Semillas nativas: identidad, comunidad y resistencia

La Casa del maíz Tlajomulco, la Comunidad Creativa Entreflores, el Colectivo Agroecológico Teocintle y el Huerto Comunitario Tlacuache Huentitán trabajan por la preservación de recursos y saberes locales.

Por Karina Abigail Peña Mendoza / @KarinaPeña

Alianza de Medios | Página 3

—– | Julio 2021 | — : —

En el pueblo San Juan Evangelista, ubicado en el municipio Tlajomulco de Zúñiga, una familia lleva más de 17 años rescatando diversidad a través de la conservación, almacenamiento, producción y uso de semillas nativas. Este proyecto familiar y de conservación se llama La Casa del Maíz Tlajomulco.

Inspirado por su abuelo, Ezequiel Cárdenas comenzó con este proyecto para mantener el cuidado de su familia a través de la unión entre su relación con la tierra y una alimentación saludable, en su caminar encontró su gran pasión: el maíz. Su labor ha sido tan significativa que fue nombrado como “Guardián del maíz” y la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias(RASA), reconoció su casa como la segunda reserva de semillas más importante de la red al proteger más de 25 variedades de maíz, más de 18 variedades de frijol y 3 variedades de calabaza. 

Las semillas nativas son resultado del trabajo de muchas generaciones de agricultores que las han domesticado, mejorado, reproducido e intercambiado a través del tiempo. Esta conservación requiere conocimiento y paciencia tal como nos describe el encargado del banco de Semillas de la Comunidad Creativa Entreflores ubicada en Nextipac, en el municipio de Zapopan, conocido como Tito:

“Identificas las lechugas que tienen una característica que te interesa, por ejemplo, creció rápido, no la atacaron los insectos, tuvo hojas rojas, y las marcas. Después las tapas para que se reproduzcan entre ellas y una vez hecha la cruza esperas su maduración para poder cosechar su semilla”.

Este es el proceso de producción de semillas de lechuga que se da a través de una polinización abierta sin alterar su naturaleza.

Forma en que marcan las plantas para semilla en la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Cuando llega el momento de la cosecha de semillas también hay ciertos pasos que seguir, como lo cuenta Tito: “Tienes que observar si la flor de la planta ya se preparó para la transformación hacia la semilla, verificar que esté bien seca y comenzar a recolectarlas, después separas la semilla de los restos de flor a través de tamices o con ayuda del viento”.

En la Comunidad Creativa Entreflores almacenan las semillas en frascos de vidrio reciclados e identificados con nombre y códigos, los guardan en la oscuridad y procuran sellar bien los frascos para que el oxígeno no limite la vida de las semillas.

Semillas de brócoli en el banco de semillas de la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Banco de Semillas de la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Este proceso es el mismo que siguen para las 200 especies que se siembran en esta comunidad, tomando en cuenta las características y necesidades de cada variedad de planta. Ahí siembran desde plantas medicinales como equinácea, caléndula, epazote y manzanilla; pasando por frutos como amaranto dorado gigante, calabacita bola y variedades de maíces; hasta hojas y flores comestibles como la flor guadalajara, malva real, mastuerzo, arúgula, acelgas y quelites.

Variedad de cultivos en la Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

Sin embargo, estos proyectos se ven amenazados por la industria agroalimentaria que ha desplazado los recursos y saberes locales por nuevas tecnologías y semillas “mejoradas” bajo el discurso de tener cultivos más productivos, lo que pone en riesgo la posibilidad de las personas de consumir alimentos limpios, sanos y adecuados conforme a su cultura.

“Junto con el avance de las técnicas para aumentar la productividad del campo, llegó también la proliferación de semillas patentadas (y otros organismos genéticamente modificados), poniendo en riesgo la diversidad de alimentos, la cultura alimentaria y la soberanía de los pueblos”.

Es así como lo describe el Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué comemos? en su  Primer Informe de Políticas Públicas. Este observatorio es una iniciativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, (ITESO), que busca analizar y presentar información sobre los problemas que obstaculizan la plena realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en los municipios al interior de Jalisco, además pretende formar opinión pública para despertar el interés por la investigación e incidencia en este tema. Esta iniciativa también reconoce e impulsa el trabajo de los pequeños productores, organizaciones y colectivos que promueven una alimentación sana y agroecológica.

Tal es el caso del Colectivo Agroecológico Teocintle que enseña que tejiendo lazos entre la comunidad es posible mantener sistemas alimentarios sostenibles. Todo esto pese a que la gigantesca industria alimentaria insista en que el campo y la agricultura deben ser modernos, con semillas modificadas y basados en la producción masiva de alimentos.

Este colectivo tiene su lugar de encuentro en el Parque Agroecológico de Zapopan, ubicado en la colonia Santa Margarita. Blanca, integrante de este colectivo desde su fundación, afirma que es un espacio intergeneracional donde hay actividades para todos y todas sin importar la edad. Hay un niño de dos años  que está presente en todas las tareas que hacemos”, comenta entusiasmada.

La historia de Paola es similar. Ella comenzó a participar desde hace 8 años, cuando apenas tenía 10 y considera que además es un lugar que transmite tranquilidad: a pesar de estar en medio de la ciudad llegas aquí y piensas que sales a respirar naturaleza”.

Polinizadores en el Parque Agroecológico de Zapopan

Fotografía por Ulises Brambila

Trabajo comunitario del Colectivo Agroecológico Teocintle

Fotografía por Karina Peña

En palabras de Ángeles, una mujer con gran espíritu revolucionario y cautivada por el trabajo que hacen en Teocintle, ellos cultivan amor a la tierra, rescate  del espacio y producción de alimentos limpios, características que se replican al intercambiar trabajo y conocimiento entre los colectivos que conforman la Red de Agricultura Urbana, (RAU), de la Zona Metropolitana de Guadalajara. “Cada mes visitamos un huerto diferente para apoyarnos en las diferentes actividades, es bonito recibir gente, convivir y compartir saberes”, comparte Blanca.

Jassiel explica las zonas amenazadas por la privatización del espacio

Fotografía por Ulises Brambila

Mantenimiento en las camas del Huerto comunitario Tlacuache Huentitán

Fotografía por Ulises Brambila

A su vez, Mario, biólogo e integrante del Huerto Tlacuache, identifica el espacio como protagonista para implementar nuevas formas de participación e incidencia en la ciudadanía. Esta estrategia permite permanecer en colectividad y hacer milpa. A través del texto titulado “Milpa y Resistencia” Mario describe que este sistema de cultivo representa una verdadera hazaña biocultural patrimonio de México:

La milpa es una verdadera proeza agronómica y alimentaria: el frijol le da al suelo el nitrógeno que el maíz requiere en gran cantidad, cuando es guía se enreda del tallo del maíz que le da sostén, a su vez, las anchas hojas de la calabaza favorecen la conservación de la humedad en el suelo. Por si fuera poco, combinados en la misma comida son un grandioso alimento”. Este fragmento nos remonta al trabajo de Ezequiel sobre la protección de variedades de estos elementos que conforman la milpa, reiterando así la importancia de sumar como sociedad para que estos proyectos sigan en pie.

Fotografía por Ulises Brambila

Mario comparte su texto Milpa y resistencia

Fotografía por Ulises Brambila

Las semillas son síntesis de historias. En voz de los colectivos, significan vida, herencia ancestral, inspiración, unión y buena alimentación. En estos tiempos, en los que su conservación se ha vuelto cada vez más complicada por las constantes amenazas de la industria, le dan significado a la resistencia y son punto de partida para volver a los saberes comunitarios, que mantienen la posibilidad tangible de alcanzar una autonomía alimentaria.

Integrantes del Huerto comunitario Tlacuache Huentitán

Fotografía por Ulises Brambila

Colectivo Agroecológico Teocintle

Fotografía por Ulises Brambila

Ezequiel es fundador de la Casa del Maíz Tlajomulco

Fotografía por Ulises Brambila

Conversación con Tito de Comunidad Creativa Entreflores

Fotografía por Ulises Brambila

El presente articulo es propiedad de Página 3.

Alianza de Medios (2021) Semillas nativas: identidad, comunidad y resistencia. Página3. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://pagina3.mx/2021/07/semillas-nativas-identidad-comunidad-y-resistencia/

De 100 casos de violencia contra las mujeres sólo 13 obtienen orden de protección: BANAVIM

Órdenes de protección que respondan a las necesidades de las mujeres y niñas víctimas de violencia

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Lunes 19 de Julio del 2021 | — : —

Considerar las órdenes de protección como un derecho humano de todas las mujeres y niñas, que no esté sujeto a la presentación de una denuncia, querella o demanda. 

Incorporar la figura de órdenes de protección definitivas, que respondan a aquellos casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado y por lo tanto las mujeres o niñas requieren protección a largo plazo. Que no solo duren tres meses.  

Son parte de las propuestas que la iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) presentaron 22 organizaciones feministas del país.

La propuesta se presenta por el aumento de la violencia de género por la pandemia tras analizar 110 sentencias con perspectiva de género, en el primer informe de la Red por la Ciudadanización de la Justicia #NoEsJusticia, encontraron que en el 69% de los casos, las y los jueces omitieron identificar las posibles situación o conductas de riesgo para las mujeres y, por ende, no dictaron las órdenes de protección necesarias.

El 78 por ciento de los poderes judiciales no contemplaron las órdenes de protección en materia penal de manera explícita como parte de las funciones de impartición de justicia consideradas de urgencia, de acuerdo al Informe (Des)protección Judicial en tiempos de COVID-19 realizado por Equis Justicia. 

El 81 por ciento de los poderes judiciales reprobaron en contemplar los mecanismos que tenían a su alcance para proteger a las mujeres en situación de violencia incluyendo a las órdenes de protección.

De cada 100 casos de violencia contra las mujeres, únicamente se dictan 13 órdenes de protección de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

Las organizaciones feministas como Equis Justicia destacaron que las órdenes de protección son una herramienta efectiva para proteger a niñas y mujeres, pues permiten a las autoridades detener y prevenir rápidamente la violencia. 

Consideran que son un mecanismo de protección que destaca del resto por tratarse de un mecanismo estatal específicamente diseñado para proteger a niñas y mujeres contra la violencia de género, y son especialmente útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia.

Las organizaciones feministas reconocen que en la reciente reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 18 de marzo de 2021, se realizaron cambios trascendentales en el esquema regulatorio de las órdenes de protección en la dirección correcta.

Sin embargo, con asesoría de jueces y juezas, y la experiencia de trabajo de base de organizaciones con amplia trayectoria acompañando y representando a mujeres en situaciones de violencia plantean su regulación desde las experiencias que viven las propias mujeres.

Reconocen que la reforma a, publicada el 18 de marzo de 2021, realizó cambios trascendentales en las órdenes de protección y van en la dirección correcta, sin embargo es necesario replantear su regulación desde las experiencias que viven las propias mujeres para que realmente sean accesibles y eviten que la violencia que viven las víctimas escale al feminicidio. 

Las propuestas

La propuesta de reforma busca reconocer a las órdenes de protección como principales, autónomas y complementarias a otros mecanismos y considera que son un derecho humano de todas las mujeres y niñas, que no está sujeto a la presentación de una denuncia, querella o demanda.

Incorpora una mirada interseccional, pues “reconoce la autonomía, voluntad y capacidad jurídica de las diversas mujeres y niñas, a través de la obligación expresa de compartir información sobre las órdenes de protección en un idioma y formato pertinente para las mujeres y niñas indígenas, con discapacidad o en situación de movilidad”.

Contempla el estándar del posible riesgo, es decir que para dictar una orden de protección, “basta que existan indicios de que la mujer o niña podría encontrarse en peligro, y no es necesario que la vida de las mujeres esté comprometida, pues es precisamente esta situación la que las órdenes intentan prevenir”.

Busca facultar a los jueces calificadores y de paz municipales y a las autoridades de los pueblos o comunidades indígenas para emitir órdenes de protección, al tratarse de las autoridades más cercanas a las mujeres.

Incorpora también la figura de las órdenes de protección definitivas, que responden a aquellos casos en los que la violencia se ha manifestado por un periodo prolongado y por lo tanto las mujeres o niñas requieren protección a largo plazo.

Establece cuatro directrices para que las autoridades evalúen el riesgo de forma integral, considerando el contexto de cada mujer o niña: las características, frecuencia y magnitud de la violencia; las necesidades específicas de cada mujer y niña que derivan de su situación particular; los factores sociales que pudieran incrementar su vulnerabilidad; así como las características del generador de violencia que podrían aumentar el peligro que este represente.

Las reformas vigentes 

Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. 

Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las cuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, y solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos.

Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, fundamentalmente precautorias y cautelares. 

Además, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, libertad o la vida de mujeres o niñas. 

Con ello, se busca evitar en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. 

Las órdenes de protección de carácter administrativo podrán consistir en la custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiacos adscritos a la Fiscalía General de la República o las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas. 

La reforma establece asimismo la confidencialidad, la eficacia y el principio pro persona a fin de proteger a las víctimas, ya sea a través de la custodia personal o domiciliaria o que, incluso, junto con sus hijos o las personas que dependan de ellas sean llevadas a un alojamiento temporal en casas de emergencia, refugios y albergues que garanticen su seguridad y dignidad, en términos de las disposiciones aplicables de esta ley.

Así como canalizar y trasladar sin demora alguna a las víctimas de violencia sexual a las instituciones que integran el sistema nacional de salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata los servicios de: aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición; anticoncepción de emergencia; e interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación. 

Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, en tanto, incluyen la prohibición del acceso a la persona agresora al domicilio, permanente o temporal, de la mujer o la niña en situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente.

Testimonios

La Red Nacional de Refugios (RNR) en su informe de febrero del 2021 refiere que las mujeres en el país deben enfrentar la impunidad y violencias institucionales al intentar acceder a la justicia y seguridad, “dos de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento a la RNR ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental pero no recibieron la atención esperada. Muestra clara de la revictimización y la falta de estrategias articuladas”

Expuso el caso de una mujer de 28 años que atendió. “Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me pregunto si ya me había golpeado de nuevo, le conteste que no, me dijo que entonces no podía renovarlas…necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den, te das cuenta de que no es cierto que te apoyan si denuncias”.

De acuerdo a RNR este testimonio refleja la “falla del Estado, que tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo, no se debe esperar a que la vida de una mujer esté comprometida o haya evidencias físicas, recordemos que los feminicidios son el resultado de una serie de violencias que se minimizan e invisibilizan, cientos de veces por las propias autoridades y un sinfín de casos son testigo de esta falla”.

Por otra parte, en la información periodística de Animal Político del 17 de abril registra el caso de Mina y su exnovio Yair Mansbach Rajchenberg que después de un año de relación que termino por celos, insultos y desplantes violentos y redes sociales creadas en una sola noche para acosarla, consiguió una orden de restricción en septiembre por 60 días en la Ciudad de México. 

El agresor fue citado al juzgado del Reclusorio Norte donde le advirtieron que no podía acercarse ni buscarla por otros medios. Por unos meses, pudo respirar tranquila, pero en cuanto pasó el periodo de restricción, él comenzó a acecharla otra vez presencialmente afuera de su casa para “hablar” y creó nuevamente varias cuentas de redes para monitorearla a ella, a sus amigos, familia y compañeros de trabajo. 

Recientemente la amenazó con que cada 15 días la va a buscar para pedirle que regresen. Mina lamenta que las restricciones se hayan terminado y sabe que, si no la deja en paz, ahora sí tendrá que meterse en el proceso de una denuncia legal por acoso.

Las cifras

La violencia contra las mujeres aumento en el periodo de confinamiento por el COVID 19 de 10.5 asesinatos de mujeres al día en 2019 a 10.8 mujeres asesinadas al día en promedio de enero a abril del 2020 de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo a la información disponible a junio de 2020 a nivel nacional hay 607,715 casos de violencia contra niñas y mujeres, con 427,336 agresores hombres, es decir, el 70.32%. De los cuales se reportan 73,688 órdenes de protección emitidas.

Las entidades federativas con menor número de casos registrados fueron la CDMX con 199, seguido de Querétaro con 339 y Sonora con 408; mientras que aquellas con mayor número de casos fueron Quintana Roo con 49,661, seguido de Jalisco con 79,669 y Estado de México con 85,845.

Los datos que reporta el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) que admite varias omisiones sin embargo, permite conocer una aproximación del número de órdenes de protección que son emitidas en el país por cada una de las entidades federativas.

Cuando se analiza la emisión de órdenes de protección, según el tipo de violencia al que se vinculó, se identifica que la violencia física y la violencia psicológica son las que mayormente se encuentran asociadas a las órdenes de protección. 

En 2017, poco más de tres de cada 10 casos se relacionó con la violencia psicológica, y muy de cerca se observa la violencia sexual (25.8 por ciento). En el 2018, 44.5 por ciento de las órdenes de protección registradas estuvieron relacionadas con violencia física, seguida de violencia psicológica (40.36 por ciento). 

En lo relacionado con las órdenes de protección, con base en el número de órdenes de protección registradas en el BANAVIM por entidad federativa para junio 2020, se aprecia que el número de órdenes de protección emitidas reportadas en el BANAVIM es inferior al de registro de presuntos delitos de violencia familiar del Secretariado Ejecutivo en 2020 a nivel nacional.

No en todos los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se solicitan estas medidas, y en algunos casos las entidades federativas que poseen un mayor número de presuntos delitos de violencia familiar no son las mismas que reportan haber emitido más órdenes de protección. 

La emisión de las órdenes de protección es compleja, sino también lo es su registro, todo ello vinculado con la problemática manera en que se regulan en algunas entidades federativas. Para el Censo del 2019, que registraba la información de 2018, el INEGI dejó de incorporar el módulo en el cuestionario correspondiente a los Centros de Justicia para las Mujeres. 

En el documento de la CNDH del 2020 “Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de protección” se reconoce que las órdenes de protección, por sus diversos tipos, no son emitidos por las mismas autoridades, ello deviene en que el registro sea todavía más complejo y, además, las órdenes pueden ser emitidas por autoridades estatales o municipales.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel  (2021) De 100 casos de violencia contra las mujeres sólo 13 obtienen orden de protección: BANAVIM. Sem México. Recuperado el 19 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/de-100-casos-de-violencia-contra-las-mujeres-solo-13-obtienen-orden-de-proteccion-banavim/

La participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas

Estudio de la Federación Mujeres Jóvenes

En 2018 quedó más que en evidencia que las mujeres jóvenes son partícipes y una parte fundamental del movimiento feminista actual, pero cada vez menos deciden que esa participación se haga desde las instituciones u organizaciones. Por ello, la Federación Mujeres Jóvenes ha iniciado un estudio para analizar por qué las mujeres menores de 35 años prefieren no pertenecer a las organizaciones, y seguir con la lucha feminista por otras vías

 Andrea de Lucas | Sem México

AmecoPress, Madrid | 28 de Junio del 2021 | — : —

Hace algunos años se tendía a creer que a los y las jóvenes no les atraía el feminismo, pero ese pensamiento se dejó de lado tras el 8 de marzo de 2018, cuando se evidenció que las mujeres jóvenes eran partícipes del movimiento feminista y que, además, son también una parte fundamental de la Cuarta Ola. Pero, es cierto que son cada vez menos las jóvenes que deciden participar en la lucha feminista desde las organizaciones.

La Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) ha querido hacer hincapié en por qué ocurre esto, y en cómo participan las mujeres jóvenes en el feminismo, y hoy han presentado la primera parte de las tres que van a comprender su análisis de la participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas.

La presidenta de la federación, Ada Santana, ha dejado claro que los tiempos están cambiando, y que se le está pidiendo a los jóvenes del siglo XXI que sean partícipes dentro de un modelo implantado hace décadas: “Siempre hemos partido de que la participación se basa en que estemos en las entidades tradicionales enmarcadas en la década de los años 80 y 90, y se lo pedimos a las generaciones de ahora”.

Además, también ha explicado que “las redes sociales son una herramienta que tienen un potencial tremendo para llegar a mucha gente que no podríamos de otra manera”, aunque muchas veces se usan de maneras poco efectivas, ya que “desde el sillón de casa dar un RT o compartir un tuit es una acción que no tiene ningún sentido si no hay una acción colectiva o concreta”, ha añadido Santana.

Pero una de las razones fundamentales por las que los y las jóvenes, es que hemos crecido en una sociedad rodeada de crisis y hay un desencanto generalizado con el panorama actual: “Se nos ha enseñado a ser trabajadores y conformarnos con el sistema actual, y no ser agentes del cambio para el mañana, desaprovechando así a la juventud más concienciada y reivindicativa que hemos tenido”.

Durante la presentación de este primer informe, también ha intervenido María Antonia Morillas González, directora general del Instituto de las Mujeres, quien además ha añadido a las palabras de la presidenta de FMJ que la participación de las mujeres en el ámbito público a lo largo de la historia ha sido indispensable, reconociendo “que la conquista de derechos es la historia de la participación de las mujeres y del movimiento feminista”.

“Estamos viviendo un proceso de amenaza sobre nuestros derechos, de retroceso de muchas de las conquistas que llevamos consiguiendo en las últimas décadas (…). La manera de hacer frente, de consolidar derechos, es responder las que estamos ahora desde las instituciones, pero fundamentalmente armando una respuesta desde la participación de las mujeres y de las feministas”, ha concluido Morillas González.

Objetivos y conclusiones a la poca participación de las jóvenes en las organizaciones

En cuanto a la exposición del informe, ha sido Mónica Saiz Martínez, coordinadora técnica del área de participación de FMJ, quien ha explicado cuáles han sido los objetivos y conclusiones a las que han llegado después de terminar este primer estudio, explicando que “esto es un proyecto que parte de un diagnóstico” previo.

Como objetivo general, según ha explicado la coordinadora, ha estado el de “ampliar el conocimiento sobre las actuales formas de participación de las mujeres jóvenes en la cuarta ola del movimiento feminista”, además de otros muchos como saber cuáles son sus formas de participación, qué códigos organizativos utilizan, y saber el por qué del distanciamiento de las jóvenes activistas con las organizaciones de mujeres y feministas más tradicionales.

Tras hacerse todas estas preguntas, llegaron a diferentes conclusiones:

  Hay una “ausencia del fomento de la participación desde el sistema educativo, restando importancia social al crecimiento colectivo”.

  La sociedad está cada vez más individualizada, lo que “provoca el desinterés por el asociacionismo.

  Las nuevas generaciones están acostumbradas a las “respuestas rápidas” por lo que “prima la inmediatez y la velocidad.

  “Falta de referentes como modelos de participación activa”.

  El actual “debate fragmentado en el movimiento feminista” hace que muchas se echen para atrás.

  También hay una “existencia de estereotipos en torno a las asociaciones que sirven como obstáculos”, como el relacionarlos con partidos políticos, que muchas mujeres no se sientan representadas, etc.

Así, Saiz Martínez ha explicado que se debe “poner sobre la mesa la importancia que los colectivos y las redes sociales han tenido en el surgimiento de la cuarta ola”, y que desde las instituciones se quiere mandar a los jóvenes el mensaje de que “el movimiento feminista supone un proyecto colectivo, un espacio rejuvenecido, fortalecido, plural y lleno de complejidad”.

Foto: archivo AmecoPress / Pixabay

EL presente articulo es porpiedad de Sem México.

 Andrea de Lucas (2021) La participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas. Sem México. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-participacion-de-las-mujeres-jovenes-en-las-organizacionesfeministas/

¿Señalar a “los violentos”?

Lado B

Lado B | Lado B

—- | Jueves 3 de Junio del 2021 | — : —

Nodo de Derechos Humanos

El gobernador Barbosa de Puebla, en un intento por justificar la represión en contra de las estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán”, dijo que llegaron “varones, normalistas de otras normales rurales del país, parece que sobre todo de Ayotzinapa para provocar violencia” y en un macabro paralelismo, tras una agresiva represión detienen a 43 estudiantes, sí, a 43.

La justificación gubernamental de “venían a provocar violencia” para reprimir, encarcelar, desaparecer y matar estudiantes no es una innovación de Barbosa o de la llamada 4T, hemos visto ediciones anteriores en cada represión a movimientos estudiantiles desde esta año hasta 1968.

Tal vez podríamos hacer un monumental esfuerzo por darle el beneficio de la duda al gobernador Barbosa, pero cuando tiene a violentos represores como Ardelio Vargas llegan de inmediato las imágenes de Atenco y Oaxaca, de Chignahuapan y la Ley Bala, y la administración de Barbosa se empieza a confundir con la de Moreno Valle.

El conocido discurso de “venían a provocar violencia” empieza a desmoronarse cuando volteamos al sureste y llegamos a Mactumatzá en Chiapas y vemos que el gobernador Escandón ha optado por la misma vía de “diálogo” con  normalistas. Parece que la represión es nuevamente una política de Estado, una política que más allá de cómo se encuadre en los marcos jurídicos viola gravemente los derechos humanos y busca ocultarse, disfrazarse.

El caso Ayotzinapa sigue abierto y la responsabilidad de agentes y estructuras del Estado sigue oliendo a impunidad. Con las acciones de Barbosa y Escandón en contra de las y los normalistas, con represores y criminales que se mantienen impunes y se reciclan en funciones Estatales transexenalmente, los crímenes de Estado del pasado se vuelven del presente. Las mismas prácticas se repiten y se repite el discurso oficial que las pretende ocultar.

En tiempos electorales todo se vuelve turbulento y todo se vuelve electoral aunque no lo sea. Estamos ante administraciones que utilizan la legitimidad electoral que les dieron los votantes que buscan un cambio de rumbo para repetir las mismas prácticas represivas de sus antecesores, y estamos ante una oposición electoral que utiliza lo que sea para volver a estar en una posición en la que puedan cometer las mismas atrocidades.

Creemos que es fundamental seguir señalando los actos represivos, a quienes los cometen, a quienes los encubren, a quienes los aprovechan. La necesidad de señalar actos inhumanos y represivos no puede desaparecer mientras las mismas prácticas se siguen reproduciendo. No se trata de liberales y conservadores, de chairos y fifís, se trata de tener la capacidad crítica para señalar y denunciar lo que vemos y sabemos que es injusto, tengamos esperanza o no en las actuales administraciones. El derecho y la necesidad de disentir no es algo que se deba de sacrificar, el silencio ante la injusticia no puede ser una opción.

*Foto de portada: Marlene Martínez

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Lado B (2021) ¿Señalar a “los violentos”?. Lado B. Recuperado el 3 de Junio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/06/senalar-a-los-violentos/

El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”

El asesinato de la periodista Regina Martínez, en 2012, logró la atención internacional hacia los riesgos que corrían los periodistas en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. El primer asesinato ocurrió el 1 de junio de 2011. Los homicidios, desapariciones, amenazas y terror siguieron, como recuerda, tras una década de impunidad, una periodista veracruzana que no se cansó de exigir justicia. 

Sepelio de los fotoperiodistas Gabriel Huge y Guillermo Luna en el panteón municipal de la ciudad de Veracruz, México, el 04 de Mayo del 2012. Foto: Félix Márquez
Testimonio E Investigación: Norma Trujillo Báez. Fotografías: Félix Márquez

Norma Trujillo Báez | Desinfromémonos

—- | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —

I

Clima de Terror

Desde la llegada de Javier Duarte como gobernador, en diciembre de 2010,  un clima de terror generalizado se instaló entre quienes éramos periodistas. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo, que llegó a sumar 18 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y en nosotros se plantó una idea: “Nos van a matar”.

Tres meses después de que asumió la gubernatura de Veracruz, iniciaron los asesinatos y las desapariciones de periodistas. 

El 8 de marzo de 2011, Noel López Olguín, de 45 años de edad y colaborador de los semanarios locales Horizonte, Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, salió de su casa en el municipio de Jáltipan, al sur del estado de Veracruz que conjuntamente con los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque integran una insegura y región rica en recursos naturales. Nunca regresó a casa. Al siguiente día su automóvil fue encontrado en la zona semi rural hacia Soteapan. El 1 de junio de 2011 su cuerpo sin vida fue encontrado. Fue el primer periodista asesinado.

Lo encontraron gracias a que el ejército detuvo a Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, jefe de sicarios del grupo armado que controlaba el sur del estado y confesó el asesinato del periodista y su entierro en una fosa en Jáltipan. En el decomiso, junto con armas y drogas le encontraron la cámara fotográfica de Noel. Supuestamente el pago por matar a López Olguín fue de 50 mil pesos. 

A José Alfredo Estrella García, reportero de El Liberal y quien coincidía en coberturas con Noel, le impactó tanto el crimen que nunca regresó a Jáltipan a cubrir información. “(Noel) venía a Cosoleacaque y me platicaba lo que cubría”, recordó. “Un día le dije, ‘te estás arriesgando mucho’, porque él tocaba temas del narcotráfico, pero decía nombres, decía en dónde vivían. Un día hizo un trabajo y me lo enseñó, yo le dije ‘esto está muy arriesgado’ y me contestó ‘lo voy a sacar’ y en juego le dije ‘ahí me saludas al patrón’, o sea a Dios”. 

El 17 de septiembre de 2011 el periodista Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como Cuco, fue desaparecido. Con él se estrenó la desaparición como método de silenciamiento a periodistas.

Con el exterminio de ambos se inauguró el terror. Y duró todo el sexenio.  A 10 años de estos crímenes las autoridades no han encontrado culpables.

Retratos de los periodistas Pedro Tamayo, Yolanda Ordaz, Anabel Flores y Gabriel Huge, colgados durante una protesta en las instalaciones de la Fiscalía General de la República de la ciudad de Veracruz. Foto: Félix Márquez 

Las y los periodistas entendimos que no existía un lugar seguro: no importaba donde estuvieras, la forma de matar era cada vez más despiadada: varios colegas  fueron torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura. Así era en los casos extremos. 

Los mecanismos de silenciamiento tenían  formas distintas, pero iguales resultados. Todos nos sentíamos bajo advertencia, especialmente quienes tratábamos de romper el silencio y publicar lo que el gobierno quería tapar. Y no pocas veces lograron amordazarnos.

La advertencia de que dejáramos de informar o pagaríamos las consecuencias se ejercía de manera cotidiana, no sólo de parte de las organizaciones criminales, también, y eso era más grave, desde las oficinas de gobierno. 

Pesadillas de la muerte

“Nos van a matar”, rebotaba en la cabeza de muchos periodistas. 

Caminábamos con temor, sentíamos que alguien nos perseguía. Y cada vez que era asesinado un colega esa certeza volvía. El miedo se había convertido en nuestra sombra.

“Nos van a matar”.

La idea se nos trepaba cuando nos enterábamos de amenazas contra colegas, como la periodista Maryjose Gamboa, quien en la habitación de su niña encontró  una fila de muñecos de peluche tirados en el suelo en línea hacia el jardín; el último tenía un machete enterrado. 

O como cuando nos enteramos que tres meses antes de su asesinato Regina Martínez había encontrado su baño humedecido: le dejaron los jabones mojados con huellas de dedos plasmadas. 

O cuando supimos que el caricaturista Rapé (Rafael Pineda), mordaz en sus cartones, vio un mensaje en su coche que decía “calladito”, después de haber recibido un premio nacional. Esa última amenaza lo obligó a dejar el estado el 10 de septiembre de 2011.

“Nos van a matar”.

No era paranoia. El 20 de junio de 2011 habían asesinado al columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), a su esposa y a su hijo fotoperiodista, Misael López Solana. Un mes después Yolanda Ordaz fue decapitada. A los nueve meses estrangularon a Regina Martínez. No se había completado la semana cuando Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, junto con una mujer que los acompañaba y que trabajaba en un medio, fueron encontrados en bolsas de basura, sus cuerpos desmembrados y arrojados en el canal de la Zamorana. Cuarenta días después, el cuerpo de Víctor Báez fue encontrado -cortado en pedazos- en bolsas dejadas a dos cuadras del Palacio de Gobierno. 

Siguió una tregua de 20 meses, pasado ese periodo en el sur del estado Gregorio Jiménez fue decapitado y torturado, su cuerpo arrojado a una fosa clandestina. Once meses después Moisés Sánchez fue secuestrado y asesinado. A los cuatro meses Armando Saldaña fue asesinado. En menos de dos meses Juan Mendoza fue víctima de homicidio. A los 29 días nuestro amigo fotoperiodista Rubén Espinosa murió asesinado, antes fue  torturado. Aunque su crimen ocurrió en la ciudad de México nosotros lo registramos dentro de ese “año de la furia” del gobierno duartista. 2015 cerró con cinco periodistas asesinados con violencia.

Antes de llegar a ese desenlace la violencia había ido in crescendo.

Sepelio del periodista y director de La Unión de Medellín, Moisés Sánchez, en el Cementerio Particular del puerto de Veracruz, México, el 06 de febrero del 2015. Foto: Félix Márquez

*

En enero de 2011 un grupo de reporteros éramos trasladados a bordo de una camioneta de la Policía Federal para que viéramos a los supuestos responsables de la balacera en la plaza comercial El Gran Patio de Poza Rica. El despliegue de seguridad era impresionante, tanto que el periodista Miguel Estrada Salazar repentinamente entró en pánico y comenzó a gritar: “Nos van a matar, nos van a matar, nos llevan a matar”. 

Siempre traía esa sensación, que semejaba a una paranoia, pero en esta ocasión provocó pánico entre quienes lo acompañábamos. Después de que saltó de la camioneta en movimiento otros compañeros se aventaron con todo y cámara y micrófono. Algunos gritaban aterrados: “Yo me bajo, yo me bajo”. 

Los policías federales, sorprendidos, nos decían: “No brinquen, se van a lastimar”. Pero el miedo acumulado era más poderoso. Un compañero y yo nos quedamos y nos bajamos hasta que llegamos a Poza Rica. 

“¿Por qué se bajaron los demás?”, nos preguntó un policía. 

“Un compañero dijo que nos llevan a matar”, respondí.

“¿Cómo creen?”. 

Nos enseñaron a cinco detenidos, esperaron a que les sacáramos fotos antes de subirlos a un helicóptero. Nosotros regresamos en las mismas patrullas, con un cierto dejo de miedo. 

El periodista que lanzó el primer grito de terror quizás presentía algo. Seis meses después, el 25 de julio de 2012, Miguel Estrada Salazar desapareció en Poza Rica. Pero el terror estaba instalado desde antes.

“El pánico se había apoderado de la mayoría de nosotros”, reconoce hoy  Francisco de Luna, periodista del norte del estado, en donde cubrir la “nota roja” era casi una sentencia de muerte porque abarcaba supuestos “derrames de petróleo” que más bien se trataban de tomas clandestinas encubiertas, la complicidad del sindicato petrolero y el crimen organizado bloqueaban el trabajo de los periodistas o los obligaban a escribir  de imaginarios accidentes por fisuras de los ductos. 

Desde el Palacio de Gobierno se difundían rumores de periodistas vinculados a crimen organizado, que algunos estaban ya en una lista para ser asesinados, eran contratados espías y programas de espionaje para vigilarnos. Además de las amenazas de muerte vía telefónica  o a través de mensajes al celular o al correo, éramos sometidos a campañas de desprestigio a través de redes sociales y correos. 

El miedo se instaló entre el gremio tanto por las noticias que teníamos que cubrir como porque teníamos que enterrar a nuestros colegas. Y matar a periodistas era fácil y barato, la impunidad daba permiso.

Estos son algunos testimonios del miedo.

Un cartel con la cara del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido por la Interpol en Guatemala, es visto en una barda de la ciudad de Veracruz, México, el 15 de abril de 2017. Foto: Félix Márquez

II

Testimonios del miedo

‘No me van a agarrar dormida’

Vivía pensando ‘¿cuándo vendrán por mí, cuándo entrarán a mi casa, cuándo me van a matar?’. Y cuando iba en mi carro decía ‘a ver quién se me empareja y me mete un tiro’. Esto me pasó cuando recibí las amenazas. Yo no dormía. 

Cuando llegué a una terapia psicológica me dijeron que estaba viva de milagro, porque a las personas que no duermen les da un infarto, una enfermedad, se mueren, algo les pasa. Cerraba los ojos pero los cinco sentidos estaban abiertos, porque yo tenía una premisa: ‘si vienen por mí no me van a agarrar dormida, yo quiero ver quiénes son los que me van a llevar’. Me acostaba una hora y me volvía a levantar, esa era mi rutina todos los días. 

  ¿Miedo? Sí, claro que te da miedo, porque yo tengo la grabación, yo grabé una de las amenazas, una fue grabada y la otra fue por escrito, y los otros eventos intimidatorios fue que un día llega un tipo en una moto, eran dos tipos en una moto, el que iba manejando no hizo nada, pero el que iba atrás arrojó una botella y en ese momento se incendió la hierba que está frente a mi casa.

Un día quisieron abrir mi carro, pensé que esa era la delincuencia, los rateros. Vivía muy cerca de la radio, estacionaba mi carro en la calle, poco tiempo después, fui a mediodía a mi auto a sacar algo y estaba la cajuela abierta, la dejaron así, no se llevaron nada de refracciones que tenía allí. Nada se llevaron. 

Sandra Segura, periodista y columnista del Notiver, periódico que se edita en el Puerto de Veracruz, y conductora de noticias radiofónicas.

*

“No te van a hacer nada, son mis amigos”

Hubo una balacera impresionante en el mes de enero de 2012, yo llegué a registrar ese hecho dos horas más tarde, estaban allí militares y había mucho movimiento. 

Un tipo se me acercó, me llamó por mi nombre,  yo ni lo conocía y me dijo: “¿Quieres ver los muertos?”. Soltó su brazo hacia mi hombro, me condujo abrazado en medio de policías, de militares. Yo llevaba una cámara profesional, me la pidió y dijo “quiero ver cuáles fotos has tomado”. Le respondí, “voy llegando, y entonces me señaló a unos hombres que estaban parados en la escena del crimen, “no te van a hacer nada, son mis amigos”. 

Nunca supe si eran de los malos o quiénes eran, pero estaban ahí, nadie les decía nada. El hombre me hizo caminar entre los ocho muertos que estaban tirados y otros que estaban en el piso, detenidos, apuntalados por el arma de los militares.

Estaba también un vehículo con los cristales rotos y cuerpos adentro. El tipo me ordenó: “Mira, tómales la foto, están muertos”. A mí no me impresionaron los muertos sino la actitud del desconocido que me conducía, quien rápido me comentó: “ya sé, te dio miedo”, y me quitó la cámara sin violencia, empezó a tomar las fotos y a caminar y me dijo “ahorita nos vemos”. Lo que hice fue irme y dejarle la cámara. 

Cuando estaba llegando al periódico me entró un mensaje: “oye, sé que estás llegando al periódico y necesito que te quedes allá abajo porque ahorita voy a llegar”.

El mismo tipo de la escena llegó a las oficinas en las que trabajaba, pero ya traía la cámara envuelta en una playera del PRI, una playera roja y me dijo: “las queremos ver publicadas, tengo tu número y sabemos que trabajas aquí”. Yo quedé pasmado, no sabía que reacción tener y él se fue. Había borrado todo el archivo que tenía de la escena y había dejado fotos de puras armas largas y los tipos todos ahí baleados. 

Francisco de Luna, periodista originario de Papantla, entre 2011 y 2014 corresponsal del periódico Imagen del Golfo, actualmente escribe en la página web Primer Párrafo.

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“La nota trajo intimidaciones”

Ocho cuerpos desmembrados fueron encontrados en una comunidad de Huatusco, entre los días 3 y 4 de junio de 2016, ya en la recta final del gobierno de Javier Duarte. La delegación de la Procuraduría General del Estado negaba los hechos. 

Sin embargo, la población de la comunidad de Cotecontla nos corroboró que sí estaban los cuerpos. La Fiscalía del Estado se guardó la información. Nosotros sacamos la nota y 20 días después descubrimos que iban a enterrar los cuerpos en la fosa común del panteón municipal en donde se sepultan a los cuerpos no identificados. La nota tuvo impacto a nivel nacional porque la retomaron los corresponsales de Proceso y El País, pero eso trajo intimidaciones. 

  En la zona montañosa central de la entidad veracruzana, el comandante de la policía ministerial se acercó para amedrentarnos a los periodistas, nos dijo: “Van a correr al Fiscal de Huatusco y es por su culpa”. 

También en el 2015, cuando trabajaba en El Buen Tono nos amenazaron que nos iban a levantar si se seguíamos publicando notas de unas ‘ejecuciones’ que se habían registrado en una población del municipio de Totutla y mi jefe inmediato me habló para que tuviera cuidado porque se trataba del crimen organizado, y estuve espantado por muchos días. 

Con el gobierno local y del estado no había problema, la relación era cordial. Pero también tuvimos problemas con una familia de un empresario que fue encarcelado, acusado por amenazas y golpes, y cuando salió de la cárcel estábamos tomando gráficas, yo junto con una compañera de El Mundo y la familia nos golpeó e intervino la policía municipal. Nosotros pusimos la denuncia por agresiones y golpes, pero nunca pasó nada. 

Julio César Herrera, periodista que trabajó esos años en El Mundo de Córdoba y en El Buen Tono

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“Buscaba un lugar distinto donde quedarme”

Siempre andaba con una maleta al hombro. 

Un día me quedaba a dormir en un lugar, al siguiente en otro, incluso un día me quedé en un hospital porque una amiga me dijo, “si tú quieres te puedes quedar aquí en mi guardia y aquí estás segura”, o sea, era tal el nivel de tensión. 

Por aquel tiempo vivía sola en un departamentito que había rentado, pero en esos días sólo llegaba a mí casa por ropa pero ya no me quedaba allí.  La maleta la dejaba en el trabajo cuando salía a reportear. Al llegar la noche buscaba un lugar distinto donde quedarme. No quería que mi familia se enterara de lo que yo vivía y entonces echaba la mano de las amistades, por eso hasta en un hospital dormí. Eso me ocurría cada noche desde el 2014. 

Nidia Sánchez, ex coordinadora de información policiaca del Diario de Xalapa, periódico de la Organización Editorial Mexicana

En honor a la periodista, la plaza principal de la ciudad de Xalapa, fue nombrada por colegas como “Plaza Regina Martínez”, supliendo el nombre de Sebastían Lerdo de Tejada el 28 de abril del 2015. La placa fue retirada. Foto: Félix Márquez

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”