Reforma laboral sobre violencia y acoso como establece el Convenio 190 de la OIT plantean feministas

La reforma laboral del 2019 punto de partida, pero hay que especificar

Abogadas Aleida Hernández, Andrea Medina y Dafne Anaya  autoras de la propuesta

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Jueves 15 de Julio del 2021 |  — : —

Una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo que busca profundizar en los problemas de la violencia y el acoso para las mujeres en el ámbito laboral, los protocolos que deben crearse, las políticas de reparación el daño y el cuidado será presentado en la próxima legislatura a iniciarse en septiembre por académicas, sindicalistas y abogadas feministas.  

La investigadora Aleida Hernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, junto con las abogadas feministas Andrea Medina y Dafne Anaya presentará esta iniciativa que profundiza la reforma laboral de 2019 contra la violencia de género en el trabajo. 

Como parte de un paquete de reformas legislativas que presentaran el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL) y la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), uno de los principales cambios que plantean es incorporar a la Ley Federal del Trabajo los conceptos de violencia y acoso como lo señala el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El artículo 1 de dicho convenio indica que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo designan un conjunto de comportamientos y prácticas “que causen, o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. 

Indica que las agresiones pueden suceder en el lugar de trabajo, dónde se pagan, los desplazamientos de casa a trabajo y del trabajo a la casa, los eventos y viajes sociales y de formación relacionados con el trabajo.   

Que deben ser considerados como violencia laboral, y que además no solo contempla el acoso presencial sino el que perpetúan por las comunicaciones digitales.  

Consideran importante que la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo tenga especificado, porque hasta ahora esos lugares donde ocurre la violencia han quedado sin cobertura refiere Aleida Hernández.

La reforma laboral del 2019 establece que el Articulo 132 de la LFT las empresas deben crear un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual.   

Sin embargo, las abogadas feministas desconocen si le Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) tienen un registro sobre los centros de trabajo que ya cuentan con un protocolo. 

Consideran que faltaría precisar también los puntos básicos que debe incluir ese protocolo para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, qué instancias o qué persona dará seguimiento a los casos o qué sanciones se aplicarán, además de las medidas que tomaran para garantizar que eso no volverá a ocurrir.

Consideran que el “Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo” publicado por la Secretaria del Trabajo en el año 2020 es una sugerencia y como punto de partida está bien, pero sería mejor que se incluyera una serie de criterios mínimos dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Considera importante prohibir explícitamente que la conciliación no se puede llevar a cabo en casos de acoso sexual o violencia, porque eso va contra los estándares internacionales. 

También mencionan que el numeral XII del Artículo 648E de la LFT dice que, para denuncias de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia de la víctima la autoridad conciliatoria no reunirá a la víctima con quien perpetró las agresiones sin con el representante o el apoderado.

Señalan que la víctima no se reunirá con el agresor, pero de cualquier manera se plantea un arreglo conciliatorio, lo cual va contra los estándares internacionales.  “La conciliación no se puede llevar en casos de acoso sexual o violencia”.   

Las abogadas buscaran que la ley del trabajo incorpore el concepto de “garantía de reparación del daño”. 

Han retomado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso González y otras vs. México, conocido como “Caso campo algodonero”, el cual introdujo al país estándares de desagravio que hasta entonces no eran implementados. 

Cabe señalar que la abogada Andrea Medina Rosas formo parte del equipo del caso de Campo Algodonero. 

El fallo de la CIDH de 2009 tomo en cuenta la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no investigar la desaparición y los feminicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido en la década de los 90s.

La Ley General de Víctimas ya lo contempla sin embargo señala Aleida Hernández, cuesta mucho que se comprenda en el mundo del trabajo. La reparación del daño no solo es económica, también se trata de que la persona ubique los problemas de conducta en los que incurrió y pida perdón por ello.

El centro de trabajo debe asumir su responsabilidad, ofrecer acompañamiento psicológico, económico y laboral. Solemos concentrarnos en las autoridades y está bien, pero las empresas y los sindicatos también tienen que asumir su responsabilidad hasta donde lleguen sus competencias. 

La LFT debe establecer la obligatoriedad para empresa y sindicatos de implementar programas de formación, capacitación y sensibilización sobre la violencia y el acoso y la discriminación. Estas estrategias deben incluir un tipo de medición y seguimiento, cuyos resultados tendrán que ser de acceso público.Otro tema que integran las especialistas es el de las políticas de cuidado, un asunto que hasta ahora se ha visto como del ámbito íntimo. Pero .as leyes, los centros de trabajo y los sindicatos deben entender que esta vinculada con lo laboral.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel  (2021) Reforma laboral sobre violencia y acoso como establece el Convenio 190 de la OIT plantean feministas. Sem México. Recuperado el 16 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/reforma-laboral-sobre-violencia-y-acoso-como-establece-el-convenio-190-de-la-oit-plantean-feministas/

Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad

 *Equis Justicia junto con otras organizaciones y defensoras de los derechos humanos denuncian y rechazan las exigencias de la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad ya que obstaculizan su acceso a la justicia

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Sábado 5 de Junio 2021 | — : —

Con exigencias ilegales de documentación durante el análisis de las circunstancias y contextos de marginación de los solicitantes la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad obstaculizan el acceso a la justicia.

Precisa, Equis Justicia que estas exigencias vulneran los derechos y contravienen lo establecido en la Constitución y las Convenciones Internacionales contra las personas privadas de la libertad injustamente.

Refiere que son visiones racistas y capacitistas para las personas indígenas o con discapacidad el actuar de la Comisión de Amnistía, la instancia encargada de revisar y aprobar la solicitud de amnistía de las personas privadas de la libertad injustamente.
A raíz de la solicitud de información que hicieran a la Secretaría de Gobernación encontraron alarmante que frente a las solicitudes de personas que refieren ser indígenas se les solicita anexen el certificado de nacimiento en el que aparezca el nombre de los padres o carta de alguna autoridad tradicional reconocida y validada por la comunidad indígena, en la cual constaté la pertenencia del solicitante.

En el caso de las solicitudes de las personas con alguna discapacidad solicitan un examen médico como única forma de acreditar la condición de discapacidad.
La Comisión ha determinado declarar como reservada y confidencial la información relativa a las resoluciones que nieguen o concedan la amnistía e inclusive la información estadística desagregada como: género, edad, delito, centro penitenciario de privación de libertad.

Afirma Equis Justicia que estos criterios son violatorios de los derechos de las personas indígenas y con alguna discapacidad, porque la amnistía no se da por el simple hecho de pertenecer a cualquiera de estos grupos poblacionales, sino analizando los supuestos previstos en la Ley como circunstancia y contextos de marginación, exclusión y discriminación, derivaron en violaciones al debido proceso o en la impartición de justicia sin perspectiva de igualdad.

Además, precisa que es responsabilidad de la Comisión de Amnistía realizar este análisis.
También señala que es reiterada la opacidad y discrecionalidad de la Comisión de Amnistía porque impiden a la ciudadanía vigilar su actuación, así como a las y los solicitantes para conocer el estado en que se encuentra su solicitud.
Respecto a las personas indígenas, señala que es inaplicable el criterio de autoadscripción, que está contemplado en el artículo 2 Constitucional, así como en el apartado 2 del Convenio 169 de la OIT, y los artículos 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además la prevalencia de estereotipos y criterios capacitistas que perpetúan el estigma social sobre la discapacidad como enfermedad, en lugar de reconocer los obstáculos y barreras del entorno que la originan, violando con ello la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Al rechazo de Equis Justicia se sumaron las siguientes organizaciones: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.; Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de Pueblos Indígenas; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Artículo 20; Autocultivo Medicinal en México; Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A. C; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET); Colectivo Hazme Valer, del Estado de México; Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los derechos humanos; Derechos sin Barreras; ECOZINE Feminista; EducArt Educación, Arte y Trabajo A. C.; Elementa DDHH A.C.; Familias y Retos Extraordinarios; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC; Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho; Instituto RIA, AC; Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE); Intersecta Organización para la Igualdad, A.C.; Justicia Transicional en México; La Boussole; Libertad justicia y paz; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Mujeres Libres México; Organización Comunitaria por la Paz OCUPA
Como personas firmantes: Abigail Velasco, Alejandra Martínez Rodríguez, Alejandra Nuñez, Alexandra Rodríguez, Alicia Escamilla Jaime, Angélica María Ospina Escobar, Ariadne Lamont, Artemisa Cabrera Luque, Claudia González Ramos, Edith Olivares Ferreto, Emma Obrador Garrido Domínguez, Francisca Pou Giménez, Hayde Hernández Reverte, Haydeé Gómez Avilés, Ignacio Muñoz Silva, Jazmín Maldonado Martínez, Jimena Candano Conesa, José Manuel García Vallejo, Lydia Valle Conde, Maria Teresa Fernández Vázquez, Natalia abigail Sánchez Rodríguez, Nora Robledo, Pablo Gonzalez Cuevas, Paola Zavala Saeb, Patricia Torres Sandoval, Paz Mateos Cruz, Rebeca Calzada, Sandra Patricia Véliz Clara, Sandra Mayeli Valenzuela Márquez, Sara granados, Tatiana Alfonso, Vianney Fernández Villagómez, Violeta Maltos Rodríguez, Zara Snapp.

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Elda Montiel (2021) Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad. Sem México. Recuperado el 7 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/opacidad-y-discriminacion-en-la-comision-de-amnistia-para-personas-indigenas-y-con-discapacidad-denuncian-equisjusticia/

OMS: Trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte

AFP, ContraRéplica

16 de mayo de 2021, 21:49

OMS: Trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte
Imagen: Redes

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicado el lunes, trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. 

Este primer análisis global de las pérdidas de vidas humanas y los daños a la salud asociados con largas horas de trabajo, se publica mientras que la pandemia de covid-19 acelera los cambios que pueden incrementar la tendencia a trabajar durante más horas.

Sin embargo, el estudio, publicado en la revista Environment International, no se refiere a la pandemia sino a los años anteriores. Los autores sintetizaron datos de decenas de estudios con cientos de miles de participantes.

Trabajar 55 horas o más a la semana representa un grave peligro para la salud“, subraya la doctora María Neira, directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS. “Es hora de que todos -gobiernos, empleadores y trabajadores- finalmente reconozcamos que las largas horas de trabajo pueden causar muertes prematuras“, añade.

El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana se asocia con un aumento del 35% del riesgo de un accidente cerebrovascular (AVC) y del 17% de morir de una cardiopatía isquémica, comparado con una persona que trabaja entre 35 a 40 horas semanales.

La OMS y la OIT estiman que en 2016 murieron 398,000 personas de un derrame cerebral y 347,000 de una enfermedad cardíaca por haber trabajado al menos 55 horas por semana.

Entre 2000 y 2016, el número de defunciones debidas a cardiopatías relacionadas con las largas horas de trabajo aumentó 42%, cifra que se eleva al 19% en el caso de los accidentes cerebrovasculares.

La mayoría de las muertes registradas se dieron en personas de 60 a 79 años, que trabajaron 55 horas o más por semana cuando tenían entre 45 y 74 años.

Información: AFP

Imagen: Redes

“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica

AFP. (2021). OMS: Trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de muerte. ContraRéplica. Recuperado el 17 de mayo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-OMS-Trabajar-mas-de-55-horas-a-la-semana-aumenta-el-riesgo-de-muerte-202116536

Buscarán asegurar que el acceso a derechos sexuales y reproductivos no sean interrumpidos por pandemias

La Redacción | CIMAC Noticias.

Jueves 13 de mayo de 2021

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Imagen retomada de saludfemenina.net

Ciudad de México. La llegada del Covid-19 al mundo exacerbó la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos: más agresiones en sus hogares, más abortos en condiciones inseguras y embarazos no deseados al no tener acceso a servicios de salud, mayor desempleo y trabajo no remunerado, por lo que millones de ellas se enfrentarán a la pobreza, enfermedades y a una salud mental desgastada. 

Estas son las problemáticas que las integrantes del Grupo de Trabajo de Género (GWG) del C20 identificaron como las primordiales que los gobiernos y líderes mundiales deberán tratar en  la “Cumbre Mundial de la Salud”, que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2020 en Roma, la capital de Italia, con el fin de que aprueben la “Declaración de Roma” que asegure que los derechos de las mujeres y niñas, en especial los sexuales y reproductivos, no sean interrumpidos en lo que resta de esta pandemia y en las próximas que puedan presentarse. 

El grupo de los G20 está conformado por representantes de 20 países, entre ellos México, y cuenta con alrededor de 14 organización internacionales y regionales como socias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, que se reúnen para discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional y ahora para definir estrategias frente a esta y futuras crisis sanitarias. 

En un comunicado, explicaron que el Covid- 19 visibilizó que los países carecen de un sistema de salud de calidad que pueda actuar ante emergencias sanitarias a gran escala, lo que repercutió en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas fueron transgredidos al no ser atendidos, en consecuencia, la vida de ellas estuvo en riesgo, en particular de las que vivían en zonas marginadas. 

En mayo de 2020, recordaron que la asamblea de la OMS aprobó una resolución firmada por todos los ministerios de sanidad que reconoce que los servicios sexuales y reproductivos son esenciales y exigió que los gobiernos de cada país aseguraran el acceso a ellos para todas las personas. 

Sin embargo, dijeron, esto no ha sido así en lo que va de la pandemia. El resultado es que no sólo hay un aumento de aborto en condiciones inseguras o embarazos no deseados, sino que se prevé que esto influya en que ocurran 2 millones casos de mutilaciones femeninas y 13 millones de matrimonios infantiles en la próxima década, además, dificultará que las mujeres puedan vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual que ellas están en riesgo de contraer. 

Por ello, lamentaron que países desarrollados reportaran un recorte del 85 por ciento al desarrollo de la planificación familiar y otro 80 por ciento al financiamiento de los tratamientos contra el VIH/Sida.

Resaltaron que las mujeres representan cerca del 70 por ciento de personal sanitario mundial, el cual ha enfrentado en primera línea el Covid-19, no obstante, muy pocas veces se les reconoce o las consideran en las políticas sanitarias preventivas y curativas. Consideraron importante que las mujeres de este sector sean incluidas en todos los procesos de decisión y su papel sea más valorado. 

Ante este panorama, exigieron que los estados del G20 refuercen sus sistemas de salud pública para garantizar la plena continuidad de la atención sanitaria sin dejar de lado los servicios médicos hacia las mujeres y niñas y que los hospitales a nivel mundial, regional y local, trabajen en un nuevo sistema de logística que asegure un a respuesta efectiva ante futuras pandemias. 

Además, demandaron la creación de centros de salud comunitarios para mujeres con personal capacitado, y garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento e higiene en estos sitios; promover educación sexual integral; y generar datos abiertos sobre los temas ya mencionados para supervisar si estas estrategias son positiva en ellos.  

“Sabemos que cuando las mujeres y niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales sobre sus cuerpos, no sólo ganan en términos de autonomía, sino también en términos de avances en la salud, educación, los ingresos, la seguridad y la igualdad de género.Todo ello se traduce en un mundo de mayor justicia y bienestar humano”, finalizaron. 

De acuerdo con ONUMujeres 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en el mundo antes de la pandemia. La llegada de ésta aumentó hasta 5 veces más las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia contra violencia familiar en algunos países, debido a que las mujeres estuvieron encerradas con sus agresores y alejadas de personas que pudieran ayudarlas, por ello al menos 40 por ciento de ellas no buscaron algún tipo de apoyo. 

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó en abril de 2020 que si el confinamiento se prolongaba por 6 meses, habría 31 millones de casos de violencia de género. Este encierro también produjo una sobrecarga de actividades no remuneradas en las mujeres, si antes ellas destinaban casi 3 veces más tiempo a las labores domésticas en comparación con los hombres, en la pandemia aumentó más y se le sumó la supervisión de las tareas escolares de las y los hijos junto con el cuidado de éstos. 

Según cálculos de ONUMujeres, 18 millones de mujeres pudieron perder el acceso a métodos anticonceptivos en lo que va de la pandemia en América Latina y el Caribe por el recorte del 50 por ciento de los servicios médicos, lo que advirtió, generaría más casos de mortalidad materna, más tasas de embarazos en adolescentes y contagios de infecciones de transmisión sexual. 

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

La Redacción (2021). Buscarán asegurar que el acceso a derechos sexuales y reproductivos no sean interrumpidos por pandemias. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/buscaran-asegurar-que-el-acceso-a-derechos-sexuales-y-reproductivos-no-sean-interrumpidos-por-pandemias

Dos millones de niños, en tareas peligrosas o de alto riesgo: Inegi

Menor recolecta envases de aluminio en las playas de Acapulco, Guerrero.
Menor recolecta envases de aluminio en las playas de Acapulco, Guerrero. Foto Cuartoscuro / Archivo

Rosa Elvira Vargas | La Jornada

Ciudad de México | Martes 16 de Marzo del 2021 | 10:23

El impacto de la crisis sanitaria sobre los menores de 5 a 17 años impelidos al mundo del trabajo todavía no se cuantifica, pero sin duda será enorme por aquellos que se sumarán a los 2 millones registrados en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como mano de obra infantil en México, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la Encuesta nacional de trabajo infantil 2019, cuyos resultados ofreció el instituto en diciembre pasado, se concluye: “del trabajo infantil total, 2 millones de niños y niñas trabajan en ocupaciones no permitidas dentro de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales (SCN), es decir, participan en labores peligrosas o prohibidos por debajo de la edad mínima, de acuerdo con los convenios y recomendaciones internacionales y la legislación nacional”.

Según el Inegi, esta cifra representaba, en el año que se efectuó la encuesta, 7.1 por ciento de la población de 5 a 17 años y se puede descomponer en 6.2 por ciento (1.8 millones) que sólo realizan alguna ocupación no permitida y 0.9 (262 mil) que la combinan con los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

La OIT decretó 2021 como Año internacional para la erradicación del trabajo infantil, ante un fenómeno que, si bien ha disminuido 38 por ciento en la pasada década, aún afecta a 152 millones de niños en el mundo y “donde la pandemia por Covid-19 ha empeorado considerablemente la situación”, y ante lo cual apela a realizar una “acción conjunta y decisiva” a fin de revertirla.

La crisis sanitaria puede ser un detonante

Pedro Américo Furtado de Oliveira, representante para México de la OIT, consideró en entrevista con La Jornada que en el país existe un subregistro del trabajo infantil y no descarta un agravamiento del fenómeno a partir de la crisis sanitaria del año pasado.

“Si vemos el cierre de algunas actividades por el coronavirus en sectores como los servicios, el turismo, los alimentos, podemos considerar que ya se tenía un alto nivel de trabajo infantil, y además un crecimiento considerable de la informalidad por la pérdida de empleos. La probabilidad del aumento en el trabajo de menores de edad es enorme, pues el empleo no formal es una condición para su existencia.”

Hay temas del trabajo infantil ocultos, invisibles y no identificables a través del levantamiento de datos, y por eso puede afirmarse que hay una subcuantificación en los datos del Inegi y seguramente serán más elevados a partir del Covid-19, estima Furtado.

Originario de Brasil, el especialista llama a distinguir entre el trabajo infantil propiamente dicho, y aquel ubicado por él como “trabajo de chicos”, los que separa por una “línea tenue”. El primero se encuentra prohibido por los convenios internacionales y suscritos por México, mientras el segundo puede ser, por ejemplo, contribuir en las tareas familiares.

Así, para separar ambos, usa tres parámetros: “es trabajo infantil si la actividad afecta o pone en riesgo la salud e integridad física y moral del menor, si le impide estudiar o perjudica su rendimiento en clases y si le limita o lo aleja de la convivencia con sus pares”.

Para detectar, corregir y prevenir el fenómeno, admite que la red alrededor del trabajo infantil puede ser muy compleja, pues el Estado no puede exponer a los menores a una situación aún más vulnerable de la que ya viven.

“A veces acciones de buena voluntad, comprometidas y articuladas, pueden colocarlos en condición de mayor riesgo frente a la mínima, pero existente protección de su comunidad ante el rechazo o la discriminación.”

Indica que tales situaciones complican el diseño de políticas públicas sobre este tema. Primero debe identificarse dónde está el problema y armar programas donde se involucren los sectores sociales, públicos y hasta empresariales. “Esto, para coordinar una acción con la sociedad y las familias que piensan muchas veces que sus hijos los están ayudando, cuando en realidad están comprometiendo su desarrollo y perpetuando la pobreza”.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

Rosa Elvira Vargas (2021) Dos millones de niños, en tareas peligrosas o de alto riesgo: Inegi. Excelsior. Recuperado el 16 de Marzo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/16/sociedad/dos-millones-de-ninos-en-tareas-peligrosas-o-de-alto-riesgo-inegi/