By Edith Loyola 
Amnistía Internacional México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), manifestaron su gran preocupación tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que permite la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según lo informado por ambas organizaciones, este movimiento representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y un avance hacia la militarización de la seguridad pública en el país.
En una entrevista concedida a Claudio Ochoa en Latinus Diario, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional en México, destacó que en los últimos 18 años, México se ha convertido en “un país muchísimo más peligroso, muchísimo más inseguro”.
A su vez, atribuyó este deterioro al aumento de los crímenes cometidos por integrantes del Ejército mexicano. La cual es una tendencia que de acuerdo con Olivares Ferreto, empeoró con la creciente militarización de la seguridad pública.
“Veamos lo que ha producido la militarización de la seguridad pública y veamos también lo que ha sido el aumento en desapariciones de personas, asesinatos y desapariciones de periodistas, el número de homicidios, de feminicidios, de (violaciones) a los derechos humanos que cometen elementos militares”, subrayó la directora, refiriéndose a las graves consecuencias de las políticas de seguridad adoptadas en los últimos años.
Además, Olivares Ferreto destacó el debilitamiento de las policías locales: “Hemos vivido un proceso de 18 años de debilitamiento de las policías municipales y estatales”. Según ella, la población mexicana, especialmente en los estados más afectados por la violencia, se encuentra “prácticamente eligiendo entre la violencia del crimen organizado o la violencia de las Fuerzas Armadas”.
Al respecto, la directora también recordó que, de las 14 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, casi la mitad implican a elementos del Ejército en violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada y torturas. Este dato refuerza la preocupación de Amnistía Internacional sobre el rol de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Por su parte, el Centro Prodh reafirmó su rechazo a la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, calificando esta decisión como “un camino sin retorno hacia la militarización”. Asimismo, lamentó la modificación del artículo 129 de la Constitución, que hasta ahora había limitado las funciones militares en tiempos de paz.
Cabe mencionar que la iniciativa consiste en que el país contará con una Guardia Nacional de carácter permanente, compuesta por personal militar con formación policial. Misma que estará adscrita a la Sedena y se encargará de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.