Protestan contra CNDH por recurso a favor de deudores alimentarios

Redacción La Jornada

23 de agosto de 2022

Un grupo de feministas tomó de manera simbólica las instalaciones de la CNDH, ubicada en la calle República de Cuba, desde donde partió una marcha a la SCJN para protestar por las madres de los hijos deudores de pensión, en el Centro Histórico capitalino, el 22 de agosto de 2022. Foto Alfredo Domínguez

Colectivos de mujeres protestaron por la mañana frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la acción de inconstitucionalidad 98/2022 que el organismo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para invalidar una reforma legal en la que un deudor alimentario moroso no puede ser candidato a cargo de elección popular en Yucatán.

Colocaron “un tendedero” con imágenes y datos de presuntos deudores alimentarios frente a las instalaciones de la CNDH en la calle República de Cuba y alrededor del mediodía se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar un “amicus curiae” firmado por alrededor de 400 organizaciones, colectivas y activistas en contra de la acción de inconstitucionalidad promovido por la CNDH.

Pidieron que la corte confirme la constitucionalidad de las reformas a las leyes de Instituciones y procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la información y del Código de Administración Pública de Yucatán, en las que se establece que un candidato no debe ser deudor alimentario moroso y debe acreditar estar al corriente de sus pagos.

Organizaciones como Género 33 y el Observatorio Paridad y Violencia Política Morelos se extrañaron de la impugnación que hizo hace unos días la CNDH a esas reformas legales.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Redacción La Jornada. (2022). Protestan contra CNDH por recurso a favor de deudores alimentarios. La Jornada. Recuperado el 24 de agosto de 2022, de https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/22/sociedad/feministas-protestan-contra-cndh-por-recurso-a-favor-de-deudor-alimentario/

La CNDH y la CDHJ condenan a las autoridades de Jalisco por la criminalización a las manifestantes por un caso de dilación de justicia del 2019

Micaela Márquez | Sem México

Ciudad de México | Martes 13 de Julio del 2021 | — : —

Las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) instan a la Fiscalía General de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes en demanda de justicia por la violación sexual de una niña en 2019, a garantizar sus derechos y tener mayor sensibilidad ante la exigencia de justicia de estos grupos y proteger los derechos humanos de las víctimas.  

El pasado 10 de julio los medios de comunicación dieron cuenta de la detención de 10 mujeres que se manifestaron afuera del edificio central de la Secretaria de Educación de Jalisco reclamando la impunidad por el caso de abuso contra dos menores ocurrido en el 2019 en una escuela primaria en Zapopan, donde las manifestantes señalaron la tardanza en el proceso judicial.

Los organismos autónomos de manera conjunta consideran que se violaron los derechos a la libre manifestación de las mujeres, se les estigmatizo y criminalizó por exigir justicia ante un caso que data del 2019.

Dado que las notas informativas refirieron que las mujeres fueron detenidas y liberadas en el transcurso de los días sábado y domingo; siete de ellas fueron vinculadas a proceso.

Exhortan a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes, así como llevar a cabo una pronta y efectiva investigación, con la debida diligencia y ponderando el interés superior de la niñez, para que la violencia cometida en contra de los menores no quede impune.

Precisan que la tardanza y falta de acceso a la justicia es una forma de violencia institucional.

Además de ser actos de impunidad que llevan a las víctimas, a sus familiares, a las mujeres y a los grupos feministas a un hartazgo generalizado ante la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones del Estado.

Lo que se suma al contexto actual de grave crisis de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que existe en el país, convoca a los grupos a realizar manifestaciones para exigir justicia. 

Así también, las defensorías instan a dar cumplimiento pronto a la recomendación 183/2020 emitida por la CEDHJ sobre violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a los derechos de la niñez.  

Los órganos autónomos reiteran su posición de máxima protección a los derechos humanos de las mujeres.

Manifiestan su clara oposición a la criminalización de las manifestantes, a la dilación de cualquier caso de violencia sexual, en particular en la investigación del caso señalado y recalca su compromiso de velar y proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.

De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, oportunidad, debida diligencia, conforme a un enfoque diferencial y especializado para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad, a la vida y a la libertad de expresión.

El presente articulo es propiedad de Sem México

Micaela Márquez (2021) La CNDH y la CDHJ condenan a las autoridades de Jalisco por la criminalización a las manifestantes por un caso de dilación de justicia del 2019. Sem México. Recuperado el 13 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-la-cdhj-condenan-a-las-autoridades-de-jalisco-por-la-criminalizacion-a-las-manifestantes-por-un-caso-de-dilacion-de-justicia-del-2019/

La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo

Se pronuncia porque se libere el aborto en la entidad y se cumplan recomendaciones internacionales

Las feministas hacen un recuento de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y denuncian la negativa a dictaminar sobre la ILE

Sara Lovera | Sem México

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Una ola de indignación, condena  y reclamos contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz, surgieron  en el país y en el mundo. Ello  por el encarcelamiento de Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, recluida  desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo y provocado por la violencia de su pareja.

Este caso es resultado de una política sistemática en Veracruz, agravada por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace más un mes está presa en Acayucan por un aborto, señalaron una centena de colectivas de mujeres e, integrantes del sistema estatal contra la violencia en Veracruz.

Paralelamente Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV)  condenaron los hechos y exigieron al gobierno de Veracruz cumplir dar cuenta de los atropellos  contra  Diana Patricia.

Lo que sucedió a Diana Patricia, sostienen los organismos de Derechos Humanos,  vulnera gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.

Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto, es muy grave. Por ello las firmantes, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres,  representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.

Las colectivas feministas señalan, además  que la Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados.

La Fiscalía demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género y  significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

La CNDH exhortó  al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos y sostiene que urge derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de condenan la acusación por homicidio contra Diana Patricia porque  denota la falta de perspectiva de género en la investigación,  además de  la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que  abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable. 

Recuerda la CNDH  que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.

La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Feministas condena conducta desviada en Veracruz, desde hace tiempo.

Elevan sus protestas al Gobernador Cuitláhuac García, omiso en su actuar desde de 2019 y narran:

Incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto.

 En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. 

En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.

 Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz. 

Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. 

A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar. 

Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.

Recuerdan que  las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005. Xalapa, 

 Los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias. 

El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel  lo que no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.

 Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.

 Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.

 Ambos hechos tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.

 Firmantes Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER. Marea Verde Altas Montañas. Xalapa, Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C. Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde Colectivo Colmena Verde Luz María Reyes Huerta. Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. Ana María Fonseca Cortés. Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Haydée Aurora Magallanes Montalvo. Ana María Fonseca Cortés. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona. Deisy Iris Jácome Sánchez. Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C. Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos. Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD. Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista Martha Martínez Marín. Metzeri Ávila San Martín. Marea Verde Totonacapan. Católicas por el Derecho a Decidir. María Sabina Martínez Pinto, Activista. Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 Boca del Río. Belem Palmeros Exsome, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona, MAMVBER. Magaly Emilia Corona García, MAMVBER. Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C. Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C. Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación. Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C. Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C. RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres. Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz. Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C. Pro-Mujeres Veracruz Iniciativa feminista Veracruz Las Libertarias

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Sara Lovera (2021) La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. Viernes 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-cedh-de-veracruz-condenan-a-la-fiscalia-y-al-gobierno-por-violaciones-a-los-ddhh-de-una-mujer-encarcelada-tras-sufrir-un-aborto-espontaneo/

Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+

Roberto Pichardo Ramírez | Desinformémonos

—— |  Jueves 24 de Junio del 2021 | — : —

De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UAM-Xochimilco e INSPIRA (2016), la escuela, los espacios públicos y la familia son los lugares en donde más se presentan casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Actualmente México ocupa el segundo lugar continental en materia de delitos relacionados con la homofobia.

El mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+) no solo celebra las numerosas posibilidades de ser y amar: se trata también de una oportunidad para impulsar agendas de derechos para una comunidad que históricamente ha sido desplazada por los marcos normativos. Tales cuentas pendientes fueron referidas por el Dr. Ricardo Baruch en una sesión de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.

México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas.

Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2018)nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. Además, alrededor del 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias.

La comunidad LGBT+ ha tenido múltiples agendas inspiradas en las condiciones fisiológicas, ideológicas e históricas de cada subgrupo, así como en el contexto de cada lugar y época. Con el episodio conocido como los disturbios de Stonewall (1969) en un pub de Nueva York, dio inicio el movimiento moderno de los derechos de la disidencia sexogenérica, cuya principal consigna era hacia el fin del acoso policiaco.

Diez años después, las primeras marchas del orgullo gay (como se le conocía en la época) en México apostaban por la erradicación de la concepción patológica de la homosexualidad y lo trans. La lucha por los derechos sociales en materia de salud tuvo un punto de inflexión con la aparición del VIH en occidente, pues fue una pandemia que afectó particularmente a varones homosexuales y a mujeres trans.

En la actualidad, las demandas en América Latina se centran en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, entre muchas otras. Dentro de las agendas específicas, las personas intersexuales buscan garantizar los derechos de identidad corporal, mientras que la colectividad trans se ha abocado a impulsar su reconocimiento jurídico y legal.

TRES PASOS ADELANTE, UNO ATRÁS

Si bien cada entidad tiene necesidades particulares, Ricardo Baruch enlistó algunas exigencias claves del movimiento de cara a la marcha virtual de la Ciudad de México de este año (a celebrarse el 26 de junio): reconocimiento legal de las infancias trans, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales.

La discriminación en los servicios sanitarios continúa como un asunto preocupante, específicamente dentro de la comunidad trans. Al no existir una atención adecuada en el sector público, las personas se ven obligadas a buscar alternativas no profesionales, lo que vulnera su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es de acato obligatorio.

La defensa de los derechos se da en diferentes escenarios que van desde el trabajo de la sociedad civil organizada hasta las empresas comprometidas con la causa. No obstante, en Puebla, casos como los asesinatos de Antonio Chamorro (2005) y Agnes Torres (2013) han evidenciado la violencia en contra de los cabecillas de la lucha. En respuesta, la comunidad ha encontrado sinergia en otros movimientos con agendas afines, como los feminismos.

En sus reflexiones finales, Baruch se refirió a la postura antiderechos como un conjunto de actitudes que se valen de un lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas de las disidencias. Advirtió que los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo “no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.

“En México hemos llegado a un punto en el que ya no hay tanto rechazo a las personas LGBTI, siempre y cuando ‘hagan sus cosas en la recámara’. El matrimonio igualitario tiene que ver con ser reconocidas como familias”.

Ricardo Baruch
Este material se comparte con autorización de la Ibero Puebla

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Roberto Pichardo Ramírez (2021) Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+. Desinformémonos. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/acceso-a-la-salud-y-no-discriminacion-principales-demandas-de-la-comunidad-lgbt/

La CNDH va contra nueva Ley de la FGR

Afirma que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Varios artículos de la Ley de la FGR serán impugnados. NTX/ ARCHIVO
Varios artículos de la Ley de la FGR serán impugnados. NTX/ ARCHIVO

SUN| Informador MX

22 de junio de 2021 – 15:33 hs

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada en mayo.

Debido al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y autoridades involucradas en el tema, el organismo encabezado por Rosario Piedra informó que se determinó impugnar artículos de la Ley de la FGR; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Se destacó que se realizó un estudio sobre la compatibilidad del decreto por el que se expidió la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, abroga la Ley Orgánica de la FGR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo, con el parámetro de regularidad constitucional.

La CNDH consideró que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Consideró que “esta situación se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate”.

“El presente artículo es propiedad de Informador MX

SUN. (2021). La CNDH va contra nueva Ley de la FGR. Informador MX. Recuperado el 22 de junio del 2021 en: https://www.informador.mx/mexico/Va-CNDH-contra-nueva-Ley-de-la-FGR-ante-la-SCJN-20210622-0092.html