El Gobierno aprueba un conjunto de medidas urgentes para luchar contra la violencia machista

El Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género ha sido ratificado en el Consejo de Ministros y Ministras

Carlota García Sánchez/ Gloria López | Sem México

AmecoPress. Madrid | — Julio del 2021 | — : —

Los datos de violencia machista han empeorado considerablemente en los últimos meses –como se preveía tras la salida del confinamiento- y es que solo en mayo han sido asesinadas 7 mujeres y una menor a causa de esta violencia y en lo que va de año el número asciende a 28. Ante alarmantes cifras, el ministerio de Igualdad ha puesto en marcha el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, que el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este martes.

Este conjunto de medidas es fruto del trabajo conjunto y acuerdo entre el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 para avanzar hacia la erradicación de las violencias estructurales contra las mujeres con la implicación del conjunto de la sociedad de forma directa.

En este sentido, se proponen un conjunto de medidas encaminadas a la sensibilización de la sociedad, del entorno de las víctimas de violencia machista, detectar de forma temprana la violencia en servicios públicos de proximidad, apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia, proteger a los niños y las niñas frente a la violencia y reforzar la protección y la seguridad de las víctimas en riesgo, con y sin denuncia.

Este conjunto de medidas no viene a suplir lo previsto en el Pacto de Estado contra la violencia de género, ni en las políticas derivadas de leyes y estrategias que ya fueron aprobadas anteriormente. Así lo han aclarado representantes del Ministerio de Igualdad en una reunión con asociaciones de mujeres que han contribuido a la primera fase del diagnóstico que ha dado lugar a este plan, un proceso que no acaba con este paquete de propuestas, sino que seguirá ampliando e incluyendo a otros Ministerios esenciales, como es el de Educación.

Una de las novedades es la implantación de una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales de Base y en colaboración con las administraciones públicas competentes, que incluye las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, según los estándares de accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación, para centralizar la intervención y el acompañamiento social y garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia de género, según ha informado el Ministerio de Igualdad. Esta ventanilla focalizará la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas para informar sobre sus derechos y acompañar en el procedimiento: pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas, duelos.

Detección temprana

En muchos casos una detección temprana puede llegar a salvar muchas vidas o, incluso, librar a la mujer de los continuos maltratos, por eso, el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género contempla la elaboración de un instrumento validado estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria, objeto de una implantación progresiva en todo el Estado.

El hecho de que desde el Centro de Salud tengan la formación suficiente para saber detectar una posible violencia machista ayudará a las mujeres que estén o hayan sufrido cualquier tipo de violencia. Se proporcionará formación también para conocer los indicadores de sospecha, así como la valoración del riesgo.

Con respecto a la formación, una de las graves deficiencias del sistema, se especifica una acción formativa conjunta por los Ministerios de Interior e Igualdad, “masiva y multidisciplinar”, que tenga las características de curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todas y todos los agentes de los cuerpos policiales que tengan contacto con víctimas de violencia de género, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana.

También se ofrecerá formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de atención primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud mental y Toco-Ginecología), además de la red de centros de Servicios Sociales, del ámbito educativo y de la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero.

Es decir, la formación no alcanzará solo a los órganos especializados, unidades policiales y juzgados de violencia contra la mujer, sino que abarcará a todos los agentes y sectores implicados.

Protección de las víctimas

El ministerio de Igualdad ha considerado esencial acabar con la violencia vicaria y proteger a los y las menores como víctimas directas de la violencia de género. Se elaborará el primer Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, dirigido a reforzar la protección y la seguridad de las víctimas.

Entre otras cuestiones, se elaborará también una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para promover y asegurar la máxima difusión del Protocolo Cero: herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados, no condicionados a la interposición de denuncia previa. Y, por otra parte, se introducirá en todos los sistemas de gestión procesal utilizados por la Administración de Justicia la comunicación automatizada de las órdenes de protección y las resoluciones judiciales que las modifiquen a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

Se impulsará también la entrada en el sistema VIOGEN de los Servicios Sociales de Base y de los Servicios de Atención especializada, autonómicos y municipales, con el fin de proporcionar una información cercana y actual sobre de la víctima y el entorno fundamental para la eficacia de la valoración y actualización del riesgo.

Se contempla también la mejora del Servicio ATENPRO, ampliando las posibilidades actuales de alta sin denuncia en el servicio y dando difusión al mismo entre los diversos agentes sociales como servicios de atención a víctimas de violencia de género, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la policía judicial, los juzgados, los centros de atención primaria, hospitales, las oficinas de atención a las víctimas, recursos especializados, ONGs o asociaciones de mujeres.

El plan de medidas urgentes también incide en la promoción de los programas de rehabilitación de los condenados por violencia de género, “en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados”.

Concienciación

Se desarrollarán campañas de concienciación a lo largo de todo el año dirigidas a las víctimas de violencias machistas y al resto de la sociedad. La clave está en que la difusión de estas campañas orienten, informen e interpelen a la población.

El Gobierno, según la nota de prensa del Ministerio de Igualdad, también promoverá acuerdos de colaboración con las grandes proveedoras de servicios en línea para prevenir y actuar frente a los perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Además, impulsa “el adecuado tratamiento de las noticias y de la información sobre violencia de género que se ofrece por los distintos medios de comunicación” y pretende evitar que la publicidad ofrezca una imagen “cosificadora de la mujer”.

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Carlota García Sánchez/ Gloria López (2021) El Gobierno aprueba un conjunto de medidas urgentes para luchar contra la violencia machista. Sem México. Recuperado el 28 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/el-gobierno-aprueba-un-conjunto-de-medidas-urgentes-para-luchar-contra-la-violencia-machista/

Feminicida serial de Atizapán de Zaragoza es vinculado a proceso

Andrés Filomeno fue detenido el fin se semana pasado en su domicilio, sitio en donde se encontraron restos óseos de más víctimas

Diego Rodriguez | Publimetro

—– | Jueves 20 de Mayo del 2021 | — : —

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México informó que Andrés Filomeno, quien presuntamente cometió varios feminicidios dentro su domicilio en Atizapán, de Zaragoza, fue vinculado a proceso al ser acusado del homicidio de una mujer de 34 años el fin de semana pasado, hecho por el que lo detuvieron y se pudo describir su red de crímenes.

Este jueves se realizó la primera audiencia de Andrés en los juzgados ubicados frente al penal San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México; sin embargo, el hombre de 72 años se reservó su derecho a declarar.

Durante el miércoles continuaron las diligencias en su vivienda, ubicada la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel, los elementos de diversas corporaciones realizaron una excavación en una de las habitaciones.

“Esta excavación tiene por objeto la búsqueda de restos óseos y otros indicios relacionados con la investigación en contra de Andrés ‘N’, a quien se le imputa feminicidio de una mujer de 34 años, delito por el cual fue ejecutada una orden de aprehensión”, explicó la FGJ.

Pese a todas estas labores, aún no ha sido posible determinar el número de víctimas a lo que corresponden el número de elementos óseos que se encontraron, pues deben ser analizados e incluso realizarles pruebas de ADN.

Fue el pasado fin de semana cuando las autoridades detuvieron al hombre tras seguir la pista de Reyna González, al ingresar a la vivienda localizaron el cuerpo desmembrado envuelto en plásticos, ya que pretendía deshacerse del cadáver.

“Durante esta diligencia fueron encontrados en un sótano los restos de la víctima, quien se ha podido establecer de manera preliminar fue privada de la vida y desmembrada en ese sitio. Aunado a ello y derivado de las labores de campo realizadas, también fue posible la localización de restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de otros indicios como libretas con varios nombres, casetes de video y maquillaje”, informó la Fiscalía el martes pasado.

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Diego Rodriguez (2021) Feminicida serial de Atizapán de Zaragoza es vinculado a proceso. Publimetro. Recuperado el 20 de Mayo del 2021 en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/05/20/feminicida-serial-de-atizapan-de-zaragoza-es-vinculado-a-proceso.html

Aumentan a 200 los palestinos muertos en Gaza, entre ellos 59 menores

Palestina Libre, recuperado de Desinformémonos

17 de mayo de 2021

Los palestinos muertos en Gaza tras una semana de ataques israelíes, ascendieron este lunes a 200, entre ellos 59 menores, informó el Ministerio de Sanidad del Gaza.

Pese a los intensos bombardeos sobre la franja de esta madrugada, el Ministerio solo informó, de momento, de una víctima mortal más que la pasada noche, además de los 1.305 palestinos que fueron heridos desde el lunes por el intercambio de fuego. Testigos en la franja aseguraron que la aviación israelí llevó a cabo más de un centenar de ataques a lo largo de todo el enclave, hogar de más de dos millones de palestinos, que causaron fuertes explosiones y un pánico generalizado durante toda la madrugada.

La aviación también atacó carreteras y calles principales y destruyó viviendas e infraestructuras, la mayoría de las cuales se concentraban en la ciudad de Gaza, el norte y el sur del enclave. Las ambulancias y la defensa civil enfrentaron grandes dificultades de acceso y de movimiento para atender a los heridos.

Fuente: www.elperiodicodearagon y agencias

Publicado originalmente en Palestina Libre

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Palestina Libre. (2021). Aumentan a 200 los palestinos muertos en Gaza, entre ellos 59 menores. Desinformémonos. Recuperado el 17 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/aumentan-a-200-los-palestinos-muertos-en-gaza-entre-ellos-59-menores/

Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 13 de mayo de 2021

FOTOCIMAC: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Ciudad de México.- Organizaciones internacionales y nacionales a favor de los Derechos Humanos exigieron que se investigue la desaparición de la defensora de Derechos Humanos Grisell Pérez Rivera, ocurrida en Tlalmanalco, Estado de México.

Grisell Pérez Rivera desapareció el pasado 26 de marzo de 2021. La última ubicación identificada por sus familiares fue el domicilio del refugio del que es fundadora y directora, “La Cabaña de la Sabiduría”, ubicada en una zona boscosa del municipio de Tlalmanalco, Estado de México. 

De acuerdo con información dada a conocer por la Red Nacional de Defensoras de DH, pese a que sus familiares reportaron la desaparición el mismo 26 de marzo, la Cédula Odisea de personas desaparecidas para el Estado de México no hizo difusión de la misma hasta el 13 de abril.

Grisell era abogada y brinda asesoría, acompañamiento y refugio a víctimas de violaciones de DH en la búsqueda de justicia, así como a madres de víctimas de feminicidio del Estado de México y familiares de mujeres y niñas desaparecidas. 

De acuerdo con lo que dijo a Cimacnoticias Concepción Esperanza Rivera Guerrero, madre de Grisell, entre las actividades políticas que recientemente había llevado su hija fue visitar a personas en situación de calle, participar en un foro en el Senado de la República y se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escuchara a las madres de víctimas de feminicidio.

Rivera Guerrero también relató que el Ministerio Público de Amecameca, en Edomex, fue muy omiso al momento al inicio de las investigaciones, toda vez que cuando fueron a buscar a Grisell en su refugio, encontraron sus pertenencias enterradas y luego ya no las volvieron a ver. La carpeta de investigación fue transferida a un Ministerio Público en Chimalhuacán, detalló. 

“Mi hija me invitaba a los foros y ahora soy una más de las madres con una hija desaparecida. Esto no puede seguir, cada día somos más. ¿Hasta dónde?”, cuestionó la madre.  

En un comunicado emitido este 13 de mayo, la ONU-DH condenó la desaparición de Grisell, así como de la también defensora de Derechos Humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, reportada como desaparecida en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 26 de marzo y quien, de acuerdo con información difundida por López Obrador en su mañanera del pasado 11 de mayo, fue asesinada presuntamente por orden de la alcaldesa morenista, Lizbeth Victoria Huerta.

De acuerdo con ONU DH, en los últimos años, Uruchurtu Cruz había denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. Fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochixtlán, donde se llevaba a cabo una protesta contra la actuación de la policía municipal que habría golpeado a una persona. En días recientes, las autoridades han anunciado la detención de algunas personas que estarían relacionadas con la desaparición.

La ONU-DH también llamó a las autoridades a realizar una investigación urgente e integral de los hechos y a lograr la búsqueda y localización de las dos defensoras.

“En México, las defensoras de Derechos Humanos enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos ciertos servidores públicos, y ésta se ve agravada por la discriminación estructural por motivos de género. Es esencial que la búsqueda de las dos defensoras y la investigación de su desaparición incorpore la perspectiva de género”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.

“La impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras de Derechos Humanos es una de las causas que más agravan la vulnerabilidad que enfrentan en México. Una investigación efectiva y de acuerdo a los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia por estos hechos, es el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados”, añadió Fernández-Maldonado.

Por esto, la ONU-DH llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar una búsqueda pronta y efectiva de las dos defensoras conforme a los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y a los demás estándares relevantes en la materia, incluido el principio de búsqueda en vida y el uso de todos los recursos disponibles para la búsqueda.

La ONU-DH alentó a que las acciones que adelanten las autoridades sean parte de una investigación pronta y exhaustiva de ambas desapariciones, que comprenda todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de las desapariciones con las actividades de defensa de los Derechos Humanos realizada por ambas defensoras, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la investigación. 

También llamó a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para las familias de ambas defensoras, así como para las personas y organizaciones que las acompañan en la exigencia de verdad y de justicia.

En su informe “Situación de las personas defensoras de Derechos Humanos en México 2019-2020”, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT) reveló que durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de DH, entre ellas , 9 mujeres. Del total de defensoras asesinadas, 15 defendían derechos económicos, sociales y culturales, y 11 vivía en Chiapas.

21/AJSE/LGL

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Soto Espinosa, A. J. (2021). Condena ONU DH desaparición de defensoras en Edomex y Oaxaca, exige investigación. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/condena-onu-dh-desaparicion-de-defensoras-en-edomex-y-oaxaca-exige-investigacion

Desde 2017, vecinos advertían sobre fallas en estructura de Línea 12 del Metro

ContraRéplica

04 de mayo de 2021, 09:12

Desde 2017, vecinos advertían sobre fallas en estructura de Línea 12 del Metro
Imagen: Especial

Desde septiembre del 2017, tras el sismo de magnitud 7.1 que azotó la Ciudad de México, vecinos de Tláhuac que viven junto a la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y usuarios, reportaron la presencia de grietas considerables en las instalaciones de la estación Olivos.

“Ya está todo cuarteado, después del terremoto muchas casas tuvimos afectaciones y también ya estaban pasando camiones de volteo, que pesan toneladas y por eso decidimos cerrar”, advertían entonces en entrevista con El Universal.

En la Línea 12 se detectaba una falla estructural en una columna ubicada en el tramo Nopalera-Olivos, lo que debilitaba su funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad.

Ante estas fallas, en aquella fecha fue preciso cerrar seis estaciones: Tezonco, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco, Tláhuac y, justamente, Olivos. Los trabajos de apuntalamiento y rehabilitación se hicieron desde el 25 de septiembre de 2017.

Ante la inconformidad sobre dicho mantenimiento, en 2018, vecinos bloquearon la vialidad entre la estación Olivos y Nopalera, manifestando que se le diera seguimiento a las quejas que habían hecho por los daños a la infraestructura del Metro.

El lunes por la noche se desplomó un puente de la vía elevada de la Línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, sobre el que circulaba un tren con varios vagones.

Al corte de las 5:30 horas de este martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el incidente suma hasta el momento 23 muertos y 79 personas hospitalizadas.

Imagen: Especial

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ContraRéplica. (2021). Desde 2017, vecinos advertían sobre fallas en estructura de Línea 12 del Metro. ContraRéplica. Recuperado el 04 de mayo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Desde-2017-vecinos-advertian-sobre-fallas-en-estructura-de-Linea-12-del-Metro-2021455

A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco

Anayeli García Martínez | CIMAC Noticias

Lunes 3 de mayo de 2021

Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh
Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh

Ciudad de México.- Han pasado 24 meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura sexual cometida por policías en contra de 11 mujeres, sin embargo, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con las medidas de reparación, entre ellas, la investigación y sanción de los responsables. 

Si hace 15 años, cuando las mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el gobierno estatal a cargo de Enrique Peña Nieto les ofreció una aspirina para ayudarlas a apaciguar los golpes y la violencia, ahora la administración de López Obrador hace lo mismo porque sólo en una ocasión trató de calmar la exigencia de justicia asegurando que cumpliría la sentencia. Dos años después no ha hecho nada para acatarla.

En conferencia de prensa, a propósito del 15 aniversario de este caso, cuatro de las 11 sobrevivientes: Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que no existe avances en la investigación penal y no hay ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.

Además, mencionaron que no se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015 y coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres y no se ha instalado un observatorio sobre el uso de la fuerza, como se recomendó en la sentencia de la Corte IDH.

Barbara Italia Méndez Moreno | Cortesía Centro Prodh

En abril de 2019 el Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición. 

En esta ocasión Bárbara Italia Méndez Moreno dijo: “El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles. Tenemos las peores noticias. Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido”.

Investigación e impunidad 

A 15 años de los hechos Italia Méndez envió un mensaje al gobierno federal: “Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna”.

Respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, la abogada y co-coordinadora del área de Defensa Integral, Melissa Zamora Vieyra, dijo que no hay avances. “No existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, del fuero local ni del fuero federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Estamos ante un Estado que ha incumplido con la sentencia de la Corte Interamericana”. 

En un recuento de lo sucedido, la abogada explicó que la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha enviado a la federación la investigación que mantiene abierta contra policías estatales, en concreto a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, es decir, incluyendo a los probables responsables de los tres niveles de gobierno. 

Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la Fiscalía estatal, cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia, se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.

Edith Rosales Gutiérrez | Cortesía Centro Prodh

Mecanismo de seguimiento de casos de tortura

Por otra parte, en septiembre de 2015 el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, para revisar casos de tortura sexual, pero desde entonces sólo emitió tres dictámenes, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. En contraste, el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito. El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2020.

La colaboradora del área Internacional del Centro Prodh, Sofía de Robina, expuso que el gobierno les informó que este Mecanismo se formalizaría por medio de un decreto, después les dijeron que sería por medio de lineamientos y ahora les informaron que buscarán otro camino. El fortalecimiento de este Mecanismo se detuvo en octubre de 2019. 

A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que, dijo, las organizaciones continúan documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.

Edith Rosales Gutiérrez declaró que el presidente de la República no puede decir que no sabía de este caso o qué no le toca: “Cuando salió la sentencia yo decía: apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada; otro gobierno y tampoco nada. Lo más chistoso es que este gobierno no tiene que negociar con nosotras. La sentencia ya está, lo único que tiene que hacer es ejecutar, sin embargo no quiere, no quiere cumplir con la justicia”.

Observatorio de uso de la fuerza

En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, en el reciente informe que el Estado mexicano envió a la Corte IDH, el pasado 23 de marzo, informó su decisión de no cumplir con lo establecido en la sentencia. El argumento fue que ya se cuenta con órganos de control interno y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación, que cumplen con este propósito. 

Sin embargo, el observatorio ordenado por la Corte IDH es para que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. Este mecanismo de observancia debería ser independiente, dijo De Robina. El Centro Prodh y las Mujeres de Atenco no ha sido convocadas para analizar el diseño de este mecanismo, a pesar de que en diciembre de 2019 enviaron una propuesta de monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional. 

El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte se agrava si se toma en cuenta que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter militar que ha usado la fuerza en protestas de mujeres. Por ejemplo, en León, Guanajuato; en Ecatepec, Estado de México; en Cancún, Quintana Roo y en Jalisco, se han realizado operativos donde la policía “agrede” y violenta sexualmente a las manifestantes.

Yolanda Muñoz Diosdada | Cortesía Centro Prodh

En conferencia de prensa Yolanda Muñoz Diosdada dijo “Todo lo que se ha dado después (del 3 y 4 de mayo) sólo han sido decepciones porque el gobierno está dando lapsos muy largos y no ha da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quienes fueron. Creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de once, es de miles de mujeres que siempre están y seguirán ahí, participando para que esto no se vuelva a repetir”.

Medidas individuales

Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas. Situación que no es acorde con una política diligente de atención a víctimas.

Sofia de Robina señaló que las mujeres no reciben atención médica ni psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni del Instituto de Salud para el Bienestar. “A la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas han dejado incluso de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional”, dijo De Robina. 

Claudia Hernández Martínez | cortesía Centro Prodh

Claudia Hernández Martínez consideró que han pasado 15 años de injusticia. “Desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal. En ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación. Incluso hubo compañeros que perdieron las vida en esa represión, del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser revictimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado.

Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que este plazo finalizó en 2020 con dos medidas concluidas de las 9 ordenadas. Las abogadas de las víctimas, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a la CoIDH una audiencia de seguimiento a fin de que el Estado y las representantes legales de las mujeres expongan cómo se ha cumplido la sentencia. El organismo internacional no ha confirmado si se realizará este encuentro. 

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

García Martínez, A. (2021). A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco. CIMAC Noticias. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/03/a-3-lustros-de-los-hechos-de-atenco-estado-mexicano-sigue-sin-reparar-tortura-sexual-a-mujeres-de-atenco

En un año aumentó 79% la violencia digital en Puebla: Ovigem

Las principales víctimas son mujeres, la mayoría de entre 15 y 24 años de edad; y la agresión más común es el acoso, revela informe

Allison Madrid (@allison_madrid) y Mely Arellano (@melyarel), Lado B (@ladobemx)

29 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Allison Madrid | Mely Arellano

@allison_madrid @melyarel

La violencia digital en Puebla aumentó 79 por ciento de 2019 a 2020, de acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), con base en datos de la Fiscalía General del Estado; y es Puebla el municipio en el que se registró el mayor número de víctimas, representando el 75% del total.

El informe titulado “Acercamiento a la violencia digital contra las mujeres en Puebla”, realizado por el Ovigem y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP), destaca que en el 91 por ciento de las Carpetas de Investigación (CDI) abiertas por el delito de violación a la intimidad sexual, que es como está tipificada la violencia digital, las víctimas son mujeres. 

“Dejaron de asistir a la escuela, dejaron de trabajar, pensaron en renunciar al trabajo, dejaron de hacer lo que les gustaba, eliminaron sus cuentas de redes sociales o plataformas digitales (…) se alejaron de sus personas cercanas, dejaron de salir”, relató Samantha Páez, directora del Ovigem, sobre algunas de las consecuencias que viven mujeres víctimas de violencia digital.

Según el informe, cuyo objetivo es reconocer y nombrar las nuevas formas en las que se manifiesta la violencia digital, “tanto para el delito de violación a la intimidad sexual como para el de ciberacoso, en la gran mayoría de los casos las víctimas fueron mujeres”.

En cuanto al delito de violación a la intimidad sexual, la mayoría de las denuncias (47%) presentadas de diciembre de 2018 al 22 de abril de 2020, corresponden a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años; y también en los casos de ciberacoso denunciados en el mismo periodo, el 44%, la mayoría fueron de adolescentes y jóvenes de la misma edad.

Este dato revela que la violencia digital afecta sobre todo a menores, y sucede en 28 municipios del estado, 22 de los cuales tienen la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El informe señala que, de acuerdo con las denuncias recibidas por el CSSJ sobre violencia digital, “en un mismo acto de violencia a través de las tecnologías se interrelacionan diversas agresiones: en el 38% de los casos identificamos dos tipos de agresiones, en el 31% tres agresiones distintas y en el 31% restante identificamos una sola forma de agresión”, siendo el ciberacoso la forma de agresión más común.

En todos los casos documentados por el CSSJ los agresores eran hombres: el 23% de los casos eran desconocidos y en el 77% conocidos. 

La presentación del informe contó con la participación de Samantha Páez y Tonalli Pérez, de la Dirección de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado; al igual que Agneris Sampieri, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) e Ixchel García, de Luchadoras.

Distintas formas de violencia digital

violencia digital
Foto: ROBIN WORRALL | Unsplash

Una de las herramientas presentadas en el informe tiene que ver con la creación de un listado de agresiones que las mujeres pueden vivir a través de las tecnologías, el cual fue elaborado por Social TIC, Luchadoras y APC e incluye 13 distintas violencias identificadas que son:

  1. Acceso no autorizado (intervención) y control de acceso. 
  2. Control y manipulación de la información. 
  3. Suplantación y robo de identidad. 
  4. Monitoreo y acecho. 
  5. Expresiones discriminatorias. 
  6. Acoso. 
  7. Amenazas. 
  8. Difusión de información personal o íntima sin consentimiento. 
  9. Extorsión.
  10. Desprestigio.
  11. Abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías. 
  12. Afectaciones a canales de expresión.
  13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio.

Tomando en cuenta la diversidad de violencias que incluye la violencia digital, no es sorprendente que el Módulo de Ciberacoso del Inegi reportara que 9.4 millones de mujeres mayores de 12 años usuarias de Internet fueron víctimas de este delito en 2019. 

Ni que a la par destaque la baja frecuencia con la que se denuncia el ciberacoso a las autoridades, ya sea escolares, laborales o judiciales. Tonalli Pérez relacionó este problema con “la falta de un marco normativo claro y eficiente pero también de algún modo con las omisiones por parte de los reguladores que pueden solucionar o sancionar la violencia en línea”.

Ixchel García, por su parte, agregó que “más leyes no es igual a más justicia”, ya que gran parte de las legislaciones aprobadas hoy en día en relación a contenido íntimo, ciberacoso y violencia digital siguen teniendo contenido problemático y machista que revictimiza.  Y que es necesario cuidar desde el lenguaje que se utiliza hasta la forma en que se implementan, ya que “las autoridades siguen fallando” en la atención a las víctimas. 

Percepciones distintas de acceso a la justicia

Durante la presentación del informe, Samantha Páez destacó los resultados obtenidos durante un evento realizado en febrero del año pasado, organizado en conjunto con Luchadoras, donde diversas mujeres compartieron sus historias de violencia digital siendo la más destacada el acoso. 

Sin embargo, de acuerdo con Páez lo que más destaca de este evento fue la variedad de necesidades que presentaban las víctimas. Ya que para algunas el acceso a justicia tenía que ver con un derecho a la verdad, de saber quién las había agredido; para otras significó orientación jurídica, una disculpa por parte del agresor, apoyo moral, escucha activa, etcétera. 

Ante lo cual Páez afirmó que “no todas las personas tienen el mismo sentido de justicia, no todas tienen la misma necesidad para reparar, y entonces cuando vemos esta amplitud de necesidades podemos ver qué podemos hacer desde los distintos ámbitos”. 

***

La #Línea Ciudadana de apoyo en casos de violencia digital es 2223 099 099, cualquier persona que necesite ayuda puede marcar. El informe completo se puede consultar aquí.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Madrid, A. y Arellano, M. (2021). En un año aumentó 79% la violencia digital en Puebla: Ovigem. Lado B. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/en-un-ano-aumento-79-la-violencia-digital-en-puebla-ovigem/

Estado mexicano sostiene ante Corte Interamericana de Derechos Humanos que Digna Ochoa se suicidó en 2001

Anayeli García Martínez | CIMAC Noticias.

Lunes 26 de abril de 2021

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Imagen cortesía de la CDHDF

Ciudad de México. ¿Es posible que una persona que quiere suicidarse use guantes de látex para dispararse tres veces: primero al sillón, después en una pierna y al final en la cabeza? Esa fue una de las inquietudes de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ante las declaraciones de José Antonio Pérez Bravo, quien fuera coordinador de los agentes que investigaron la muerte de la abogada y defensora, Digna Ochoa y Plácido, en 2001.

Conoce aquí nuestro seguimiento del caso

Los jueces Elizabeth Odio Benito y Eugenio Raúl Zaffaroni llamaron la atención sobre este detalle en la primera de dos audiencias a distancia que se realizan este lunes 26 y martes 27 de abril. En esta reunión, seis de los siete jueces del alto tribunal realizaron preguntas para conocer más sobre este caso, donde la familia de Digna Ochoa aseguró que el Estado mexicano investigó sin considerar la labor y las amenazas que enfrentaba; mientras que el Estado argumentó que la indagatoria incluyó todas las líneas de investigación.

En 2001 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hoy Fiscalía General, abrió una indagatoria que duró 10 años. Después de una década, la institución determinó el no ejercicio de la acción penal debido a que concluyó que se trató de un suicidio. La familia consideró que hubo diversas irregularidades y que no se garantizó el acceso a la justicia, por lo que acudió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2013 aceptó el caso y en 2019 lo envió a la Corte Interamericana.

La teoría del suicidio

Desde 1995 Digna Ochoa vivió amenazas y hostigamiento, incluso fue secuestrada en dos ocasiones y tuvo medidas de protección. Aun así los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la determinación de suicidio. En la gestión de Mancera, quien ahora es senador, la Procuraduría dictó su última resolución.

Sobre esta teoría, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni preguntó al testigo presentado por el Estado mexicano. “La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), al presentarnos el caso refiere que ha habido tres disparos. Uno en la pierna de la víctima, otro en la cabeza y otro en un sofá o en sillón. ¿Cómo se explica un suicidio con tres disparos”.

“De acuerdo con las pruebas periciales que fueron desahogadas, la explicación que nos proporcionó fue que Digna Ochoa primero accionó el arma, para el sillón o en el sillón, fue el primer disparo, para hacer como prueba de sonido, para saber si se acercaba algunas persona. Segundo momento el disparo en la pierna y tercer momento el disparo en craneo”, respondió José Antonio Pérez Bravo.

Sin embargo, minutos antes, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, explicó ante la Corte Interamericana que la investigación no tomó en cuenta las amenazas e intento de asesinato que vivió su hermana. El juez Zaffaroni retomó esos detalles y volvió a preguntar. ¿Se dio por probado esta situación definitivamente (el suicidio) o no se siguieron otras líneas de investigación posibles?

Quien fuera funcionario de la PGJFD destacó, “Sí, bueno la investigación llevó varias líneas de investigación, además de los trabajos periciales que se desahogaron, las líneas de investigación fue: línea ‘militares’, línea ‘Guerrero’, el entorno social, familiar y laboral denominada ‘Digna Ochoa’, y se investigó todo de manera integral, el entorno, a partir de su trabajo profesional como abogada”.

La jueza Elizabeth Odio Benito preguntó si se hicieron pruebas en las manos de la víctima para saber si ella disparó el arma. El entonces funcionario respondió que sí, pero fueron negativas porque la abogada llevaba guantes de látex. “Usted me está diciendo que una persona que se va a suicidar se pone guantes? ¿Es eso lo que usted está diciendo?”, inquirió la jueza. “En el caso así fue”, respondió el testigo.

Las amenazas contra Digna Ochoa

Los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire cuestionaron cómo es que una persona defensora con amenazas y sin problemas familiares tiene problemas mentales que la llevan al suicidio. José Antonio Pérez Bravo dijo que después de revisar diversos análisis no se encontró evidencia de que en la escena de la muerte hubiera otra persona que hiciera el disparo. También señaló que se hizo una “necropsia psicológica” y hubo elementos de prueba como sus diarios personales que dieron cuenta de su personalidad.

Sin embargo, Jesús Ochoa y Plácido relató que su hermana fue amenazada en varias ocasiones, algo que atribuyó a su trabajo en defensa de víctimas de casos donde se involucraban elementos del Ejército mexicano, por ejemplo, la masacre de El Charco en 1998, la de Aguas Blancas en 1995 y la tortura de dos campesinos ecologistas en 1999, todos casos ocurridos en Guerrero. Además de la ejecución del Ejido Morelia, en Chiapas y la defensa de los hermanos Cerezo, acusados de terrorismo.

Para Jesús Ochoa, lo que más le afectó a la familia después del asesinato de Digna fueron las filtraciones a los medios y que en la investigación de los hechos las autoridades cuestionaran su vida privada, su sexualidad y su entorno familiar y que dudaran de su profesionalismo. “Justicia es encontrar la verdad, saber quién mató a Digna, y llevarlo ante la autoridad”, dijo.

En su testimonio también nombró a Renato Sales Heredia, quien fuera subprocurador de Procedimientos Jurídicos y de Derechos Humanos de la PGJDF, al entonces procurador Bernardo Bátiz Vázquez y a Margarita Guerra Tejada, quien fue designada fiscal especial para el caso Digna Ochoa. Estos tres funcionarios, dijo Ochoa, fueron los responsables de sostener la hipótesis del “suicidio simulado”.

Los jueces preguntaron si al momento de los hechos el Gobierno Federal y el gobierno de la Ciudad de México eran del mismo partido. Sin embargo, en los testimonios se constató que no había relación política entre estos órdenes de Gobierno, debido a que la capital era gobernada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y la presidencia de la República era ocupada por el panista Vicente Fox Quesada.

En esta primera audiencia la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien acudió como perita, presentó una radiografía sobre la situación de las personas defensores de Derechos Humanos en México y afirmó que hay “un grave deterioro de los Derechos Humanos” desde mediados de la década de 1990, cuando ocurrió la muerte de Digna Ochoa. La audiencia continuará este 27 de abril.

Contexto del caso

De acuerdo con la familia, Renato Sales Heredia trató de convencer a la opinión pública de que Digna Ochoa cometió “suicidio simulado’”. Los familiares de la defensora se quejaron de esta teoría con el entonces jefe de Gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador. Sales renunció a su encargo el 20 de junio de 2002 y en agosto de 2002 la investigación estuvo a cargo de una fiscalía especializada, encabezada por Margarita Guerra y Tejada.

De acuerdo con la información del expediente, que conoció la Comisión Interamericana, durante la etapa inicial de la investigación se practicaron mil 370 diligencias: 282 declaraciones, 247 diligencias ministeriales, 269 pruebas periciales y 572 oficios recibidos e informes de la policía judicial.

La Procuraduría revisó cartas personales, diarios, correos electrónicos y documentos privados y públicos de Digna Ochoa, revisó un viaje que hizo a Estados Unidos, su salida del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, su trabajo como becaria para la Fundación MacArthur y una póliza de seguro que contrató, información según la cual planeaba quitarse la vida. La autoridad concluyó que padecía un Trastorno Esquizofrénico de la Personalidad, con marcados rasgos paranoides.

Sobre la línea de investigación que involucraba a militares, la Procuraduría señaló que sólo eran conjeturas y sobre la línea que llevaba a caciques del estado de Guerrero, afectados por el trabajo legal de la abogada, la autoridad señaló que había duda sobre la autenticidad de los datos. Entre 2002 y 2003, con el apoyo de la Comisión Interamericana, un grupo de expertos independientes, a cargo del consultor Pedro Díaz Romero, revisó las investigaciones y emitió su informe en el que recomendó ampliar declaraciones y profundizar la investigación sobre Guerrero y los militares.

21/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

García Martínez, A. (2021). Estado mexicano sostiene ante Corte Interamericana de Derechos Humanos que Digna Ochoa se suicidó en 2001. CIMAC Noticias. Recuperado el 26 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/26/estado-mexicano-sostiene-ante-corte-interamericana-de-derechos-humanos-que-digna-ochoa-se-suicido-en-2001

Alumnas de danza acusan que el INBAL responde a sus denuncias de acoso con amenazas

Las alumnas de la Academia de danza informaron que se resisten a suspender el paro de labores.

Redacción Anima Político

17 de abril de 2021

Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Tras la denuncia pública de las alumnas de la Academia de la Danza Mexicana (ADM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de acoso sexual por parte de profesores, y tras el anuncio de un paro indefinido, la institución anunció las medidas tomadas para abordar esta situación.

Sin embargo, las alumnas aseguran que el INBAL les está respondiendo sus demandas de acoso sexual con amenazas.

El pasado 27 de febrero, a través de un pliego petitorio, las alumnas exigieron que los docentes, la mayoría con cargos directivos, sean removidos de sus cargos por encubrir casos de acoso sexual.

Ante esto, en un comunicado la institución anunció la separación de 14 profesores de actividades frente a grupo además de la baja de cinco docentes, y dos casos que se encuentran en espera de resolución en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Una de las medidas tomadas, fue la actualización del Protocolo para la atención de casos de violencia sexual en las escuelas del INBAL para propiciar resultados tangibles en la erradicación de estas agresiones.

Sobre el paro indefinido

El INBAL, a través de la SGEIA, alistó un “plan de recuperación de aprendizajes” (Comunicado ADM_160421_1) para que las personas que se unieron al paro indefinido de labores, puedan continuar con el ciclo escolar 20-21.

Este plan, que comienza el 19 de abril, busca que los estudiantes que decidieron no atender a las asignaturas de su plan de estudios, no tengan que recursar todo el ciclo escolar.

La institución asegura su compromiso de cero represalias, cuestionamientos o discriminación a quienes se hayan ausentado de las clases en protesta por los casos de acoso y violencia contra las mujeres.

Sin embargo, a través de la cuenta de Twitter @alumnxs_adm denuncian amenazas por parte de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA).

Señalan que se rehúsan a regresar a clases a una ADM igual con “violentadores en su administración, dirección y planta docente”, esto, tras difundir el correo que les enviaron con el “plan de recuperación de aprendizajes”.

Las alumnas aseguran que la institución no escucha sus demandas y que al contrario, las amenazan. “Somos las alumnas y alumnos quienes buscamos recibir  una educción de calidad en una escuela libre de violencia”.

Acciones emprendidas

De acuerdo con el INBAL, la institución sostuvo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para trazar una ruta de apoyo para las estudiantes que lo requieran, así como implementar una mediación con los diversos grupos de la ADM.

Se cuenta con alianzas para que la institución pueda hacer el acompañamiento socioemocional y jurídico de quien los solicite; además de ofrecer capacitaciones con enfoque de género para instancias del INBAL.

Las 9 denuncias de estudiantes de la ADM recibidas en el Comité de ética ya están siendo atendidas, cuidando los derechos de las víctimas.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Redacción Animal Político. (2021). Alumnas de danza acusan que el INBAL responde a sus denuncias de acoso con amenazas. Animal Político. Recuperado el 20 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/alumnas-danza-inbal-denuncian-amenazas/

Pliego petitorio contra la impunidad, con investigaciones administrativas y judiciales hacen a las autoridades de la Escuela Nacional de Arte teatral

Elda Montiel, SemMéxico

17 de abril de 2021

  • Les dieron  5 días hábiles para poner en práctica  las medidas propuestas, incluidas la de la separación de docentes  y alumnos señalado
  • Piden medidas precautorias para las denunciantes de 118 casos no atendidos desde 2013

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 17 de abril 2021.- Como un último intento por establecer el dialogo con las autoridades de la Escuela Nacional de Artes Teatrales (ENAT) la Comunidad de Alumnas entregó un pliego petitorio donde exigen justicia para mujeres violentadas, investigación de los casos, intervención de las comisiones de Derechos Humanos y le dan un plazo a las autoridades al 21 de abril.

En la presentación, virtual  entregaron el pliego enviado por correo electrónico, del que exigen acuse de recibo y si no lo entregarán personalmente. Eso para  para levantar el Paro  de actividades que mantienen desde el pasado 18 de marzo, y reiteraron que las autoridades no han actuado  ante m{as de un centenar de denuncias de violencia y acoso sexual contra las alumnas por parte de docentes, alumnos y personal administrativo, así como una violación documentada, de parte de dos alumnos.  

Advirtieron, que de  no obtener respuesta, se rehúsan a continuar con su formación académica ante el  caudal de violencia que prevalece y  que puede llegar hasta el feminicidio ante la omisión de las autoridades.    

El Pliego Petitorio está firmado por más de 191  alumnas y exalumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, con anexos que explican caso por caso de  118  documentados  desde 2013, que no fueron atendidos por las autoridades de la escuela, desestimado y las denunciantes sistemáticamente revictimizadas.

El pliego petitorio se argumenta en la Constitución, las Leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, la No discriminación y los requerimientos al gobierno mexicano del Comité de Expertas de la CDAW, demanda el reconocimiento por escrito del Paro No Activo y la seguridad de que no habrá medidas coercitivas y punitivas contra el alumnado vinculados a la asistencia y cumplimiento de los deberes escolares.  

Así como la reestructuración del calendario escolar con plazos o actividades complementarias a fin de no repetir o perder el ciclo escolar, y en un periodo no mayor de 15 días.

La aprobación y publicación del “Protocolo para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género de la Escuela Nacional de Arte Teatral”, así como la conformación de una Comisión para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género de la ENAT (CAEVG), advirtiendo que en esa  que los nombramientos no recaigan en directivos de la presente administración.  No será suficiente el acuse de recibo, afirmaron    

Piden la asignación inmediata de un funcionario público encargado de la dirección de la escuela, luego de  que la Mtra. Gabriela Pérez Negrete, directora de la escuela está impedida para continuar, por las denuncias radicadas de encubrimiento y omisión.

Exigen la separación inmediata el personal docente sobre el que existe denuncia directa, y en no más de 48 horas nombrar a sus suplentes. Mientas se realizan, procesan o concluyen las investigaciones pertinentes.

Les solicitan –fueron 11 puntos-  como informar la situación que guardan las denuncias formuladas contra los directores y docentes  Carlos Corona, Gilberto Guerrero, Gustavo Lizárraga y Mauricio Jiménez.  Y el  alumno señalado por violación, cuyo caso ya está radicado en la fiscalía  de asuntos sexuales de la Ciudad de México.

Asimismo, incluyen,  las  denuncias contra  Anatoli Lokachtouk, Enrique Estrada Palomino, Francisco Carreón Carrera, Gabriela Georgina Pérez Negrete, Humberto Lizárraga Maqueo, Harif Ovalle Martínez, Sabino Martínez Gómez y Ricardo Ramírez Carnero.  

Piden la intervención inmediata de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y exigen la capacitación de todo el personal de la Escuela Nacional de Artes Teatrales, tanto docente como administrativo.

Proponen la instalación inmediata  de una mesa de diálogo permanente para la discusión  de las denuncias, los procesos, la vuelta a clases y el establecimiento de medidas que impidan la hostilidad con la que ahora estudian.

La implementación de medidas restrictivas para los alumnos denunciados, de modo que no tengan ningún contacto  con las victimas denunciantes, de modo que no compartan  espacios físicos ni virtuales. 

Los alumnos denunciados son  Hugo Fernando Nava Rodríguez, Oscar Levi Villarruel Rodríguez, y Yoaxy León García.  Así como Luis Alonso González Ricart y Víctor Osvaldo Ibarra García.    

Capacitación permanente en  perspectiva de género para todo el personal docente y administrativo de la ENAT, a cargo de la Unidad Especializada de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o la equivalente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar efectividad y profundidad.

Diseño e instauración de un procedimiento de oposición para acceder a los cargos de abogado y psicólogos de acompañamiento a las víctimas, personal con solvencia moral y especialidad en asuntos de género y derechos humanos, y estos no pueden recaer en el del Abogado General de la Escuela ni estar subordinado a él.

Así como acuse de recibo de cada uno de los alumnos y docentes del Protocolo y de las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de equidad de género, que se haga semestralmente y la lectura pública cada inicio de semestre.

La expedición inmediata de convocatoria por parte de la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la celebración de sesión del Comité para la Defensa de las Alumnas y alumnos de las Escuelas de Educación Artísticas del INBAL para la creación de una Comisión especializada que reciba las denuncias de las víctimas para emitir las sanciones sobre responsabilidad de los servidores públicos.  

 La lectura del pliego petitorio y las consideraciones legales y reglamentarias fueron leídas por las egresadas Lucia Corbello, Ana Banderas, Karen Condes, y Mariana Moyers como voceras de la Comunidad de Alumnas para resguardarlas y evitar represalias académicas de todas las denunciantes.

Señalan que la impunidad constante y permanente es la que ha llevado a los agresores, una y otra vez, a reincidir y escalar sus actos de violencia por la cómoda certeza de que nada les pasará y que pueden seguir haciendo lo mismo sin consecuencia alguna.

Por lo que decidieron poner un “Hasta Aquí, ni un abuso más”, y asegurar que ya “bajo ningún motivo callaremos este tipo de actos cometidos hacia cualquier miembro de la comunidad”.

 Estuvo presente la Secretaría Académica de la Escuela, en lugar de la directora Mtra. Gabriela Pérez Negrete, aunque había confirmado su asistencia, así como tres funcionarios públicos del INBAL.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Montiel, E. (2021). Pliego petitorio contra la impunidad, con investigaciones administrativas y judiciales hacen a las autoridades de la Escuela Nacional de Arte teatral. SemMéxico. Recuperado el 19 de abril de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=34451