Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios

Sofía Huerta, Desinformémonos

29 de agosto de 2022

Foto: San Bartolo Ameyalco (Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios)

Bajo una serie de irregularidades y con engaños se realizaron supuestas asambleas comunitarias en pueblos para solicitar su integración al registro que busca implementar la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI). Desde suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad, habitantes de diversos pueblos y barrios de la ciudad fueron testigos de una serie de anomalías y desigualdades en estos procesos, que de acuerdo a la convocatoria de la SEPI debían darle seguimiento asambleas comunitarias y autoridades representativas legítimamente reconocidas por ellos y ellas.

El próximo martes 30 de agosto es la fecha límite para que se integre el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La convocatoria de la SEPI, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de mayo del 2022, indica no sólo que estas solicitudes deben ser acompañadas de “antecedentes necesarios y documentos que acrediten” que son indígenas y/u originarios, sino que deben contar en primer lugar con un acta de asamblea comunitaria que “al menos” tenga la fecha y hora, lugar, periodo y ámbito de publicidad de la convocatoria de asamblea, testigos, indicar a qué pueblo indígena pertenecen y un listado de asistentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estos requisitos de “autoidentificación colectiva” es la “manifestación de reunir las características objetivas y subjetivas de comunidad indígena residente”, además de pedir la «manifestación de voluntad colectiva de identificarse como comunidad indígena residente y que solicitan su inscripción al registro” y solicitar el “mandato expreso por medio del cual designan a las personas representantes del grupo social para presentar la solicitud de registro”. En particular la última condición causa ruido, pues los pueblos y barrios comunitarios ya tienen reconocidas sus propias autoridades tradicionales que les representan en diferentes ámbitos.

San Mateo Xalpa, Xochimilco

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

En un domicilio particular y a puerta cerrada, en el pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco se llevó a cabo una asamblea informativa el domingo 14 de agosto. Se convocó a personas mayores de edad del pueblo y a algunas autoridades tradicionales, principalmente. Además, estuvieron presentes funcionarios públicos tanto de la alcaldía Xochimilco como de la SEPI.

Una habitante de este pueblo originario, quien pidió conservar el anonimato por razones de seguridad, y su familia se enteraron de esta “asamblea falsa” porque un familiar suyo recibió la invitación donde de manera explícita informan que se reservan el derecho de admisión. “La difusión no fue tan amplia, fue llamando por teléfono. De hecho, nos enteramos que algunas autoridades tradicionales fueron invitadas a través de una llamada telefónica. Fuimos poco más de 50 personas y donde se llevó a cabo fue en una casa particular, en un domicilio de aquí de San Mateo”, mencionó.

“Los que firman la invitación, uno de ellos es el representante de bienes comunales, que no es representante de bienes comunales, para empezar”, aseguró, pues en San Mateo Xalpa no tienen un comisariado ni representante de bienes comunales, sino que son los comuneros en asamblea quienes son autoridades tradicionales. “También firma el consejo del pueblo, que sabemos que ya no está funcionando desde años atrás”, dijo.

Las autoridades tradicionales en San Mateo son los fiscales, el patronato del panteón y comuneros, aunque los socios de mayordomos están en proceso de ser reconocidos como autoridades. La figura de consejo de pueblo no es un cargo tradicional, sino, una denominación que existía en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue sustituida por las Comisiones de Participación Comunitaria en la legislación vigente.

“Los consejos de los pueblos ya no existen en razón de la sentencia SUP-REC-35/2020 y como ya no existen desde hace tiempo, ahora con el registro se supone que cada pueblo ingresará a las autoridades que consideran tradicionales. Y por obvias razones los miembros del consejo del pueblo quieren ser incluidos en esa lista de autoridades tradicionales, cuando su figura ni es del pueblo ni es tradicional, pues responde a intereses e instrucciones meramente del gobierno y no del pueblo”, agregó .

A la asamblea acudieron poco más de 50 personas. En el lugar, las autoridades tradicionales, mayordomos y socios de mayordomos les dieron una hoja para registrarse, pero no era una lista de asistentes, sino, un formato membreteado con el logo de la SEPI. Esta situación llamó la atención de algunas personas que asistieron pues, notaron que estos nombres, firmas y números de contacto podrían servir para otros fines.

https://fb.watch/fdX7xrfQsq/

La mesa de la asamblea estaba conformada por diferentes funcionarios públicos y habitantes del pueblo. Por ejemplo, Genaro Olivares y Edilberto Ramírez, ambos trabajadores de la alcaldía; David Mendoza y Belinda Santamaría, ex presidente y ex secretaria del desaparecido Consejo del Pueblo. Además de Arturo Aguilar, quien aseguró ser el representante comunal, cuando de acuerdo a la información de habitantes del pueblo no es comunero. De la SEPI acudieron Carlos Bravo Vázquez, quien también es ex asesor del alcalde José Carlos Acosta.

Durante la asamblea se le explicó a los asistentes que tienen que mandar pruebas tanto de sus fiestas patronales como de su adscripción como originarios, ya que en caso de algún “error”, aseguró Carlos Bravo, trabajador de la SEPI y quien recibe por horarios un sueldo mensual estimado neto de 63,729 pesos.

“Una vez que tienen estos elementos, se llenan los formatos, se presentan ante la SEPI, un comité de expertos en pueblos originarios analizará los documentos, no los calificará, los analizará y en su caso podrá decir: ‘al pueblo de San Mateo Xalpa le falta completar el listado de ciudadanos con derecho a emitir su voto en las asambleas o le falta incorporar o enriquecer más fiestas de las que registró aquí y dará una prevención al comité general de que tiene dos meses, tres meses para completar esta información, para que se te reconozca, para que se te asuma como pueblo originario”, explicó Carlos Bravo durante esa reunión del 14 de agosto.

Es importante mencionar que muchos vecinos y vecinas de San Mateo fueron excluidas de la reunión, pues además de que fue en el patio de una casa particular, cerraron las puertas de la casa para que nadie más pudiera ingresar. Ante esta situación algunos vecinos exigieron que abrieran las puertas, sin embargo, la dueña de la casa, Belinda Santamaría se negó.

“Dejaron a muchísimos vecinos a fuera, porque todas las puertas estaban cerradas. Los vecinos de afuera empezaron a tocar para poder entrar. Una vecina dijo que si estábamos en una asamblea del pueblo, estaba mal que estuviera cerrada la puerta. Debieron dejar entrar a los vecinos porque seguramente tenían intereses en esa reunión y por eso estaban tocando. De hecho, cuando empieza la trifulca, tanto el zaguán como la puerta chica estaban cerradas”, compartió una vecina de San Mateo.

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El conflicto comenzó cuando uno de los vecinos pidió la palabra para expresar su descontento y que no estaba de acuerdo con que se hiciera una comisión ni ser parte del registro. En ese momento las cosas se salieron de control: “Los organizadores se empezaron a molestar y entre ellos estaba el hijo de la dueña de la casa que se le fue encima a una de las personas que estaba en desacuerdo. En ese momento, este individuo golpeó a un adulto mayor. Ahorita ya hay un proceso judicial, me parece, sobre todo porque el señor que fue agredido tiene 84 años y el hijo de la señora ha de andar en sus casi cuarenta”, narró.

Diferentes voces exigieron que se suspendiera la asamblea, pues ya no había condiciones adecuadas no sólo para tomar decisiones, sino para la seguridad de todos y todas. En ese momento, diferentes personas aprovecharon la situación para terminar de firmar el acta de asamblea, la cual era necesaria en el proceso para pedir el registro: “Ellos lo hicieron así, todos sus acarreados aprovecharon la trifulca para anotarse en una lista y noté que estaban dobleteando votos. Yo había contado 27 personas a favor de que se llevara a cabo el registro y los demás éramos como un tanto que estábamos en desacuerdo. Ahí empezaron a decir que eran cuarenta y tantos votos a favor”.

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón.

Alejandro Ugalde es autoridad tradicional, su cargo es el de subdelegado. Fue elegido en el mes de febrero del 2019 por asamblea a través de papeletas que los mismos pobladores hicieron para ejercer su derecho. Con anterioridad, Alejandro ya ha vivido una serie de situaciones que desprestigian no sólo su quehacer como autoridad, también ha sido víctima de discursos homofóbicos. Asimismo, personas del pueblo que le apoyan en su cargo han enfrentado agresiones verbales. “El día de la asamblea falsa le gritaron a una de las señoras con la que nos coordinamos, le dijeron ‘vendida’, ‘traidora’, ‘fuera, fuera’. Ya hacia mi persona me dicen: ‘puto’, ‘maricón’. Solamente en una ocasión, hace dos años, recibí golpes y un navajazo en una asamblea, donde curiosamente estuvo presente José Luis Velázquez, quien es parte de la Alianza”, declaró Alejandro.

Foto: Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios

La Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios es una organización que está a favor de varios de los proyectos y políticas públicas del gobierno central. Por ejemplo, la Consulta Indígena para el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, el Registro de Pueblos y Barrios Originarios, entre otras actividades de la SEPI. Uno de sus argumentos para que se lleve a cabo el registro es que “tenga como propósito fundamental dotar, de forma particular, a los pueblos y barrios originarios la calidad de sujetos colectivos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese grupo se encuentra José Luis Velázquez, quien también es originario del pueblo de San Bartolo.

De acuerdo a Alejandro, la asamblea fue convocada en 31 de julio a través de una lona, donde ellos decían que era muy importante el registro para administrar “nuestro territorio”. “Esta asamblea la convoca la pseudo representación del señor Víctor Zaldívar, que está respaldada por un grupo de Morena, en específico por José Luis Velázquez que es un actor político dentro del pueblo que en su momento con la administración pasada de Álvaro Obregón estuvo muy inmiscuido en la problemática y la división que se generó por estos actores políticos al ellos imponer una pseudo representación del pueblo cuando no tienen ellos ninguna acta de asamblea, no tienen un número determinado de votos donde los reconozca la asamblea como representantes”, dijo.

Además, agregó, invitaron a la plaza del pueblo a arrieros, arrieras, algunos equipos de futbol, a algunas familias del pueblo, mayordomos, representaciones de fiestas patrias, “pero esto fue invitaciones en mano. Yo únicamente me dediqué a documentar, entonces, empiezan su asamblea, pidiendo el registro con la INE, pasando sus listas y sí estaba una persona de SEPI, que era Nicolás López López, porque él se presentó como parte de SEPI. En total asistieron cerca de 90 personas”.

Alejandro ha desmentido a través de la página oficial del pueblo de Facebook, Pueblo San Bartolo Ameyalco, varios mitos sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, este trabajo de difusión no es suficiente, pues ante una asamblea donde la mayoría eran personas adultas mayores, la desinformación sobre la libre determinación, autoadscripción y autonomía logró un efecto a favor del registro.

https://www.facebook.com/watch/?v=643076763486306

La asamblea se llevó a cabo el 7 de agosto, de las autoridades tradicionales sólo fueron bienes comunales y los arrieros. Los demás, patronato del panteón y mayordomos no hicieron presencia. “Empezaron a decir (la mesa que llevaba la asamblea) que es importante el registro porque vamos a dejar de ser pueblo y nos van a convertir en colonia, van a aumentar los costos en predial, luz, agua. Que van a intervenir en la decisión sobre nuestro territorio, pues ya no va a ser de nosotros, va a ser únicamente del Estado, porque vamos a ser colonia”, exclamó molesto:

“Varios vecinos y vecinas pidieron la voz, se los negaron totalmente a base de engaños porque realmente la mayoría de estas 90 personas eran señores adultos mayores, arriba de los 60 años que los llevaron a engaños: ‘que si no se lleva el registro vamos a perderlo’, ‘ya no vamos a ser pueblo, vamos a ser colonia’. Entonces con todo esto los estuvieron envolviendo (…)”.

Alejandro explicó que en varias ocasiones argumentó que ellos siguen siendo pueblo originario, pues en otras ocasiones el mismo gobierno central los ha reconocido como tal. Sin embargo, tanto José Luis Velázquez, como uno de los representantes de la SEPI continuaron abonando a la desinformación. “José Luis fue uno de los que continuó diciendo que ‘antes éramos pueblo y ahora ya no lo somos’ (…) el representante de la SEPI dijo ‘muchas felicidades, qué bueno que ustedes accedieron a hacer este registro para que ustedes puedan ser nuevamente pueblo’”. Ante esta situación, una de las vecinas pidió el micrófono para tratar de informar a la gente. Sin embargo, fue atacada por varios pobladores.

“El chiste es que fue un asamblea express, si fue media hora, fue mucho tiempo. Para finalizar, someten a votación: ‘¿quién de ustedes está de acuerdo en que seamos pueblo?’. Fue una votación de 80 personas, con 80 personas argumentan que el pueblo va a empezar con su registro”, finalizó Alejandro, no sin antes agregar que después de la asamblea siguieron recolectando firmas sin INE.

Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

El sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana se reunieron frente al módulo de policía del pueblo de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de 120 personas para discutir y tomar decisiones sobre la asamblea que promovió un presunto representante del pueblo junto a Rafael Castelán, otro integrante de la Alianza, y el JUD de Pueblos y Barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero. La discusión tuvo como eje principal que esta asamblea que se llevó a cabo el 21 de agosto y pretendía ser comunitaria fue en la Sala Tepecuicatl, la cual está fuera del pueblo de Tola, en la colonia Rosas del Tepeyac.

La señora María Inés y un grupo de vecinos acudieron molestos a la Sala Tepecuicatl, “fuimos en oposición a la asamblea realizada fuera del pueblo, en lugar cerrado, sin previo aviso y que por accidente nos enteramos”, mencionó. Al llegar al lugar, la primera anomalía que notaron fue que en la parte de abajo de la lista de asistencia decía: “Acta de asamblea comunitaria del pueblo originario de Santa Isabel Tola, por medio de la cual acreditamos la autoadscripción colectiva para participar en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

María Inés agregó que quienes se organizaron y fueron a esa reunión no sólo están en desacuerdo con el registro, sino que están molestos porque se hizo en un lugar que no está ni en la comunidad: “no debían de haberlo hecho en un espacio cerrado y fuera de nuestro pueblo y esto es lo que lo hace ilegal, por tal motivo, fuimos a protestar. Tuvimos el acompañamiento de derechos humanos, fuimos una profesora, dos ejidatarios, fue una autoridad tradicional del panteón. Yo creo que esta acción fue avalada por la alcaldía porque para haber enviado a su JUD de Pueblos y Barrios, siendo él, vecino e integrante de COPACOS, una persona que lo hemos visto con grupos de choque en las manifestaciones del zócalo”.

Una vez en el interior del recinto y con la presencia de no más de 50 personas, comenzó la reunión. Uno de los que tomaron el micrófono fue el poblador de Santa Isabel Tola Ricardo Martínez, quien comentó que para acceder a un programa social se necesitaban una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores: “por derecho, al tener 65 años ya tengo ese derecho, pero para eso se necesita tener tu credencial de elector, una acta de nacimiento y el CURP. Esos son los requisitos para acceder a ese programa y haber cumplido ya los 65, para poder acceder a ese programa”.

Y continúa con su exposición: “Es lo mismo que les explicó el compañero Rafael Castelán, lo mismo, no vamos a perder la categoría como pueblo, simplemente es para acceder a los derechos como pueblo originario, para cualquier tema. Tenemos un tema bien importante, el Mexicable, es un ejemplo bien claro. ¿Por qué no nos hicieron la consulta? porque a SEPI se le ocurrió decir que no éramos un pueblo originario y es por eso que se tuvo que amparar. Es eso, la convocatoria, va a seguir siendo abierta, lo dice la ley, búsquenlo por favor. Algunos pueblos no lo van a alcanzar, en esta convocatoria no lo van a alcanzar. Inclusive muchos de los seguidores de la Coordinadora, antier estuvieron sentados ahí en SEPI para hacer sus asambleas”.

“Estamos luchando porque esas medidas no sean violatorias, porque nos violentan a nosotros los pueblos originarios e indígenas. No puede ser posible que seamos tan miserables, tener tan poco criterio y no investigar qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. La convocatoria que se hizo para los pueblos y barrios es un registro amañado, no podemos permitir que sigan violentándose los derechos de los pueblos. Los pueblos tenemos autodeterminación, no debemos tener un registro, ya estamos reconocidos. Nuestra Constitución nos avala”, declaró la señora Inés.

En un principio, la convocatoria llamó la atención de activistas y originarios, pues no sólo consideran inconstitucional el registro, pues atenta contra el derecho a la autoadscripción y por ende contra la libre determinación inscrita en el artículo 2º constitucional, sino que les degrada como “grupo social” y que además tienen que demostrar que son originarios e indígenas con documentación que acredite que cuentan con “instituciones y tradiciones sociales y cultuales comunitarias, lenguas, patrimonio cultural material e inmaterial y su reproducción”.

El reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas está en la Constitución, así como en las leyes de las entidades federativas. Y en ese sentido, el criterio de la autoadscripción es un elemento adecuado y determinante cuando se refiere a este reconocimiento. De hecho, el artículo 2º constitucional indica que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Además, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis la/J. 57/2022, no es necesario demostrar la autoadscripción indígena a través de documentos oficiales:

“…no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional.”

Una de las acciones que acompañan la exigencia para frenar el registro incluye una demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien resolvió que el caso no es competencia electoral. “Se unieron 70 pueblos, algunos con el Frente, algunos con la Defensoría de oficio del Tribunal Electoral, ya el Tribunal Electoral manifestó que no es competencia electoral, por eso estamos también con los amparos y las acciones de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México”, declaró el abogado Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.

Velázquez también informó que actualmente están acompañando la impugnación de estas asambleas: “la que se han impugnado son San Mateo Xalpa (Xochimilco), Santiago Tluyehualco (Xochimilco), Santa Isabel Tola (Gustavo A. Madero) y San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón). Son 4 asambleas de estas que se hicieron con irregularidades para el registro las que están ahorita en tribunales”.

Recientemente, el 22 de agosto del 2022, una ciudadana obtuvo respuesta de una solicitud de información (folio 090162422000196), en la cual quiso saber cuántos y cuáles pueblos y barrios originarios solicitaron registrarse en el sistema de la SEPI. Como respuesta, el JUD de Consulta para Comunidades Indígenas, José María Ahuitzotl Pastrana Hernández contestó: “Me permito hacer de su conocimiento que, a la fecha no se cuenta con ninguna solicitud de registro presentada formalmente ante la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

La lucha por la libre determinación de los pueblos y barrios originarios comienza con el reconocimiento de la autoadscripción. El subdelegado de San Bartolo Ameyalco, Alejandro, como autoridad tradicional lo sostiene y defiende: “No es necesario recurrir a ningún tipo de registro para poder continuar con nuestros derechos, derechos que ya tenemos ganados desde hace años, tratando de explicar el porqué este registro es improcedente, violatorio hacia nuestro propio derecho a la autoadscripción y sobre todo esto que están solicitando una lista de originarios y avecindados. Para mí eso ya es muy delicado, totalmente clasista porque están solicitando además el último grado de estudios para ser reconocidos en el registro. Eso sí se me hace absurdo”, expresó.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Huerta, S. (2022). Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios. Desinformémonos. Recuperado el 30 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-enganos-y-a-puerta-cerrada-realizan-asambleas-para-registro-de-pueblos-y-barrios-originarios/

Derrumbes mineros de Coahuila, “resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”: REMA

Redacción Desinformémonos

06 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. Las tragedias como la de los diez mineros atrapados por un derrumbe en Sabinas, Coahuila, del pasado 3 de agosto “son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera” del estado, “con la complicidad del gobierno de la 4T y gobiernos anteriores”, denunció la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Precisó que el derrumbe de la mina en Sabinas “es uno más de los múltiples desastres previsibles, que no accidentes, como suelen llamarlo las autoridades de los tres niveles de gobierno”, pues en la industria minera son las autoridades quienes, “por omisión”, permiten la explotación laboral, falta de condiciones de salubridad y devastación ambiental.

El pasado 2 de agosto, un derrumbe dejó diez mineros atrapados y cinco lesionados en Sabinas, Coahuila, luego de que los trabajadores se encontraron con una zona de agua que provocó una inundación. Los mineros se encontraban en un nivel de entre 50 y 60 metros de profundidad, en una cavidad de tres pozos interconectados, que en total alcanzan 80 metros bajo tierra.

La REMA acusó que el gobierno, en todos sus niveles, “se convirtió en un criminal cómplice de aquellos empresarios que dieron la orden a los mineros de bajar al interior de la mina para seguir extrayendo carbón, pese a que existían claras evidencias de que la mina se podía inundar”.

Agregó que no es la primera vez que se evidencia la impunidad con la que operan las mineras en Coahuila, pues hay ejemplos como el de la mina Pasta de Conchos, cuyo derrumbe sepultó a 65 personas, sin que aún haya justicia.

“Hoy en México no hay quien rescate a los trabajadores del modelo minero extractivista y depredador que en cínica complicidad con el gobierno de la 4T y las criminales compañías fomentan y potencian la devastación y la muerte”, aseguró la REMA.

Los activistas de la Red exigieron justicia para todas las familias de los mineros muertos en Coahuila, así como castigo a las empresas mineras responsables.

A continuación el comunicado completo:

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Derrumbes mineros de Coahuila, “resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”: REMA. Desinformémonos. Recuperado el 08 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/derrumbes-mineros-de-coahuila-resultado-de-la-corrupcion-la-ilegalidad-y-la-impunidad-rema/

Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida y el Feminicidio, en Oaxaca luego de tres años de impunidad

  • A 36 meses del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, son responsables de impunidad el gobierno de Alejandro Murat  y la fiscalía de Oaxaca
  • Exigen cárcel para Rubén Vasconcelos Méndez, congruencia a Andrés Manuel López Obrador, porque en Oaxaca hay corrupción y  encubrimiento

Libertad López | SEM MÉXICO

Oaxaca de Juárez | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —

En el centro  de un grupo de mujeres del país, que portaban carteles y cruces,  la periodista Soledad Jarquín Edgar  anunció la instalación del  Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida en Oaxaca y vehemente, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se juzgue y castigue al ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, por  encubrimiento y  complicidad; le pidió verdad y justicia, porque hasta ahora eso no existe en Oaxaca, y no se  juzga y castiga  a los responsables materiales e intelectuales  del asesinato feminicida de Ma. del Sol Cruz Jarquín, sucedido la madrugada del  2 de junio de 2018.

Acompañada de algunas madres del feminicidio de sus hijas, de víctimas de la violencia machista, de sus abogadas y quienes la ha sostenido en su lucha durante  36 meses, la periodista  dejó en claro que el sistema político mexicano solapa a los feminicidas responsables de miles de crímenes. Soledad Jarquín Edgar, dejó en claro que su exigencia no es individual, es de miles de mujeres y familias mexicanas.

Interrumpida con una voz en eco para que se juzgue al ex fiscal y se recrimine al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien no sólo ha sido omiso, sino que recientemente premió al ex fiscal con un puesto en su gabinete, la periodista anunció “no nos vamos a rendir”. Su hija asesinada y toda la investigación fue equívoca e interesada. ¿A quién encubren?

Por justicia –no venganza- sobre este crimen, Jarquín Edgar ha tocado todas las puertas, se han presentado todas las pruebas, desde el ministerio público de Oaxaca hasta el palacio nacional, pasando por gobernación, la comisión creada para erradicar el feminicidios, las cámaras legislativas, las embajadas, y otras instancias. El  recuento es puntual y cierto, muestra como  nada, nada ha sucedido.https://www.semmexico.mx/ma-del-sol-cruz-jarquin-llena-de-vida-y-creatividad-tu-madre-no-se-quiebra/embed/#?secret=PL8pRUSuug

LLAMADO A LAS FEMINISTAS

Y por primera vez, como una entre todas, mucho tiempo antes del asesinato de su hija,  llamó a todas las feministas del país para que se unan al  tribunal feminista y la exigencia de justicia,  a terminar con las trampas, el encubrimiento, la complicidad  y las  omisiones en Oaxaca,  donde la  impunidad está viva. Y a las oaxaqueñas a acudir a ese tribunal a presentar sus casos. Y es que han pasado  mil 95 días desde el feminicidio de la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín.

Hubo momentos de expresión entrecortada,  la periodista contenía la indignación,   la rabia y las lágrimas, por eso dijo: ¿cómo es posible  que el ex fiscal dijera que tenemos otros intereses?, y  denunció que Rubén Vasconcelos Méndez, como que actuó con sesgo y conscientemente contra de los avances necesarios para dar con las personas responsables del triple asesinato ocurrido en Juchitán de Zaragoza en el que perdieron la vida María del Sol, Pamela Terán y Adelfo Jiménez.

Y explicó, claramente que “Hay acusaciones serias, ahora le tocará al Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert  llevar a Juicio a los responsables materiales e intelectuales así, como a quienes les han sido sus cómplices y les han encubierto por 3 años”.

Por otro lado, la periodista, señaló que los hermanos Francisco Javier y Hageo Montero López, aún no han sido sancionados, uno por enviar en contra de su voluntad a María del Sol a uno de los municipios más peligrosos del país en ese momento y el otro por beneficiarse de su trabajo.

“Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas, hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano no fue ni ha sido sancionado; Hageo Montero López está por concluir su al frente de una regiduría en el gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza, sí un delincuente electoral es regidor. Y en este entramado hay delincuentes de cuello blanco, como la fiscal especializada Araceli Pinelo López quien nos ha robado en estos más de mil días la posibilidad de acceder a una fracción de la justicia”.

En un templete, color naranja antifeminicidio y contra la violencia, en Calle de Alcalá, frente al templo  Santo Domingo, estuvo acompañada de una nube de mujeres, entre ellas  María Elena Ríos, sobreviviente de ataque con ácido en Oaxaca; la acuerparon  Irenea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, -caso de la Suprema Corte, incónico-, de  Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín ahorcada en el campus de la UNAM, de María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), representantes de la lucha contra la impunidad a los feminicidios en el país. Especialmente de  Yésica Sánchez Maya del grupo Consorcio Oaxaca, de Ana María Hernández y Pilar Muriedas.

En su intervención Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, expresó su sororidad con Soledad Jarquín: “estamos recordando que se le debe justicia  a María del Sol, es necesario conocer la verdad para que haya justica y no se vuelvan a repetir hechos como este. No es venganza es justicia”.

María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido,  manifestó  que “Todas las mujeres que estamos aquí tenemos muchas cosas en común tenemos algo en especial la injusticia que generó el solapador  de Rubén Vasconcelos Méndez, por lo que nos reunimos para exigir cárcel. Juntas estaremos hasta llegar a la justicia”, dijo durante su intervención.

Por su parte María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó que la justicia tardía no es justicia y sentenció que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad y la justica.

“Ha sido evidente la falta de la voluntad política para garantizar la justicia por parte del gobierno de Oaxaca. Exigimos a las autoridades cero tolerancia a la complicidad en el feminicidio de María del Sol, por lo que hoy Justicia para Sol es un clamor nacional”, enfatizó Estrada.

Por su parte, Yesica Sánchez Maya, interpeló al  Fiscal General de Oaxaca,  Arturo Peimbert Calvo, ahora a cargo, para que dé  resultados inmediatos en el caso de María del Sol, “es momento de que salde la deuda histórica que se tiene con las mujeres”, dijo. 

Para finalizar la conferencia, Soledad Jarquín, no sin antes nombrar a todas las mujeres y amigas que la han acompañado, convocó a la sociedad a no aceptar la impunidad:

“Sabemos que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no lo sancionará, – refiriéndose al hombre que terminará su regiduría libre y sin que nadie lo moleste-  así que nos tocará a nosotras la búsqueda de justicia, como sociedad no podemos ni debemos aceptar la impunidad, -que seguirá-  si aceptamos que no se esclarezcan los feminicidios y no se castigue a los victimarios y a sus cómplices encubridores”.

Como una acción que dignifique su derecho a la justica, a la verdad y la reparación, convocaron a las víctimas de violencia de género y a las madres víctimas de feminicidio para que una vez que se conforme el “Tribunal Feminista contra la violencia feminicida en Oaxaca” comparezcan a presentar cargos contra el ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, quien con su actuar corrupto y machista encubrió a feminicidas y agresores de mujeres.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Libertad López (2021) Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida y el Feminicidio, en Oaxaca luego de tres años de impunidad. Sem México. Recuperado el 2 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/tribunal-feminista-contra-la-violencia-feminicida-y-el-feminicidio-en-oaxaca-luego-de-tres-anos-de-impunidad/

San Luis Potosí: violencia electoral y presuntos vínculos delincuenciales

En el proceso electoral de San Luis Potosí destacan las agresiones a candidatos a distintos puestos, las denuncias por vínculos delincuenciales en algunos de los candidatos y la violencia de género durante las campañas

Marcela Del Muro  | Pie de Página

SAN LUIS POTOSÍ | Martes 25 de Mayo del 2021 | — : —

En las calles de la capital de San Luis Potosí se siente la proximidad de las elecciones. Las vías rápidas se encuentran tapizadas de espectaculares que muestran los rostros de los candidatos con sus mejores promesas electorales, algunas frases innovadoras y otras menos entendibles. El próximo 6 de junio los habitantes elegirán quién ocupará la gubernatura y renovarán su congreso y todas sus alcaldías.

Es frecuente que en las pláticas se especule sobre los resultados electorales, pero lo cierto es que ni las encuestas nos muestran con claridad lo que se aproxima. Lo que sí ha salido a flote son los señalamientos de presuntos vínculos delincuenciales de los aspirantes a la gubernatura y una violencia que tiene a San Luis Potosí como una de las entidades con más agresiones dentro de la contienda electoral.

La plataforma Polls.mx, que recopila los resultados de distintas casas encuestadoras, coloca en la primera posición a Octavio Pedroza, candidato a la gubernatura de la coalición “Sí por San Luis”, integrada por PRI, PAN, PRD y el local Partido Conciencia Popular. Consulta Mitofsky y Massive Caller también dan la primera posición al exsenador panista.

Facto Métrica, en tanto, indica que desde finales de abril la abanderada de Morena, la doctora Mónica Rangel, superó por 4 puntos a Pedroza.

La encuesta del periodico El Financiero es la única que da la la ventaja, con 19 puntos, a Ricardo Gallardo Cardona, el candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el PVEM y PT.

Para la capital, tenemos únicamente la encuesta de encuestas de Polls.mx que coloca en la primera posición al candidato de la coalición “Sí por San Luis”, el excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

Pero las especulaciones y las pláticas electorales no demuestran que exista claridad en la preferencia de la población. A dos semanas para las elecciones, Pie de Página entrevistó a transeúntes que circulaban por la zona centro de la capital, la mayoría de ellos muestra desinterés hacia las jornadas electorales o consideran que ningún perfil cumple sus expectativas para darle el voto. Las pocas personas que ya tienen una idea clara decidieron gracias al acercamiento de los aspirantes a sus colonias, por las promesas de apoyos gubernamentales justos o porque los perfiles de los candidatos se ven honestos. 

Ricardo Gallardo en campaña.

Gastos de campaña y señalamientos de corrupción

Los caminos rurales en la Huasteca potosina fueron forrados por lonas con el rostro del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Gallardo; a fuerza de mantas impresas, pasó de ser un completo desconocido en la zona a estar presente, prácticamente, en cada esquina.

Ricardo Gallardo ha gastado más que cualquier otro candidato en la elección, hasta ahora 13 millones 854 mil pesos, según información del INE. La imagen del abanderado del Verde está por todos los rincones del estado. Los números doblan en cantidad a los gastos de campaña de los otros punteros, Pedroza y Rangel. En medio de estas cantidades millonarias se comienzan a interponer denuncias que van de un lado y del otro de la balanza.

Hace una semana, el senador morenista Elí Cervantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por las tarjetas proselitistas “La Cumplidora” que se activarán en caso del triunfo de Ricardo Gallardo: “para que a partir del 26 de septiembre, tengas acceso a diferentes programas y becas que otorgará mi gobierno en beneficio tuyo y de tu familia”, se puede leer en los trípticos informativos que se muestran en redes sociales.

Esto no es lo único que envuelve al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ha informado que existen varias indagatorias que señalan el desvío de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, que han beneficiado a la campaña de El Pollo Gallardo, como se le conoce coloquialmente al candidato, y a su partido político. A esta información se suma las diversas investigaciones realizadas por el medio potosino Astrolabio, donde se indican los vínculos y modus operandi de la familia del candidato. 

Recordemos que los Gallardo, Ricardo Gallardo Juarez, padre de El Pollo, y su hijo, han ocupado distintos puestos políticos en el estado. Primero, Gallardo Juárez fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado de la capital, del 2009 al 2012; lo sucedió su hijo, del 2012 al 2014. Del 2015 al 2018 Gallardo padre gobernó el ayuntamiento de San Luis Potosí. Ese mismo año, el 6 de enero, Gallardo Cardona fue aprehendido “por la presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.A su salida de prisión y absuelto de las acusaciones, Gallardo ocupó una diputación federal del 2018 al 2020.

Pero Gallardo no es el único señalado. Durante el segundo debate, organizado por la Coparmex, el único candidato independiente a la gubernatura, el maestro Arturo Segoviano, denunció el desvío de más de 10 millones de pesos por parte del secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitan, hermano del candidato panista Octavio Pedroza, a la campaña de la coalición “Sí por San Luis”, a través de la triangulación con una empresa propiedad del coordinador de campaña.A estas acusaciones se suma la denuncia del delegado nacional del PVEM, Francisco Elizondo, donde señalan que hubo un presunto financiamiento a la campaña de Pedroza por parte del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el prófugo de la justicia Javier Cabeza de Vaca.  

La candidata por Morena y extitular de Secretaría de Salud en el estado también ha sido señalada por la asociación Ciudadanos Observando, quienes aseguran que existen contratos irregulares triangulados por empresas fantasma entre Secretaría de Salud y el empresario Gabriel Salazar Soto, que es investigado por fraude. Hasta ahora, estas aseveraciones no han sido comprobadas, pero en Ciudad Valles, algunos ciudadanos aseguran que estas transas de compras irregulares fueron habituales durante su jefatura en la Jurisdicción Sanitaria No. VI, que abarca la responsabilidad de once municipios de la zona huasteca sur del estado.   

Las denuncias y sanciones no son exclusivas de las candidaturas a la gubernatura. El pasado 12 de mayo, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación revocó la candidatura a diputado federal por Morena de Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, tras no poder comprobar la autenticidad de los documentos presentados para ocupar la diputación plurinominal como representante de comunidades indígenas.

Para el activista y vocero de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (Cocihp), Rogel del Rosal, la jornada electoral ha sido muy superficial: 

“Es una elección al estilo antiguo, donde los candidatos son perfiles impresentables que no presentan soluciones reales. Ningún candidato tiene interés en promover la autonomía de la población indigena. Vemos que se sigue usando a los pueblos indígenas como objetos electorales no como sujetos de derecho. No se ve el cambio ni la transformación”.      

Proselitismo de los candidatos Romero Calzada y Octavio Pedroza en San Luis Potosí.

Foco rojo en violencia

San Luis Potosí es la séptima entidad con más violencia política durante el proceso electoral 2020-2021. La violencia, que ya se sentía con fuerza previo a las campañas, incrementó. De acuerdo con datos del gobierno federal, San Luis Potosí está entre las siete entidades del país que concentran el 53 por ciento de candidatos protegidos ante amenazas y agresiones en el proceso.

La Huasteca potosina se encuentra en foco rojo, según informó el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, después del ataque armado a simpatizantes del PES en el municipio de San Martín Chalchicuautla y el ataque a la candidata panista a la regiduría de Tamasopo durante un mitin de campaña. 

En el reciente debate con los candidatos a la gubernatura, realizado por la Confederación Patronal de México, Coparmex, se notó la preocupación de los participantes ante el incremento de la violencia electoral en todo el país. Pero desde el debate anterior, organizado por el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC) y la Universidad Autónoma (UASLP), los candidatos pusieron énfasis en sus propuestas de seguridad.  Todas giran en torno a la idea de robustecer la policía o crear una nueva Guardia Civil que sustituya a la policía estatal.

Violencia de género

En la intervención del candidato panista Octavio Pedroza en el segundo debate habló que para lograr que se reconstruya el tejido social en el estado y haya mayor seguridad es necesario apostarle a la familia. “La primera responsabilidad (de la mujer) es la atención de los hijos, en cuanto a su edad lo exija […] Hay que darle mayor participación a las mujeres, sin descuidar su función en lo familiar, para que una mujer que trabaja y al mismo tiempo son madres de familia no desatiendan su responsabilidad fundamental de ser ese núcleo que da cohesión a la familia”, señaló el candidato. Esta declaración fue señalada como misógina por feministas, medios de comunicación y Marvely Constanzo, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano.

Pero no es algo aislado. Desde las precampañas se han denunciado varios casos de violencia política en razón de género. El más reciente es la acusación y multa del candidato a la alcaldía por el PVEM, Leonel Serrato, al comprobar que “existieron las conductas denunciadas por la víctima (la candidata priista al ayuntamiento de Xilitla, María Rebeca Terán), generadas en el mes de abril de 2017 y diciembre de 2020 y son constitutivas de violencia política de género», indicó el Tribunal Electoral del Estado. 

Algunas mujeres de colectivas feministas y entrevistadas en vía pública expresaron que no detectan ningún perfil que sea genuino en su promesas de campaña que aborden la erradicación de la violencia contra la mujer. La mayoría de ellas son conscientes de la importancia del voto, pero pese al poco tiempo para el día de la votación, se sienten desalentadas por los perfiles electorales.  

Segoviano denuncia a Pedroza.

Violencia contra mujeres periodistas

Estas prácticas machistas y la violencia electoral permearon en la vida de las mujeres periodistas. 

El primer incidente, el 28 de abril, fue en una entrevista realizada por el periodista Omar Niño a el candidato de la coalición “Sí por San Luis”, donde el presentador infantilizó y desacreditó a una compañera periodista y fue secundado, de nuevo, por el candidato Pedroza. El segundo incidente fue previo al primer debate, donde el expriista José Luis Romero Calzada, ahora candidato por Redes Sociales Progresistas, respondió con un “yo no contesto mamadas”, ante el cuestionamiento por la transparencia de los gastos a raíz del uso de un helicóptero en su campaña electoral. Este no ha sido el único caso de agresiones de Romero Calzada, Tekmol, ante preguntas de mujeres periodistas. 

“Se habla de la violencia política que se ejerce contra mujeres que están en la función pública, pero las mujeres periodistas estamos en una especie de vacío y también estamos siendo violentadas políticamente. Hasta ahora, no hay una instancia a la cual recurrir y que pueda dar seguimiento a los casos, se ha intentado hacerlo a través del CEEPAC y del INE, pero en la ley no hay una competencia que los haga aptos y no hay nada más allá”, comenta la periodista María Medrano. Ella ha dado acompañamiento a las compañeras víctimas de violencia, como parte de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí. 

Para ella, la violencia que estamos viviendo durante este proceso electoral tiene que ver con tres ejes. La permisividad que dan las campañas de desprestigio ante trabajo periodístico; el silencio y las malas prácticas periodísticas ante agresiones contra el gremio en el estado y, por último, las formas cómo los funcionarios públicos han solucionado ciertos errores con la prensa y las oportunidades de comprar las líneas editoriales de algunos medios. María señala que es preocupante que los candidatos traigan la agenda de género como discurso principal de sus campañas, para ella sería más relevante que entendieran de qué va tener propuestas o políticas públicas con perspectivas de género.

El presente articulo es propiedad de Pie de Página.

Fotos: Ceepac y Especial

Marcela Del Muro  (2021) San Luis Potosí: violencia electoral y presuntos vínculos delincuenciales. Pie de Página. Recuperado el 25 de Mayo del 2021 en: https://piedepagina.mx/san-luis-potosi-violencia-electoral-y-presuntos-vinculos-delincuenciales/

68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras

El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores

Daniela Pastrana, Pie de Página, recuperado de Lado B

20 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

Daniela Pastrana

Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.

Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.

“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.

Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.

También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.

Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia

México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.

A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.

La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.

“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.

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*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

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Pastrana, D. (2021). 68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras. Lado B. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/68-areas-naturales-protegidas-tienen-suelo-concesionado-a-mineras/