Con Fredid Román, suman 15 periodistas asesinados en lo que va del año

Redacción Desinformémonos

23 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. El columnista Fredid Román Román fue asesinado la tarde del lunes en Chilpancingo, Guerrero, por sujetos armados que le dispararon desde una motocicleta. Con su muerte, suman 15 periodistas ultimados en lo que va del año y 59 en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sólo dos horas antes de ser acribillado, Román compartió su columna “La realidad escrita”, en la que abordó las últimas revelaciones sobre el Caso Ayotzinapa bajo el título “Crimen de Estado sin culpar al jefe”.

“¿Si fue Crimen de Estado, por qué en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador exoneró al ex presidente Peña Nieto?”, cuestionó Román en su publicación.

https://www.facebook.com/juanesteban.romanjimenez/posts/4647106168725439

Román también fue director del periódico Expresión Popular, trabajó para el extinto diario Pueblo y fundó el Diario La Realidad.

El asesinato se perpetró a escasos metros de dos de las tres entradas de la 35va. Zona militar, que alberga al 50 Batallón de Infantería.

Hasta la fecha, los periodistas asesinados en lo que va del 2022 son José Luis Gamboa Arena, en Veracruz; Margarito Martínez, en Baja California; Lourdes Maldonado, en Baja California; Roberto Toledo, en Michoacán; Heber López, en Oaxaca; José Luis Camero, en Sonora; Ernesto Islas, en Baja California; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas; Armando Linares, en Michoacán; Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa; y Yesenia Monilledo y Sheila García, en Veracruz; Antonio de la Cruz, en Tamaulipas; Ernesto Méndez, en Guanajuato; Juan Arjón, en Sonora; y Fredid Román, en Guerrero.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Con Fredid Román, suman 15 periodistas asesinados en lo que va del año. Desinformémonos. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-fredid-roman-suman-15-periodistas-asesinados-en-lo-que-va-del-ano/

El gobierno mexicano descarta encontrar a los normalistas de Ayotzinapa con vida

Después de la primera reunión entre el presidente López Obrador con las madres y padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa en casi un año, la comisión presidencial para la verdad y la justicia en el caso informó que se descarta encontrar a los estudiantes con vida y categorizó los hechos como un crimen de Estado 

Arturo Contreras Camero

19 de agosto de 2022

Foto: Rogelio Morales y Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- «Fue una reunión difícil, dolorosa», dijo al inicio de su mensaje a medios el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, después del encuentro entre las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente. La noticia fue devastadora: no hay indicios de que sus hijos estén vivos.

Hace casi un año, en septiembre de 2021, las madres y padres de los familiares reclamaron los pocos avances en la investigación hasta ese momento y se distanciaron de López Obrador. Meses después, en marzo de 2022, el Grupos Interdisciplinario de Expertos Internacionales expuso una serie de videos en los que se mostraba información reservada por la Marina hasta ese momento, lo que ayudó a desmontar la llamada «Verdad histórica» presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy sabemos fue una farsa que explicaba la desaparición de los estudiantes con montajes.

Este jueves, a la reunión en Palacio Nacional también asistieron representantes de las organizaciones que han acompañado a las familias, como Serapaz, el Centro de Derechos Tlachinollan, el Centro Pro de Derechos Humanos, representantes de la ONU y de diferentes secretarías como la de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y de la Fiscalía General de la República. 

Siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosas que sean», dijo Encinas sobre la reunión con las madres y padres. El subsecretario aceptó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado en el que concurrieron diferentes actores del Estado, como autoridades locales, estatales y federales junto con la organización delictiva de Guerreros Unidos.

«Las autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes respecto de alterar las pruebas que las autoridades conocían sobre los movimientos de los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural Isidro Burgos hasta el momento de la desaparición».

Según informó el subsecretario, en la desaparición forzada participaron autoridades de todos los niveles, que supieron de los movimientos de los estudiantes desde que estaban preparando la movilización para el 2 de octubre, pues realizaron un seguimiento puntual de los estudiantes, tanto que impidieron la toma de los autobuses en la ciudad de Iguala. Además de que la Sedena infiltró a un elemento en la escuela, Julio César Lopez Patolzin, bajo el mando del teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, quien desapareció junto con los estudiantes sin que se aplicará el protocolo para militares desaparecidos.

Hoy tenemos responsabilidades, es la primera vez que avanzamos en la resolución de crímenes de Estado», dijo el subsecretario. 

Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

La conclusión de que ya no se encontraría con vida a los estudiantes responde a más de 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero desde 2019, además de más de 675 jornadas de trabajo.

También se hizo un análisis de todos los cuerpos encontrados en Guerrero entre septiembre de 2014 y enero de 2020, en el que no se encontró ningún estudiante, como tampoco pasó en ninguna de las búsquedas en vida, y en la revisión de más de 177 bases de datos que inuyen padrones de hospitales, cárceles y dependencias de salud tanto públicas como privadas, como se señala en el informe, que está disponible en este enlace.

Además, a lo largo de estos tres años de trabajo de investigación se han obtenido 115 testimonios de personas involucradas en el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro personas puestas en libertad por haberles forzado a dar un testimonio bajo tortura y de otras 15 personas privadas de la libertad.

En este proceso de recolección de testimonios, el gobierno identificó el asesinato de 26 personas clave para esclarecer el caso, entre ellos 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de ellos, dos de Gente Nueva y siete testigos, activistas, funcionarios y policías. 

El subsecretario Encinas también informó que en febrero el gobierno mexicano tuvo una reunión con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso.

El gobierno de México ha pedido a Israel la extradición de Tomás Zerón, mismo al que le ofreció incluirse al Criterio de Oportunidad, una figura parecida a la de los testigos protegidos para tener acceso a información del caso; sin embargo la propuesta fue rechazada por los abogados de Zerón.

Horas después de la presentación del informe las madres y padres de los normalistas y las organizaciones que les acompañan emitieron un comunicado a la opinión pública. Dijeron que por la «complajidad y dureza» analizarán a profundidad el informe y la opinión técnica del GIEI y fijarán una postura.

Aquí se puede descargar el informe completo:

comisionayotzinapa.segob.gob.mx

“El presente artículo de Pie de Página

Contreras, A. (2022). El gobierno mexicano descarta encontrar a los normalistas de Ayotzinapa con vida. Pie de Página. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de https://piedepagina.mx/el-gobierno-mexicano-descarta-encontrar-a-normalistas-de-ayotzinapa-con-vida/

Niños y niñas llevan sobre sus hombros los desafíos de las violencias: experto

Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO y coordinadora del número LI-2 de la RLEE.

Ibero Prensa | Desinformémonos

—– | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —

Docentes y estudiantes dialogan acerca de ‘¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?’, con motivo de la presentación virtual del número LI-2 de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, dedicado a ese tema.

Sobre los hombros de los niños y niñas se están poniendo los desafíos de las violencias, simbólicas, materiales, económicas, laborales, de género y  de la diversidad sexual, señaló el Dr. Ernesto Treviño, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al participar en el diálogo ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México con motivo de la presentación del número LI-2  de su Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE), dedicado a ese tema.

En su alocución, dijo que el número LI-2 de la RLEE da en el núcleo de uno de los desafíos que permanentemente se tienen en América Latina, el de los distintos tipos de violencias, que se materializan muchas veces en las situaciones educativas, pero que también superan  a las escuelas y al sistema educativo.

Una de las cosas que le llamó la atención en esta publicación fue el caso de las escuelas en Colombia, donde “se ve el camino de la selva como un camino de tristeza, de olvido, porque es el camino por el cual se ve partir a los compañeros, a los amigos, a los padres; y al mismo tiempo representa un gran sacrificio por parte de los niños, de los jóvenes, de las familias, un sacrificio de separación que es violento también”.

Una separación que además es necesaria, porque como algunos de los jóvenes dicen, es para no seguir siendo jornalero, para no tener que reproducir la situación de mis padres, refirió Treviño.

La Dra. Mercedes Ruiz Muñoz, investigadora del Departamento de Educación de la IBERO y editora Académica de la RLEE, subrayó que este número lleva a reflexionar acerca de la educación, la violencia, la paz, la compasión, el juego, la esperanza y, sobre todo, “la posibilidad de construir comunidad para dar acogida a todas y todos en un mundo tan cambiante, tan desafiante y en un contexto de violencia”.

Pero, ¿tiene caso hablar de violencia en la educación?; el Dr. Juan Carlos Silas Casillas, coordinador del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (CEA-MOPE), cree que sí, que tiene mucho sentido, “sobre todo porque la vida cotidiana se ha enfrascado en este fenómeno de la violencia”.

Él, quien considera que habría que empezar a ver a la violencia y a la convivencia como antónimos, comentó que México es un país complejo, lleno de inequidades, asimetrías, tensiones e impunidades, que trastocan la vida de las personas y la relación que se da entre ellas.

Es así que la educación, que promueve aprendizajes significativos, “necesariamente deberá proponer vías para la prevención de la violencia”, e incluso en un entorno como el mexicano podría proponer vías para una gestión de los impactos de la violencia.

Para la Dra. Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la IBERO, hay que identificar cómo se nombra a las distintas opresiones, para poder, en este número de la revista -que ella coordinó-, hablar de cuándo es violencia ocasionada por el narcotráfico, por la cuestión migratoria, por el racismo, cuándo es despojo y cuándo es violencia de género.

“En la medida en que podemos nombrar y visibilizar estos mecanismos, pues también nuestro reto, creo, desde la investigación educativa, es saber cómo investigar, cómo acercarnos a estos contextos que son tan complejos”.

¿Qué sentido tiene hablar de violencia en educación?

Agustín Solano, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que en el artículo Hacer escuela entre silencios. Docentes de telesecundaria en contextos de narcotráfico, que escribió en coautoría con la Mtra. Flor Trujillo Reyes, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, se analiza lo que ocurre en espacios escolares en zonas rurales de Guerrero.

En su trabajo tomaron como referente los testimonios de profesores que laboran en esas instituciones donde coinciden la escolarización y la guerra contra el narcotráfico -desatada desde 2006-. Los entrevistados mencionaron que a lo largo de sus años de servicio el narcotráfico ha estado presente en las zonas rurales, por ello conocen y asumen las condiciones de violencia que circunscriben su trabajo, el silencio -que modela su interacción con los estudiantes- y su posición como educadores ante los diversos acontecimientos que observan.

La escuela y la comunidad forman parte de una violencia sistemática que se reproduce constantemente y que va disminuyendo la voz y la autoridad pedagógica de los docentes al realizar su labor educativa”, subrayó Solano.

Agregó que hablar de la violencia en su artículo tiene que ver con visibilizar los efectos de la guerra contra el narcotráfico en las escuelas y entre miembros de la comunidad educativa, principalmente los docentes. “El sentido que tiene el hablar de la violencia en la educación, para el caso de nuestro artículo, es mostrar cómo da forma a las experiencias educativas. Al mismo tiempo, mostrar cómo los docentes asumen su trabajo de enseñar y no renuncian a seguir haciendo escuela”.

Colombia

La colombiana Yuri Páez, alumna de Doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que vale la pena reflexionar cómo la violencia ha tocado la educación, por ejemplo, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; los 14 mil niños, niñas y jóvenes retenidos por Estados Unidos en la frontera con México en el último año, muchos de ellos viajando solos desde sus países de origen.

Los mil 159 niños, niñas y jóvenes víctimas de minas antipersonas y restos explosivos en Colombia entre 1990 y 2016, muchos de esos restos dejados en inmediaciones de las instituciones educativas; los 160 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo; y los mil 76 docentes que han  sido asesinados, los más de mil 800 desplazados, los 50 desparecidos, los 70 exiliados y los más de seis mil amenazados en Colombia en el periodo de 1985-2016.

En este contexto realizó una investigación en 2018-219 en dos escuelas rurales en Colombia -de lo que habla su artículo-, que tiene como centro la pregunta, cómo hacer escuela en espacios atravesados por conflictos que potencialmente amenazan el trabajo de la institución escolar.

Encontró que la violencia ha estado asociada a la precariedad o la ausencia del Estado. Esto quiere decir que la presencia de actores armados -guerrillas, organizaciones paramilitares y el ejército nacional-, además de los ataques a las infraestructuras, amenazan todo el tiempo el trabajo escolar de maestros, estudiantes y comunidades y, sobre todo, el proceso de paz firmado en 2016.

En ese marco, Yuri Páez recopiló el testimonio de niños, niñas y adolescentes en las zonas de conflicto armado en Colombia, algo, dijo, necesario para pensar la escuela en medio de ese entorno.

El también colombiano Esteban Morales, estudiante de doctorado de la Universidad de British Columbia, añadió que educar sobre paz y violencia se volvió algo indispensable, pues se ve a la educación como una herramienta esencial para transformar y construir culturas, estructuras y prácticas de paz, que lleven a las sociedades a ser mejores.

En este sentido, se deben entender las posibilidades que brinda la educación sobre la paz y la violencia de tres formas: como un proceso de construir paz; como una filosofía, una manera de ver el mundo; y como una pedagogía, una forma de relacionarse en el aula.

Resaltó que lo que ocurre en las comunidades también acontece en las aulas, por lo que hablar de violencia en los salones es una estrategia para procesar colectivamente lo que está pasando, para entender mejor, para generar soluciones entre todos y prepararse para un mejor futuro. Eso, en Colombia, significa hablar de porqué su comunidad ha sido tan golpeada por los impactos armados e intentar hacer algo al respecto. “Preparar a los estudiantes para esto es en sí un valor de la educación para la paz”.

Lo que pasa en el aula, agregó, también tiene consecuencias directas e indirectas en la comunidad, porque el potencial transformador de la educación para la paz no es exclusivo de las aulas, sino que permea a los padres de familia, a los vecinos, a los amigos; porque hablar de paz es siempre una  forma de relacionarse con el otro.

En contraposición, dijo que “no tiene sentido hablar de violencia y paz en la educación” cuando se pretenden imponer definiciones y prácticas de paz que violentan a las comunidades. Por ejemplo, cuando el Estado no busca entender las violencias particulares de las comunidades y cómo a ellas les gustaría vivir la paz, sino que pone sus definiciones de paz y violencia; o cuando el docente y el directivo no buscan entender la realidad de los estudiantes, sino enseñar desde una visión del conflicto que no tiene nada que ver con lo vivido.

Educar para la paz y en las violencias tiene sentido por su potencial de transformar comunidades, hacia dentro del aula y hacia fuera en las comunidades, pero sólo tiene sentido si nos preocupamos por escuchar la realidad de nuestros estudiantes, y no cuando buscamos imponer nuestra paz estática”.

Escuela y acuerdos

Por su parte, la Dra. Cimenna Chao Rebolledo, coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la IBERO, mencionó que: “La escuela es un lugar de encuentros y desencuentros, un lugar para aprender a tomar acuerdos, aprender a convivir y a lidiar con las diversidades que nos distinguen, pero que a su vez nos conforman como sociedad y como comunidad escolar”.

Hablar entonces de violencia en el contexto escolar se debe a que puede suceder que en el desencuentro se genere violencia, ya sea incitada por la violencia heredada del contexto sociocultural, que puede condicionar las formas de pensar y de actuar.

O bien, puede que la violencia surja como un impulso al no poder regular las acciones ante estímulos que despiertan emociones conflictivas intensas, como ira, enojo, cólera, miedo, angustia o desprecio. “En cualquier caso, la escuela es el espacio para educar dichas reacciones, de manera que se puedan transformar en respuestas reflexivas, reguladas y asertivas.

Comentó que en 2019 la prueba PISA arrojo que en México 23% de los estudiantes reportaron haber sufrido bullying al menos una vez en la escuela; resultados que fueron mejores a los del 2014, donde 32% de los estudiantes reportaron lo mismo. Esto indica que las acciones pedagógicas emprendidas desde la escuela para combatir la violencia dan buenos resultados, sobre todo, si se trabaja en pos de la construcción de competencias emocionales que permitan desde el lugar de convivencia e interrelaciones que es la escuela, atender de manera preventiva la violencia.

“La escuela debe asegurar, dentro de su labor educativa, el bienestar integral de su comunidad, enseñando a orientar las emociones de manera productiva, a negociar de manera equitativa, justa y proactiva los conflictos, y llevando el diálogo y el juego…a los espacios de convivencia, como herramienta para la construcción de paz y bienestar”.

Además de las personas citadas, en la presentación del número LI-2  de la RLEE también tomaron parte la Dra. Hilda Patiño Domínguez y la Dra. Ximena González Grandón, directora y académica del Departamento de Educación de la IBERO, respectivamente; la Mtra. Flor Trujillo Reyes, docente de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco; y la Mtra. Alejandra Luna Guzmán, de Gestión Editorial de Revistas Académicas Arbitradas del Departamento de Educación de la Iberoamericana, universidad jesuita de la Ciudad de México.  

Lee aquí el número LI-2  de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (RLEE)

Este material se comparte con autorización de la Ibero

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Ibero Prensa (2021) Niños y niñas llevan sobre sus hombros los desafíos de las violencias: experto. Desinformémonos. Recuperado el 25 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/ninos-y-ninas-llevan-sobre-sus-hombros-los-desafios-de-las-violencias-experto/

Crece el feminicidio 65 por ciento durante los 4 años de la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Guerrero

  • Exigen al gobierno entrante acciones contundentes para parar esta crisis humanitaria: Movimiento Amplio de Mujeres
  • La entidad sureña ocupa el segundo lugar en impunidad frente al feminicidio, 902 mujeres asesinadas y sólo 6 feminicidas en proceso

Libertad López | Sem México

—- | Miércoles 23 de Junio del 2021 | — : —

En Guerrero creció el feminicidio 65 por ciento en los últimos cuatro años, precisamente después de  la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, y  sólo 6 feminicidas han sido juzgados mientras fueron asesinadas 902 mujeres en ese lapso, más de una cada tercer día, ante ello las   autoridades estatales  han sido indiferentes, declaró el Movimiento Amplio de Mujeres de Guerrero.

Por ello exigen al  gobierno entrante,  -que encabeza Evelyn Salgado Pineda- realizar en lo inmediato  acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes.

Contrario a los anuncios, conminan a que los presupuestos asignados se hagan con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio y políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las guerrerenses.

En un comunicado oficial sostienen que Guerrero tiene el segundo lugar en impunidad para el feminicidio, de 93.8 por ciento, sólo superado por el estado de Baja California Sur que tiene el primer lugar con un cien por ciento de impunidad, según la investigación de la asociación civil  Impunidad Cero.

Narra el comunicado que cuando en 2017 se declaró la AVGM fue porque entre 2003 y 2015, en 12 años  habrían sucedido mil 538 asesinatos de mujeres, lo que significó 128 homicidios cada mes. Ahora, según los datos oficiales del Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP  en 4 años se contabilizaron 902 feminicidios, es decir 225 cada mes, o sea  comparados con los acumulados a 2015, el crecimiento sostenido es de  65 por ciento. Ello quiere decir que la AVGM no funcionó.

Los hechos, señala el texto, muestran que en Guerrero no hay justicia para las mujeres y son inoperantes la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia. Que si la alerta no ha impacto la frecuencia de las violencias contra las mujeres, ni ha conseguido alguna disminución, se debe a la indiferencia  y la insensibilidad, con medidas limitadas para la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño.

Describen que no hay un diagnóstico de la situación de las violencias y ninguna investigación científica sobre los tipos y modalidades de las violencias que viven las mujeres guerrerenses.

El comunicado se dio a la publicidad cuando en la entidad está a punto de realizarse un cambio de gobierno; cuando las futuras autoridades que encabeza Evelyn Salgado Pineda, pero que en la práctica controla su papá el senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual, y cuando ese personaje, sustituyendo a la gobernadora electa, anunció la desaparición de órganos descentralizados, entre los que se encuentra el de análisis de víctimas.

Recuerdan que la declaratoria de la AVGM se declaró el 22 de junio de 2017, luego del diagnóstico elaborado por el Observatorio de Violencia Feminicida Hanna Harlet y 12 años después del realizado por la Cámara de Diputados que reveló el tamaño histórico de la violencia contra las mujeres en esa entidad sureña de México, donde anida una de las fuentes más profundas del machismo mexicano.

También destacan que las autoridades judiciales se han negado a analizar los homicidios dolosos contra las mujeres con perspectiva de género y presumiendo feminicidio en las investigaciones, cosa que mandata la ley y en Guerrero no se ha cumplido.

El estado de Guerrero tiene declarada una segunda AVGM por su negativa a atender abortos por violación, como lo establece la Ley. Y en el haber de la entidad las mujeres viven desplazamientos territoriales por la operación del crimen organizado, especialmente en La Montaña y en Tlapa, inerte, sin dinero, ni personal, está una Ciudad de las Mujeres creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que en esta administración federal fue abandonado. Mientras las cifras de la violencia siguen creciendo.

El Congreso incumple

Agrega el comunicado y denuncia que la Cámara de Diputado de Guerrero  no  ha cumplido las medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida, en lo que respecta a las reformas de la ley 553 para una vida libre de violencia de las mujeres en Guerrero.

Diputados y diputadas se han resistido a cumplir con la segunda Alerta de Violencia de Género, vinculada a  los derechos sexuales y reproductivos. Una y otra vez, a pesar de los reclamos, se niega a realizar  la homologación del Código Penal con la NOM-046-SSA-2005, relativa a garantizar la interrupción legal de un embarazo cuando este es producto de una violación.

En los hospitales de Guerrero se niega sistemáticamente ese derecho, especialmente a las niñas, situación que dio origen a una segunda Alerta de Violencia de Genero por agravio comparado.

Detallan que por otra  parte los nueve municipios alertados, Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravos, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec, Chilapa de Álvarez, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Tlapa de Comonfort e Iguala de la Independencia, también presentan rezagos en la implementación de las medidas de la declaratoria de la AVGM.

Denuncia  indiferencia de las y los presidentes municipales, y la falta de coordinación efectiva entre estos con los órganos del gobierno del estado, así como la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos financieros y acciones emprendidas.

Frente a este  contexto las asociaciones civiles, colectivas y mujeres afirman que en la entidad hay una  crisis de derechos humanos de las mujeres, y, como cada año solicitan al gobierno entrante, acciones contundentes que resuelvan la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, asignando presupuestos con perspectiva de género, transparencia de sus ejercicios, revisión y reformas del marco legislativo discriminatorio y políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Libertad López (2021) Crece el feminicidio 65 por ciento durante los 4 años de la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Guerrero. Sem México. Recuperado el 23 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/crece-el-feminicidio-65-por-ciento-durante-los-4-anos-de-la-declaracion-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-guerrero/

Marido influyente en Acapulco, hace acusar y detener a quien sólo se divorció por maltrato

  • Policía sin orden lleva a los separos a Mayra Martínez de 48 años
  • Ella solicita  atención de la Secretaría de la Mujer e imparcialidad de las autoridades de Guerrero

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Martes 8 de Junio del 2021 | — : —

A pesar de que ya denuncio a su ex marido en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar (doloso) del distrito judicial Tabares de Acapulco, Guerrero, Mayra Martínez de 48 años de edad fue sacada de su domicilio el sábado 4 de junio por un policía sin presentar ninguna orden, más que tener el encargo de su jefe, porque es amigo de Daniel Zubillaga Luna, el agresor, y fue llevada a los separos donde le pidieron 800 pesos para dejarla salir.

Después de cerca de 20 años de matrimonio y ser maltratada física, económica y psicológicamente y haber procreado una hija de 19 años y un hijo de 17 años, finalmente Mayra Martínez decide divorciarse, trámite que ella pago y cuya sentencia salió a su favor, pero el ya ex marido se niega a dar la pensión, la indemnización y menos la parte que le toca de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Este lunes mientras estaba en la agencia Tabares de Acapulco, se le acercó un policía y la llamó por su nombre para entregarle la notificación de una denuncia en su contra levantada por Daniel Zubillada Luna con fecha del 15 de mayo, según dijo el policía, y la amenazó que se atuviera a las consecuencias por no haber recibido la notificación.

A Mayra le resulto sospechoso que no le hubieran comentado nada al respecto las autoridades de la agencia de Tabares, por lo que no quiso firmar la notificación.

También supo, por el mismo policía que el saco de su domicilio que su esposo es amigo del Coordinador de la Policía y por eso hizo la diligencia.   

Antes de que el policía la sacara del domicilio, Mayra fue golpeada por su marido, anteriormente, hace cuatro años la golpeo y le provoco fractura en la mandíbula por lo que tuvo que ser hospitalizada, pero a petición de los hijos le otorgo el perdón al marido.

Actualmente se encuentra en un domicilio desconocido en espera que la apoyen en el Instituto de la Mujer en Guerrero para recibir atención psicológica y albergue pues no cuenta con redes de apoyo porque nadie la quiere apoyar por temor a su esposo, por ser un hombre violento y peligroso.

Debido a la denuncia interpuesta por violencia familiar se inició la carpeta de investigación 12030270100947300521 en contra de Daniel Zubillaga Luna.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Marido influyente en Acapulco, hace acusar y detener a quien sólo se divorció por maltrato. Sem México. Recuperado el 8 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/marido-influyente-en-acapulco-hace-acusar-y-detener-a-quien-solo-se-divorcio-por-maltrato/