Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios

Sofía Huerta, Desinformémonos

29 de agosto de 2022

Foto: San Bartolo Ameyalco (Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios)

Bajo una serie de irregularidades y con engaños se realizaron supuestas asambleas comunitarias en pueblos para solicitar su integración al registro que busca implementar la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI). Desde suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad, habitantes de diversos pueblos y barrios de la ciudad fueron testigos de una serie de anomalías y desigualdades en estos procesos, que de acuerdo a la convocatoria de la SEPI debían darle seguimiento asambleas comunitarias y autoridades representativas legítimamente reconocidas por ellos y ellas.

El próximo martes 30 de agosto es la fecha límite para que se integre el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La convocatoria de la SEPI, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de mayo del 2022, indica no sólo que estas solicitudes deben ser acompañadas de “antecedentes necesarios y documentos que acrediten” que son indígenas y/u originarios, sino que deben contar en primer lugar con un acta de asamblea comunitaria que “al menos” tenga la fecha y hora, lugar, periodo y ámbito de publicidad de la convocatoria de asamblea, testigos, indicar a qué pueblo indígena pertenecen y un listado de asistentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estos requisitos de “autoidentificación colectiva” es la “manifestación de reunir las características objetivas y subjetivas de comunidad indígena residente”, además de pedir la «manifestación de voluntad colectiva de identificarse como comunidad indígena residente y que solicitan su inscripción al registro” y solicitar el “mandato expreso por medio del cual designan a las personas representantes del grupo social para presentar la solicitud de registro”. En particular la última condición causa ruido, pues los pueblos y barrios comunitarios ya tienen reconocidas sus propias autoridades tradicionales que les representan en diferentes ámbitos.

San Mateo Xalpa, Xochimilco

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

En un domicilio particular y a puerta cerrada, en el pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco se llevó a cabo una asamblea informativa el domingo 14 de agosto. Se convocó a personas mayores de edad del pueblo y a algunas autoridades tradicionales, principalmente. Además, estuvieron presentes funcionarios públicos tanto de la alcaldía Xochimilco como de la SEPI.

Una habitante de este pueblo originario, quien pidió conservar el anonimato por razones de seguridad, y su familia se enteraron de esta “asamblea falsa” porque un familiar suyo recibió la invitación donde de manera explícita informan que se reservan el derecho de admisión. “La difusión no fue tan amplia, fue llamando por teléfono. De hecho, nos enteramos que algunas autoridades tradicionales fueron invitadas a través de una llamada telefónica. Fuimos poco más de 50 personas y donde se llevó a cabo fue en una casa particular, en un domicilio de aquí de San Mateo”, mencionó.

“Los que firman la invitación, uno de ellos es el representante de bienes comunales, que no es representante de bienes comunales, para empezar”, aseguró, pues en San Mateo Xalpa no tienen un comisariado ni representante de bienes comunales, sino que son los comuneros en asamblea quienes son autoridades tradicionales. “También firma el consejo del pueblo, que sabemos que ya no está funcionando desde años atrás”, dijo.

Las autoridades tradicionales en San Mateo son los fiscales, el patronato del panteón y comuneros, aunque los socios de mayordomos están en proceso de ser reconocidos como autoridades. La figura de consejo de pueblo no es un cargo tradicional, sino, una denominación que existía en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue sustituida por las Comisiones de Participación Comunitaria en la legislación vigente.

“Los consejos de los pueblos ya no existen en razón de la sentencia SUP-REC-35/2020 y como ya no existen desde hace tiempo, ahora con el registro se supone que cada pueblo ingresará a las autoridades que consideran tradicionales. Y por obvias razones los miembros del consejo del pueblo quieren ser incluidos en esa lista de autoridades tradicionales, cuando su figura ni es del pueblo ni es tradicional, pues responde a intereses e instrucciones meramente del gobierno y no del pueblo”, agregó .

A la asamblea acudieron poco más de 50 personas. En el lugar, las autoridades tradicionales, mayordomos y socios de mayordomos les dieron una hoja para registrarse, pero no era una lista de asistentes, sino, un formato membreteado con el logo de la SEPI. Esta situación llamó la atención de algunas personas que asistieron pues, notaron que estos nombres, firmas y números de contacto podrían servir para otros fines.

https://fb.watch/fdX7xrfQsq/

La mesa de la asamblea estaba conformada por diferentes funcionarios públicos y habitantes del pueblo. Por ejemplo, Genaro Olivares y Edilberto Ramírez, ambos trabajadores de la alcaldía; David Mendoza y Belinda Santamaría, ex presidente y ex secretaria del desaparecido Consejo del Pueblo. Además de Arturo Aguilar, quien aseguró ser el representante comunal, cuando de acuerdo a la información de habitantes del pueblo no es comunero. De la SEPI acudieron Carlos Bravo Vázquez, quien también es ex asesor del alcalde José Carlos Acosta.

Durante la asamblea se le explicó a los asistentes que tienen que mandar pruebas tanto de sus fiestas patronales como de su adscripción como originarios, ya que en caso de algún “error”, aseguró Carlos Bravo, trabajador de la SEPI y quien recibe por horarios un sueldo mensual estimado neto de 63,729 pesos.

“Una vez que tienen estos elementos, se llenan los formatos, se presentan ante la SEPI, un comité de expertos en pueblos originarios analizará los documentos, no los calificará, los analizará y en su caso podrá decir: ‘al pueblo de San Mateo Xalpa le falta completar el listado de ciudadanos con derecho a emitir su voto en las asambleas o le falta incorporar o enriquecer más fiestas de las que registró aquí y dará una prevención al comité general de que tiene dos meses, tres meses para completar esta información, para que se te reconozca, para que se te asuma como pueblo originario”, explicó Carlos Bravo durante esa reunión del 14 de agosto.

Es importante mencionar que muchos vecinos y vecinas de San Mateo fueron excluidas de la reunión, pues además de que fue en el patio de una casa particular, cerraron las puertas de la casa para que nadie más pudiera ingresar. Ante esta situación algunos vecinos exigieron que abrieran las puertas, sin embargo, la dueña de la casa, Belinda Santamaría se negó.

“Dejaron a muchísimos vecinos a fuera, porque todas las puertas estaban cerradas. Los vecinos de afuera empezaron a tocar para poder entrar. Una vecina dijo que si estábamos en una asamblea del pueblo, estaba mal que estuviera cerrada la puerta. Debieron dejar entrar a los vecinos porque seguramente tenían intereses en esa reunión y por eso estaban tocando. De hecho, cuando empieza la trifulca, tanto el zaguán como la puerta chica estaban cerradas”, compartió una vecina de San Mateo.

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El conflicto comenzó cuando uno de los vecinos pidió la palabra para expresar su descontento y que no estaba de acuerdo con que se hiciera una comisión ni ser parte del registro. En ese momento las cosas se salieron de control: “Los organizadores se empezaron a molestar y entre ellos estaba el hijo de la dueña de la casa que se le fue encima a una de las personas que estaba en desacuerdo. En ese momento, este individuo golpeó a un adulto mayor. Ahorita ya hay un proceso judicial, me parece, sobre todo porque el señor que fue agredido tiene 84 años y el hijo de la señora ha de andar en sus casi cuarenta”, narró.

Diferentes voces exigieron que se suspendiera la asamblea, pues ya no había condiciones adecuadas no sólo para tomar decisiones, sino para la seguridad de todos y todas. En ese momento, diferentes personas aprovecharon la situación para terminar de firmar el acta de asamblea, la cual era necesaria en el proceso para pedir el registro: “Ellos lo hicieron así, todos sus acarreados aprovecharon la trifulca para anotarse en una lista y noté que estaban dobleteando votos. Yo había contado 27 personas a favor de que se llevara a cabo el registro y los demás éramos como un tanto que estábamos en desacuerdo. Ahí empezaron a decir que eran cuarenta y tantos votos a favor”.

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón.

Alejandro Ugalde es autoridad tradicional, su cargo es el de subdelegado. Fue elegido en el mes de febrero del 2019 por asamblea a través de papeletas que los mismos pobladores hicieron para ejercer su derecho. Con anterioridad, Alejandro ya ha vivido una serie de situaciones que desprestigian no sólo su quehacer como autoridad, también ha sido víctima de discursos homofóbicos. Asimismo, personas del pueblo que le apoyan en su cargo han enfrentado agresiones verbales. “El día de la asamblea falsa le gritaron a una de las señoras con la que nos coordinamos, le dijeron ‘vendida’, ‘traidora’, ‘fuera, fuera’. Ya hacia mi persona me dicen: ‘puto’, ‘maricón’. Solamente en una ocasión, hace dos años, recibí golpes y un navajazo en una asamblea, donde curiosamente estuvo presente José Luis Velázquez, quien es parte de la Alianza”, declaró Alejandro.

Foto: Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios

La Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios es una organización que está a favor de varios de los proyectos y políticas públicas del gobierno central. Por ejemplo, la Consulta Indígena para el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, el Registro de Pueblos y Barrios Originarios, entre otras actividades de la SEPI. Uno de sus argumentos para que se lleve a cabo el registro es que “tenga como propósito fundamental dotar, de forma particular, a los pueblos y barrios originarios la calidad de sujetos colectivos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese grupo se encuentra José Luis Velázquez, quien también es originario del pueblo de San Bartolo.

De acuerdo a Alejandro, la asamblea fue convocada en 31 de julio a través de una lona, donde ellos decían que era muy importante el registro para administrar “nuestro territorio”. “Esta asamblea la convoca la pseudo representación del señor Víctor Zaldívar, que está respaldada por un grupo de Morena, en específico por José Luis Velázquez que es un actor político dentro del pueblo que en su momento con la administración pasada de Álvaro Obregón estuvo muy inmiscuido en la problemática y la división que se generó por estos actores políticos al ellos imponer una pseudo representación del pueblo cuando no tienen ellos ninguna acta de asamblea, no tienen un número determinado de votos donde los reconozca la asamblea como representantes”, dijo.

Además, agregó, invitaron a la plaza del pueblo a arrieros, arrieras, algunos equipos de futbol, a algunas familias del pueblo, mayordomos, representaciones de fiestas patrias, “pero esto fue invitaciones en mano. Yo únicamente me dediqué a documentar, entonces, empiezan su asamblea, pidiendo el registro con la INE, pasando sus listas y sí estaba una persona de SEPI, que era Nicolás López López, porque él se presentó como parte de SEPI. En total asistieron cerca de 90 personas”.

Alejandro ha desmentido a través de la página oficial del pueblo de Facebook, Pueblo San Bartolo Ameyalco, varios mitos sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, este trabajo de difusión no es suficiente, pues ante una asamblea donde la mayoría eran personas adultas mayores, la desinformación sobre la libre determinación, autoadscripción y autonomía logró un efecto a favor del registro.

https://www.facebook.com/watch/?v=643076763486306

La asamblea se llevó a cabo el 7 de agosto, de las autoridades tradicionales sólo fueron bienes comunales y los arrieros. Los demás, patronato del panteón y mayordomos no hicieron presencia. “Empezaron a decir (la mesa que llevaba la asamblea) que es importante el registro porque vamos a dejar de ser pueblo y nos van a convertir en colonia, van a aumentar los costos en predial, luz, agua. Que van a intervenir en la decisión sobre nuestro territorio, pues ya no va a ser de nosotros, va a ser únicamente del Estado, porque vamos a ser colonia”, exclamó molesto:

“Varios vecinos y vecinas pidieron la voz, se los negaron totalmente a base de engaños porque realmente la mayoría de estas 90 personas eran señores adultos mayores, arriba de los 60 años que los llevaron a engaños: ‘que si no se lleva el registro vamos a perderlo’, ‘ya no vamos a ser pueblo, vamos a ser colonia’. Entonces con todo esto los estuvieron envolviendo (…)”.

Alejandro explicó que en varias ocasiones argumentó que ellos siguen siendo pueblo originario, pues en otras ocasiones el mismo gobierno central los ha reconocido como tal. Sin embargo, tanto José Luis Velázquez, como uno de los representantes de la SEPI continuaron abonando a la desinformación. “José Luis fue uno de los que continuó diciendo que ‘antes éramos pueblo y ahora ya no lo somos’ (…) el representante de la SEPI dijo ‘muchas felicidades, qué bueno que ustedes accedieron a hacer este registro para que ustedes puedan ser nuevamente pueblo’”. Ante esta situación, una de las vecinas pidió el micrófono para tratar de informar a la gente. Sin embargo, fue atacada por varios pobladores.

“El chiste es que fue un asamblea express, si fue media hora, fue mucho tiempo. Para finalizar, someten a votación: ‘¿quién de ustedes está de acuerdo en que seamos pueblo?’. Fue una votación de 80 personas, con 80 personas argumentan que el pueblo va a empezar con su registro”, finalizó Alejandro, no sin antes agregar que después de la asamblea siguieron recolectando firmas sin INE.

Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

El sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana se reunieron frente al módulo de policía del pueblo de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de 120 personas para discutir y tomar decisiones sobre la asamblea que promovió un presunto representante del pueblo junto a Rafael Castelán, otro integrante de la Alianza, y el JUD de Pueblos y Barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero. La discusión tuvo como eje principal que esta asamblea que se llevó a cabo el 21 de agosto y pretendía ser comunitaria fue en la Sala Tepecuicatl, la cual está fuera del pueblo de Tola, en la colonia Rosas del Tepeyac.

La señora María Inés y un grupo de vecinos acudieron molestos a la Sala Tepecuicatl, “fuimos en oposición a la asamblea realizada fuera del pueblo, en lugar cerrado, sin previo aviso y que por accidente nos enteramos”, mencionó. Al llegar al lugar, la primera anomalía que notaron fue que en la parte de abajo de la lista de asistencia decía: “Acta de asamblea comunitaria del pueblo originario de Santa Isabel Tola, por medio de la cual acreditamos la autoadscripción colectiva para participar en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

María Inés agregó que quienes se organizaron y fueron a esa reunión no sólo están en desacuerdo con el registro, sino que están molestos porque se hizo en un lugar que no está ni en la comunidad: “no debían de haberlo hecho en un espacio cerrado y fuera de nuestro pueblo y esto es lo que lo hace ilegal, por tal motivo, fuimos a protestar. Tuvimos el acompañamiento de derechos humanos, fuimos una profesora, dos ejidatarios, fue una autoridad tradicional del panteón. Yo creo que esta acción fue avalada por la alcaldía porque para haber enviado a su JUD de Pueblos y Barrios, siendo él, vecino e integrante de COPACOS, una persona que lo hemos visto con grupos de choque en las manifestaciones del zócalo”.

Una vez en el interior del recinto y con la presencia de no más de 50 personas, comenzó la reunión. Uno de los que tomaron el micrófono fue el poblador de Santa Isabel Tola Ricardo Martínez, quien comentó que para acceder a un programa social se necesitaban una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores: “por derecho, al tener 65 años ya tengo ese derecho, pero para eso se necesita tener tu credencial de elector, una acta de nacimiento y el CURP. Esos son los requisitos para acceder a ese programa y haber cumplido ya los 65, para poder acceder a ese programa”.

Y continúa con su exposición: “Es lo mismo que les explicó el compañero Rafael Castelán, lo mismo, no vamos a perder la categoría como pueblo, simplemente es para acceder a los derechos como pueblo originario, para cualquier tema. Tenemos un tema bien importante, el Mexicable, es un ejemplo bien claro. ¿Por qué no nos hicieron la consulta? porque a SEPI se le ocurrió decir que no éramos un pueblo originario y es por eso que se tuvo que amparar. Es eso, la convocatoria, va a seguir siendo abierta, lo dice la ley, búsquenlo por favor. Algunos pueblos no lo van a alcanzar, en esta convocatoria no lo van a alcanzar. Inclusive muchos de los seguidores de la Coordinadora, antier estuvieron sentados ahí en SEPI para hacer sus asambleas”.

“Estamos luchando porque esas medidas no sean violatorias, porque nos violentan a nosotros los pueblos originarios e indígenas. No puede ser posible que seamos tan miserables, tener tan poco criterio y no investigar qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. La convocatoria que se hizo para los pueblos y barrios es un registro amañado, no podemos permitir que sigan violentándose los derechos de los pueblos. Los pueblos tenemos autodeterminación, no debemos tener un registro, ya estamos reconocidos. Nuestra Constitución nos avala”, declaró la señora Inés.

En un principio, la convocatoria llamó la atención de activistas y originarios, pues no sólo consideran inconstitucional el registro, pues atenta contra el derecho a la autoadscripción y por ende contra la libre determinación inscrita en el artículo 2º constitucional, sino que les degrada como “grupo social” y que además tienen que demostrar que son originarios e indígenas con documentación que acredite que cuentan con “instituciones y tradiciones sociales y cultuales comunitarias, lenguas, patrimonio cultural material e inmaterial y su reproducción”.

El reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas está en la Constitución, así como en las leyes de las entidades federativas. Y en ese sentido, el criterio de la autoadscripción es un elemento adecuado y determinante cuando se refiere a este reconocimiento. De hecho, el artículo 2º constitucional indica que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Además, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis la/J. 57/2022, no es necesario demostrar la autoadscripción indígena a través de documentos oficiales:

“…no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional.”

Una de las acciones que acompañan la exigencia para frenar el registro incluye una demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien resolvió que el caso no es competencia electoral. “Se unieron 70 pueblos, algunos con el Frente, algunos con la Defensoría de oficio del Tribunal Electoral, ya el Tribunal Electoral manifestó que no es competencia electoral, por eso estamos también con los amparos y las acciones de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México”, declaró el abogado Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.

Velázquez también informó que actualmente están acompañando la impugnación de estas asambleas: “la que se han impugnado son San Mateo Xalpa (Xochimilco), Santiago Tluyehualco (Xochimilco), Santa Isabel Tola (Gustavo A. Madero) y San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón). Son 4 asambleas de estas que se hicieron con irregularidades para el registro las que están ahorita en tribunales”.

Recientemente, el 22 de agosto del 2022, una ciudadana obtuvo respuesta de una solicitud de información (folio 090162422000196), en la cual quiso saber cuántos y cuáles pueblos y barrios originarios solicitaron registrarse en el sistema de la SEPI. Como respuesta, el JUD de Consulta para Comunidades Indígenas, José María Ahuitzotl Pastrana Hernández contestó: “Me permito hacer de su conocimiento que, a la fecha no se cuenta con ninguna solicitud de registro presentada formalmente ante la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

La lucha por la libre determinación de los pueblos y barrios originarios comienza con el reconocimiento de la autoadscripción. El subdelegado de San Bartolo Ameyalco, Alejandro, como autoridad tradicional lo sostiene y defiende: “No es necesario recurrir a ningún tipo de registro para poder continuar con nuestros derechos, derechos que ya tenemos ganados desde hace años, tratando de explicar el porqué este registro es improcedente, violatorio hacia nuestro propio derecho a la autoadscripción y sobre todo esto que están solicitando una lista de originarios y avecindados. Para mí eso ya es muy delicado, totalmente clasista porque están solicitando además el último grado de estudios para ser reconocidos en el registro. Eso sí se me hace absurdo”, expresó.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Huerta, S. (2022). Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios. Desinformémonos. Recuperado el 30 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-enganos-y-a-puerta-cerrada-realizan-asambleas-para-registro-de-pueblos-y-barrios-originarios/

Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba

Redacción Desinformémonos

09 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. «Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas de México», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado, el Frayba recordó que el Estado mexicano «tiene una deuda histórica con los pueblos originarios» y sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, «en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra».

Ejemplificó con que el gobierno, a través de la imposición de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el Proyecto Integral Morelos (PIM), viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como busca generar una política de asimilación e integración de los pueblos «a través de un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión».

Por otro lado, celebró los aportes de los procesos que se han construido desde los pueblos a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.

Estas formas de organización autónoma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), explicó el Frayba, «impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental».

A continuación el comunicado completo:

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista. 

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba. Desinformémonos. Recuperado el 09 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/politicas-del-gobierno-controlan-explotan-y-mercantilizan-a-los-pueblos-indigenas-frayba/

Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio

Erika Lozano | Desinformémonos

Ciudad de México | Lunes 21 de Junio del 2021 | — : —

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, entregó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes, para solicitar que el máximo tribunal atraiga el juicio agrario que sostiene desde hace 17 años, cuando pequeños propietarios reclamaron sus tierras, explicaron autoridades comunales de Ostula en conferencia de prensa.

Este juicio agrario comenzó en el 2004, cuando pequeños propietarios demandaron a la comunidad en el Tribunal Unitario Agrario no. 38.

“Sorprende cómo el Estado mexicano, siendo independiente de España, no reconoció y no respetó los documentos históricos que obran en nuestra comunidad, ¿cómo es que los conquistadores sí lo reconocieron?”, se preguntó Evaristo Domínguez, comunero, y explicó que la comunidad tiene títulos virreinales que reconocen la propiedad de sus tierras. “La lucha por nuestros bienes comunales no ha sido sencilla, pero nosotros hemos estado aquí desde tiempos inmemorables”, señaló.

Domínguez recuerda que, en asamblea, los comuneros decidieron el 8 de abril del 2008, trasladarse a Xayacalan y tomar posesión de esos lugares invadidos desde la década de los 60. Fue el 29 de junio de 2009, que Santa María Ostula recuperó las tierras en disputa. “Fue duro, ya que muchos compañeros fueron asesinados y otros desaparecidos, es difícil recordar todo esto, para la comunidad es un golpe fuerte”, dijo Domínguez.

La comunidad tomó la decisión de reclamar sus tierras, señalaron los comuneros, y exigieron al Estado Mexicano que respete y reconozca su territorio, “que desde tiempos inmemorables está en su posesión”.

Por su parte, el abogado Raymundo Ortiz, aseguró que esta petición a la SCJN es por la defensa de la autonomía de la comunidad, y añadió que el proceso del juicio ha estado plagado de irregularidades, lo que ha afectado a miles de comuneros y a quienes viven en la zona en conflicto. Ortiz consideró que detrás de esta disputa territorial existen grandes intereses externos, por la posibilidad de realizar desarrollos turísticos y otras actividades de explotación de los recursos en la comunidad.

Adriana Hernández, abogada, aseguró que este conflicto derivó a causa de las omisiones del Estado, por la demarcación y protección efectiva de la tierra de Santa María Ostula, y consideró que de atraer el caso, la SCJN sentaría un precedente para otras comunidades, pues podría indicar los pasos a seguir cuando hay errores por parte del Estado en documentos emitidos a pueblos indígenas.

Santa María Ostula fue fundada en 1531, recordó Carmen Ventura, doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, y señaló que existen investigaciones arqueológicas que dan cuenta de los asentamientos prehispánicos de la comunidad nahua. Agregó que, como comunidad, están apelando a que se reconozca esta posesión ancestral del territorio y que el Estado tiene la obligación de cumplir.

María de Jesús Patricio, Marichuy, integrante del Congreso Nacional Indígena y vocera del Consejo Indígena de Gobierno, advirtió que el despojo que ha sufrido Ostula es una muestra de lo que viven otras comunidades indígenas de México: “desprecio, abandono y saqueo a través de los años”. Consideró que hay intereses capitalistas que quieren esas tierras, pero la comunidad le da un valor a cuidar la tierra y a su organización.

“Estamos en un punto crucial en términos jurídicos, ya que de perder el juicio, en realidad lo peor estaría por venir: la destrucción del lugar en donde viven cientos de familias, el desconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas nahuas que habitan en Ostula”, señaló la comunidad.

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Erika Lozano (2021) Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio. El presente articulo fue recuperado en desinformémonos en: https://desinformemonos.org/ostula-lleva-a-la-scjn-juicio-en-defensa-de-su-territorio/

Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas

Fotos: Camila Pizaña

Erika Lozano Y Fernanda Peralta | Desinformémonos

Ciudad de México | Miércoles 9 de Junio del 2021 | — : —

“Este gobierno siempre ha sido una farsa, pues ha engañado a los pueblos y desgraciadamente a veces no abrimos los ojos”, lamentó Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, durante el Encuentro de Resistencias y Rebeldías realizado en la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) este miércoles. Castellanos recordó que la comunidad ha resistido por más de nueve años contra la instalación de la termoeléctrica de Huexca.

Con el actual gobierno, continúa el despojo y el desprecio hacia las comunidades indígenas, advirtió María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y denunció que la estrategia de militarización sirve para imponer megaproyectos. Aseguró que los pueblos tienen el deber de cuidar y proteger la vida para las futuras generaciones.

Con tambores y consignas, mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la comunidad otomí, así como personas defensoras asistentes, dieron la bienvenida al Encuentro de Resistencias y Rebeldías, y compartieron sus experiencias.

Hace menos de un mes, fueron encarcelados dos pobladores de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, comunidad que actualmente mantiene un plantón para exigir respeto a su pozo de agua, narró Sara Hernández, y dijo que gracias a la presión social, los defensores del agua hoy están libres. También denunció que la comunidad ha sufrido amenazas e intimidaciones por parte de grupos políticos y “caciques”.

Adrián Hernández, quien forma parte del plantón de pueblos de la región nahua frente a la empresa Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla, señaló que no han sido tomados en cuenta por los gobiernos, pues no han querido dialogar con los pueblos. Y agregó que les “preocupa el futuro de la niñez en las comunidades, pues hay mucha escasez de agua en la región”.

“Ha habido una especie de contrainsurgencia por parte de este gobierno que día a día intenta entrar en la vida de las comunidades y desarticular la organización que queda”, denunció Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y señaló que como pueblos mayas de Yucatán, se enfrentan a la destrucción de las selvas y los bosques, así como de su patrimonio, para la imposición del proyecto “Tran Maya”. Además, ejidatarios de Campeche y Yucatán han sido despojados de sus territorios con manipulación, dijo.

Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que el gobierno anterior simuló una investigación e intentó ocultar información. Además, Ortega aseguró que las autoridades buscaron dividir a las familias, pero ellas no se rindieron. En cuanto al actual gobierno, dijo, su deseo de encontrar a los 43 se queda en palabras, porque su investigación no ha proporcionado información. “Hay un elefante blanco que no quiere caminar», consideró, y dijo que los padres y madres seguirán con las búsquedas hasta que se esclarezca el paradero de sus hijos.

“Es lamentable tener un gobierno que sólo engaña al pueblo”, señaló Rafael Figueroa, estudiante de Ayotzinapa, y recordó la represión cometida por autoridades contra estudiantes de Mactumactzá, Chiapas, y Teteles, Puebla, en las últimas semanas. Los ataques, narró, comenzaron cuando el 18 de mayo los estudiantes exigían que el examen de ingreso a la normal se realizara de manera presencial, cuando fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente 94 estudiantes fueron detenidos. Aunque hoy llevan su proceso en libertad, siguen acusados de distintos delitos y están siendo juzgados fuera de la cárcel.

A casi 28 meses del asesinato de Samir Flores, su crimen sigue impune, recordó su compañera, Liliana Velázquez, y señaló que, “aún no tenemos respuestas, no tenemos culpables, pero sabemos que a Samir lo mataron por defender la tierra y el agua”, dijo.

Bettina Cruz, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que durante el actual gobierno se reactivó el megaproyecto del Corredor transístmico, lo que, dijo, ha generado violencia en distintos territorios de la región, y también ha provocado que las comunidades se organicen para resistir al despojo.

Yasmín Carrillo, de los Valles Centrales de Oaxaca, narró que distintas comunidades del estado se organizaron contra un proyecto minero. Por su parte, Beatriz Rivero, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, señaló la urgencia de reconocer la historia colectiva de la cuenca de México. “La cuenca no aguanta ningún megaproyecto más, por eso decimos no al aeropuerto de Texcoco y al de Santa Lucía”, advirtió. 

“Donde sólo había mentiras y engaños, hoy aquí florece la conciencia por el derecho a a la vivienda, a la educación, a la salud”, dijo Doña Fili, parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y reflexionó sobre la importancia de la toma de espacios como el INPI, “ante el despojo de los gobiernos, sólo esto nos queda”, señaló. La activista exigió la libertad incondicional para los normalistas de Mactumactzá, así como de los presos mazahuas de Oaxaca. “Como humanidad debemos levantar nuestra voz, esa voz que nos hará libres”, finalizó.

Ana Karen Martínez, de voluntarios por la defensa del agua en Milpa Alta, denunció que a mediados de marzo del año pasado, las autoridades quisieron aprobar un proyecto para la instalación de un pozo, a lo que se opusieron y como comunidad exigieron información, pero las autoridades no hicieron caso. Actualmente, dijo, tienen amparos de suspensión para el proyecto.

Desde hace dos semanas, un grupo de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sostienen un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, y exigen libertad inmediata para los siete presos de la comunidad, encarcelados desde el 2014. “A pesar de haber demostrado la víctima de nuestros compañeros, no nos han querido resolver, hace siete años fuimos víctimas de una fabricación de delito”, denunció Alfredo Bolaño, miembro de la comunidad mazateca. 

“Nos ofrecen empleos, pero nosotros no vamos a cambiar algo tan importante como es el agua”, dijo Bonifacia Hernández Flores, parte de Mexicali Resiste, quien habló de la lucha que emprendieron contra la cervecera Constellation Brands, desde hace varios años. Denunció que las autoridades intimidaron con órdenes de aprehensión a quienes se organizaron para defender el agua.

Claudia Centeno, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció al actual gobierno de la Ciudad de México por la construcción ilegal del distribuidor vial del puente Periférico-Cuemanco, el cual está hermanado con las obras de Santa Lucía y Texcoco, dijo, ya que es la misma empresa la que lo está realizando. Centeno también acusó a las autoridades por poner en riesgo el humedal, así como a las especies endémicas que ahí habitan. 

“En las ciudades también luchamos por un pedazo de tierra para los más pobres, para que tengan un lugar donde vivir”, dijo José de Jesús Meza, de la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, la que se ha organizado desde hace más de 35 años para lograr este objetivo, y denunció que los gobiernos han obstaculizado su trabajo.

Filiberto Margarito, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, expuso que tras ocho meses de la toma del INPI, siguen viviendo discriminación y desprecio por parte del gobierno. Margarito aseguró que no han tenido mesas de trabajo con las autoridades, ni han cumplido con sus demandas. “Este gobierno dice que está con los pueblos, sí, pero para despojarlos”, denunció.

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Erika Lozano Y Fernanda Peralta (2021) Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas. Desinformémonos. Recuperado el 9 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/una-farsa-el-apoyo-del-gobierno-a-los-pueblos-comunidades-indigenas/