By Edith Loyola 
Luego de varios meses de búsqueda ininterrumpida, el pasado 24 de abril de 2025 se logró localizar sin vida a la activista indígena y abogada Sandra Estefana Domínguez Martínez, así como a su esposo, Alexander Hernández Hernández. Ambos habían sido reportados como desaparecidos el 8 de octubre de 2024, un caso que movilizó a múltiples instancias locales y federales.
Según con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), durante un operativo realizado en un inmueble situado en un camino de terracería que une las localidades de La Ceiba y Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, Veracruz, se hallaron dos fosas clandestinas. En dichas fosas fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, cuya identidad fue confirmada a través de rigurosos estudios forenses.
“Las pruebas periciales permitieron confirmar y tener certeza sobre la identidad de las víctimas”, detalló la FGEO en un comunicado oficial.
Desde la denuncia de su desaparición, las labores de búsqueda se extendieron a diversas zonas de Oaxaca y Veracruz. En un primer avance, las autoridades localizaron la camioneta de las víctimas en Playa Vicente, Veracruz. Posteriormente, el 17 de octubre de 2024, se logró asegurar el teléfono celular de Sandra en la comunidad de El Nigromante, lo cual fortaleció las labores de investigación en regiones circundantes.
Como resultado de estos hallazgos, se intensificaron los operativos en propiedades estratégicas. Uno de los despliegues más relevantes ocurrió el 29 de enero de 2025 en el rancho “El Capricho”, ubicado junto a la carretera federal 147, en Nazareno Sochiapan. Durante esta acción, los agentes fueron atacados, desencadenando un enfrentamiento que derivó en la muerte de A.G.T., presunto implicado en la desaparición, junto con dos de sus acompañantes y un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“En el sitio aseguramos armas de alto poder, entre ellas rifles AR-15 y AK-47”, indicaron las autoridades tras el operativo.
Posteriormente, a raíz de la información obtenida en dicho enfrentamiento, las autoridades pudieron delimitar los polígonos de búsqueda que, finalmente, condujeron a la ubicación de las fosas clandestinas.
En operativo, localizan cuerpos de activista Sandra Domínguez y Alexander Hernández: Fiscalía de Oaxaca
— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) April 28, 2025
* Se realizó un operativo en diferentes sitios del estado de Veracruz, donde encontraron a las víctimas, reportadas como desaparecidas el 8 de octubre de 2024
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En cuanto a los responsables, las investigaciones en curso apuntan a la participación de células criminales que operan en el estado de Veracruz. De momento, una mujer identificada como C.E.R.M. ha sido vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, relacionada con los hechos.
Al respecto, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo en conferencia de prensa que no existe una relación directa entre la desaparición y las actividades de defensa de derechos humanos realizadas por Sandra, sino que el crimen se vincularía a conflictos entre grupos delictivos.
“Todo indica que el crimen se relaciona con actividades criminales en la región, y no con el activismo de Sandra Domínguez”, afirmó el fiscal.
No obstante, los trabajos de investigación continúan para determinar si hay más personas involucradas, con el objetivo de garantizar justicia plena para las víctimas y sus familias.
Un legado de lucha inquebrantable
Por otra parte, es importante destacar que Sandra Domínguez, de 38 años, dejó un legado invaluable en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Desde su juventud, su firme compromiso con la justicia la llevó a denunciar la violencia de género y la impunidad en su comunidad.
Entre sus acciones más significativas se encuentran las denuncias de los chats “Sierra XXX” y “Mega Peda”, en los cuales varios funcionarios compartían imágenes íntimas de mujeres mixes. Pese a recibir amenazas constantes, Sandra jamás claudicó en su lucha.
“Sandra será recordada como una defensora incansable que abrazó la defensa de su pueblo y evidenció la violencia de género”, manifestaron sus hermanas, Kenia y Kisha Domínguez, durante una conferencia de prensa.
Críticas a la actuación institucional
En relación con la respuesta de las autoridades, la familia de Sandra y diversas organizaciones denunciaron deficiencias en la actuación de la Fiscalía. Señalaron que, a pesar de las múltiples solicitudes de medidas de protección realizadas por la activista, estas se otorgaron de manera esporádica y sin continuidad.
Asimismo, los familiares criticaron que en varias ocasiones se enteraron de avances en la investigación a través de los medios de comunicación, y no de manera directa por las autoridades correspondientes.
“Exigimos una investigación exhaustiva y que no se criminalice a las víctimas”, exigieron durante su comparecencia pública.
Finalmente, colectivos como Amnistía Internacional, la ONU y la CNDH reiteraron su llamado urgente a que el Estado mexicano garantice protección efectiva para las personas defensoras de derechos humanos, y que se investigue a fondo este crimen para evitar la impunidad.