Historia de un Congreso indolente

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Roberto Alonso | LadoB

—- | Martes 20 de Julio del 2021 | — : —

Al momento de escribir estas líneas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla mantiene un plantón afuera del Congreso del estado. La razón es fácil de entender. Las familias que lo integran redactaron una propuesta de ley para atender en la entidad este fenómeno, creyeron en la apertura y el compromiso de esta institución parlamentaria y, sin embargo, el pasado jueves 15 de julio vieron concluir su último periodo ordinario de sesiones sin ley en la materia.

Pese a que Puebla tiene un total de 2 mil 571 personas desaparecidas y no localizadas, ocupando el treceavo lugar de la tabla nacional, la LX Legislatura con mayoría morenista decidió clausurar sus sesiones ordinarias con un claro desdén hacia las familias que buscan a sus seres queridos.

La historia es sencilla y, por ello, indignante. Ante la omisión del Congreso poblano, en agosto de 2019 familiares de personas desaparecidas presentaron por escrito un proyecto de ley que fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura. Durante 2019 y 2020 se llevaron a cabo foros itinerantes en distintos municipios del estado, con el propósito de recabar experiencias y enriquecer el proyecto. En febrero de 2020, se instaló en la Universidad Iberoamericana Puebla un mecanismo tripartita para la elaboración de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, con la participación del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, un equipo técnico de esta universidad y el equipo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval.

En julio de 2020, la diputada Rodríguez Sandoval presentó formalmente la iniciativa, acompañada por el equipo redactor y el entonces presidente del órgano político del Congreso local, el diputado Gabriel Biestro Medinilla. En dicha sesión, el diputado Biestro se comprometió a que la discusión en comisiones —Procuración y Administración y Justicia, y Derechos Humanos— sería inmediata, lo que auguraba que pasara al pleno en el mes de septiembre del año pasado. No obstante, el tercer y último año legislativo transcurrió sin que siquiera fuera dictaminada la iniciativa. Un año en la congeladora, un año de indolencia.

A las familias no les faltan razones, más bien les sobran. Confiaron en sus representantes populares, quienes no sólo les han quedado a deber, sino que les han traicionado. No es el único caso ante el cual el Congreso local incumple su palabra. Tras la toma pacífica de sus instalaciones, la LX Legislatura se comprometió también con la discusión y votación de la interrupción legal del embarazo (ILE) y todo indica que será un asunto más que heredará la legislatura que entra en funciones el próximo mes de septiembre.

El pasado 6 de junio, en estados que ocupan los primeros lugares de la lista nacional de personas desaparecidas como Jalisco, Veracruz y Nuevo León, familiares de personas desaparecidas mostraron su malestar con la jornada electoral cuestionando si puede haber democracia con personas desaparecidas. ¿En qué democracia pueden creer las familias y quienes les acompañan si aun haciéndole la tarea al Poder Legislativo, este se niega a completarla?

Porque eso es lo que falta: dictaminar la iniciativa en comisiones y pasarla al pleno para su aprobación, algo que todavía es viable con un periodo extraordinario.

La iniciativa no es perfecta. El 28 de mayo pasado, en una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho —también presidenta de la Comisión de Procuración y Administración y Justicia—, el proyecto de ley recibió observaciones por expertos internacionales de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero ambas representaciones coincidieron en que se trata de una iniciativa que en lo general cumple con lo que se espera de una ley local en la materia y atiende el mandato de la Ley General. Estas observaciones, de hecho, fueron incorporadas a una nueva versión de la iniciativa que tienen en sus manos las diputadas presidentas de las comisiones dictaminadoras, así como la actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Nora Merino Escamilla.

Iniciativa hay, las observaciones hechas a la misma han sido atendidas y la problemática está allí, a la vista de las y los diputados poblanos. Los rostros de las personas a las que sus familiares no han dejado de buscar y que hoy sitian las inmediaciones del Congreso de Puebla, junto con los de cientos de personas que hemos intentado caminar a su lado desde nuestros lugares de incidencia, hemos sido testigos de la insensibilidad, la soberbia y la desvergüenza de quienes aún ostentan un cargo de representación popular.

Desafortunadamente, estas actitudes inexplicables frente al dolor de las familias no son exclusivas de las y los legisladores. Con la mano en la cintura y de espaldas a estas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha repetido desde hace un par de meses que hará llegar al Congreso local una iniciativa propia que desconoce y parece mirar con desprecio el proyecto trabajado con las familias al centro.

Son ellas quienes además de salir a buscar a sus seres queridos con pico y pala en mano, han redactado una iniciativa de ley que desde el año pasado es la única iniciativa que se encuentra en la mesa del Congreso de Puebla. ¿Qué esperan diputadas y diputados?

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Roberto Alonso (2021) Historia de un Congreso indolente . LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/historia-de-un-congreso-indolente/

Piden a la Iglesia Católica que no intervenga en la discusión del aborto en Veracruz y al Congreso a cumplir

*Es urgente defender la pluralidad religiosa, la laicidad del Estado, la vida y los derechos humanos de las mujeres

El Congreso de Veracruz tiene oportunidad histórica de respetar la ley, la AVGM y los tratados internacionales.

Sara Lovera  | Sem México

Ciudad de México | 18 de Julio del 2021 | — : —

Miles de mujeres llamaron a la Iglesia Católica a no intervenir en la discusión del aborto en Veracruz; pidieron al congreso de la entidad  respetar la ley, las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación y los acuerdos internacionales firmados por México.

En sendas solicitadas que circulan en toda la región latinoamericana, ponen a Veracruz  en el centro, – antigua historia libertaria-  y valoran a la diputada Mónica Robles Barajas quien presentó nueva iniciativa para interrumpir el embarazo sin consecuencias jurídicas para las mujeres hasta las 12 semanas de gestación, donde grupos religiosos se oponen e  intentan intervenir.

Alertan sobre esos intentos y llaman a respetar la pluralidad religiosa, en una entidad del país plagada de violaciones sexuales, embarazo en adolescentes, acoso sexual y violencia estructural, donde las mujeres son las principales víctimas.

Los grupos feministas, saludan a la diputada, llaman cuidadosamente a las y los congresistas a hacer justicia, defender al estado laico y los derechos humanos de las mujeres, ante la inminencia del  Congreso de Veracruz discuta y apruebe esa iniciativa  para despenalizar el aborto en esa entidad, que convertiría a la entidad en la 4ª en el país, que daría garantías a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Estos grupos fueron enfáticos al pedir a la Iglesia Católica no entrometerse en una discusión ciudadana, libre y de garantía a los derechos de las mujeres. 

Las organizaciones de mujeres y feministas  además, se solidarizan y saludan a la diputada del partido oficial, Mónica Robles Barajas por presentar la iniciativa y reactivar las razones por las que debe acordarse la Interrupción Legal del Embarazo en Veracruz y tras largos años de discusión. 

Esa despenalización está  detenida en la Suprema Corte de Justicia, está ordenada por Gobernación en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Será fundamental para disminuir el embarazo en adolescente en Veracruz, que o, entre 2017 y 2019 reportó 21 mil 287 nacimientos, cuyas madres tenían menos de 19 años, lo que  coloca a Veracruz en  el 2º lugar nacional con el mayor número de embarazos adolescentes, especialmente en los  municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla  y Córdoba.

La iniciativa

La iniciativa que se votará en el pleno del Congreso del Estado de Veracruz busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el artículo 152 del Código Penal de Veracruz.
Votarla a favor permitirá a la LXV Legislatura del Congreso una  oportunidad histórica para  dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado declarada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) el 13 de diciembre de 2017.
Además la Iniciativa reivindica el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a una vida libre de violencia, en concordancia con los tratados internacionales que México ha suscrito. 

Las redes de América Latina y el Caribe, como el Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio, lanzaron este domingo sendas peticiones para reunir al menos 10 mil firmas que hagan reflexionar a la legislatura, y Católicas por el Derecho a decidir  destacan la importante  decisión de debatir la ILE, por su trascendencia para la vida y la salud de las mujeres.

Destacan que  Leyes como esta garantizan el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres al proteger derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la igualdad, a la información y a la libertad, incluyendo la libertad de conciencia. Urge por ello respetar el Estado Laico.

La iniciativa de reforma propuesta por la Diputada Mónica Mónica Robles es justa, moderna y moderada; justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su condición económica y lugar geográfico tengan acceso a servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con calidad y calidez. Moderna porque reconoce los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente y moderada porque pone un límite a este derecho, hasta las 12 semanas de gestación.
Anexamos las dos solicitadas que buscan firmas:


De las Redes Latinoamericanas 

 Organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales saludamos la iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), la cual busca garantizar los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a la salud reproductiva

Las organizaciones y redes de América Latina y El Caribe que suscribimos la presente, celebramos la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en el estado de Veracruz.

Asimismo queremos hacerles llegar respetuosamente a los y las diputadas del estado, nuestro saludo ante la decisión de debatir un asunto tan importante para la vida y la salud de las mujeres. Leyes como esta garantizan el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y personas con capacidad de gestar al proteger derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la igualdad, a la información y a la libertad, incluyendo la libertad de conciencia.

Reiteramos que, ante este asunto de salud pública, justicia social y derechos humanos, es fundamental que cualquier decisión se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado establecidos en el art. 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que es necesario conducirse bajo una ética pública laica que garantice la separación entre el Estado y las Iglesias, que permita el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la ley y asegure la imparcialidad de la función pública.

Hacemos un llamado a la Jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias conservadoras a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del Estado ni oponerse al avance de los derechos humanos, sobre todo a los derechos de las mujeres y niñas. Así como a respetar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que delimita claramente los ámbitos de competencia en los asuntos de las políticas públicas.

Cualquier discusión pública debe estar guiada por el respeto a la pluralidad, más allá de presiones de grupos fundamentalistas religiosos que desean imponer una única visión de la moral sexual y atentan contra la progresividad de los derechos de las mujeres. La despenalización no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, sino que facilita la posibilidad de elegir a quienes por diversas circunstancias toman esta decisión, para que lo hagan en mejores condiciones y conforme a los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud. Es tiempo de escuchar y atender las realidades de las mujeres y personas con capacidad de gestar veracruzanas.

Veracruz se encuentra ante la posibilidad histórica de dar un paso que lo coloque como el cuarto Estado en México en legalizar el aborto, avanzando en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Les apoyamos para que den ese paso hacia la ampliación de derechos.

OSC saludan iniciativa que busca garantizar los derechos de las mujeres en Veracruz #YaEsTiempo de que los derechos humanos de las mujeres sean garantizados

Veracruz, Veracruz a 19 de julio 2021.

Organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales saludamos la iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), la cual busca garantizar los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a la salud reproductiva.

La iniciativa que se votará en el pleno del Congreso del Estado de Veracruz busca reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el artículo 152 del Código Penal de Veracruz.

Frente a dicha iniciativa, la LXV Legislatura del Congreso estatal tiene la oportunidad histórica de dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado declarada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) el 13 de diciembre de 2017.

La Iniciativa reivindica el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a una vida libre de violencia, en concordancia con los tratados internacionales que México ha suscrito.

La iniciativa de reforma propuesta por la Diputada Mónica Mónica Robles es justa, moderna y moderada; justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su condición económica y lugar geográfico tengan acceso a servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con calidad y calidez. Moderna porque reconoce los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente y moderada porque pone un límite a este derecho, hasta las 12 semanas de gestación.

Como defensoras de los derechos de las mujeres, reconocemos que este tipo de reformas contribuyen a erradicar los contextos de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres, adolescentes y las niñas veracruzanas en su salud sexual y reproductiva.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2020 se denunciaron 22 abortos y se cometieron 2,734 delitos sexuales, de los cuales 408 fueron violaciones sexuales. En el periodo de enero a mayo del 2021 se denunciaron 1,393 delitos sexuales, de los cuales 226 son violaciones sexuales.

Aunado a ese contexto, entre 2017 y 2019, México registró un total de 117,556 embarazos adolescentes y Veracruz reportó 21,287 nacimientos, cuyas madres tenían menos de 19 años. Esta cifra coloca a la entidad en el 2º lugar nacional con el mayor número de embarazos adolescentes concentrando la problemática en los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, San Andrés y Córdoba.

En relación con la mortalidad materna, en 2018, la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Salud ubicó a Veracruz en el 3º lugar de muertes maternas, con 38 casos.

La alerta de agravio comparado visibilizó la gravedad de la situación de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violencia sexual, a quienes se les obliga a tener embarazos forzados poniendo en riesgo su vida e integridad, a pesar de ser un deber del estado garantizar el acceso a servicios especializados de salud, que incluyen la ILE.

Con la iniciativa, Veracruz atendería también la recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) el cual recomendó a México “eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias”.

El contexto que enfrentan las mujeres hace inaplazable legislar para garantizar los derechos humanos y la no criminalización social de las mujeres, por lo que desde diversos espacios estatales y nacionales estaremos atentas a que:

-El Congreso del Estado de Veracruz garantice el derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

-Las reformas realizadas sean garantistas y de avanzada con el fin de eliminar la brecha de desigualdad y discriminación histórica que acecha contra la vida de las mujeres.

De hacerlo así, el estado se convertirá en la cuarta entidad que garantice legalmente el derecho a la salud reproductiva de las mujeres en concordancia con los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres.
Defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brindamos todo nuestro respaldo a la Diputada Mónica Robles y a la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, quienes a través de esta iniciativa buscan consolidar de manera tangible la transformación de la vida de las mujeres veracruzanas.

#EsTiempo de nuevas realidades, es tiempo de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y vivan una vida libre de violencia.


Atentamente, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

EL presente articulo es propiedad de Sem México

Sara Lovera  (2021) Piden a la Iglesia Católica que no intervenga en la discusión del aborto en Veracruz y al Congreso a cumplir. Sem México. Recuperado el 19 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/piden-a-la-iglesia-catolica-que-no-intervenga-en-la-discusion-del-aborto-en-veracruz-y-al-congreso-a-cumplir/

Más de treinta organizaciones comparten la necesidad de modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo

Se trata del primer encuentro del proceso participativo para la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 y ha estado presidido por Antonia Morillas, directora del organismo

Redacción | Sem México

AmecoPress Madrid | Miércoles 14 de julio 2021 | –:–

Tras la celebración de los conversatorios online sobre “Más salud sexual y reproductiva: Hacia la modificación de la ley orgánica 2/2010”, Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, ha presidido el primer encuentro con organizaciones de ámbito estatal, entre ellas las asociaciones integrantes del Consejo de Participación de la Mujer. Este encuentro arranca el proceso participativo de reflexión y debate para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el objetivo de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos y ampliarlos.

Con posterioridad a la presentación de las conclusiones obtenidas en los conversatorios, se ha producido un debate en el que ha destacado el amplio acuerdo en las reformas que es necesario emprender y la coincidencia de las demandas presentadas con las conclusiones de los debates. Entre dichas demandas se ha señalado especialmente la importancia de desarrollar una educación sexual con un enfoque integral.

JPEG

En su intervención, Morillas ha reconocido el avance que supuso la ley 2/2010, y ha señalado dos cuestiones: la necesidad de revertir las modificaciones restrictivas introducidas por el Partido Popular en 2015 y la de identificar los obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, como las desigualdades territoriales, la falta de regulación de la objeción de conciencia o las situaciones de acoso en torno a las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo.

Conclusiones de los seminarios online “Más salud sexual y reproductiva”

En los conversatorios sobre “Más salud sexual y reproductiva”, celebrados los días 8 y 9 de julio, han participado expertas de los ámbitos jurídico, sanitario y asociativo. Sus principales conclusiones, presentadas en el encuentro con organizaciones que ha tenido lugar a la finalización de los mismos, han sido:

1. Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
• Necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos para la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sanidad pública, como una prestación sanitaria más, para romper el estigma todavía existente.
• Suprimir el periodo obligatorio de reflexión de tres días, por considerarlo una tutela del derecho a decidir de las mujeres.
• Eliminar la necesidad de contar con autorización paterna para las mujeres de 16 y 17 años.
• Favorecer a las mujeres el acceso a la información, actualmente insuficiente, y fomentar la formación de profesionales para el acompañamiento de las mujeres.
• Regular la objeción de conciencia, para que no suponga un obstáculo en el acceso a los derechos reconocidos.
• Fortalecer la educación sexual con perspectiva feminista.

2. Gestación subrogada como forma de explotación reproductiva
Tras determinar que el fenómeno del alquiler de vientres no deja de crecer debido al auge de un mercado que genera importantes beneficios, se ha señalado que es una violencia más contra las mujeres, que vulnera muchos de sus derechos durante la gestación, como por ejemplo la movilidad, el derecho al aborto o a la rescisión del contrato. Las propuestas recogidas han sido:
• Una legislación garantista con los derechos de las gestantes.
• Informar a las familias que optan por esta vía de la situación de las gestantes y de cómo operan las agencias intermediarias.
• Facilitar la adopción.
• Estudiar sanciones, con perspectiva transnacional, que sigan el esquema del delito de trata, poniendo el acento en la industria de explotación.
• Analizar qué es lo mejor para los y las menores.
• Prohibir la actividad de las empresas y agencias que la promueven y su publicidad.

JPEG

3. Violencia obstétrica como violencia de género
Las principales demandas, tras considerar la violencia obstétrica como un atentado a los derechos humanos y una violencia institucionalizada que está normalizada, han sido:
• La obligación de las instituciones de prevenirla y erradicarla, eliminándola del sistema sanitario y garantizando un parto respetado.
• La prevención a través de protocolos e información y de la formación a profesionales.
• Posibilitar las reclamaciones y contemplar la reparación de las consecuencias físicas y psicológicas para las mujeres.

El presente articlo es propiedad de Sem México.

Redacción (2021) Más de treinta organizaciones comparten la necesidad de modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo. Sem México. Recuperado el 14 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/mas-de-treinta-organizaciones-comparten-la-necesidad-de-modificar-la-ley-de-salud-sexual-y-reproductiva-e-interrupcion-voluntaria-del-embarazo/

Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México. Las mujeres que informan a otras para que de manera consciente y segura decidan si desean o no ser madres y las acompañan en sus procesos, son víctimas de distintas agresiones por su labor, como amenazas, agresiones directas hacia ellas o a sus familias, son calificadas como “asesinas” y sufren de ciberataques en los que pueden llegar a difundir sus datos personales o fotografías. 

En ello coincidieron las defensoras y acompañantes de maternidades libres, Vanessa Jimenez de la “Red Necesito Abortar” en Nuevo León; Fátima Alejo de la “Colectiva Colmena Verde” en Veracruz; y Ariadne Song de “Colectiva Abortar Ixtabay” en Quintana Roo, durante el conversatorio “Maternidades Libres”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México con el fin de discutir cómo las acompañantes buscan impulsar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las  mujeres. 

Explicaron que sus principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades. Éstos tergiversan la información de lo que hacen para que la población deslegitime y recrimine su labor de defensa por medio de sus redes sociales o sus espacios de poder en los medios de comunicación, lo que genera aún más agresiones hacia ellas. 

Una acompañante, dijeron, es una mujer que puede ser enfermera, psicóloga, abogada o tener otra profesión en su vida diaria y a la vez trabaja porque más mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y hagan valer sus DH. Además, está informada sobre la legislación de su entidad respecto al aborto, explica a las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos las opciones seguras que tienen y proporcionan un espacio de apoyo a quienes desean continuar sus gestaciones. 

Señalaron que ser acompañante no es un delito porque ellas sólo brindan y explican qué es y cómo se puede acceder a una interrupción legal del embarazo y siguen los casos de las mujeres, pero nunca las obligan a nada. “No hay reforma que reconozca de forma pública que por ser acompañantes se nos criminalice. El contexto cambia. Nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos la fortaleza y los DH de nuestro lado”, añadió la defensora Vanessa Jiménez. 

Aunque dijeron, lo anterior debería conocerse como lo que en realidad hace una acompañante, no es así. La desinformación existente en las poblaciones del país, en particular en sus estados fomenta por ejemplo, que las defensoras de Veracruz tengan que realizar su labor en total secrecía porque el derecho a decidir está restringido y sus leyes “protegen la vida desde la concepción”. 

De acuerdo con la defensora Fátima Alejo, “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y se considera que “comete delito de aborto quien interrumpe su embarazo en cualquiera de sus etapas” y se sanciona “con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”, según los artículos 149 y 150 del Código Penal de este estado. 

Este mismo Código Penal, específica en su artículo 154, que el aborto sólo es legal en 4 causales cuando “por violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, alteraciones graves en el producto e inseminación artificial no consentida”.

En Quintana Roo, las defensoras son calificadas por sus autoridades como “vándalas” o dicen “que son compradas por los partidos políticos”, además hacen apología de usar la violencia contra ellas. “Tomamos las instalaciones del Congreso por 95 días en medio de la pandemia para seguir exigiendo la despenalización del aborto en esta entidad. Los grupos antiderechos ubicaron nuestras redes sociales, dónde vivíamos, y prendieron fuego a la casa de una compañera con sus hijos adentro”, dijo Ariadne Song. 

Según el artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, el aborto es posible cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando la gestación sea resultado de una violación, que haya sido denunciada antes en el Ministerio Público; cuando a juicio de 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas; cuando a juicio del médico sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre”. 

Las mujeres o personal médico que interrumpa un embarazo fuera de estas causales será penado de 6 meses a 2 años en prisión, la sanción es mayor si el procedimiento se hiciera sin el consentimiento de la gestante, según los artículos 93 y 94 del Código Penal de Quintana Roo.

En el caso de Nuevo León la agresión más recurrente son los ciberataques por los grupos antiderechos, ya que éstos piensan que su labor es ilegal debido a que en 2019, el Congreso de este estado aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución de su estado, que reconoce “el derecho a la vida desde la concepción”. 

Este cambio, añadió Vanessa Jiménez, no debe representar un obstáculo para el acceso al aborto legal para las causales que ya existen en su entidad: peligro de muerte, riesgo a la salud, y si el embarazo es producto de violación. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han realizado 2 mil 612 interrupciones legales del embarazo en lo que va del 2021 en México. Las entidades con más registros son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Michoacán. 

Frente a estos contextos, añadieron, crean redes de apoyo y de comunicación con más mujeres de sus entidades a través de las diversas movilizaciones como las “Mareas Verdes”, desarrollan cursos y pláticas sobre aborto para la ciudadanía, utilizan sus redes sociales y se articulan con más defensoras de otros estados con el fin de minimizar los riesgos de los que pueden ser víctimas. 

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/defensoras-que-acompanan-a-mujeres-para-ile-son-agredidas-por-esta-labor

Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina

Elda Montiel, SemMéxico

17 de mayo de 2021

  • Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
  • Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.

La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.

La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.

En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.

Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.

Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina

Matrimonio igualitario

Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.

Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.

Identidad de Género

En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.

Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.

Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.

En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.
Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.

Tensiones por la diversidad en América Latina

Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.

En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”.
Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.

Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera

Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.

Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay

En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.

Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.

En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.

En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.

La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.

Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.

Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Montiel, E. (2021). Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina. SemMéxico. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/fundamental-las-redes-de-apoyo-para-las-lgbtttiq-en-tiempos-de-pandemia-en-america-latina/

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

Durante el cuarto eje del Parlamento Abierto, “Aborto: una aproximación desde la salud”, la activista Natali Hernández declaró: “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”

Allison Madrid ( @allison_madrid), Lado b (@ladobemx)

20 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández
Allison Madrid | @allison_madrid

“Asumir si una mujer puede o no abortar, si debe o no abortar, es absolutamente un tema político de participación exclusiva de las mujeres (…) de lo que sí tienen que encargarse ustedes, hablo a  los diputados y las diputadas, es de procurar buenas prácticas y condiciones benéficas a la salud de las mujeres”.

Así lo mencionó la psicóloga Alma Xiomara Sarabia, especializada en perspectiva de género y feminismo del Centro de Análisis, Información e Iniciativa Social (Cafis), el primer día del tercer eje del Parlamento Abierto que se centró en el aborto desde una perspectiva de la salud. 

En su ponencia, Alma Xiomara también expresó que el propósito de estas ponencias no es “pedir permiso” sino “[exigir] seguridad social y médica”, pues afirmó que los abortos son tan antiguos como los nacimientos mismos y que si las mujeres sufren no es a causa del aborto sino por el estigma social y el rechazo que las silencia. 

El aborto no es nuevo, pero sí su criminalización

El segundo día del eje se caracterizó por una alta participación de personas opositoras a la interrupción legal del embarazo, donde la única mujer participante a favor de la legalización del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos fue Natalí Hernández de Cafis, quien aseguró que “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”. Criminalización que, a su vez, no reconoce los saberes y experiencias de mujeres, asociaciones y colectivas que acompañan procesos de aborto.

Como mencionó Natalí en su exposición “hablar de la despenalización del aborto implica (…) el reconocimiento de la diversidad de prácticas de aborto que actualmente prevalecen, y no caer en absurdas generalizaciones”. 

El resto de los nueve ponentes —la mayoría hombres— se posicionaron en contra de estas iniciativas. Resaltando la ponencia de Adrián Rodríguez Corona, quien aseguró que el hombre también es víctima del aborto y dijo que “el miembro más olvidado de esta [ecuación abortista] es el hombre”. 

Así como la exposición del autor Andrés Rosas Nieto, quien habló sobre las “intervenciones masónicas” que buscan “negar el derecho a la vida” y que se encuentran coludidas con las más altas autoridades en el país para “establecer una agenda ideológica en nuestro país para hacerse de la consciencia de los jóvenes”. 

ILE como parte de la educación sexual integral

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado
Foto: Olga Valeria Hernández

Durante el tercer día, se contó con la participación de la senadora María Lucia Mícher (Morena), quien defendió la legalización del aborto como parte de una propuesta integral que comienza con una educación sexual apropiada, ya que esta “no incrementa la actividad sexual, las conductas sexuales de riesgo ni las tasas de VIH o las ITS”.

Por su parte, Aníbal de la Vega, de la colectiva Transversales, habló sobre la falta de conocimiento que existe sobre personas trans y no binarias en relación al aborto y salud reproductiva. 

Asimismo, explicó que aunque “las personas empobrecidas y racializadas tienen saberes propios” que en ocasiones les permiten abortar de forma segura, lo que se busca es parar la criminalización de esos y otros grupos vulnerables como lo son mujeres adolescentes cis, hombres trans y personas no binarias. 

El aborto es una etapa natural de la vida reproductiva

Finalmente, durante el cuarto día, se contó con la participación de diversas psicólogas y expertas, entre ellas Sofía Garduño —quien co-coordina el Fondo de Aborto para la Justicia Social María de la Asociación Civil Balance— y Vanesa López Silva —de la Colectiva Coatlicue SiempreViva—. Esta última en una de las réplicas aseguró que el aborto no es solución de nada y no busca serlo, sino que es más bien una etapa natural de la vida reproductiva de la mujer. 

En su ponencia, la psicóloga Sofía Garduño hizo un llamado a la sociedad y a las y los legisladores a accionar desde la empatía, la comprensión y el respeto absoluto agregando que “no son mujeres abstractas las que abortamos, somos mujeres que formamos parte de familias y comunidades reales”. 

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

De igual forma, tanto ella como Vanesa López desmintieron el llamado ‘síndrome post-aborto’ que grupos anti-aborto han mencionado en reiteradas ocasiones definiéndolo como una especie de síndrome de estrés post-traumático. 

En su exposición, Sofía Garduño citó a la Asociación Psiquiátrica Americana y mencionó que “debido a la falta de evidencia científica [la Asociación] no reconoce el síndrome post-aborto como un diagnostico legitimo de salud mental desde el año 2002”.

Cabe recordar que, durante el primer día de este eje de discusión, Humberto Bautista Rodríguez aseguró que las mujeres que abortan presentan “alteraciones mentales” y posteriormente presentó cifras de otros países y del siglo pasado para justificar sus aseveraciones de que las mujeres que abortan son más propensas al suicidio.  

Vanesa López, por otro lado, habló también sobre los estragos que ocasiona el estigma social que enfrentan las mujeres que abortan siendo este, y no la terminación de sus embarazos, el que ocasiona el malestar en ellas, y dijo: “muchas mujeres deciden ocultar sus historias de interrupción del embarazo para lidiar con el estigma; sin embargo, esto conduce a malestar psicosocial, represión de emociones y pensamientos, así como el distanciamiento social”.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Madrid, A. (2021). Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado. Lado B. Recuperado el 22 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/criminalizacion-y-estigma-las-verdaderas-consecuencias-del-aborto-no-legalizado/

Plantean código penal unico como opción para despenalizar aborto en el país

Protesta a favor del aborto en México.
Protesta a favor del aborto en México. Foto Sergio Hernández / Archivo

Carolina Gómez Mena|La jornada

Miércoles 21 de abril de 2021

“Un código penal único es la opción para que se pueda despenalizar el aborto en todo el país”, señaló la abogada y activista Julia Escalante en el conversatorio Interrupción legal del embarazo, situación actual y siguientes pasos.

Hasta ahora sólo la Ciudad de México y Oaxaca despenalizaron la interrupción del embarazo, y los intentos en Quintana Roo y en Hidalgo no prosperaron, ahora se analiza en Puebla.

Escalante refirió que, aunque contar con un Código Penal a nivel país es la forma “más fácil y más simple”, no ha habido avance a nivel legislativa. “Este tema tiene más de tres años, y no se ve que haya próximamente una discusión legislativa a nivel federal sobre este tema. Lo que se ha estado intentando es hacer las despenalizaciones en los estados. Se intentó en Hidalgo y en Quintana Roo, actualmente está en discusión en Puebla”.

Precisó que la oportunidad de abordar el tema es posible solo en “algunos congresos estatales en donde hay alguna correlación de fuerzas progresistas para que se llegue a esta despenalización”.

Criticó que en el contexto de las campañas se haga un uso electoral del aborto por parte de los partidos políticos. “Lo que las activistas decimos es que se está haciendo un uso faccioso de la despenalización, que se esta haciendo un uso electoral y que está sirviendo como moneda de cambio y negociación entre los partidos, que no necesariamente hay una vocación o una iniciativa legítima de que exista esta despenalización del aborto en los códigos para que se permita el acceso libre a la interrupción del embarazo”.

Aída Sánchez, gerente médica en Fundación Marie Stopes remarcó que el aborto inseguro sigue siendo la “cuarta causa de muerte materna en México”.

La médica cirujana por la Universidad Autónoma de Hidalgo, señaló que “el aborto es el tratamiento para un embarazo no deseado” y añadió que las mujeres “al ser criminalizadas, al ser juzgadas o al no darle acceso a servicios de aborto, recurrimos a técnicas inseguras, con personal de salud que no está capacitado, y con esto ponemos la vida y la salud en riesgo”.

En contraparte con abortos seguros “el número de complicaciones es prácticamente nulo, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los gobiernos que den acceso a las mujeres a servicios de aborto seguros”.

Indicó que datos de la Guía de abortos sin riesgos de la OMS “cada año se producen 22 millones de abortos inseguros” y ocurren unas “47 mil muertes relacionadas con complicaciones de abortos inseguros”.

Por estos procedimientos realizados por personal no capacitado “cinco millones de mujeres” quedan con algún tipo de “incapacidades”.

Señaló que el organismo internacional prevé que “33 millones de usuarias de anticonceptivos tendrán un embarazo accidental”, pues explicó que los anticonceptivos no son infalibles.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada”.

Gómez, C. (2021). Plantean código penal unico como opción para despenalizar aborto en el país. La Jornada. Recuperado el 21 de abril de 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/20/sociedad/codigo-penal-unico-opcion-para-despenalizar-el-aborto-en-todo-el-pais-experta/

Niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin acceso a ILE

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Miércoles 14 de abril de 2021

Ciudad de México. En 2020 en el contexto de la pandemia por Covid-19, se registraron cerca de 280 mil nacimientos en madres menores de 20 años que residen en México; de estos, más de 8 mil corresponden a menores de 15 años y en 50 por ciento de los embarazos en niñas de 10 a 14 años los progenitores superaban la edad de las menores de edad, detalló la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, (CNEGySR) Karla Berdichevsky.

Al participar en el evento virtual “Niñas jugando, no gestando”, organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, especialistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, alertaron que pese a ello, continúa sin garantizarse el acceso pleno a la interrupción legal del embarazo a causa de una violación, la revictimización y violencia contra este grupo poblacional, situación que se agravó con el Covid-19 lo que pone en riesgo su acceso a la justicia y el cuidado de su salud.

Destacaron que la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) describe los criterios para la atención y prevención de la violencia sexual y familiar contra las mujeres. “Es obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para prestadores en el sector público y privado y su incumplimiento debería dar origen a una acción penal, civil o administrativa. Todas las personas víctimas de agresiones sexuales tienen derecho a atención oportuna de servicios de salud como terapia psicológica, anticonceptivos, la interrupción segura del embarazo, entre otros”, dijo la directora de Arkali Espacio, Stefanía Bárcenas Padilla.

Aunado a este problema, el personal de salud considera que puede decidir bajo sus creencias si las mujeres y niñas acceden o no a un servicio de salud, incluso, en algunos estados se desconoce la vigencia de la Norma, el contenido de ésta, o no se tienen protocolos para su aplicación, como resultado, la vida de las niñas y adolescentes se pone en riesgo al someterlas a procesos largos, donde son más violentadas.

Las defensoras resaltaron que es necesario visibilizar que la mayoría de los embarazos en niñas menores de 14 años son resultado de la violencia sexual que es ejercida principalmente por personas conocidas, así como de los matrimonios infantiles forzados. Un embarazo a esa edad, añadieron, limita el desarrollo académico y profesional de las niñas y tiene complicaciones 4 veces más altas  que en mujeres de 20 a 30 años.

“Los recién nacidos tienen más riesgo de morir en las primeras semanas y registrar bajo peso al nacer.  No se comparan con los recién nacidos de mujeres de 20 a 30 años. Se sabe que entre más joven es la mujer hay un mayor riesgo de salud”, afirmó Karla Berdichevsky.

Las especialistas destacaron que la llegada de la pandemia dificultó aún más que en los casos de violación se pudiera acceder a la interrupción del embarazo, y que el incremento de la violencia sexual y familiar en los hogares permitió que las instituciones de salud privadas o públicas escudaran sus decisiones para negar este servicio bajo el pretexto de que eran centros de Covid-19 o no había medicamento ni aparatos adecuados para ello.

En ese sentido, explicaron que las instituciones de salud están obligadas a garantizar este servicio, aún en la pandemia, porque ellos no pueden ser objetores de conciencia, es decir negarse de brindar el servicio al que calificaron como urgente, ya que el tiempo pone en riesgo la vida de las niñas y adolescentes. Estas acciones, añadieron, ayudan a que los agresores queden impunes y los delitos de abuso sexual no sean denunciados.

En el estado de Oaxaca, agregó la defensora de Derechos Humanos, Guillermina Edith Juárez Leyva, a un año de haberse despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se siguen negando las solicitudes de interrupción del embarazo. Ejemplo de ello, dijo, es que sólo hay 8 casos registrados durante todo el 2020.

“Esto es alarmante porque nuestro estado cuenta con 570 municipios y 8 regiones geográficas y estos 8 casos sólo se realizaron en un hospital, de estos 3 fueron violación. No existe información desagregada que registre cuántos casos de ILE sucedieron por regiones. No hay documentos que hablen sobre protocolos de actuación en estos casos. No hay presupuestos destinados para estos servicios”, agregó.

En ese sentido, la defensora de “Morras Help Morras”, Sofía Regalado, contó el caso de una niña, víctima de violencia sexual, a la que el estado de Aguascalientes le negó la interrupción del embarazo por violación bajo el argumento que en toda la entidad no se contaba con personal médico para ello.

“La niña tuvo que ir a la Ciudad de México a llevar a cabo su interrupción. Se ganó un amparo de los tres que se metieron en Aguascalientes y el Estado reconoció que la menor fue víctima de tortura por parte del mismo Estado, sin embargo, casos así siguen sucediendo”, añadió Regalado.

Por su parte, la académica de la Universidad de Panamá y comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Trotiño, expuso el caso de “Paola vs Ecuador”, una niña que sufrió violencia sexual por parte del director de su escuela y presentó un embarazo producto de esta agresión. Él la llevó a los servicios médicos de la escuela, y ahí fue violentada nuevamente, ahora por el médico que la revisó, por lo que la menor de edad se suicidó.

Ante este contexto, las panelistas llamaron a que las instituciones destinadas a eliminar la violencia contras las mujeres trabajen en conjunto con las instituciones de salud con el fin de que se visibilice la voz de las niñas y adolescentes y además, las autoridades impulsen una educación sexual integral para niñas, niños, adolescentes, padres y personal de salud.

Otras recomendaciones, dijeron, es mejorar y unificar los protocolos de actuación, capacitar al personal médico, difundir información sobre el derecho al aborto en caso de violación, destinar presupuesto para aparatos, medicamentos y la contratación de traductores e intérpretes que faciliten el contenido de las leyes a mujeres indígenas o con alguna discapacidad.

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin acceso a ILE. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/14/ninas-y-adolescentes-victimas-de-violencia-sexual-sin-acceso-a-ile

Inicia el Parlamento Abierto sobre Aborto Legal en Puebla

Su realización forma parte de los acuerdos que firmó el Congreso luego de la toma pacífica de jóvenes feministas en noviembre pasado; el Pleno deberá abordar el tema en el Pleno a más tardar el 15 de abril

Lado B (@ladobemx)

05 de abril de 2021

*Foto de portada: Marlene Martínez
Allison Madrid | @allison_madrid

Este lunes inició el Parlamento Abierto sobre Derechos sexuales y reproductivos, y Aborto Legal, uno de los compromisos arrancados al Congreso de Puebla luego de la toma pacífica realizada en noviembre pasado por un grupo de jóvenes feministas. 

Entre los compromisos establecidos el 18 de diciembre de 2020, fecha en que se levantó la toma, además de la realización del Parlamento —que terminará el 27 de abril— está la discusión en el Pleno de las iniciativas de Ley para despenalizar el aborto a más tardar el 15 de abril.

El Parlamento tiene cinco ejes, el primero, cuya discusión arrancó a las 10 de la mañana y se transmitió en vivo, fue “Derechos Sexuales y Reproductivos, su importancia como derechos humanos”, en el que participaron personas con diversas posturas que previamente postularon para tal efecto.

En este ejercicio moderado por la diputada Estefanía Rodríguez hubo participaciones a favor y en contra del Aborto Legal. 

Como suele suceder en esta clase de foros, las personas en contra, más que argumentos esgrimieron creencias, interpretaciones a modo e incluso mentiras, tal fue el caso de Olga Mariana Igartua Pérez Allende, directora de la asociación Nacer es mi Derecho, quien aseguró en su intervención que “los derechos sexuales no existen”. 

Al respecto, la doctora Gloria Ramírez, de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, explicó que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos” y recordó  que se encuentran establecidos en nuestra Constitución, y que son independientes de cualquier ideología personal. 

Asimismo en su intervención titulada “México ante sus compromisos internacionales en materia de aborto legal”, Ramírez habló sobre la importancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y dijo que en México está comprometido a respetar y aplicar tanto lo que está establecido en la Constitución como lo establecido en las normas internacionales. 

“Respetar la vida —agregó— es cuidar la vida de las mujeres. Y precisamente se cuida cuando se da educación sexual o cuando se da el apoyo para que pueda abortar libre y gratuitamente”. 

Por su parte, Samantha Páez Guzmán, de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dio su testimonio de aborto “consciente de que tuve privilegios de tener el dinero suficiente para ir a otro estado para abortar de manera segura, de tener la compañía de mujeres a mi lado, tener información de organizaciones aliadas. (…) Todas las mujeres deberíamos tener las mismas condiciones para tener un aborto libre, seguro y gratuito”. 

Mientras que María Luisa Galicia Morales, de la Red de Artistas Brujas Puebla, expresó que “Hoy como mujer, pido la garantía a todos mis derechos, todos los días de mi vida. Soy mujer con capacidad de decidir sobre mi propia vida, no necesito tutelaje porque no soy niña”. 

Aquí puedes ver la primera mesa. También puedes consultar el horario de los siguientes eventos, que se transmitirán en el Facebook del Congreso:

https://www.facebook.com/watch/?v=512056373291543

Inicia el Parlamento Abierto sobre Aborto Legal en Puebla

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Lado B. (2021). Inicia el Parlamento Abierto sobre Aborto Legal en Puebla. Lado B. Recuperado el 06 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/inicia-el-parlamento-abierto-sobre-aborto-legal-en-puebla/

“Otra vez nuestro sistema nos ha fallado”: Congreso de QR rechaza despenalizar el aborto

La iniciativa de reforma necesitaba mayoría legislativa para ser aprobada; seis de ocho legisladores de Morena votaron en contra o se abstuvieron

Marielo Regina Polo Chávez (@patronapolo), Lado B

02 de marzo de 2021

*Foto de portada: @CongresoQRoo | Twitter

“Ninguna ley ha logrado evitar que las mujeres aborten (…) ¡y ahí están las cifras!”, aseguró el diputado Edgar Gasca (Morena) antes de que la noche de este martes 2 de marzo, con siete votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Quintana Roo votara en contra de la iniciativa de reforma que buscaba despenalizar el aborto en dicha entidad.

La votación se dio tras casi 100 días de que inició la toma pacífica del recinto legislativo quintanarroense y después de que la discusión se pospusiera en múltiples ocasiones por falta de quórum.

Además, también se votó en contra de que el dictamen regresara a comisión, por lo que la iniciativa fue desechada

Fue hasta hoy que, gracias a la lucha de mujeres y activistas de Quintana Roo, se logró que la iniciativa fuera aprobada por las Comisiones Unidas del Congreso del Estado, con tres votos a favor y dos en contra, y discutida la misma noche de ayer en el pleno. 

Durante el debate previo a la votación, algunas legisladoras y legisladores defendieron el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entre ellos, la diputada Iris Mora Vallejo, quien lamentó que el sistema volviera a ganar y fallarle a la ciudadanía.

“No aparece realmente lo que viven y cuántas mujeres se mueren por el aborto porque ¿saben qué? ni las vemos, nadie de las que estamos aquí las vemos”, expresó la diputada perredista como respuesta a su compañera, la diputada independiente Reyna Durán, quien aseguró que su voto en contra se debía a que había realizado una encuesta en su distrito.

Durán fue una de las legisladoras que abandonó el Congreso la sesión pasada, lo cual provocó un receso por falta de quórum.

Por su parte, el diputado Hernán Villatoro Barrios apeló a la autoproclamada Cuarta Transformación del gobierno del presidente López Obrador, diciendo que los derechos sexuales y reproductivos son una deuda histórica y “una de las primeras decisiones que se tienen que tomar por esta Cuarta Transformación”.

“No hay justicia sin la participación de la mujer, no hay libertades sin la participación de la mujer y no hay respeto a los derechos sin la participación de la mujer”, dijo el diputado y agregó que lamentaría mucho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que obligar a la XVI legislatura de su estado a legislar al respecto.

Lo que se rechazó fue la iniciativa conjunta de la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez (PT), presidenta de la Comisión de Cultura y del diputado José Luis Guillén López (MAS), Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; en ellas se proponía reformar la Constitución del estado, el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

El rompeolas de la marea verde

Uno de los puntos más discutidos de esta propuesta de reforma fue el de incluir o no la modificación a la Constitución local, la cual estipula la protección de la vida desde la concepción. Durante la sesión de Comisiones Unidas se votó en contra de la propuesta del diputado José Luis Guillén de no incluir esta reforma.

Como se tenía previsto, la inclusión de la reforma constitucional se convirtió en un obstáculo para el derecho de las mujeres a decidir, pues debido a esto la iniciativa necesitaba de una mayoría calificada —correspondiente a dos terceras partes tanto del Congreso como de los ayuntamientos— para ser aprobada.   

El Congreso quintanarroense está compuesto de 25 legisladores y legisladoras; la mayoría pertenece a Morena (ocho), le siguen el PVEM y el PAN con cuatro cada uno, tres pertenecen al PT; dos al PRD. Por su parte, el SP, MAS, MC y PRI cuentan con un representante cada uno. 

No hay consenso en Morena

Pese a que el presidente nacional de Morena,  Mario Delgado, exhortó a las y los diputados de su partido a votar a favor del derecho a decidir de las mujeres, algunas y algunos de sus correligionarios quintanarroenses hicieron caso omiso de su mensaje.


Seis de ocho integrantes de Morena —partido que constantemente ha asegurado apoyar al feminismo y los derechos de las mujeres— se abstuvieron de votar (Wilbert Alberto Batun, María Fernanda Trejo y Luis Fernando Chávez) o lo hicieron en contra de la iniciativa (Euterpe Alicia Gutiérrez, Saray Cobos y Paula Pech) para despenalizar el aborto en Quintana Roo.

Por su parte, la diputada Saray Cobos justificó su voto en contra diciendo que compartía la opinión del presidente de la República de que el derecho a decidir debe someterse a consulta ciudadana. 

Al respecto, Edgar Gasca, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, les recordó a sus compañeras y compañeros que “si todos los derechos estuvieran sujetos a la aprobación de las mayorías en encuestas o consultas públicas, las minorías no tendrían ningún derecho”.

Aquí puedes consultar el voto que emitieron cada uno de las y los legisladores de Quintana Roo:

despenalización del aborto en Quintana Roo

*Foto de portada: @CongresoQRoo | Twitter

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Polo Chávez, M. (2021). “Otra vez nuestro sistema nos ha fallado”: Congreso de QR rechaza despenalizar el aborto. Lado B. Recuperado el 04 de marzo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/03/otra-vez-nuestro-sistema-nos-ha-fallado-congreso-de-qr-rechaza-despenalizar-el-aborto/