Más de 2.000 profesionales de salud mental inician una huelga en las clínicas de Kaiser Permanente en California

Democracy Now

16 de agosto de 2022

Image Credit: National Union of Healthcare Workers

En Estados Unidos, miles de proveedores de salud mental sindicalizados que prestan servicios en varias ciudades del estado de California se declararon en huelga para exigir que la organización de atención médica sin fines de lucro más grande del país brinde una mejor atención a las personas que necesitan servicios de manera urgente. Kaiser Permanente atiende a unas nueve millones de personas en California. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Kaiser Permanente tiene solo un proveedor de salud mental por cada 2.600 pacientes, lo que obliga a las personas a esperar meses para una cita. Los miembros del sindicato también acusan a Kaiser de violar las directrices clínicas de tratamiento y las leyes estatales de California. La huelga se produce después de un año de negociaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Kaiser Permanente, que ha rechazado las propuestas del sindicato de aumentar el personal y mejorar el acceso a la atención médica.

“El presente artículo es propiedad de Democracy Now

Democracy Now. (2022). Más de 2.000 profesionales de salud mental inician una huelga en las clínicas de Kaiser Permanente en California. Democracy Now. Recuperado el 16 de agosto de 2022, de https://www.democracynow.org/es/2022/8/16/titulares/over_2_000_mental_health_workers_begin_strike_at_kaiser_permanente_clinics_in_california

El impacto de la pandemia en la trata de personas: aumento en la explotación sexual en menores

Un nuevo estudio publicado a principios de este mes de julio por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) habla del impacto tan devastador del COVID-19 en las víctimas y supervivientes de la trata de personas

Redacción | Sem México

AmecoPress. Madrid | Miércoles 28 de julio de 2021 | — : —

El pasado 8 de julio se publicó en Viena un estudio global sobre “Los efectos de la pandemia del COVID-19 en el tráfico de personas y las respuestas a los desafíos”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En él, se ilustra cómo ha afectado de manera catastrófica a las personas sobrevivientes de la trata de personas, destacando el aumento de la focalización y explotación de los niños.

Por otra parte, el estudio también evalúa cómo las organizaciones que están en primera línea han ido respondiendo durante los últimos 15 meses a los nuevos desafíos que ha traído consigo la pandemia. A pesar de las restricciones impuestas por los países, la mayoría continuaron brindando servicios esenciales a las personas que lo necesitaran.

Pese a esto, según cuentan desde la ONU, “los traficantes se aprovecharon de la crisis mundial, capitalizando la pérdida de ingresos de las personas y la mayor cantidad de tiempo que tanto los adultos como los niños pasaban en las redes”.

En la presentación del estudio, la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, afirmó que “la pandemia ha aumentado las vulnerabilidades a la trata de personas, al tiempo que hace que la trata sea aún más difícil de detectar y ha dejado a las víctimas con dificultades para obtener ayuda y acceso a la justicia”.

Añadido a esto, Ilias Chatzis, jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC, quien desarrolló el nuevo estudio, también habló de que “los traficantes se aprovechan de las vulnerabilidades y a menudo atraen a sus víctimas con falsas promesas de empleo”, tal y como ha recogido Naciones Unidas.

Los menores, el objetivo principal

Este estudio, además, revela que son menores quienes están en el punto de mira de los traficantes, que cada vez utilizan más las redes sociales y las plataformas en línea para reclutar nuevas víctimas y se benefician del aumento de la demanda de materiales de explotación sexual infantil.

Los bloques y las limitaciones de los servicios de luchas contra la trata, provocados por la pandemia de COVID-19, ha hecho que las víctimas hayan tenido, y sigan teniendo, menos posibilidades de escapar de sus traficantes. Y con las fronteras cerradas, muchas víctimas de trata rescatadas se han visto obligadas a permanecer durante meses en albergues en las zonas donde habían sido explotadas, por no poder regresar a sus países de origen.

El presente artículo es propiedad de Sem México.

Redacción (2021) El impacto de la pandemia en la trata de personas: aumento en la explotación sexual en menores. Sem México. Recuperado el 28 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-trata-de-personas-aumento-en-la-explotacion-sexual-en-menores/

Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

La pandemia agudizó la pobreza para las mujeres, último informe de CEPAL

Un millón 260 mil muertos por Covid 19 y sólo el 13,6  por ciento de vacunación en la región.

Alicia Bárcena  urgió a un nuevo modelo de desarrollo restructurando sistemas de salud, educación y bonos contra el hambre

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Viernes 9 de Julio del 2021 | — : —

La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena. 

Lamentó las muertes por COVID 19 que en la región al 30 de junio llegaron a un millón 260 mil, lo que representa el 8,4 por ciento a nivel global y las brechas en la vacunación con sólo un 13,6 por ciento en 30 países de la Región, mientras que en la Unión Europea es de 34,9 por ciento y en América del Norte 46,3 por ciento.

Por lo que urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia y a desarrollar un nuevo modelo de desarrollo en el que se reestructuren los sistemas de salud y educación, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes.

Al dar a conocer el documento “La Paradoja de la Recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza poca inversión y baja productividad “en conferencia de prensa virtual.   

El informe señala que en términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida.

Advierte que la región ya estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible y que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración. 

La tasa de crecimiento actual de 5,6 por ciento no es sostenible si bien hubo un rebote con el 6,8 por ciento del 2020, existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental.

En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5 por ciento y la de pobreza el 33,7 por ciento. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). 

Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4 por ciento de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9 por ciento del índice de Gini).

 En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4 población de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26 por ciento del PIB de 2020). 

De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78 por ciento del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55 por ciento del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29 por ciento de la población, comparado con los 326 millones y 49,4 por ciento de la población alcanzada en 2020).

En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. 

En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22 por ciento en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10 por ciento en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. 

En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19 por ciento respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).

La CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5 por ciento este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35 por ciento en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.

Ante la deuda nueva arquitectura financiera: Alicia Bárcena

Es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región, enfatizó Alicia Bárcena. 

Abundó que se necesita un foro multilateral para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda.

Una agencia multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no concesional, la implementación de instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y bonos SDG. 

La capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, acceso a mecanismos multilaterales para la aplicación de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema de cooperación para lograr una medición multidimensional más allá del PIB per cápita.

Lo anterior debido a que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3 por ciento) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59 por ciento). 

Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. 

El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública, precisa el informe.

“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.

El presente articulo es propieda de Sem México.

Elda Montiel  (2021) La pandemia agudizó la pobreza para las mujeres, último informe de CEPAL. Sem México. Recuperado el 9 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-pandemia-agudizo-la-pobreza-para-las-mujeres-ultimo-informe-de-cepal/

Datos señalan los impactos negativos de la COVID-19 en mujeres y niñez desplazadas por la fuerza

Redacción | Sem México

Nueva York | Jueves 8 de Julio del 2021 | — : —

La pandemia de coronavirus ha tenido un impacto perjudicial en la vida de millones de personas refugiadas y desplazadas internas, pero las consecuencias para las mujeres y la niñez desplazadas han sido especialmente devastadoras: desde un mayor riesgo de violencia doméstica y sexual, hasta un aumento de matrimonios infantiles.

Una nueva visualización de datos (‘COVID-19: amenazas para mujeres y niñez desplazadas’) es la cuarta parte de una serie que examina cómo la crisis de COVID-19 ha empeorado las condiciones de las comunidades desplazadas. Presenta datos de las operaciones humanitarias en todo el mundo que muestran cómo el deterioro de las condiciones socioeconómicas, el confinamiento y el cierre de escuelas han amenazado la seguridad y el bienestar de mujeres y niñez desplazadas.

ACNUR, junto con otros organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, alertaron sobre las consecuencias potencialmente catastróficas de la COVID-19 para mujeres y niñas refugiadas y desplazadas desde el principio del brote. Ahora hay datos que respaldan algunos de esos primeros temores. Por ejemplo, el 89 por ciento de las operaciones que se enmarcan en el Clúster de Protección Global – una red de ONG y Agencias de la ONU liderada por ACNUR que ofrece protección en situaciones de desplazamiento interno – señalaron a finales del año pasado que la violencia de género era un riesgo grave o extremo.

Otros datos sugieren el grado en que la COVID-19 ha perturbado la infancia de la niñez refugiada y desplazada interna, poniendo en peligro su salud y seguridad, así como sus perspectivas futuras. El número de operaciones de ACNUR que informan de abusos a niñas y niños desplazados por parte de sus cuidadores se duplicó con creces en 2020; al mismo tiempo, aumentaron los informes sobre un mayor número de familias desplazadas que recurren a forzar a sus hijos a casarse, las separaciones de niños de sus padres y la proporción de solicitudes de asilo presentadas por la niñez no acompañada.

A pesar del aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres y la niñez desplazadas durante la pandemia, están gravemente subfinanciados los programas para protegerlas y apoyar a quienes han sobrevivido a violencia y abusos. Mientras tanto, la preocupación por el contagio de la COVID y las restricciones de movimiento han obligado a ACNUR a adaptar muchos de sus programas de protección a la infancia y de violencia de género. En muchos lugares, esto ha implicado un cambio hacia el apoyo en línea y el asesoramiento a distancia. También ha puesto de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las personas refugiadas voluntarias y el personal comunitario, en particular las mujeres.

“Más de un año después de la crisis, está claro que la COVID-19 ha hecho retroceder años de avances en materia de igualdad de género y protección infantil, y seguirá afectando a las mujeres y a la niñez desplazadas en el futuro. Es necesario actuar ahora para mitigar estos impactos”, comentó la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección, Gillian Triggs.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Redacción (2021) Datos señalan los impactos negativos de la COVID-19 en mujeres y niñez desplazadas por la fuerza. Sem México. Recuperado el 8 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/datos-senalan-los-impactos-negativos-de-la-covid-19-en-mujeres-y-ninez-desplazadas-por-la-fuerza/