By Edith Loyola 
En los primeros seis meses de 2024, al menos 65 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, reveló un informe publicado por la ONG Somos Defensores. Este análisis destaca un cambio en la dinámica de las agresiones, con una disminución aparente en los hechos violentos confirmados en comparación con el mismo periodo de 2023.
De acuerdo con el informe titulado Telegrama, esta reducción podría explicarse por dos factores: por un lado, el control territorial más consolidado por parte de grupos armados, que ha sustituido la violencia directa por el control social; por otro, el silenciamiento de la población en áreas con alta presencia de actores armados, lo que podría derivar en un subregistro de agresiones.
“La guerra sigue presente e, incluso, mucho más fortalecida en casi todos los departamentos del país. Hay un claro deterioro en la situación humanitaria; se identifica un fortalecimiento de los grupos armados ilegales”, advierte el documento, que busca ser una carta urgente al Gobierno.
Los números detrás de la tragedia
Las cifras reveladas por distintas organizaciones reflejan la magnitud del problema. Mientras Somos Defensores reporta 65 asesinatos, el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz contabilizó 97, y la Defensoría del Pueblo registró 166 entre enero y agosto de este año.
“Detrás de lo que parecen ser números realmente se encuentran vidas, muchas de ellas que ya no están porque la violencia se las arrebató a sus procesos, familias y comunidades”, subraya el informe. Además, alerta sobre el alto riesgo que enfrentan otras personas debido al fortalecimiento de los grupos armados y la falta de estrategias estatales para garantizar su seguridad.
Uno de los casos más emblemáticos de este periodo es el asesinato de Carmelina Yule, líder indígena que perdió la vida en marzo mientras buscaba a un menor reclutado por la disidencia Dagoberto Ramos de las FARC, en el Cauca.
Una violencia que afecta a los más vulnerables
El informe también destaca el aumento en el reclutamiento forzado de menores, que alcanzó 159 casos en el primer semestre de 2024, según la Defensoría del Pueblo. Más de la mitad de estos casos involucran a niños y niñas de comunidades indígenas.
Asimismo, las cifras de confinamientos aumentaron un 101%, con cerca de 32.000 víctimas en los primeros cinco meses del año. Este fenómeno evidencia el control que los grupos armados ejercen sobre comunidades enteras.
Mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a estar en negociaciones de paz desde 2022, ha incrementado su presencia territorial, pasando de 149 a 232 municipios entre 2016 y 2024. “El fortalecimiento de este grupo es innegable, con un crecimiento constante desde 2020”, advierte Somos Defensores.
¿Camino a la paz?
Respecto a la seguridad nacional, se informó que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene abiertos nueve procesos de paz con grupos armados, aunque solo cinco de ellos están activos. Sin embargo, los avances parecen contradictorios frente al continuo aumento de la violencia.
“A poco menos de dos años de que termine el gobierno, la sociedad civil tiene grandes expectativas sobre el destino de los procesos de paz”, concluye el informe. No obstante, para la ONG es paradójico que estos grupos hablen de voluntad de paz mientras expanden su influencia territorial y agreden a la población civil.