Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Martes 22 de Junio del 2021 |  – – :

Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, denunciaron que el socavón generado el pasado 29 de mayo en la comunidad de Santa María Zacatepec está relacionado con el saqueo de los mantos acuíferos que han realizado diversas industrias en la región durante décadas.

En conferencia de prensa frente al socavón, los defensores del territorio señalaron que para el gobierno y los empresarios «la desgracia de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza es un espectáculo que pretenden expropiar para convertirlo en un área turística, maquillando con esto el desastre para sus fines económicos”.

Roberto Formacio, uno de los afectados, señaló que, lo que para muchas personas es una zona turística, ha sido un desastre y algo que ha cambiado la vida cotidiana para quienes tienen sus propiedades ahí. En un inicio, dijo, no sabían la causa, pero poco a poco se enteraron de posibles hipótesis a través de los medios de comunicación, y añadió que entendieron que “parte de lo que ocasionó este fenómeno fueron las empresas que han extraído miles de millones de litros de agua de la zona”.

“Le pedimos a los distintos niveles de gobierno que volteen a ver que no solo es el socavón, que hay todo un conjunto de afectados en esta zona, los dueños de los terrenos que han sido obstaculizados en su proceso de trabajo”, denunció Formacio, y agregó que los pequeños propietarios afectados por el socavón no han sido atendidos por las autoridades municipales, estatales, ni federales.

Exigieron la cancelación total del Proyecto Integral Morelos y el gasoducto. “No estamos dispuestos a esperar a que nos asesine la negligencia y la ambición de los poderosos, basta de que nos sigan engañando”, advirtieron los defensores.

Los integrantes de Pueblos Unidos denunciaron que el gobierno no ha dado ninguna respuesta y los quiere engañar al decir que está investigando. “Hacen caso omiso a lo que hemos señalado, lo que era obvio: un gasoducto instalado en un territorio sísmico y volcánico, es una bomba de tiempo. Este socavón hace más evidente el riesgo que corremos”, expusieron.

Por su parte, el profesor e investigador David, recalcó la importancia de esa región acuífera de Puebla. “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental. 

Señalaron que la llegada de las industrias desde los años 50, fomentó una forma de desarrollo que sólo ha beneficiado a particulares y empresas. En el caso particular de la región de los volcanes, están la industria automotriz, de acero y embotelladoras.

Mapa la presencia de las principales industrias en la región desde los años 50. Foto: Pueblos Unidos

A tres meses de que declararan el cierre definitivo de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, indicaron que al día de hoy, han recuperado 152 millones 668 mil 800 litros de agua que ahora fluyen libres por los mantos acuíferos, y añadieron que «el socavón vino a confirmar que las empresas Bonafont, Mercatus, Persforza, Ternium, Hylsa, Volkswagen y ciudad textil generaron este desastre ambiental y ante esta situación el mal gobierno pretende llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbano e industrial en nuestra región”.

El presente articulo es propiedad de Forbes.

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región. Recuperado e

A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos

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CIMACFoto: César Martínez López

Aline Espinosa Gutierrez | Cima Noticias

Ciudad de México | Lunes 31 de Mayo del 2021 | — : —

A pesar de que las indígenas oaxaqueñas han llegado a ejercer algunos cargos políticos en  sus comunidades, esta labor es dificultada porque aún los quehaceres de la casa y el cuidado de las y los hijos recaen sobre ellas, lo que triplica sus jornadas de trabajo, las deja sin tiempo para desarrollar sus capacidades, incidir desde su cargo en sus territorios o buscar desempeñar algún otro puesto. 

Así lo dijeron la exregidora de obras y tesorera suplenta del Pueblo Ñuu Savi en Oaxaca; Lidia Aguilar Aguilar; la extesorera municipal y excomisariada de bienes comunales del Pueblo Nki dixru en Oaxaca, Aracely Miranda; la expromotora cultural y exsecretaría de bienes comunales del Pueblo Xhun en Oaxaca, Natividad Estela López Zarate, y la excomunera del Pueblo Ayuujk en Oaxaca, Deogracias Díaz Gómez durante el conversatorio “Participación Política de las mujeres indígenas en sistemas normativos indígenas” con el fin de discutir cuáles son los avances y retos de la presencia de mujeres en cargos de poder. 

Explicaron que la llegada de la paridad en 2015 a sus comunidades obligó al reconocimiento de algunos de sus Derechos Humanos como incluirlas en los listados de las asambleas, darle espacio a sus voces y exponer sus necesidades, acudir a eventos políticos y postularse para cargos de poder sin importar si tenían hijas o hijos pequeños, eran casadas o solteras, su edad, y otras cuestiones.

El principio de paridad fue incorporado a la Constitución mexicana  en el año 2014. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales. El proceso de armonización legislativa culminó en las entidades federativas en 2015, antes de que iniciara el proceso electoral de ese año, de acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detallaron que antes las mujeres sólo podían estar en las asambleas cuando sus esposos no podían acudir y su voz era escuchada porque hablaban en nombre de él, no existía una lista para que ellas anotaran su nombre, sus problemáticas no eran tratadas, si su presencia era requerida en estos espacios, se les encomendaba hacer la comida, atender a los hombres presentes y quedarse calladas. 

Para atacar todos estos obstáculos, dijeron, ellas mismas o en colectivo cuestionaron el por qué no se les tomaba en cuenta e irrumpieron en las asambleas, formaron talleres para enseñar profesiones y dejaban la cocina y asistían a eventos de política. 

Su ejemplo inspiró a otras mujeres, algunas de ellas madres, quienes siguieron sus pasos y juntas comenzaron a descubrir que ellas debían ser parte de las decisiones y del cuidado de lo que existía en su territorio. 

Con sus años de insistencia, añadieron, pudieron avanzar muy poco en la política, pero sí sembraron ideas de libertad en más mujeres. El principio de paridad impulsó aún más la labor que ellas ya realizaban en sus comunidades, sin embargo, al querer ejercer un cargo se enfrentan a que su presencia sea sinónimo de molestia y se trata de evadir la paridad bajo los usos y costumbres de las comunidades. 

Ejemplo de ello, explicaron, es que en las asambleas se trata de hacer una lista separada por el género de la persona, que los hombres funjan como los presidentes agrarios y las mujeres como sus reemplazos, no se respetan los acuerdos de las comunidades, sus parejas les exigen atender la casa y la familia, no les da un ingreso económico para desarrollar sus cargos.

Todos estos obstáculos, aclararon, no permiten que las mujeres puedan mantenerse más de un año en los espacios de poder que ganan porque algunas de ellas son madres solteras o viudas que no tienen apoyo para cuidar de sus hijas e hijos y deben solventar los gastos de su familia o sus parejas les niegan salir de sus hogares. 

Sin embargo, dijeron, su injerencia en los espacios de poder ha promovido que más mujeres conozcan su derecho a la participación política y a la tierra. “Cuando tienen que sacar su constancia de posesión se les ha tomado en cuenta y ellas son las dueñas de su pedacito de parcela, hasta ahorita no hay ese problema ya, porque antes esto sólo se conocía como herencia de hombres cuando no sabíamos que existía el derecho agrario”, declaró Lidia Aguilar Aguilar. 

Llamaron a que más indígenas se conviertan en comuneras con el fin de fomentar su presencia en las asambleas y así repensar juntas los acuerdos que niegan la participación a mujeres mayores o algunos otros que siguen restringiendo sus derechos, desmitificar los roles de género, dejar nuevas enseñanzas, difundir más el conocimiento y hacerlo suyo, intervenir en los cambios de las leyes y sembrar en la conciencia que las mujeres son parte vital de que los recursos naturales de la tierra prevalezcan. 

21/AEG/LGL

El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

Aline Espinosa Gutierrez (2021) A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos. Cima Noticias. Recuperado el 31 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/31/a-cuentagotas-avanza-participacion-de-indigenas-oaxaquenas-en-cargos-politicos

Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar

Concha Moreno, SemMéxico

13 de mayo de 2021

El ominoso caso de Guerrero: ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes

Los hombres mandan, ellas obedecen los «sabios», especialistas para pedir la novia

 Concha Moreno

SemMéxico/Periodistas en Español, Cd. de México, 13 de mayo, 2021.- En las zonas más pobres del Estado de Guerrero, al centro/occidente  de México, las niñas son vendidas de forma habitual porque los padres lo consideran «usos y costumbres» y una fuente de ingresos, porque pueden obtener hasta doscientos mil pesos (unos 8290 euros).

Sucede desde hace demasiados años. En la denominada Montaña de Guerrero, en cuanto las niñas rondan los doce años ya son «vendibles». Quienes las compran (porque es ese el término correcto) las pueden convertir en sus esposas o, simplemente, son utilizadas como esclavas para la casa o el campo.

Lógicamente, no se puede hablar de una cifra concreta, ni aproximada, porque las autoridades no tienen interés alguno en controlarlo. Se cree que puede haber hasta trescientas mil criaturas cuyos padres las vendieron al mejor postor.

El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan lo ha denunciado recientemente con el fin de que tanto el gobierno estatal como el federal tomen cartas en el asunto y prohíban totalmente estas transacciones.

Cuentan que, en las comunidades indígenas, la maternidad llega a muy temprana edad, no por decisión propia sino por la costumbre añeja de los padres que logran concertar las alianzas de sus hijos con las hijas. Normalmente hay pago de la dote, que en un principio se le conocía como el ritual de petición de la novia. Con el tiempo esta práctica se ha perdido y mercantilizado.

La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.

Los hombres mandan, ellas obedecen

Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.

A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.

En algunas comunidades acuden a los «sabios», que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.

Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.

Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.

A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.

Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos. 

Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres. Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, «le hace quedar mal». Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.

A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen. 

Prende la indignación 

Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país: a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar; al  procurador federal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Oliver Castañeda; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los candidatos que se presentan a las inminentes elecciones de este Estado.

Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».

Dicen entender que el problema es complejo y que, ´por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas. Como lo muestra la evidencia, aseguran, «no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales».

El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren dos de cada diez nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de diecinueve años. Guerrero, junto con Chihuahua, comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Moreno, C. (2021). En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar. SemMéxico. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=35244