Con cohetes, artesanos de Tultepec protestan por aeropuerto Felipe Ángeles

Llega hasta Palacio Nacional el sonido de las detonaciones

Roberto Garduño, La Jornada Maya

19 de abril de 2021

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Foto: Roberto García

En punto de las siete de la mañana, en el interior de Palacio Nacional, se comenzó a escuchar una tanda de cohetes que fueron lanzados por los productores de fuegos pirotécnicos de Tultepec, en el Estado de México.

En el Salón Tesorería, donde se celebra la conferencia de prensa matutina, se escuchó con insistencia el tronido de esos artefactos, cuyo propósito fue manifestar la inconformidad de los artesanos de la pólvora por el levantamiento de las obras en el aeropuerto Felipe Ángeles que, señalan, afectaría su labor de producción de fuegos artificiales y cohetes.

Durante nueve minutos continuos se escucharon las detonaciones. A las siete con veinte minutos aún no iniciaba la habitual rueda de prensa del presente Andrés Manuel López Obrador.

Edición: Emilio Gómez

“El presente artículo es propiedad de La Jornada Maya

Garduño, R. (2021). Con cohetes, artesanos de Tultepec protestan por aeropuerto Felipe Ángeles. La Jornada Maya. Recuperado el 19 de abril de 2021, de https://www.lajornadamaya.mx/nacional/170305/con-cohetes-artesanos-de-tultepec-protestan-por-aeropuerto-felipe-angeles

México. Organizaciones interponen amparo contra cinco megaproyectos federales y una queja ante la CIDH

Resumen Latinoamericano

11 de agosto de 2020

Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020

La Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México contra los megaproyectos federales del Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Los integrantes de la Coordinación también presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Carlos González, abogado especialista en derecho agrario, aseguró que los cinco megaproyectos “han sido impuestos”. “Nunca han sido consultados a las poblaciones afectadas, particularmente poblaciones indígenas, con las cuales se debe hacer un procedimiento específico adaptado a estándares internacionales que marcan los convenios, de los cuales México es parte a nivel constitucional”, agregó en una conferencia de prensa.

Recordó que los megaproyectos del gobierno federal “son parte de un gran proyecto, el Plan Puebla Panamá, luego Proyecto Mesoamérica”. “Ahora nos lo presentan de manera distinta. Todos en su conjunto (los cinco megaproyectos) obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, añadió.

Sobre el Corredos Transístmico, el abogado explicó que se pretende construir diez corredores urbano-industriales y fijar a la población para que no migre al norte, así como que, en el proyecto de Tren Maya, pretenden que en 19 de las 30 estaciones se construyan polos de desarrollo, y algunos industriales y turísticos.

Por su parte, el defensor y poeta maya Pedro Uc denunció que “la violación de los poderes a sus mismas leyes es una verdadera vergüenza”. “Aun con las leyes para su propio beneficio, aun así no les alcanza para el despojo, con la forma que tienen de ventaja, alevosía, premeditación, nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y recovecos de estas leyes para defendernos”, aseguró.

Indicó que las 135 consultas próximas que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Península de Yucatán para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya también son violatorias de los derechos de los pueblos mayas, pues el proyecto no ha sido avalado y no se debería avanzar legalmente si las comunidades no lo aceptan.

Añadió que desde antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, “ya había anunciado la construcción del tren mal llamado maya”. “Esto nos hace pensar que lo que sigue a esto es una especie de justificación de una decisión que ya se había tomado. Desplegó propaganda y cruzada con los comisarios ejidales a través de personeros de Fonatur”, denunció Uc.

El amparo y la queja en la CIDH forman parte de los recursos legales que han interpuesto los pueblos y comunidades indígenas afectados por los megaproyectos para frenar la imposición y el despojo en sus territorios.

FUENTE: desInformemonos

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Resumen Latinoamericano. (2020). México. Organizaciones interponen amparo contra cinco megaproyectos federales y una queja ante la CIDH. Resumen Latinoamericano. Recuperado el 12 agosto de 2020, de https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/11/mexico-organizaciones-interponen-amparo-contra-cinco-megaproyectos-federales-y-una-queja-ante-la-cidh/

Otro dueño pelea por Santa Lucía; ambos interpusieron amparos

Andrés Becerril, Excélsior

Ciudad de México, 03 de agosto de 2020, 06:19 am

La Inmobiliaria Zumpango reclama 71% de las 128 hectáreas donde se construye el Aeropuerto General Felipe Ángeles; se suma a un particular que se adjudica la propiedad

Otro dueño pelea por Santa Lucía; ambos interpusieron amparos

CIUDAD DE MÉXICO. A las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles les salió un nuevo dueño.

Se trata de la Inmobiliaria Zumpango, que reclama la propiedad de 71% de ese terreno y se suma a Raúl Romero Zenizo, identificado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como un primer propietario de las tierras, las cuales fueron declaradas como terreno nacional en abril de 2019.

La inmobiliaria alega que en 1976 compró 91 hectáreas de ese predio, como consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.

Ahora son 2 los dueños del aeropuerto

Inmobiliaria Zumpango alza la mano como propietaria de la mayor parte de las 128 hectáreas donde se construye la terminal aérea General Felipe Ángeles, ubicadas en el Estado de México.

Las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, no tienen un dueño. Tienen dos. La Inmobiliaria Zumpango reclama la propiedad de 71% de ese terreno. Afirma que hace 44 años adquirió 91 hectáreas de ese predio.

Excélsior develó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había reconocido la propiedad privada de esas tierras. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) identificó a ese primer propietario como Raúl Romero Zenizo. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no hay nada que impida seguir avanzando”.

Ahora se conoce que la Inmobiliaria Zumpango se proyecta como el segundo propietario de esos terrenos que la Sedatu declaró como terreno nacional el 26 de abril de 2019. Igual que otra porción de 617 hectáreas aledañas a la nueva terminal aérea.

El 23 de abril de 1976, Inmobiliaria de Zumpango le compró a Romero Zenizo 91 hectáreas de esos terrenos —divididos en dos predios, uno de 85 hectáreas y otro de 6 hectáreas— en el municipio mexiquense de Nextlalpan, según consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.

El impuesto por el traslado de dominio de ambos predios se hizo el 6 de mayo de 1976, ante la dirección general de Hacienda del gobierno del Estado de México.

Inmobiliaria Zumpango solicitó un amparo ante la justicia federal que le fue concedido y se espera la audiencia constitucional, igual que en el proceso iniciado por Romero Zenizo.

Inmobiliaria Zumpango, fundada a principios de 1976, adquirió una parte de las 265 hectáreas que Romero Zenizo obtuvo en copropiedad con César Escobosa Bernal, Eduardo Medellín Cortazar y Genaro Escoboza Bernal, en enero de 1970, como consecuencia de una adjudicación por remate, avalada por el Juzgado Décimo Tercero de los Civil en la Ciudad de México, en contra de Miguel Leal Gutiérrez. Y de lo cual dio fe el notario público número 31, Mario Monroy Estrada.

Leal Gutiérrez, a su vez le compró 245 hectáreas a Susana McCann, según la escritura 19,890 del 10 de octubre de 1962. El notario público 117 de la Ciudad de México, Rafael Enríquez Vidal dio fe de esta transacción hace 58 años.

De acuerdo con archivos consultados, la propiedad de 265 hectáreas de referencia fue acreditada en favor de Romero Zenizo y sus copropietarios desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez.

Esas 265 hectáreas estaban divididas en seis lotes, identificados de la A a la F. Originalmente, las fracciones B,D y F (cincuenta por ciento del total) estaban a nombre de Romero Zenizo. Las A, C y F a nombre de César Escobosa, Genaro Escobosa y Eduardo Medellín.

El 11 de diciembre de 1973, el Juzgado Quinto de lo civil dio por bueno un juicio sumario de disolución de copropiedad, y Romero Zenizo tuvo en propiedad la totalidad de las 265 hectáreas.

De acuerdo con los planos de la Sedatu, de cómo se distribuirían las 745 hectáreas declaradas como terreno nacional: 128 para el aeropuerto y 617 para repartir entre 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, las 128 hectáreas —divididas en dos fracciones, una de 50 y otra de 78 hectáreas—, están dentro de esas 265 hectáreas que serían propiedad de Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango, si un juez de distrito lo sentencia así.

En la escritura 510 del 23 de abril de 1976 se da fe de que Inmobiliaria Zumpango compró las fracciones A, de 85 hectáreas y la F de seis hectáreas, que hasta entonces eran propiedad de Romero Zenizo.

Hoy, que formalmente reinician actividades los juzgados, después de la inactividad presencial por la crisis sanitaria del covid-19, se perfila pronto el desenlace de los juicios de amparo interpuestos en el juzgado quinto de Distrito en la Ciudad de México, por parte de Romero Zenizo y en el Juzgado Décimo de Distrito Segundo Circuito, en el Estado de México, por parte de Inmobiliaria Zumpango. Pero que por orden del Consejo de la Judicatura pasó al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa.

El juez de ambas causas tendrá que definir si las 128 hectáreas son terrenos nacionales, como lo declaró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el 26 de abril de 2019 o es propiedad privada como lo intentan acreditar Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango a través de sus respectivos amparos.

En el caso de que el juez resuelva que ese terreno es propiedad de la nación, los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea seguirían adelante y podrían terminar en tiempo y forma. Se estableció que en 2022 la terminal estaría lista.

En caso de que se reconozca la propiedad privada de los terrenos, el juez dejaría sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales de abril de 2019 de la Sedatu. La Sedena tendría que expropiar esas propiedades privadas y convendría con los propietarios la cantidad a pagar por las 128 hectáreas. De esa manera las obras en el aeropuerto podrían continuar.

El millón 280 mil metros cuadrados de terreno que está en litigio tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.

La construcción del nuevo aeropuerto ha detonado un mercado especulativo de los terrenos en la zona. En el ejido vecino de San Miguel Xaltocan, Tonantitla, se empezaron a vender predios a 3 mil pesos el metro cuadrado.

Un paso adicional en este proceso, aunque independiente de lo formal, sería conocer qué extensión de terreno es propiedad de Romero Zenizo y qué extensión es de Inmobiliaria Zumpango. Porque de acuerdo con los planos públicamente conocidos, cabe la posibilidad de que cualquiera de los dos demandantes de la propiedad, o los dos, tengan una parte en las 128 hectáreas para la terminal aérea y otra parte en la extensión de 617 hectáreas que el gobierno comprometió entregar a 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, en propiedad social. Lo cual seguirá otra vía, de acuerdo con la Sedatu, que ya declaró que no negociará con quien eventualmente logre acreditar la propiedad.

El 6 de diciembre de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria —desaparecida en 2013—, rindió un informe sobre una solicitud que los comuneros de Xaltocan hicieron para la titulación de los bienes comunales.

En ese documento, firmado por Fidel Mendoza Juárez, se advierte que Romero Zenizo y la Inmobiliaria Zumpango tuvieron una “contradicción entre los planos que proporciona tanto Raúl Romero Zenizo, como el representante de la Inmobiliaria Zumpango, ya que si bien es cierto en ellos señalan las mismas superficies, pero con diferente figura… los promoventes los ubican en diferentes lugares, presuponiéndose que desconocen la ubicación de lo reclamado; resumiendo, con lo que obra en el expediente no se pueden localizar las superficies dentro del plano general informativo para reconocimiento y titulación de bienes comunales”.

Según los argumentos presentados por Inmobiliaria Zumpango ante el juez de la causa, el total de su propiedad de seis hectáreas forma parte del polígono de 50 hectáreas donde se construye el aeropuerto. Y de su propiedad de 85 hectáreas, sostiene que 75% de estas, es decir 63 hectáreas, serían parte de las 78 del segundo predio que requiere la Sedena para la terminal aérea.

Entre tanto, el grupo de comuneros que mantienen un plantón dentro de las 128 hectáreas, comenzaron la siembra de 70 hectáreas de cebada y seguirán con otras tantas de avena, según se muestra en fotografías entregadas a Excélsior por parte de los habitantes de Xaltocan, que avisan con estas acciones que permanecerán en el lugar de la obra de la nueva terminal aérea.

“El presente artículo es propiedad de Excélsior

Becerril, A. (2020). Otro dueño pelea por Santa Lucía; ambos interpusieron amparos. Excélsior. Recuperado el 03 de agosto de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/otro-dueno-pelea-por-santa-lucia-ambos-interpusieron-amparos/1397605

Le salió dueño al aeropuerto; Sedatu se niega a pagar

Andrés Becerril, Excélsior

20 de julio de 2020, 06:04 am

La Sedena reconoció que 128 hectáreas del terreno donde se construye la nueva terminal aérea pertenecen a un particular; la secretaría afirmó que está dispuesta a liquidar y tiene dinero para ello.

Comuneros tienen carpas dentro del terreno de 128 hectáreas al que le salió dueño.

CIUDAD DE MÉXICO. Un particular acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Según el documento, del cual Excélsior tiene copia, la Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar  para no tener líos legales.

Sin embargo, la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la repartición de 617 hectáreas a comuneros.

La dependencia defiende la validez de la declaratoria y subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto”.

Reconocen a dueño de tierras en Xaltocan

La Sedena admitió que un particular es propietario de las 128 hectáreas donde se está construyendo la terminal aérea General Felipe Ángeles; la dependencia afirmó que tiene dinero “suficiente” para liquidar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  (Sedatu), del cual Excélsior tiene copia, que un particular acreditó ser propietario —desde el 12 de mayo de 1971— de las 128 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

La institución armada, encargada de ese proyecto aeroportuario le hizo saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.

El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere la Sedena, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado. La Sedatu se niega a pagar.

El reconocimiento de la Sedena de que las 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles —dividido en dos polígonos— son propiedad privada, se registró el 7 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera declarado como patrimonio de la Federación.

El 26 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución de la Sedatu que “declara como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación la superficie integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de México”.

En esos dos polígonos, que juntos suman 128 hectáreas y que están dentro de los límites territoriales de San Miguel Xaltocan, se construye parte del nuevo aeropuerto, aledaño a la Base Militar de Santa Lucía. Y es también el sitio donde desde hace semanas un grupo de comuneros instalaron una carpa en protesta por cómo se está desarrollando la operación de los acuerdos con el gobierno federal para el reparto de 617 hectáreas.

El 10 de marzo de 2019, el gobierno federal y 722 comuneros de Xaltocan acordaron permitir la construcción del aeropuerto sobre 128 hectáreas de la comunidad, a cambio del reparto de 617 hectáreas (el total de este territorio era entonces bienes comunales) pero ya como propiedad privada, pasando por el estatus de terrenos nacionales, como un trámite administrativo.

El reconocimiento de propiedad a un particular por parte de la Sedena, apoyada con documentos oficiales, sumado a la declaración de que esos terrenos son nacionales, más la reubicación e indemnización a 100 comuneros de Xaltocan, quienes supuestamente tenían la posesión de esas 128 hectáreas, hace aún más compleja la resolución de este caso de tenencia de la tierra. Además de que está el jaloneo interno entre los 722 comuneros por el reparto de esas 617 hectáreas que el gobierno federal les cedió, luego de haberle permitido usar las 128 hectáreas en cuestión.

El 24 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de las obras para la construcción del nuevo aeropuerto.

El 15 de mayo de 2019, la persona a la que le Sedena le reconoce la propiedad del predio envió una carta a la Defensa Nacional reclamando precisamente la propiedad de un terreno donde está proyectada la terminal aérea, con una inversión de 95 mil millones de pesos y que estará lista en 2022.

La Defensa Nacional recurrió a instancias oficiales del Estado de México para averiguar si la reclamación era real. En el comunicado firmado por el general brigadier ingeniero constructor, Hiram Sergio Cárdenas Robles, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Sedena informó:

“Esta secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se encuentren dentro de la citada franja de seguridad, asimismo, se consultó al Instituto de le Función Registral del Estado de México (IFREM) la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da calidad de propietario, aunado a que sigue sin inscribirse la declaratoria señalada en su documento ante el Registro Púbico de la Propiedad correspondiente”.

El 18 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio el banderazo de arranque de las obras del nuevo aeropuerto. Ya para entonces, la Sedena había hecho del conocimiento de la Sedatu que el propietario de las 128 hectáreas de Xaltocan estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y que la Defensa Nacional contaba con el dinero para liquidar el caso y no tener problemas legales.

“Por lo anterior y tomando en cuenta la disposición del citado peticionario en apoyar el proyecto en comento y con el fin de evitar conflictos legales que puedan afectar a los intereses de esta Secretaría de Estado, así como al multicitado proyecto; se solicita de su apoyo, a fin de que se dé la solución al tema en comento, por la afectación a la propiedad… no omito manifestar que esta dependencia del Ejecutivo Federal cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”, se lee en el oficio 1253/17348/CI-PRE.

En el mismo oficio de la Sedena a la Sedatu, le menciona: “Asimismo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Estado no tomará posesión de las superficies en comento, hasta no se resuelva citada problemática a fin de no agravar tal situación, en virtud de que el aludido proyecto es de alta prioridad para el desarrollo de la región y del país”.

El 11 de junio, la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González le respondió al general Cárdenas Noble.

En la carta la funcionaria hace notar que la declaratoria de terrenos nacionales, del 26 de abril de 2019, era un acto administrativo y válido.

“En consecuencia, hasta en tanto no se resuelva por autoridad administrativa o jurisdiccional competente, cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto, que pudiera haber hecho valer algún particular en términos de la normatividad aplicable, dicha declaratoria surte plenamente sus efectos legales”.

De acuerdo con archivos consultados por Excélsior, la propiedad de las 128 hectáreas de referencia habría sido acreditada desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez, derivado de una adjudicación de bienes por remate.

El 11 de julio de 2019, el general brigadier I.C. Cárdenas Noble se dirigió a al titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, a través del oficio 1679/21689/CI-PRE, solicitándole “sus apreciables instrucciones y se comunique a esta Dirección General los resultados del análisis y revisión al procedimiento implementado, mediante el cual se declaró cómo terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación, las superficies de 50-13-26-01 y 77-99-73-85 hectáreas”.

Comuneros de Xaltocan confirmaron que la Sedatu les informó que después del cambio de bienes comunales a terrenos nacionales conocieron que había cuatro amparos de distintas personas que reclamaban la propiedad de las tierras donde se construye el aeropuerto.

“La posesión la las tierras la hemos tenido los habitantes de Xaltocan de toda la vida. Y así lo reconoció el gobierno, pero ahora sabemos que hay juicios que reclaman ser dueños, pero lo tienen que comprobar. Durante muchos años han querido esas mismas personas apoderarse de nuestras tierras, pero primero tienen que comprobar la propiedad”, dijo José Luis González Martínez, uno de los comuneros.

La directora de Propiedad Rural de la Sedatu, en una entrevista con Excélsior, dijo que la aparición de particulares que son presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso establecido con los 722 solicitantes. “Nosotros asumimos que son terrenos nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones pactadas a los 722 solicitante”, comentó.

Información del Consejo de la Judicatura Federal, confirmó que, en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Estado de México, con fecha 29 de julio de 2019 se admitió a trámite la demanda de amparo. Otra demanda está en el Juzgado Quinto de Distrito de la Ciudad de México, con fecha 11 de octubre de 2019.

En uno de estos dos juicios de amparo está el particular al que la Sedena le reconoció la propiedad de las 128 hectáreas de Xaltocan, donde tuvieron posesión al menos 100 comuneros durante décadas.

“Este artículo es propiedad de Excélsior

Becerril, A. (2020). Le salió dueño al aeropuerto; Sedatu se niega a pagar. Excélsior. Recuperado el 20 de julio de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/le-salio-dueno-al-aeropuerto-sedatu-se-niega-a-pagar/1394920

Tensión en Santa Lucía: comuneros exigen el pago de tierras para el aeropuerto

Expansión Política

Desde principios de junio, pobladores de Xaltocan, en el Edomex, mantienen una protesta contra el gobierno federal, pues argumentan que no les han pagado ni cumplido con otros compromisos.

Desde principios de junio, pobladores de la comunidad de San Miguel Xaltocan, Estado de México, han encabezado protestas por las obras para construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Desde principios de junio, pobladores de la comunidad de San Miguel Xaltocan, Estado de México, han encabezado protestas por las obras para construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Acusan que los acuerdos para la construcción de este megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han cumplido, entre ellos, el pago de las tierras y la realización de trabajos para mejorar la zona.

Las protestas

El 9 de junio, pobladores del municipio mexiquense de Nextlalpan impidieron el paso de camiones hacia una zona de la nueva terminal aérea y colocaron un campamento en el cruce de la carretera Teoloyucan-Xaltocan y las vías del tren.

La protesta se debió a que, según dijeron, autoridades federales no han cumplido con obras en la comunidad, con empleo y con mejoras en la infraestructura.

Dos días después, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) llegaron a un acuerdo luego de que una comisión entró a negociar.

Al salir, esta comisión informó que representantes de estas dependencias y del gobierno del Estado de México aceptaron apresurar la escrituración de terrenos para los pobladores, la revisión de una lista de vecinos que podrían entrar a trabajar, un proyecto que garantice agua potable para la población y una nueva reunión para el 16 de junio.

Sin embargo, el 17 de junio los comuneros volvieron a protestar en los terrenos de las obras del aeropuerto. Exigieron el pago de 128 hectáreas de tierras comunales.

Además, instalaron un plantón a unos metros de las pistas pues, según informaron, luego de que tuvieron una reunión con representantes de la Sedena y la Segob, sobre el pago de tierras y los proyectos prometidos para Xaltocan, no se llegó a ningún acuerdo.

AMLO promete cumplir acuerdos

El 18 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, respondió a estas protestas y aseguró que se revisará el pago de las tierras a pobladores.

“Nosotros no podemos cometer ninguna injusticia, esa es la característica, el distintivo del gobierno que represento, cero injusticias, ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras, eso no… Lo vamos a revisar”, dijo.

Aseguró que en su gobierno todo se ha hecho a partir de acuerdos y que el caso del nuevo aeropuerto no será la excepción.

“Hay esta situación de inconformidad, no sabía que fuese por los terrenos, la información que tengo es que cuando se hizo el acuerdo para la adquisición de las tierras hubo un compromiso también de impulsar el desarrollo de los pueblos, es decir, hacer mejoras en lo urbano, introducir agua, drenaje, obras públicas, eso quedó establecido”, dijo.

Sin embargo, reconoció que el cumplimiento de estos compromisos se ha demorado, pero aseguró que estos se respetarán. “Ya está el presupuesto, vamos a cumplir nuestros compromisos”, declaró.

“Ni expropiación ni adeudos”: Sedatu

El 20 de junio, la Sedatu emitió una tarjeta informativa en la que se informó que todos los terrenos del ejido de Xaltocan han sido adquiridos por la Sedena, mediante compra-venta, pagando al momento de la firma del contrato.

“No se ha dado ningún proceso de expropiación ni existen adeudos”, aseguró.

También indició que, el 10 de marzo de 2019, en la Asamblea General para llevar a cabo la consulta sobre el aeropuerto, se acordó que la Sedatu declararía terrenos nacionales alrededor de 653 hectáreas, de las cuales 525 serían entregadas legalmente y con escrituras a la comunidad, según el listado que esta definiera, pues era una petición que llevaba más de 10 años.

“Las 128 hectáreas restantes (que representan el valor de realizar los trámites de reconocimiento y escrituración) serían para la Secretaría de la Defensa Nacional y el Proyecto Aeroportuario”, detalló.

Para el cumplimiento de los acuerdos, el 26 de abril de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos declaratorias de terrenos nacionales: una por 128 hectáreas a disposición de la Sedena y otra 525 hectáreas para regularizar a favor de 722 comuneros.

Además, la Sedatu informó que en la reunión que se tuvo el 9 de junio con 10 representantes de la comunidad de Xaltocan, la demanda de la mayoría fue exigir el cumplimiento inmediato y estricto del acuerdo de la Asamblea Indígena; sin embargo, algunos pobladores han solicitado que también se paguen las 128 hectáreas de los terrenos que ahora son de la Sedena.

“El acuerdo firmado el 9 de junio para retirar la toma de las vías férreas y comunicaciones ratifica lo acordado por la Asamblea de la Consulta Indígena, por lo que Sedatu se comprometió a avanzar rápidamente en la titulación de las hectáreas acordadas en la asamblea del 10 de marzo de 2019, que actualmente son terrenos nacionales y que deben pasar a ser propiedad de los comuneros que tienen posesión de las mismas. Este acuerdo fue firmado por los 10 representantes designados por los inconformes”, informó la secretaría.

La Sedatu aseguró que, pese al acuerdo de abril de 2019, surgieron intereses de particulares ajenos a la comunidad que interpusieron un amparo y antes se habían opuesto a que los comuneros regularizaran.

En la tarjeta informativa, el gobierno federal refrendó su compromiso de cumplir con los acuerdos con los comuneros.

Finalmente, informó que el 18 de junio se acordó con la comunidad de Xaltocan que a más tardar en septiembre se iniciarán las obras de mejoramiento urbano, como remodelación de la plaza principal, construcción de un centro comunitario y ampliación de la escuela secundaria. Se indicó que la Sedatu y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tienen programado otorgar 400 apoyos extras para el mejoramiento y la ampliación de viviendas.

Sin embargo, este lunes, Francisco Chew, comunero de San Miguel Xaltocan y dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST México), insistió en entrevista con Radio Fórmula en que el gobierno federal adeuda el pago de tierras y obras públicas.