By Edith Loyola 
La reciente investigación periodística #TelevisaLeaks, realizada por Aristegui Noticias, sacó a la luz una compleja operación de comunicación que involucra a Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los documentos filtrados revelan una presunta estrategia de promoción personal orquestada con el apoyo de Televisa y financiada en parte con recursos públicos.
El ascenso de Zaldívar: impulsado por redes clandestinas
De acuerdo con la investigación, en 2018, en medio de su lucha por la presidencia de la Corte, Zaldívar habría sido favorecido por el equipo secreto de comunicación institucional de Televisa conocido como “Palomar”. Esta estructura utilizaba bots, páginas falsas y campañas digitales para proteger su imagen y atacar a ministros que se perfilaban como rivales en el máximo tribunal.
Particularmente, se señala que dos ministros, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fueron blanco de ataques coordinados en redes sociales, justo en el periodo en que Zaldívar buscaba consolidar su liderazgo en la SCJN.
Como parte de esta estrategia, también se habría promovido un crecimiento artificial de los seguidores de Zaldívar en sus plataformas digitales y amplificado sus mensajes clave a través de cuentas vinculadas a la empresa Metrics.
Contratos millonarios y objetivos cuestionados
En paralelo a estas acciones, se firmaron dos contratos entre la SCJN y Metrics to Index por un valor acumulado de 61 millones de pesos. El registro indica que estos contratos tenían como objeto el “monitoreo de redes sociales y análisis de comunicación institucional”. Sin embargo, los documentos obtenidos por Aristegui Noticias indican que dichos servicios habrían sido utilizados para beneficiar directamente a la imagen del entonces ministro.
Ante estos señalamientos, Arturo Zaldívar emitió una carta de réplica donde negó cualquier uso indebido de los servicios contratados:
“Niego categóricamente que estos servicios hayan sido utilizados para beneficiarme, fortalecer mi imagen o para realizar campañas de desprestigio contra otras personas o instituciones”.
Asimismo, defendió la legalidad de los convenios, asegurando que:
“El referido contrato es público, está debidamente documentado y fue auditado tanto por el Órgano Interno de Control de la Corte como por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de un contrato multianual que cumplió con los procesos, requerimientos y objetivos establecidos en la normativa aplicable”.
La serie “Caníbal” y los derechos extraviados
Otra pieza central en el entramado revelado es la serie documental “Caníbal: indignación total”, que fue promovida intensamente en 2022. El material se transmitió a través de Canal 22, JusticiaTV y El Canal de las Estrellas.
Te podría interesar: TelevisaLeaks: ¿Fábrica de Mentiras, Manipulación y Guerra Sucia?
Según la investigación, la SCJN pagó 14.5 millones de pesos por la producción, que estuvo a cargo de la empresa Camila Producciones, fundada por Javier Tejado Dondé, ex vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa. A pesar de que la serie fue financiada con recursos públicos, los derechos de transmisión no pertenecen al Poder Judicial, por lo que actualmente no puede ser difundida oficialmente.
Al respecto, una solicitud de información pública señaló:
“El autor del documental en comento es una persona física; en ese sentido, no se cuenta con su autorización para difundirla”.
Esta situación ha generado críticas por el uso de dinero público para un proyecto cuyo control final quedó en manos privadas, limitando el acceso ciudadano a un material que inicialmente buscaba sensibilizar sobre la violencia de género.
Durante la difusión del documental, la red de cuentas ligada a Televisa-Metrics amplificó frases y columnas escritas por el propio Zaldívar, como la publicada en Milenio, en la que enfatizaba:
“Se hace indispensable mover conciencias, sacudir comunidades, con el mensaje de que la violencia contra las mujeres no es normal. Que la violencia feminicida existe y que todos tenemos un rol para erradicarla”.
Esta frase, entre otras, fue utilizada en infografías patrocinadas en redes sociales a través de campañas de pauta pagada.
La estrategia digital detrás de la promoción
Entre el 20 y el 23 de mayo de 2022, la página Monitor Nacional, asociada a Metrics, pautó contenido promocionando el documental y los mensajes de Zaldívar, logrando hasta 340,000 impresiones en Facebook. Esta estrategia coincidió con el estreno de Caníbal, lo que sugiere un esfuerzo coordinado para maximizar la visibilidad del entonces ministro en un tema socialmente sensible.
Como resultado de esta operación, no solo se reforzó la imagen de Zaldívar como un defensor de los derechos humanos, sino que también se creó una narrativa que lo alejaba de los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines de autopromoción.
En ejercicio de mi derecho de réplica, ante las referencias falsas y dolosas que, sobre mi persona, difundió @AristeguiOnline el día de ayer y que se retomaron y ampliaron en su programa de hoy por la mañana, las cuales fueron reiteradas, sin ninguna ética, por el periódico… pic.twitter.com/wKl6eh66QF
— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) April 28, 2025
Negaciones, defensas y el debate pendiente
Tras la publicación de #TelevisaLeaks, Zaldívar insistió en su defensa, destacando que los contratos firmados tenían objetivos institucionales claros y que la serie Caníbal fue concebida bajo un esquema de coproducción para “promover la igualdad sustantiva de género y disminuir los índices de violencia contra las mujeres”.
En palabras del propio exministro:
“Con este trabajo documental y periodístico, la Corte da continuidad a una tradición histórica (que se remonta a los murales de José Clemente Orozco y Rafael Cauduro) de patrocinar obras que cimbren las conciencias para denunciar las injusticias sociales”.
No obstante, las evidencias reveladas y el hecho de que el material financiado con dinero público no pueda ser libremente consultado por la ciudadanía abren un debate sobre la gestión de recursos, la transparencia en los contratos institucionales y la delgada línea entre la comunicación pública y la propaganda personalizada.