Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+

Roberto Pichardo Ramírez | Desinformémonos

—— |  Jueves 24 de Junio del 2021 | — : —

De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UAM-Xochimilco e INSPIRA (2016), la escuela, los espacios públicos y la familia son los lugares en donde más se presentan casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Actualmente México ocupa el segundo lugar continental en materia de delitos relacionados con la homofobia.

El mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+) no solo celebra las numerosas posibilidades de ser y amar: se trata también de una oportunidad para impulsar agendas de derechos para una comunidad que históricamente ha sido desplazada por los marcos normativos. Tales cuentas pendientes fueron referidas por el Dr. Ricardo Baruch en una sesión de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.

México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas.

Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2018)nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. Además, alrededor del 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias.

La comunidad LGBT+ ha tenido múltiples agendas inspiradas en las condiciones fisiológicas, ideológicas e históricas de cada subgrupo, así como en el contexto de cada lugar y época. Con el episodio conocido como los disturbios de Stonewall (1969) en un pub de Nueva York, dio inicio el movimiento moderno de los derechos de la disidencia sexogenérica, cuya principal consigna era hacia el fin del acoso policiaco.

Diez años después, las primeras marchas del orgullo gay (como se le conocía en la época) en México apostaban por la erradicación de la concepción patológica de la homosexualidad y lo trans. La lucha por los derechos sociales en materia de salud tuvo un punto de inflexión con la aparición del VIH en occidente, pues fue una pandemia que afectó particularmente a varones homosexuales y a mujeres trans.

En la actualidad, las demandas en América Latina se centran en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, entre muchas otras. Dentro de las agendas específicas, las personas intersexuales buscan garantizar los derechos de identidad corporal, mientras que la colectividad trans se ha abocado a impulsar su reconocimiento jurídico y legal.

TRES PASOS ADELANTE, UNO ATRÁS

Si bien cada entidad tiene necesidades particulares, Ricardo Baruch enlistó algunas exigencias claves del movimiento de cara a la marcha virtual de la Ciudad de México de este año (a celebrarse el 26 de junio): reconocimiento legal de las infancias trans, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales.

La discriminación en los servicios sanitarios continúa como un asunto preocupante, específicamente dentro de la comunidad trans. Al no existir una atención adecuada en el sector público, las personas se ven obligadas a buscar alternativas no profesionales, lo que vulnera su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es de acato obligatorio.

La defensa de los derechos se da en diferentes escenarios que van desde el trabajo de la sociedad civil organizada hasta las empresas comprometidas con la causa. No obstante, en Puebla, casos como los asesinatos de Antonio Chamorro (2005) y Agnes Torres (2013) han evidenciado la violencia en contra de los cabecillas de la lucha. En respuesta, la comunidad ha encontrado sinergia en otros movimientos con agendas afines, como los feminismos.

En sus reflexiones finales, Baruch se refirió a la postura antiderechos como un conjunto de actitudes que se valen de un lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas de las disidencias. Advirtió que los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo “no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.

“En México hemos llegado a un punto en el que ya no hay tanto rechazo a las personas LGBTI, siempre y cuando ‘hagan sus cosas en la recámara’. El matrimonio igualitario tiene que ver con ser reconocidas como familias”.

Ricardo Baruch
Este material se comparte con autorización de la Ibero Puebla

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Roberto Pichardo Ramírez (2021) Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+. Desinformémonos. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/acceso-a-la-salud-y-no-discriminacion-principales-demandas-de-la-comunidad-lgbt/

No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho

Sara Lovera, SemMéxico

20 de mayo de 2021

La reforma constitucional que crea el sistema pendiente  en el Senado a 6 meses de su aprobación

Presenta el PRI una iniciativa de reforma hacendaria que dote recursos cada año y sea progresivo

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 20 de mayo, 2021.-La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Cuidados cuente con recursos económicos suficientes que permitan su operación, para que no quede en letra muerta y quede claro que ésta  no puede ser entendida sin considerar los derechos de las mujeres y advirtió que el Sistema no se ha aprobado en el Senado, tras 6 meses desde su aprobación y reforma Constitucional.

El texto de la reforma que presentó la también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,  deja en claro que los recursos que se otorguen año con año nunca disminuyan; y que las dependencias y entidades encargadas de poner en marcha al  Sistema puedan solicitar aumentos anuales, con base en las necesidades o vicisitudes que adviertan.

Al presentarla en nombre de su grupo parlamentario, la reforma que propone, atiende a la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2020. Ahora se trata de hacerla efectiva. De dotarla de recursos, de trabajar en la ley secundaria, porque Estado está obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz. 

La iniciativa, de la que SemMéxico tiene copia, reforma y adiciona los artículos 25 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar el destino de recursos para hacer efectivo el Sistema Nacional de Cuidados.

Además destacó la diputada  que el cuidado como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.

El texto de la iniciativa presentada hoy,  recuerda que  durante la discusión  de la reforma constitucional, del 18 de noviembre de 2020,  se determinó que el sistema nacional de cuidados no debía generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales; si no debían aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno, esto a pesar de que diversos grupos parlamentarios hicieron énfasis en la necesidad de que un sistema de esta naturaleza, dada su complejidad requiere recursos para su correcta implementación. Pese a esta advertencia, porque la dejaría en letra muerta,  reconoció que”la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria”.

Pero además, la reforma constitucional, trascendental para la vida de las personas, no la aprobó todavía el Senado de la República. Lo que es de preocupación. Ahora la propuesta, trata de enmendar esa advertencia de que no  implicaría gasto adicional. La convertiría en una falacia.

El Sistema Nacional de Cuidados, defendido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no podría quedar sólo en palabras. En todos los países del sistema americano, se camina en ese sentido, incluso por las recomendaciones de la CEPAL, tras lo devastadores efectos de la pandemia y la pérdida de empleo de las mujeres. Asunto reconocido y discutido en todos los países.

 Uno de los argumentos, que recordó la ex gobernadora de Yucatá es que  trabajo de cuidados es uno de los obstáculos  que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado, y en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía. 

De acuerdo con el INEGI, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Más de un millón tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.

Otro dato por demás contundente, sostuvo la diputada,  muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más, que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar, y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.

La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres, éstas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.

La iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.

Argumentó que la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria, por lo que se necesita presupuesto suficiente para establecer y ejecutar tales políticas públicas.  

Advirtió que no prever una erogación presupuestaria a reformas con tan importante impacto social, genera que el texto constitucional sea letra muerta, ya que la ciudadanía se ve impedida para ejercer dicho derecho ante la falta de mecanismos o instituciones ante quien exigirlo. 

En el documento fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, resalta que la propuesta tiene en su naturaleza la perspectiva de género, toda vez que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados.

Aclaró que, está pendiente la aprobación de esta reforma en el Senado de la Republica, sin embargo, espera cuente con un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios como sucedió en la Cámara de Diputados por ser un tema necesario para la población. 

La iniciativa hacendaria está firmada por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho. SemMéxico. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/no-dotar-de-recursos-al-sistema-nacional-de-cuidados-lo-dejara-en-letra-muerta-dulce-maria-sauri-riancho/

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación

El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

18 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.

Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.

Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.

Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.

Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.

Lo que llevó a la clausura

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.

De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas. 

El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.

Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano. 

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”

En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún. 

Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa. 

Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Ayala Martínez, A. (2021). Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación. Lado B. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/clausura-ayuntamiento-planta-de-bonafont-en-juan-c-bonilla-habitantes-denuncian-simulacion/

Cierran federal a Atlixco: habitantes de Tlaxcalancingo exigen salida de Junghanns

Vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo cerraron la carretera en ambos sentidos para exigir que no se otorguen permisos para extracción de agua en la zona

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

17 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Aranzazú Ayala

Los integrantes del “Comité en defensa del agua de la calle Guadalupe Victoria, Tlaxcalancingo”, convocaron este lunes a una rueda de prensa e hicieron un cierre de la carretera federal a Atlixco para denunciar las irregularidades y omisiones de las autoridades y la empresa Junghanns, que pretendía perforar un pozo en la comunidad. El cierre duró de mediodía hasta las cuatro de la tarde, cuando terminó el diálogo con los representantes del Ayuntamiento de San Andrés Cholula que llegaron a las dos y media de la tarde.

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Foto: Aranzazú Ayala

El conflicto empezó el 26 de abril, cuando vecinos se dieron cuenta que se estaba rascando un pozo profundo en la calle Guadalupe Victoria #211, dentro de una bodega industrial, casi a un costado del periférico. A partir de ahí crearon el Comité y juntaron firmas para exigir, tanto al gobierno como a la empresa, que se clausurara la obra, por lo que fueron personalmente tanto al ayuntamiento de San Andrés Cholula como a la delegación estatal de la Conagua. Pese a que la empresa dijo a los vecinos que tenían todos los permisos correspondientes, el 29 de abril la obra fue clausurada por el ayuntamiento, por no contar con ningún permiso.

El 4 de mayo un representante de Conagua fue a la bodega para hacer una inspección y verificar el estatus del pozo, pero no pudo entrar pues el inmueble estaba clausurado con sellos de Protección Civil. 

El mismo día por la noche, el Comité se reunió con la presidencia, y acordaron que la empresa tenía 48 horas para quitar la maquinaria, y que el ayuntamiento tendría que enviar a personal de Protección Civil a que retirara los sellos y Conagua pudiera hacer la inspección. Además, pidieron que se tapara el pozo; para esto tendría que estar también la Conagua y un “pozero” del pueblo, para cerciorarse cuánto se había rascado realmente de profundidad.

Fue hasta el lunes 10 de mayo cuando se pudo hacer la inspección por parte de Conagua, y se encontró que la empresa ya había tapado el pozo. Esto significa que no respetaron el sello de clausura de la bodega, pues entraron pese a que no podían.

El Comité denunció que también esto puede ser una estrategia para evadir una posible multa de Conagua por extraer agua sin tener los permisos correspondientes.

El jueves 13 de mayo se organizó una asamblea vecinal, en la cual decidieron que no quieren que la empresa Junghanns esté en la comunidad. Al día siguiente, los vecinos se reunieron con autoridades municipales, pero no obtuvieron una respuesta concreta de su parte. 

Pese a que en teoría la obra sigue clausurada, los vecinos han visto entrar y salir a trabajadores, así como camionetas con garrafones de agua.

En la rueda de prensa los integrantes del Comité reiteraron que no son representados por ningún partido. Además, denunciaron la falta de actuación de las autoridades, y exigieron que todos los permisos que tenga la empresa Junghanns para trabajar en Tlaxcalancingo se cancelen definitivamente y no se otorguen nuevos, ni a esa ni a ninguna otra empresa, para cuidar el agua.

A la rueda de prensa asistieron también como apoyo habitantes de Juan C. Bonilla, quienes desde hace meses están en un plantón afuera de la sede de la empresa Bonafont, la cual clausuraron para denunciar que la extracción hídrica de la compañía ha provocado escasez de agua en los pueblos aledaños.

Al término del evento para medios, los vecinos hicieron una pequeña asamblea donde decidieron cerrar la carretera federal a Atlixco en ambos sentidos, para presionar a las autoridades a darles una respuesta clara.

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Foto: Aranzazú Ayala

A las dos y media de la tarde llegaron autoridades y se inició un diálogo entre servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula y el comisionado de la Dirección General del Gobierno del Estado. Cerca de las cuatro de la tarde se reabrió la carretera, después de llegar a acuerdos entre ambas partes. Las autoridades firmaron un documento en el que se comprometieron a no otorgar permisos para la instalación de Junghanns y/o a cualquier otra compañía con el mismo giro, además de designar una unidad de seguridad pública para vigilar la bodega y evitar que se entre a la misma y/o se haga cualquier trabajo en ella.

También se comprometieron a interponer una denuncia penal contra Junghanns por ingresar a la bodega a tapar el pozo cuando todavía estaban los sellos de clausura del ayuntamiento.

Asimismo, las autoridades darán seguimiento ante la Conagua para comprobar que el pozo sea tapado definitivamente, y organizarán un cabildo abierto este martes 18 de mayo para volver a dialogar.

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*Foto de portada: Aranzazú Ayala

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Ayala Martínez, A. (2021). Cierran federal a Atlixco: habitantes de Tlaxcalancingo exigen salida de Junghanns. Lado B. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/cierran-federal-a-atlixco-habitantes-de-tlaxcalancingo-exigen-salida-de-junghanns/

Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina

Elda Montiel, SemMéxico

17 de mayo de 2021

  • Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
  • Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.

La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.

La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.

En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.

Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.

Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina

Matrimonio igualitario

Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.

Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.

Identidad de Género

En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.

Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.

Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.

En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.
Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.

Tensiones por la diversidad en América Latina

Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.

En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”.
Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.

Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera

Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.

Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay

En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.

Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.

En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.

En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.

La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.

Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.

Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Montiel, E. (2021). Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina. SemMéxico. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/fundamental-las-redes-de-apoyo-para-las-lgbtttiq-en-tiempos-de-pandemia-en-america-latina/