Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos

Alícia Fàbregas, El Salto, Desinformémonos

26 de agosto de 2022

Foto: Hay personas que esperan durante meses, incluso años, en estos albergues para poder cruzar a Estados Unidos (Alícia Fàbregas)

El pasado 19 de mayo, sobre las 23h, el servicio de emergencias recibía una llamada alertando de que en la colonia Nueva Aurora, al suroeste de la ciudad fronteriza de Tijuana, se estaban oyendo disparos. Había estallado un tiroteo en las calles de tierra que rodean al albergue Ágape, poniendo en peligro a los que descansaban allí dentro. Por eso, algo más pronto sonaba, también, el teléfono del pastor Albert Rivera, pentecostés evangélico, fundador y director de este refugio donde se hospedan alrededor de 600 personas que han tenido que huir de sus países y que ahora esperan para poder cruzar a Estados Unidos.

El pastor cuenta que esa noche uno de los hombres armados llegó corriendo hasta los portones: “Él estaba disparando para atrás y le estaban disparando. Huyendo de las balas se quiso meter a nuestro albergue pero las puertas estaban cerradas”. Una de esas balas se coló en el interior del hospedaje e impactó contra una mujer que no tenía nada que ver con aquel conflicto. “La bala le tocó cerca de la columna. Duró unos días que no podía mover las piernas. No puede mover bien sus manos. No puede mover bien sus hombros”, dice el pastor. La mujer había llegado huyendo de la violencia del crimen organizado en el estado mexicano de Michoacán. Llevaba en este albergue apenas dos semanas, pero huyendo de la violencia se encontró con más violencia. Ahora, ella y su familia están ya en EE UU, pero la mujer continúa en terapia para recuperar la movilidad completa de los hombros y el cuello.

Baja California, donde se encuentra Tijuana, es el segundo estado mexicano con más delitos por cada 100 mil habitantes, según los datos de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país. Y en 2021 Tijuana aparecía cuarta en el ranking de las  ciudades más violentas del mundo que elabora el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Las tres ciudades que la precedían eran también todas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón y Zacatecas.

En enero de 2019, Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México)

Quizás por eso en Ágape no es la primera vez que tienen que protegerse de los disparos. El pastor Albert puede recordar bastantes malas experiencias desde que fundó este albergue a finales de 2017. Sus recuerdos incluyen más impactos de bala, dos secuestros, y la irrupción de hombres armados buscando a esposas de sicarios, para hacerlas pagar por haberles denunciado. Por ese motivo, explica el pastor, a las personas que corren un mayor riesgo las tiene que llevar a otro lugar: “No los puedo tener en el albergue normal con los otros porque si están acá sabemos que los van a buscar y van a poner en peligro a los otros inmigrantes. Se tienen que canalizar a albergues de seguridad. Albergues que nadie conoce, ni las autoridades”. 

Niños y niñas juegan en uno de los albergues de acogida de migrantes. ALÍCIA FÀBREGAS

En hospedajes como el suyo —y muchos otros en la ciudad de Tijuana— hay personas que esperan durante meses, incluso años, para poder cruzar a EE UU. María —un nombre ficticio para proteger su identidad— llegó con su hija de cuatro años hace ya más de diez meses, huyendo del estado de Guerrero, a orillas del Pacífico. En ese estado es donde en 2021 la violencia del crimen organizado provocó más desplazados: 21.800, dice el Índice de Paz México que elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Y eso que, según ese mismo informe, Guerrero es uno de los lugares donde más se ha reducido el nivel de violencia en los últimos siete años. No para María. Allí la habían despojado de su casa y la habían amenazado, pero no esperaba que en la frontera con EE UU las cosas fueran tan lentas. No esperaba la larga espera: “Pensaba que podría pasar rápido”. Pero las gestiones para pedir el derecho de asilo pueden atascarse durante tiempo. “La única persona que me apoyaba era mi abuelita, pero ya falleció…”. Ahora está sola en Tijuana con su hija, sin saber muy bien qué hacer, y hay días que se desespera ella y se desespera su hija: “Llora, que ya se quiere ir. No sabe ni a dónde, pero dice que ya se quiere ir”. 

María estaba en el albergue Ágape la noche del 19 de mayo. Tuvo suerte y la bala perdida no impactó contra su cuerpo, pero la larga espera es inversamente proporcional a la suerte: cuanto más prolongada es la exposición a la violencia, más probabilidades de que te toque. 

Las trabas

Las cosas se complicaban en enero de 2019, cuando Donald Trump, entonces presidente de EEUU, y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ponían en marcha el programa conocido informalmente como ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). Ese programa obligaba a los migrantes que querían cruzar a EE UU a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus solicitudes de asilo en los juzgados estadounidenses. El pasado mes de junio —casi cuatro años después del inicio de esa política migratoria—, la administración del actual presidente Biden obtenía la aprobación de la Corte Suprema de EE UU para rescindir el ‘Remain in Mexico’. 

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS

Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

Aún así, en los últimos años el problema más grave ha sido otro. Lo que está complicando más las cosas para quien huye hacia EE UU es sobre todo el denominado Título 42, que se iniciaba en marzo de 2020, bajo el gobierno del presidente Trump y en pleno estallido de la pandemia. Se trata de una orden de salud pública que tiene el supuesto objetivo de evitar la propagación del covid: evitar que traspase la frontera.

En la práctica, el Título 42 permite a la policía fronteriza de EEUU expulsar de manera inmediata y sin proceso alguno a los que intentan cruzar de forma irregular —excepto si son menores no acompañados— y devolverlos a México si son mexicanos o de Centroamérica. En 2021 esa norma ha hecho posibles cerca de 1,2 millones de expulsiones en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés). Por su parte, el programa ‘Remain in Mexico’ ha facilitado la expulsión de “más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas”, según Human Rights Watch.

“Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado

El Título 42 es, para la doctora Psyche Calderon-Vargas, miembro de Refugee Health Alliance, básicamente una herramienta de discriminación. Lo explicaba a finales de mayo en una rueda de prensa en Tijuana: “EE UU está abierto para millones de personas que tienen visa, y muchas cruzan por la frontera que tenemos detrás de nosotros. Varias lo hacen sin cubrebocas. No existe evidencia científica que respalde que personas no ciudadanas sin visa tengan más posibilidades de transmitir el covid-19”. 

Al pastor Albert esa discriminación le quedaba clara cuando llegaron los migrantes ucranianos huyendo de la guerra con Rusia: “Con ellos no hubo Título 42. Ellos podían pasar exprés”, dice. La doctora de Refugee Health Alliance desarrollaba esa idea un poco más a fondo en la rueda de prensa de Tijuana: “Solo si eres blanco y europeo mereces asilo político [en los EEUU], porque se estuvieron procesando a mil personas diarias procedentes de Ucrania”. Ella misma participó en ese proceso: “Fui testigo de cómo un sistema de asilo político puede ser digno, rápido y humano”.

Albergues todavía más desbordados 

Como consecuencia de esas expulsiones masivas que ha facilitado el Título 42, muchos albergues de las ciudades fronterizas se han saturado todavía más. Aníbal llegó en marzo desde Malacatán, Guatemala. Aníbal se identifica como transgénero y por eso tuvo que huir de su hogar: “Somos muy excluidos de la sociedad. Nos golpean, lastiman y no tenemos quien nos defienda”. De Aníbal intentaron abusar sexualmente y le amenazaron con matarle. Logró escapar y se atrevió a denunciar: “Pero no hubo justicia y yo pues me vine acá. No puedo regresar a mi país”. En Tijuana no ha conseguido sitio en ningún albergue: “Fui a uno pero me dijeron que solo era para mujeres y niños, y luego fui a uno de hombres y por ser así me dijeron que no. Y me mandaron a otro pero estaba muy lleno, estaba colapsado. Encontré a una persona muy buena que me está cobijando, pero necesito que me apoyen para ver mi caso y que me ayuden para poder estar en un lugar seguro”.

Como el suyo hay muchos casos. “En las ciudades fronterizas los gobiernos locales y estatales no se han preocupado por desarrollar una estrategia de atención integral a esta población que se queda atrapada, cuya intención es solicitar asilo en EE UU. A nadie le importa qué les sucede a los migrantes”, decía también en la rueda de prensa de Tijuana Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, una organización que proporciona asesoramiento legal a migrantes y solicitantes de asilo.

Frontera México - 1
Protestas contra el Título 42 en la frontera de México y Estados Unidos. ALÍCIA FÀBREGAS


Esa saturación y la espera prolongada están provocando consecuencias terribles: “Se han documentado miles de violaciones a derechos humanos y parece que nada de eso logra sensibilizar”, denunciaba la subdirectora de Al Otro Lado. Las cifras las aportaba la doctora Calderon-Vargas: “Se han reportado más de 10.000 casos de asesinato, secuestro, violaciones, tortura y otros tipos de ataques violentos a migrantes y solicitantes de asilo expulsados por el Título 42 desde que Biden entró como presidente. Algunos de estos casos los atendemos en nuestra clínica”, explicaba, en referencia a la clínica que tiene Refugee Health Alliance en Tijuana.

Todo eso conducía a la pregunta que se hacía el pastor Albert, sentado en la penumbra de una de las salas de su albergue, después de rememorar el tiroteo de finales de mayo que terminó con una mujer inocente herida: “¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los inmigrantes mientras están en su proceso esperando para entrar a EE UU?”. Y no solo mientras están en ese proceso, en todo su recorrido por México, porque también hay muchas personas estancadas en la frontera sur, en lugares como Tapachula, que linda con la vecina Guatemala, esperando un permiso para poder seguir su camino. Lo que él mismo respondía, o quizás pedía, era, por un lado, asegurar la máxima protección de los albergues que cobijan a la población itinerante, y, por otro, que las autoridades mexicanas faciliten el recorrido de esas personas por México y hagan posible que lleguen sanas y salvas a las ciudades fronterizas: “Si queremos menos asesinatos, menos secuestros, menos trata de personas, hay que darles permiso [a los migrantes] para que vengan hasta acá. Pero para eso se necesita voluntad política”.

“El presente artículo es propiedad de El Salto, recuperado de Desinformémonos

Fàbregas, A. (2022). Diez mil crímenes en un solo título entre México y Estados Unidos. El Salto. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/diez-mil-crimenes-en-un-solo-titulo-entre-mexico-y-estados-unidos/

Enviada de la ONU evaluará situación de desplazados internos en México

La Redacción, La Jornada

25 de agosto de 2022

Familia desplazada por los ataques de paramilitares en Chiapas. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. Para evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia, Cecilia Jimenez-Damary, visitará México del 29 de agosto al 9 de septiembre próximo.

Jimenez-Damary estará en la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y durante su tiempo en el país se reunirá con altos funcionarios de gobierno, ONU y otras organizaciones de derechos humanos, humanitarias y de desarrollo, sociedad civil, personas desplazadas internas y comunidades afectadas por esta situación, informó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En breves declaraciones previas a su visita, la relatora especial destacó que “el desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido”, y se estima que actualmente hay miles de personas en esta condición.

“Esta visita me brinda una oportunidad única y en el momento oportuno para recopilar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos de las y los desplazados internos en el país, y en particular, para colaborar con el gobierno y otras partes interesadas en la prevención, respuesta y soluciones duraderas al desplazamiento interno,” dijo la experta.

Como parte de su trabajo en México, Jimenez-Damary examinará los marcos jurídicos, normativos e institucionales vigentes para proteger los derechos de las personas desplazadas internas, y proyectos de ley relevantes actualmente en revisión.

Presentará sus observaciones preliminares al final de su visita el 9 de septiembre en una conferencia de prensa, que tendrá lugar en el edificio de las Naciones Unidas, en Lomas de Chapultepec, y en junio de 2023 se presentará un informe completo sobre la visita de la relatora especial al Consejo de Derechos Humanos.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

La Redacción. (2022). Enviada de la ONU evaluará situación de desplazados internos en México. La Jornada. Recuperado el 25 de agosto de 2022, de https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/25/sociedad/enviada-de-la-onu-evaluara-situacion-de-desplazados-internos-en-mexico/

Protestan contra CNDH por recurso a favor de deudores alimentarios

Redacción La Jornada

23 de agosto de 2022

Un grupo de feministas tomó de manera simbólica las instalaciones de la CNDH, ubicada en la calle República de Cuba, desde donde partió una marcha a la SCJN para protestar por las madres de los hijos deudores de pensión, en el Centro Histórico capitalino, el 22 de agosto de 2022. Foto Alfredo Domínguez

Colectivos de mujeres protestaron por la mañana frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la acción de inconstitucionalidad 98/2022 que el organismo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para invalidar una reforma legal en la que un deudor alimentario moroso no puede ser candidato a cargo de elección popular en Yucatán.

Colocaron “un tendedero” con imágenes y datos de presuntos deudores alimentarios frente a las instalaciones de la CNDH en la calle República de Cuba y alrededor del mediodía se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar un “amicus curiae” firmado por alrededor de 400 organizaciones, colectivas y activistas en contra de la acción de inconstitucionalidad promovido por la CNDH.

Pidieron que la corte confirme la constitucionalidad de las reformas a las leyes de Instituciones y procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la información y del Código de Administración Pública de Yucatán, en las que se establece que un candidato no debe ser deudor alimentario moroso y debe acreditar estar al corriente de sus pagos.

Organizaciones como Género 33 y el Observatorio Paridad y Violencia Política Morelos se extrañaron de la impugnación que hizo hace unos días la CNDH a esas reformas legales.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Redacción La Jornada. (2022). Protestan contra CNDH por recurso a favor de deudores alimentarios. La Jornada. Recuperado el 24 de agosto de 2022, de https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/22/sociedad/feministas-protestan-contra-cndh-por-recurso-a-favor-de-deudor-alimentario/

Con Fredid Román, suman 15 periodistas asesinados en lo que va del año

Redacción Desinformémonos

23 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. El columnista Fredid Román Román fue asesinado la tarde del lunes en Chilpancingo, Guerrero, por sujetos armados que le dispararon desde una motocicleta. Con su muerte, suman 15 periodistas ultimados en lo que va del año y 59 en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sólo dos horas antes de ser acribillado, Román compartió su columna “La realidad escrita”, en la que abordó las últimas revelaciones sobre el Caso Ayotzinapa bajo el título “Crimen de Estado sin culpar al jefe”.

“¿Si fue Crimen de Estado, por qué en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador exoneró al ex presidente Peña Nieto?”, cuestionó Román en su publicación.

https://www.facebook.com/juanesteban.romanjimenez/posts/4647106168725439

Román también fue director del periódico Expresión Popular, trabajó para el extinto diario Pueblo y fundó el Diario La Realidad.

El asesinato se perpetró a escasos metros de dos de las tres entradas de la 35va. Zona militar, que alberga al 50 Batallón de Infantería.

Hasta la fecha, los periodistas asesinados en lo que va del 2022 son José Luis Gamboa Arena, en Veracruz; Margarito Martínez, en Baja California; Lourdes Maldonado, en Baja California; Roberto Toledo, en Michoacán; Heber López, en Oaxaca; José Luis Camero, en Sonora; Ernesto Islas, en Baja California; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas; Armando Linares, en Michoacán; Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa; y Yesenia Monilledo y Sheila García, en Veracruz; Antonio de la Cruz, en Tamaulipas; Ernesto Méndez, en Guanajuato; Juan Arjón, en Sonora; y Fredid Román, en Guerrero.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Con Fredid Román, suman 15 periodistas asesinados en lo que va del año. Desinformémonos. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-fredid-roman-suman-15-periodistas-asesinados-en-lo-que-va-del-ano/

El gobierno mexicano descarta encontrar a los normalistas de Ayotzinapa con vida

Después de la primera reunión entre el presidente López Obrador con las madres y padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa en casi un año, la comisión presidencial para la verdad y la justicia en el caso informó que se descarta encontrar a los estudiantes con vida y categorizó los hechos como un crimen de Estado 

Arturo Contreras Camero

19 de agosto de 2022

Foto: Rogelio Morales y Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- «Fue una reunión difícil, dolorosa», dijo al inicio de su mensaje a medios el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, después del encuentro entre las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente. La noticia fue devastadora: no hay indicios de que sus hijos estén vivos.

Hace casi un año, en septiembre de 2021, las madres y padres de los familiares reclamaron los pocos avances en la investigación hasta ese momento y se distanciaron de López Obrador. Meses después, en marzo de 2022, el Grupos Interdisciplinario de Expertos Internacionales expuso una serie de videos en los que se mostraba información reservada por la Marina hasta ese momento, lo que ayudó a desmontar la llamada «Verdad histórica» presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy sabemos fue una farsa que explicaba la desaparición de los estudiantes con montajes.

Este jueves, a la reunión en Palacio Nacional también asistieron representantes de las organizaciones que han acompañado a las familias, como Serapaz, el Centro de Derechos Tlachinollan, el Centro Pro de Derechos Humanos, representantes de la ONU y de diferentes secretarías como la de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y de la Fiscalía General de la República. 

Siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosas que sean», dijo Encinas sobre la reunión con las madres y padres. El subsecretario aceptó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado en el que concurrieron diferentes actores del Estado, como autoridades locales, estatales y federales junto con la organización delictiva de Guerreros Unidos.

«Las autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes respecto de alterar las pruebas que las autoridades conocían sobre los movimientos de los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural Isidro Burgos hasta el momento de la desaparición».

Según informó el subsecretario, en la desaparición forzada participaron autoridades de todos los niveles, que supieron de los movimientos de los estudiantes desde que estaban preparando la movilización para el 2 de octubre, pues realizaron un seguimiento puntual de los estudiantes, tanto que impidieron la toma de los autobuses en la ciudad de Iguala. Además de que la Sedena infiltró a un elemento en la escuela, Julio César Lopez Patolzin, bajo el mando del teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, quien desapareció junto con los estudiantes sin que se aplicará el protocolo para militares desaparecidos.

Hoy tenemos responsabilidades, es la primera vez que avanzamos en la resolución de crímenes de Estado», dijo el subsecretario. 

Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

La conclusión de que ya no se encontraría con vida a los estudiantes responde a más de 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero desde 2019, además de más de 675 jornadas de trabajo.

También se hizo un análisis de todos los cuerpos encontrados en Guerrero entre septiembre de 2014 y enero de 2020, en el que no se encontró ningún estudiante, como tampoco pasó en ninguna de las búsquedas en vida, y en la revisión de más de 177 bases de datos que inuyen padrones de hospitales, cárceles y dependencias de salud tanto públicas como privadas, como se señala en el informe, que está disponible en este enlace.

Además, a lo largo de estos tres años de trabajo de investigación se han obtenido 115 testimonios de personas involucradas en el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro personas puestas en libertad por haberles forzado a dar un testimonio bajo tortura y de otras 15 personas privadas de la libertad.

En este proceso de recolección de testimonios, el gobierno identificó el asesinato de 26 personas clave para esclarecer el caso, entre ellos 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de ellos, dos de Gente Nueva y siete testigos, activistas, funcionarios y policías. 

El subsecretario Encinas también informó que en febrero el gobierno mexicano tuvo una reunión con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso.

El gobierno de México ha pedido a Israel la extradición de Tomás Zerón, mismo al que le ofreció incluirse al Criterio de Oportunidad, una figura parecida a la de los testigos protegidos para tener acceso a información del caso; sin embargo la propuesta fue rechazada por los abogados de Zerón.

Horas después de la presentación del informe las madres y padres de los normalistas y las organizaciones que les acompañan emitieron un comunicado a la opinión pública. Dijeron que por la «complajidad y dureza» analizarán a profundidad el informe y la opinión técnica del GIEI y fijarán una postura.

Aquí se puede descargar el informe completo:

comisionayotzinapa.segob.gob.mx

“El presente artículo de Pie de Página

Contreras, A. (2022). El gobierno mexicano descarta encontrar a los normalistas de Ayotzinapa con vida. Pie de Página. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de https://piedepagina.mx/el-gobierno-mexicano-descarta-encontrar-a-normalistas-de-ayotzinapa-con-vida/