la persona se queda en México o no”, explicó Salvador Guerrero. Además de la falta de acceso a la justicia, las personas refugiadas ven vulnerados sus derechos a la identidad y a la unidad familiar.

El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de igualdad que permitan que todas las personas puedan acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas refugiadas se basan primordialmente en factores de xenofobia. “Está comprobado que la instalación de un grupo migrante hace subir el nivel de vida de toda la comunidad”, expresó el especialista.

Este material se comparte con autorización de la IBERO Puebla

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Roberto Pichardo Ramírez (2021) Xenofobia, procesos burocráticos dilatorios y riesgo a la expulsión, algunos atropellos contra los migrantes. Desinformémonos. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/xenofobia-procesos-burocraticos-dilatorios-y-riesgo-a-la-expulsion-algunos-atropellos-contra-los-migrantes/

En menos de tres meses entran a EEUU más de 10 mil migrantes en busca de asilo

Verónica Martínez / La Verdad | Pie de Página

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad Juárez es por donde más personas en busca de asilo humanitario han cruzado a Estados Unidos desde que se eliminó el programa ‘Quédate en México’, más de 4 mil han pasado desde el 26 de febrero

Texto: Verónica Martínez / La Verdad

Fotos: Rey R. Jáuregui

CIUDAD JUÁREZ.- A casi tres meses desde que se registraron los primeros cruces de migrantes bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como “Quedate en México”, el 87 por ciento de las personas elegibles han cruzado a Estados Unidos.

Datos brindados por representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, indican que hasta el 11 de mayor 10 mil 455 personas han sido asistidas de las 12 mil que cumplen con los criterios del gobierno de EEUU para entrar a su territorio e iniciar su proceso migratorio de asilo.

Asociaciones sin fines de lucro en El Paso han brindado sus servicios legales a los migrantes que permanecen en Juárez. En algunas organizaciones como Servicios para Migrantes y Refugiados de la Diócesis (DMRS por sus siglas en inglés) ya han terminado con todos los casos que estaban representando.

Antes de febrero del 2019, solicitantes de asilo entraban a territorio de Estados Unidos donde atendían sus citas de corte. Para la directora de DMRS, Melissa Lopez, atender a la población migrante en Ciudad Juárez fue un reto.

“Nosotros somos abogados en Estados Unidos y no necesariamente tenemos el permiso y las licencias para ejercer en México”, dijo la abogada.

Para adaptarse al programa MPP, la organización aplicÓ para un fondo que cubrió los gastos que fueron requeridos al mandar un abogado que conociera la ley de migración estadounidense y que pudiera ejercer en Ciudad Juárez.

Los fondos brindados por la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes (HIAS por sus siglas en inglés), se terminaron el mes pasado junto con los casos de DMRS que aún quedaban pendientes. 

Según datos brindados por ACNUR, 17 mil 566 personas se han registrado en CONECTA desde el 19 de febrero de este año. Tamaulipas es el estado con la cantidad más grande de registros en el sistema con el 32 por ciento, seguido por Chihuahua con el 31 por ciento.

Ciudad Juárez continua siendo la ciudad fronteriza por donde más personas en busca de asilo humanitario ha cruzado. Hasta el martes 11 de mayo, 4 mil 069 personas han sido apoyadas por la Organización Internacional para las Migraciones en sus cruces.

“Estamos trabajando para actualizar el número de personas que permanecen en Ciudad Juárez, debido a que hubo personas que no se registraron desde este punto originalmente, y porque no a todas las personas se les ha podido contactar”, dijo Silvia Garduño, oficial de información pública de ACNUR México.

La agencia estima que cerca de mil personas permanecen en Ciudad Juárez en espera a cruzar a El Paso, Texas.

Los casos pendientes incluyen personas que no se han podido comunicar con ACNUR, familias de elegibilidad mixta, casos inactivos, personas que no están bajo MPP que necesitan procesamiento especial y familias que se encuentran completando documentación.

Organizaciones reaccionan a demanda para reinstaurar MPP

A mediados de abril, los abogados generales de los estados de Texas y Missouri Ken Paxton y Eric Schmitt introdujeron una demanda en contra de la administración del actual presidente Joe Biden por suspender el programa MPP. Según el documento oficial, Texas y Missouri alegan que la suspensión ha causado costos adicionales para los estados.

La Casa Blanca no ha publicado una declaración oficial sobre la demanda ni la secretaria de prensa, Jen Psaki, ha comentado al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se negó a dar una declaración sobre la litigación aún en proceso.

Melissa Lopez, directora de DMRS, comenta que restaurar el protocolo pondría en riesgo a la población migrante que ya es muy vulnerable al estar expuesta a crímenes como extorsiones, secuestros y engaños por parte de coyotes.

“Estamos trabajando con personas que están en una situación muy difícil y a la misma vez es muy complicado representarlos y prepararlos para poner un caso de asilo frente al juez cuando ellos no están en una situación estable,” dijo Lopez.

Abogados de migración y activistas por los derechos de los migrantes, también comentaron en contra de la demanda que exige reinstalar el programa.

Fernando Garcia, director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés) afirma que la demanda esta basada en argumentos falsos y va en contra del 14a Enmienda.

“MPP es un programa desastroso en contra de los derechos humanos,” dice Garcia. “Esta narrativa es parte de la estrategia en contra de los inmigrantes y de los refugiados por parte del gobierno de Texas”.

Tanto Texas como Missouri argumentan que ambos estados han presentado costos adicionales al invertir fondos en operativos en contra del crimen organizado y grupos que se dedican al tráfico de personas. La afectación no solo se ha visto en el área fronteriza, si no que también en gastos relacionados a servicios sociales de educación, salud y vivienda.

“Las personas que no tienen sus documentos legales no tienen acceso a estos servicios, sin embargo aún pagan sus impuestos”, Garcia argumenta en contra.

Helena Olea, abogada y directora asociada de programas de Alianza Americas también menciona que los argumentos de la demanda no son persuasivos. La organización promueve el apoyo y activismo en comunidades migrantes.

“(El gobierno) de los Estados Unidos tiene la capacidad y los recursos para procesar a los solicitantes de asilo por todos sus puertos de entrada. No hay razón alguna para reinstaurar MPP” dijo Olea.

La abogada especializada en derechos humanos internacionales agrega que el protocolo viola el Acto de Refugiados, ignorando la responsabilidad que Estados Unidos tiene de recibir a toda persona que busca asilo humanitario.

Lopez afirma que gran parte de la ayuda brindada a inmigrantes que llegan a El Paso ha sido cubierta por el gobierno federal y por organizaciones como DMRS que recibe fondos del Instituto Fronterizo Esperanza a través del Fondo Fronterizo de Ayuda para Refugiados.

“El programa de MPP es un programa que limitó totalmente los derechos de los migrantes que vienen huyendo de sus países y vienen pidiendo asilo,” dijo Lopez. “Si ese programa se instala de nuevo, sería una falta de justicia para todas esas personas.

Esta nota fue realizada por LA VERDAD, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

“El presente artículo es propiedad de Pie de Página“.

Martínez, V. (2021). En menos de tres meses entran a EEUU más de 10 mil migrantes en busca de asilo. Pie de Página. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/entran-a-eeuu-mas-de-10-mil-migrantes-mpp-en-menos-de-tres-meses/