Ciudad de México | Martes 13 de Julio del 2021 | — : —
Las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) instan a la Fiscalía General de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes en demanda de justicia por la violación sexual de una niña en 2019, a garantizar sus derechos y tener mayor sensibilidad ante la exigencia de justicia de estos grupos y proteger los derechos humanos de las víctimas.
El pasado 10 de julio los medios de comunicación dieron cuenta de la detención de 10 mujeres que se manifestaron afuera del edificio central de la Secretaria de Educación de Jalisco reclamando la impunidad por el caso de abuso contra dos menores ocurrido en el 2019 en una escuela primaria en Zapopan, donde las manifestantes señalaron la tardanza en el proceso judicial.
Los organismos autónomos de manera conjunta consideran que se violaron los derechos a la libre manifestación de las mujeres, se les estigmatizo y criminalizó por exigir justicia ante un caso que data del 2019.
Dado que las notas informativas refirieron que las mujeres fueron detenidas y liberadas en el transcurso de los días sábado y domingo; siete de ellas fueron vinculadas a proceso.
Exhortan a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes, así como llevar a cabo una pronta y efectiva investigación, con la debida diligencia y ponderando el interés superior de la niñez, para que la violencia cometida en contra de los menores no quede impune.
Precisan que la tardanza y falta de acceso a la justicia es una forma de violencia institucional.
Además de ser actos de impunidad que llevan a las víctimas, a sus familiares, a las mujeres y a los grupos feministas a un hartazgo generalizado ante la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones del Estado.
Lo que se suma al contexto actual de grave crisis de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que existe en el país, convoca a los grupos a realizar manifestaciones para exigir justicia.
Así también, las defensorías instan a dar cumplimiento pronto a la recomendación 183/2020 emitida por la CEDHJ sobre violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a los derechos de la niñez.
Los órganos autónomos reiteran su posición de máxima protección a los derechos humanos de las mujeres.
Manifiestan su clara oposición a la criminalización de las manifestantes, a la dilación de cualquier caso de violencia sexual, en particular en la investigación del caso señalado y recalca su compromiso de velar y proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.
De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, oportunidad, debida diligencia, conforme a un enfoque diferencial y especializado para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad, a la vida y a la libertad de expresión.
El presente articulo es propiedad de Sem México
Micaela Márquez (2021) La CNDH y la CDHJ condenan a las autoridades de Jalisco por la criminalización a las manifestantes por un caso de dilación de justicia del 2019. Sem México. Recuperado el 13 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-la-cdhj-condenan-a-las-autoridades-de-jalisco-por-la-criminalizacion-a-las-manifestantes-por-un-caso-de-dilacion-de-justicia-del-2019/
El asesinato de la periodista Regina Martínez, en 2012, logró la atención internacional hacia los riesgos que corrían los periodistas en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. El primer asesinato ocurrió el 1 de junio de 2011. Los homicidios, desapariciones, amenazas y terror siguieron, como recuerda, tras una década de impunidad, una periodista veracruzana que no se cansó de exigir justicia.
Sepelio de los fotoperiodistas Gabriel Huge y Guillermo Luna en el panteón municipal de la ciudad de Veracruz, México, el 04 de Mayo del 2012. Foto: Félix Márquez Testimonio E Investigación: Norma Trujillo Báez. Fotografías: Félix Márquez
Norma Trujillo Báez | Desinfromémonos
—- | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —
I
Clima de Terror
Desde la llegada de Javier Duarte como gobernador, en diciembre de 2010, un clima de terror generalizado se instaló entre quienes éramos periodistas. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo, que llegó a sumar 18 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, y en nosotros se plantó una idea: “Nos van a matar”.
Tres meses después de que asumió la gubernatura de Veracruz, iniciaron los asesinatos y las desapariciones de periodistas.
El 8 de marzo de 2011, Noel López Olguín, de 45 años de edad y colaborador de los semanarios locales Horizonte,Noticias de Acayucan y del diario La Verdad, salió de su casa en el municipio de Jáltipan, al sur del estado de Veracruz que conjuntamente con los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque integran una insegura y región rica en recursos naturales. Nunca regresó a casa. Al siguiente día su automóvil fue encontrado en la zona semi rural hacia Soteapan. El 1 de junio de 2011 su cuerpo sin vida fue encontrado. Fue el primer periodista asesinado.
Lo encontraron gracias a que el ejército detuvo a Alejandro Castro Chirinos, alias “El Dragón”, jefe de sicarios del grupo armado que controlaba el sur del estado y confesó el asesinato del periodista y su entierro en una fosa en Jáltipan. En el decomiso, junto con armas y drogas le encontraron la cámara fotográfica de Noel. Supuestamente el pago por matar a López Olguín fue de 50 mil pesos.
A José Alfredo Estrella García, reportero de El Liberal y quien coincidía en coberturas con Noel, le impactó tanto el crimen que nunca regresó a Jáltipan a cubrir información. “(Noel) venía a Cosoleacaque y me platicaba lo que cubría”, recordó. “Un día le dije, ‘te estás arriesgando mucho’, porque él tocaba temas del narcotráfico, pero decía nombres, decía en dónde vivían. Un día hizo un trabajo y me lo enseñó, yo le dije ‘esto está muy arriesgado’ y me contestó ‘lo voy a sacar’ y en juego le dije ‘ahí me saludas al patrón’, o sea a Dios”.
El 17 de septiembre de 2011 el periodista Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como Cuco, fue desaparecido. Con él se estrenó la desaparición como método de silenciamiento a periodistas.
Con el exterminio de ambos se inauguró el terror. Y duró todo el sexenio. A 10 años de estos crímenes las autoridades no han encontrado culpables.
Retratos de los periodistas Pedro Tamayo, Yolanda Ordaz, Anabel Flores y Gabriel Huge, colgados durante una protesta en las instalaciones de la Fiscalía General de la República de la ciudad de Veracruz. Foto: Félix Márquez
Las y los periodistas entendimos que no existía un lugar seguro: no importaba donde estuvieras, la forma de matar era cada vez más despiadada: varios colegas fueron torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura. Así era en los casos extremos.
Los mecanismos de silenciamiento tenían formas distintas, pero iguales resultados. Todos nos sentíamos bajo advertencia, especialmente quienes tratábamos de romper el silencio y publicar lo que el gobierno quería tapar. Y no pocas veces lograron amordazarnos.
La advertencia de que dejáramos de informar o pagaríamos las consecuencias se ejercía de manera cotidiana, no sólo de parte de las organizaciones criminales, también, y eso era más grave, desde las oficinas de gobierno.
Pesadillas de la muerte
“Nos van a matar”, rebotaba en la cabeza de muchos periodistas.
Caminábamos con temor, sentíamos que alguien nos perseguía. Y cada vez que era asesinado un colega esa certeza volvía. El miedo se había convertido en nuestra sombra.
“Nos van a matar”.
La idea se nos trepaba cuando nos enterábamos de amenazas contra colegas, como la periodista Maryjose Gamboa, quien en la habitación de su niña encontró una fila de muñecos de peluche tirados en el suelo en línea hacia el jardín; el último tenía un machete enterrado.
O como cuando nos enteramos que tres meses antes de su asesinato Regina Martínez había encontrado su baño humedecido: le dejaron los jabones mojados con huellas de dedos plasmadas.
O cuando supimos que el caricaturista Rapé (Rafael Pineda), mordaz en sus cartones, vio un mensaje en su coche que decía “calladito”, después de haber recibido un premio nacional. Esa última amenaza lo obligó a dejar el estado el 10 de septiembre de 2011.
“Nos van a matar”.
No era paranoia. El 20 de junio de 2011 habían asesinado al columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), a su esposa y a su hijo fotoperiodista, Misael López Solana. Un mes después Yolanda Ordaz fue decapitada. A los nueve meses estrangularon a Regina Martínez. No se había completado la semana cuando Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, junto con una mujer que los acompañaba y que trabajaba en un medio, fueron encontrados en bolsas de basura, sus cuerpos desmembrados y arrojados en el canal de la Zamorana. Cuarenta días después, el cuerpo de Víctor Báez fue encontrado -cortado en pedazos- en bolsas dejadas a dos cuadras del Palacio de Gobierno.
Siguió una tregua de 20 meses, pasado ese periodo en el sur del estado Gregorio Jiménez fue decapitado y torturado, su cuerpo arrojado a una fosa clandestina. Once meses después Moisés Sánchez fue secuestrado y asesinado. A los cuatro meses Armando Saldaña fue asesinado. En menos de dos meses Juan Mendoza fue víctima de homicidio. A los 29 días nuestro amigo fotoperiodista Rubén Espinosa murió asesinado, antes fue torturado. Aunque su crimen ocurrió en la ciudad de México nosotros lo registramos dentro de ese “año de la furia” del gobierno duartista. 2015 cerró con cinco periodistas asesinados con violencia.
Antes de llegar a ese desenlace la violencia había ido in crescendo.
Sepelio del periodista y director de La Unión de Medellín, Moisés Sánchez, en el Cementerio Particular del puerto de Veracruz, México, el 06 de febrero del 2015. Foto: Félix Márquez
*
En enero de 2011 un grupo de reporteros éramos trasladados a bordo de una camioneta de la Policía Federal para que viéramos a los supuestos responsables de la balacera en la plaza comercial El Gran Patio de Poza Rica. El despliegue de seguridad era impresionante, tanto que el periodista Miguel Estrada Salazar repentinamente entró en pánico y comenzó a gritar: “Nos van a matar, nos van a matar, nos llevan a matar”.
Siempre traía esa sensación, que semejaba a una paranoia, pero en esta ocasión provocó pánico entre quienes lo acompañábamos. Después de que saltó de la camioneta en movimiento otros compañeros se aventaron con todo y cámara y micrófono. Algunos gritaban aterrados: “Yo me bajo, yo me bajo”.
Los policías federales, sorprendidos, nos decían: “No brinquen, se van a lastimar”. Pero el miedo acumulado era más poderoso. Un compañero y yo nos quedamos y nos bajamos hasta que llegamos a Poza Rica.
“¿Por qué se bajaron los demás?”, nos preguntó un policía.
“Un compañero dijo que nos llevan a matar”, respondí.
“¿Cómo creen?”.
Nos enseñaron a cinco detenidos, esperaron a que les sacáramos fotos antes de subirlos a un helicóptero. Nosotros regresamos en las mismas patrullas, con un cierto dejo de miedo.
El periodista que lanzó el primer grito de terror quizás presentía algo. Seis meses después, el 25 de julio de 2012, Miguel Estrada Salazar desapareció en Poza Rica. Pero el terror estaba instalado desde antes.
“El pánico se había apoderado de la mayoría de nosotros”, reconoce hoy Francisco de Luna, periodista del norte del estado, en donde cubrir la “nota roja” era casi una sentencia de muerte porque abarcaba supuestos “derrames de petróleo” que más bien se trataban de tomas clandestinas encubiertas, la complicidad del sindicato petrolero y el crimen organizado bloqueaban el trabajo de los periodistas o los obligaban a escribir de imaginarios accidentes por fisuras de los ductos.
Desde el Palacio de Gobierno se difundían rumores de periodistas vinculados a crimen organizado, que algunos estaban ya en una lista para ser asesinados, eran contratados espías y programas de espionaje para vigilarnos. Además de las amenazas de muerte vía telefónica o a través de mensajes al celular o al correo, éramos sometidos a campañas de desprestigio a través de redes sociales y correos.
El miedo se instaló entre el gremio tanto por las noticias que teníamos que cubrir como porque teníamos que enterrar a nuestros colegas. Y matar a periodistas era fácil y barato, la impunidad daba permiso.
Estos son algunos testimonios del miedo.
Un cartel con la cara del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido por la Interpol en Guatemala, es visto en una barda de la ciudad de Veracruz, México, el 15 de abril de 2017. Foto: Félix Márquez
II
Testimonios del miedo
‘No me van a agarrar dormida’
Vivía pensando ‘¿cuándo vendrán por mí, cuándo entrarán a mi casa, cuándo me van a matar?’. Y cuando iba en mi carro decía ‘a ver quién se me empareja y me mete un tiro’. Esto me pasó cuando recibí las amenazas. Yo no dormía.
Cuando llegué a una terapia psicológica me dijeron que estaba viva de milagro, porque a las personas que no duermen les da un infarto, una enfermedad, se mueren, algo les pasa. Cerraba los ojos pero los cinco sentidos estaban abiertos, porque yo tenía una premisa: ‘si vienen por mí no me van a agarrar dormida, yo quiero ver quiénes son los que me van a llevar’. Me acostaba una hora y me volvía a levantar, esa era mi rutina todos los días.
¿Miedo? Sí, claro que te da miedo, porque yo tengo la grabación, yo grabé una de las amenazas, una fue grabada y la otra fue por escrito, y los otros eventos intimidatorios fue que un día llega un tipo en una moto, eran dos tipos en una moto, el que iba manejando no hizo nada, pero el que iba atrás arrojó una botella y en ese momento se incendió la hierba que está frente a mi casa.
Un día quisieron abrir mi carro, pensé que esa era la delincuencia, los rateros. Vivía muy cerca de la radio, estacionaba mi carro en la calle, poco tiempo después, fui a mediodía a mi auto a sacar algo y estaba la cajuela abierta, la dejaron así, no se llevaron nada de refracciones que tenía allí. Nada se llevaron.
Sandra Segura, periodista y columnista del Notiver, periódico que se edita en el Puerto de Veracruz, y conductora de noticias radiofónicas.
*
“No te van a hacer nada, son mis amigos”
Hubo una balacera impresionante en el mes de enero de 2012, yo llegué a registrar ese hecho dos horas más tarde, estaban allí militares y había mucho movimiento.
Un tipo se me acercó, me llamó por mi nombre, yo ni lo conocía y me dijo: “¿Quieres ver los muertos?”. Soltó su brazo hacia mi hombro, me condujo abrazado en medio de policías, de militares. Yo llevaba una cámara profesional, me la pidió y dijo “quiero ver cuáles fotos has tomado”. Le respondí, “voy llegando, y entonces me señaló a unos hombres que estaban parados en la escena del crimen, “no te van a hacer nada, son mis amigos”.
Nunca supe si eran de los malos o quiénes eran, pero estaban ahí, nadie les decía nada. El hombre me hizo caminar entre los ocho muertos que estaban tirados y otros que estaban en el piso, detenidos, apuntalados por el arma de los militares.
Estaba también un vehículo con los cristales rotos y cuerpos adentro. El tipo me ordenó: “Mira, tómales la foto, están muertos”. A mí no me impresionaron los muertos sino la actitud del desconocido que me conducía, quien rápido me comentó: “ya sé, te dio miedo”, y me quitó la cámara sin violencia, empezó a tomar las fotos y a caminar y me dijo “ahorita nos vemos”. Lo que hice fue irme y dejarle la cámara.
Cuando estaba llegando al periódico me entró un mensaje: “oye, sé que estás llegando al periódico y necesito que te quedes allá abajo porque ahorita voy a llegar”.
El mismo tipo de la escena llegó a las oficinas en las que trabajaba, pero ya traía la cámara envuelta en una playera del PRI, una playera roja y me dijo: “las queremos ver publicadas, tengo tu número y sabemos que trabajas aquí”. Yo quedé pasmado, no sabía que reacción tener y él se fue. Había borrado todo el archivo que tenía de la escena y había dejado fotos de puras armas largas y los tipos todos ahí baleados.
Francisco de Luna, periodista originario de Papantla, entre 2011 y 2014 corresponsal del periódico Imagen del Golfo, actualmente escribe en la página web Primer Párrafo.
*
“La nota trajo intimidaciones”
Ocho cuerpos desmembrados fueron encontrados en una comunidad de Huatusco, entre los días 3 y 4 de junio de 2016, ya en la recta final del gobierno de Javier Duarte. La delegación de la Procuraduría General del Estado negaba los hechos.
Sin embargo, la población de la comunidad de Cotecontla nos corroboró que sí estaban los cuerpos. La Fiscalía del Estado se guardó la información. Nosotros sacamos la nota y 20 días después descubrimos que iban a enterrar los cuerpos en la fosa común del panteón municipal en donde se sepultan a los cuerpos no identificados. La nota tuvo impacto a nivel nacional porque la retomaron los corresponsales de Proceso y El País, pero eso trajo intimidaciones.
En la zona montañosa central de la entidad veracruzana, el comandante de la policía ministerial se acercó para amedrentarnos a los periodistas, nos dijo: “Van a correr al Fiscal de Huatusco y es por su culpa”.
También en el 2015, cuando trabajaba en El Buen Tono nos amenazaron que nos iban a levantar si se seguíamos publicando notas de unas ‘ejecuciones’ que se habían registrado en una población del municipio de Totutla y mi jefe inmediato me habló para que tuviera cuidado porque se trataba del crimen organizado, y estuve espantado por muchos días.
Con el gobierno local y del estado no había problema, la relación era cordial. Pero también tuvimos problemas con una familia de un empresario que fue encarcelado, acusado por amenazas y golpes, y cuando salió de la cárcel estábamos tomando gráficas, yo junto con una compañera de El Mundo y la familia nos golpeó e intervino la policía municipal. Nosotros pusimos la denuncia por agresiones y golpes, pero nunca pasó nada.
Julio César Herrera, periodista que trabajó esos años en El Mundo de Córdoba y en El Buen Tono
*
“Buscaba un lugar distinto donde quedarme”
Siempre andaba con una maleta al hombro.
Un día me quedaba a dormir en un lugar, al siguiente en otro, incluso un día me quedé en un hospital porque una amiga me dijo, “si tú quieres te puedes quedar aquí en mi guardia y aquí estás segura”, o sea, era tal el nivel de tensión.
Por aquel tiempo vivía sola en un departamentito que había rentado, pero en esos días sólo llegaba a mí casa por ropa pero ya no me quedaba allí. La maleta la dejaba en el trabajo cuando salía a reportear. Al llegar la noche buscaba un lugar distinto donde quedarme. No quería que mi familia se enterara de lo que yo vivía y entonces echaba la mano de las amistades, por eso hasta en un hospital dormí. Eso me ocurría cada noche desde el 2014.
Nidia Sánchez, ex coordinadora de información policiaca del Diario de Xalapa, periódico de la Organización Editorial Mexicana
En honor a la periodista, la plaza principal de la ciudad de Xalapa, fue nombrada por colegas como “Plaza Regina Martínez”, supliendo el nombre de Sebastían Lerdo de Tejada el 28 de abril del 2015. La placa fue retirada. Foto: Félix Márquez
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
El sexenio en el que los periodistas repetíamos: “Nos van a matar”
A 36 meses del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, son responsables de impunidad el gobierno de Alejandro Murat y la fiscalía de Oaxaca
Exigen cárcel para Rubén Vasconcelos Méndez, congruencia a Andrés Manuel López Obrador, porque en Oaxaca hay corrupción y encubrimiento
Libertad López | SEM MÉXICO
Oaxaca de Juárez | Miércoles 2 de Junio del 2021 | — : —
En el centro de un grupo de mujeres del país, que portaban carteles y cruces, la periodista Soledad Jarquín Edgar anunció la instalación del Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida en Oaxaca y vehemente, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se juzgue y castigue al ex fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, por encubrimiento y complicidad; le pidió verdad y justicia, porque hasta ahora eso no existe en Oaxaca, y no se juzga y castiga a los responsables materiales e intelectuales del asesinato feminicida de Ma. del Sol Cruz Jarquín, sucedido la madrugada del 2 de junio de 2018.
Acompañada de algunas madres del feminicidio de sus hijas, de víctimas de la violencia machista, de sus abogadas y quienes la ha sostenido en su lucha durante 36 meses, la periodista dejó en claro que el sistema político mexicano solapa a los feminicidas responsables de miles de crímenes. Soledad Jarquín Edgar, dejó en claro que su exigencia no es individual, es de miles de mujeres y familias mexicanas.
Interrumpida con una voz en eco para que se juzgue al ex fiscal y se recrimine al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien no sólo ha sido omiso, sino que recientemente premió al ex fiscal con un puesto en su gabinete, la periodista anunció “no nos vamos a rendir”. Su hija asesinada y toda la investigación fue equívoca e interesada. ¿A quién encubren?
Por justicia –no venganza- sobre este crimen, Jarquín Edgar ha tocado todas las puertas, se han presentado todas las pruebas, desde el ministerio público de Oaxaca hasta el palacio nacional, pasando por gobernación, la comisión creada para erradicar el feminicidios, las cámaras legislativas, las embajadas, y otras instancias. El recuento es puntual y cierto, muestra como nada, nada ha sucedido.https://www.semmexico.mx/ma-del-sol-cruz-jarquin-llena-de-vida-y-creatividad-tu-madre-no-se-quiebra/embed/#?secret=PL8pRUSuug
LLAMADO A LAS FEMINISTAS
Y por primera vez, como una entre todas, mucho tiempo antes del asesinato de su hija, llamó a todas las feministas del país para que se unan al tribunal feminista y la exigencia de justicia, a terminar con las trampas, el encubrimiento, la complicidad y las omisiones en Oaxaca, donde la impunidad está viva. Y a las oaxaqueñas a acudir a ese tribunal a presentar sus casos. Y es que han pasado mil 95 días desde el feminicidio de la foto periodista María del Sol Cruz Jarquín.
Hubo momentos de expresión entrecortada, la periodista contenía la indignación, la rabia y las lágrimas, por eso dijo: ¿cómo es posible que el ex fiscal dijera que tenemos otros intereses?, y denunció que Rubén Vasconcelos Méndez, como que actuó con sesgo y conscientemente contra de los avances necesarios para dar con las personas responsables del triple asesinato ocurrido en Juchitán de Zaragoza en el que perdieron la vida María del Sol, Pamela Terán y Adelfo Jiménez.
Y explicó, claramente que “Hay acusaciones serias, ahora le tocará al Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert llevar a Juicio a los responsables materiales e intelectuales así, como a quienes les han sido sus cómplices y les han encubierto por 3 años”.
Por otro lado, la periodista, señaló que los hermanos Francisco Javier y Hageo Montero López, aún no han sido sancionados, uno por enviar en contra de su voluntad a María del Sol a uno de los municipios más peligrosos del país en ese momento y el otro por beneficiarse de su trabajo.
“Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas, hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano no fue ni ha sido sancionado; Hageo Montero López está por concluir su al frente de una regiduría en el gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza, sí un delincuente electoral es regidor. Y en este entramado hay delincuentes de cuello blanco, como la fiscal especializada Araceli Pinelo López quien nos ha robado en estos más de mil días la posibilidad de acceder a una fracción de la justicia”.
En un templete, color naranja antifeminicidio y contra la violencia, en Calle de Alcalá, frente al templo Santo Domingo, estuvo acompañada de una nube de mujeres, entre ellas María Elena Ríos, sobreviviente de ataque con ácido en Oaxaca; la acuerparon Irenea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, -caso de la Suprema Corte, incónico-, de Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín ahorcada en el campus de la UNAM, de María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), representantes de la lucha contra la impunidad a los feminicidios en el país. Especialmente de Yésica Sánchez Maya del grupo Consorcio Oaxaca, de Ana María Hernández y Pilar Muriedas.
En su intervención Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, expresó su sororidad con Soledad Jarquín: “estamos recordando que se le debe justicia a María del Sol, es necesario conocer la verdad para que haya justica y no se vuelvan a repetir hechos como este. No es venganza es justicia”.
María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido, manifestó que “Todas las mujeres que estamos aquí tenemos muchas cosas en común tenemos algo en especial la injusticia que generó el solapador de Rubén Vasconcelos Méndez, por lo que nos reunimos para exigir cárcel. Juntas estaremos hasta llegar a la justicia”, dijo durante su intervención.
Por su parte María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó que la justicia tardía no es justicia y sentenció que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad y la justica.
“Ha sido evidente la falta de la voluntad política para garantizar la justicia por parte del gobierno de Oaxaca. Exigimos a las autoridades cero tolerancia a la complicidad en el feminicidio de María del Sol, por lo que hoy Justicia para Sol es un clamor nacional”, enfatizó Estrada.
Por su parte, Yesica Sánchez Maya, interpeló al Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, ahora a cargo, para que dé resultados inmediatos en el caso de María del Sol, “es momento de que salde la deuda histórica que se tiene con las mujeres”, dijo.
Para finalizar la conferencia, Soledad Jarquín, no sin antes nombrar a todas las mujeres y amigas que la han acompañado, convocó a la sociedad a no aceptar la impunidad:
“Sabemos que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no lo sancionará, – refiriéndose al hombre que terminará su regiduría libre y sin que nadie lo moleste- así que nos tocará a nosotras la búsqueda de justicia, como sociedad no podemos ni debemos aceptar la impunidad, -que seguirá- si aceptamos que no se esclarezcan los feminicidios y no se castigue a los victimarios y a sus cómplices encubridores”.
Como una acción que dignifique su derecho a la justica, a la verdad y la reparación, convocaron a las víctimas de violencia de género y a las madres víctimas de feminicidio para que una vez que se conforme el “Tribunal Feminista contra la violencia feminicida en Oaxaca” comparezcan a presentar cargos contra el ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, quien con su actuar corrupto y machista encubrió a feminicidas y agresores de mujeres.
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Libertad López (2021) Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida y el Feminicidio, en Oaxaca luego de tres años de impunidad. Sem México. Recuperado el 2 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/tribunal-feminista-contra-la-violencia-feminicida-y-el-feminicidio-en-oaxaca-luego-de-tres-anos-de-impunidad/
Ciudad de México | Viernes 28 de Mayo del 2021 | — : —
A una semana de que se celebre la jornada electoral, el domingo 6 de junio, tres candidatas a cargos de elección fueron asesinadas, 109 presentaron quejas por ser víctimas de violencia política y 38 hombres fueron registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.
En esta elección, la más grande en México por la cantidad de cargos a elegir (20 mil 500 cargos), el 15 de febrero de este año fueron asesinadas la exalcaldesa priista de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien de acuerdo con medios locales aspiraba a conseguir el apoyo de Morena para obtener una candidatura para ocupar la presidencia municipal donde vivía.
Unos días después del doble crimen, el 20 de marzo, fue asesinada Ivonne Gallegos Carreсo, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca. Los medios locales reportaron que la política fue invitada por la alianza “Va por Oaxaca”, integrada por PRI, PAN y PRD, para participar en el proceso electoral, pero analizaba ser candidata independiente. En este caso, antes de ser asesinada, la política presentó una denuncia por violencia política ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
El crimen más reciente de una candidata ocurrió el 25 de mayo, cuando Alma Rosa Barragán, postulada por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato, fue asesinada por un grupo armado durante un mitin de campaña. Antes del ataque ella denunció públicamente que trataban de desprestigiarla al acusarla de estar relacionada con lavado de dinero.
Aunque se tiene información de estos tres casos, de acuerdo con la consultora Etellekt, en total seis mujeres que aspiraban a cargos públicos fueron asesinadas en este proceso electoral y 155 mujeres relacionadas con la política fueron agredidas, según sus registros, hasta mayo de 2021.
Además de estos crímenes, otras mujeres que hicieron campaña arropadas por partidos políticos también fueron amenazadas. Por ejemplo, Alejandra Lagunas Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Xochitepec, en el estado de Morelos, renunció a su postulación y cambió de domicilio, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.
Otras mujeres que aspiraban a cargos públicos, pero que abandonaron sus intenciones debido a amenazas de muerte, fueron la candidata del PT a la alcaldía de Cuichapa, en el estado de Veracruz, Érika Cortés; y la abanderada del PRI para encabezar el municipio veracruzano de Mixtla de Altamirano, Francisca Morales, cuyo esposo fue asesinado en abril de este año. Además, la candidata de Morena, a encabezar este último municipio, Norma Estela Hernández Sánchez, también denunció amenazas, pero fue la última que continuó con su campaña.
Aunque el 27 de mayo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en una reunión virtual de trabajo con la jefa de Gobierno, la gobernadora y gobernadores que “en casi la totalidad de los municipios, distritos electorales, federales y locales, y en las 32 entidades federativas, prevalecen condiciones de paz, tranquilidad y confianza para que las campañas concluyan sin mayores contratiempos”, la violencia política sigue presente.
El 23 de mayo la candidata por el partido estatal Chiapas Unido a la presidencia municipal de Cintalapa, Alejandra Aranda, fue retenida por pobladores de la comunidad, junto con su hijo menor de edad y su equipo de campaña. Aranda fue intimidada supuestamente porque su esposo, que fue alcalde de ese municipio, no cumplió sus promesas de campaña. La política estuvo incomunicada alrededor de 24 horas hasta que fue liberada.
Registro de agresores
En este proceso electoral también se han presentado denuncias de violencia contra mujeres que ya ejercen un cargo público. Es el caso de la regidora quinta del Ayuntamiento de Perote, en el estado de Veracruz, Angelina Zavaleta Córdoba, quien fue reportada como desaparecida el pasado 23 de mayo. La funcionaria fue localizada con vida este 27 de mayo en el ejido Tepetzilera, en aquel municipio.
Previo a su desaparición, la regidora denunció ante las autoridades electorales que fue víctima de violencia política por parte del alcalde y algunos regidores, quienes fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con esta base de datos, hasta el mes de mayo, hay 38 hombres registrados como agresores de mujeres en el ámbito político.
El más reciente informe del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre violencia política en razón de género, indica que en marzo el organismo conoció 55 quejas de violencia política de género, en abril la cifra llegó a 73 y para mayo fue 108. Es decir, entre abril y mayo se duplicaron las quejas y denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE sólo atendió 35 quejas porque las otras 73 las remitió a otras autoridades locales.
Este informe, que se realiza para cumplir con las reformas en materia de violencia política, vigentes desde abril de 2020, también menciona que 21 casos fueron remitidos a los partidos políticos, dos a Morena, uno al PAN, dos a Movimiento Ciudadano y uno del PRI, por tratarse de asuntos que deben resolverse al interior de las agrupaciones políticas. Las estadísticas del INE dan cuenta además de que las solicitudes de medidas cautelares se duplicaron para pasar de 10 en abril a 19 en mayo.
La violencia denunciada por funcionarias, militantes de partido, candidatas a diputadas federales y a gobernadoras va desde amenazas, agresiones físicas, obstaculización de las funciones del cargo, hasta negativas para otorgarles licencias sin goce de sueldo para contender por un puesto de representación popular. Además, durante las campañas se presentaron quejas de candidatas que denunciaron ser amedrentadas para abandonar sus aspiraciones políticas, recibir manifestaciones misóginas, impedimento para colocar propaganda electoral y discriminación para participar en encuestas y sondeos.
En tanto, en la próxima jornada electoral las mujeres competirán para buscar ganar la preferencia del electorado para ocupar las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales de 30 congresos locales y mil 926 presidencias municipales, además de cargos edilicios.
21/AGM/LGL
El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.
Anayeli García Martínez (2021) Asesinatos, amenazas y renuncias marcan las campañas políticas de las mujeres. Cima noticias. Recuperado el 28 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/28/asesinatos-amenazas-y-renuncias-marcan-las-campanas-politicas-de-las-mujeres
Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.
Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.
“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.
José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.
“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.
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Marisol Tapia acudió a la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México a entregar un documento donde pide la suspensión de funcionarios involucrados en la Linea 12
Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni Hernández, quien falleció en el colapso de la vía elevada del metro de la Línea 12, interpuso una denuncia por la muerte de su hijo en la Secretaría de la Contraloría del STC Metro. / Foto: Cuartoscuro.
JORGE GONZÁLEZ | Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO | Lunes 17 de Mayo del 2021 | 15:06pm
Marisol Tapia, mamá del niño Brandon Giovanni, quien murió en el accidente de la Línea 12 del Metro acudió este lunes a interponer una denuncia contra quien resulte responsable.
La mamá del menor de 12 años, acompañada de sus abogados, acudió al medio a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Arcos de Belén numero 2, colonia Doctores para interponer una denuncia administrativa contra quien resulte responsable por los hechos en los que 26 personas murieron, incluido su pequeño.
La madre del menor exige castigo para la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y para todos los funcionarios actuales y de administraciones pasadas qué tuvieron injerencia en la construcción o en el deficiente mantenimiento de la Línea 12 del Metro.
Se va a llegar a las últimas consecuencias, se está pidiendo la suspensión de la directora del Metro, Florencia Serranía para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo, El gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar pruebas. La muerte de mi hijo no va a quedar impune”, aseguró Marisol Tapia.
Mencionó qué en el transcurso de la semana acudirá a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para hacer la denuncia penal correspondiente.
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JORGE GONZÁLEZ (2021) Mamá de Brandon Giovanni pide destitución de funcionarios por desplome de L12. Excelsior. Recuperado el 17 de Mayo del 2021 en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mama-de-brandon-giovanni-pide-destitucion-de-funcionarios-por-desplome-de-l12/1449340
Familiares exigen justicia “Es terrible lo que ha pasado con ella”. Es la primera desaparición forzada que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
Oaxaca, Oax.- El 26 de marzo, hace 44 días, Claudia Uruchurtu salió de su hogar en Nochixtlán Oaxaca y desde entonces no se sabe nada de la mujer, madre y activista de 48 años de edad; es la primera desaparición forzada que ocurre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la presunta culpable es la presidenta municipal morenista, Lizbeth Victoria Huerta.
Aguerrida como muchas mujeres y con la convicción de un mejor país, Claudia regresó en el 2014 a vivir a la ciudad mixteca de Nochixtlán en donde denunció a las autoridades agrarias por corruptas y anómalas, así nació su activismo y defensa por las causas justas.
Eventualmente viajaba al Reino Unido para reunirse con sus hermanas “Sara y Elizabeth”, ahí estaba en el 2018 pero vuelve a Nochixtlán para ser testigo de “la esperanza de México” con el gobierno actual que encabeza López Obrador, pero se volvió “pesadilla”.
Triunfa Obrador y también la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta y al pasar de los meses, Claudia comienza a observar anomalías e irregularidades como corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilíicito, los investigó por cuenta propia, arma un expediente los denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, el Organo Superior de la Fiscalización del Estado y Presidencia de la República.
El activismo de Claudia siguió y su voz conociéndose cada vez a través de los medios de comunicación, se volvió conocida por su defensa y eso no le gustó a la alcaldesa.
De tez blanca y muy risueña, Claudia vivía con su mamá y su hijo, su vida transcurría entre su hogar y el activismo, así disfrutaba sus días, hasta que ya no se supo más de ella el pasado 26 de marzo, testigos señalan que la subieron a la fuerza a un vehiculo y desde entonces está desaparecida.
*¿Dónde está Claudia?, exigimos que aparezca con vida
Haydé, Elizabeth y Sara son sus hermanas y desde hace poco más de 40 días emprendieron su búsqueda por todos los medios al lado de amigos, familiares y el respaldo ciudadano de Nochixtlán para encontrarla.
Para las tres, es terrible y agobiante todo lo que viven, su hermana “no aparece y no saben donde hallarla”, aunque la esperanza volvió el pasado viernes con la detención de la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, presunta responsable de su desaparición forzada.
Su lucha es intensa, las hermanas de Claudia han acudido a diversas instancias tanto estatales como la Fiscalía de Oaxaca para denunciar y de manera coordinada con autoridades federales como la Secretaria de Gobernación y Secretaria de Seguridad Publica.
También han realizado viajes a la Ciudad de México en donde buscan visibilizar ante diversas dependencias esta desaparición forzada que ocurrió en ese municipio Mixteco.
Amnistía Internacional y Jeremy Corbyn, miembro del parlamento de Reino Unido, se pronunciaron para exigir al gobierno mexicano buscarla incansablemente.
Claudia no es un caso más, ni tampoco un numero para una estadística; tiene rostro y es una mujer, es madre e hija, y fue desaparecida a la fuerza y sin dejar rastro; sus familiares piden que vuelva a casa para poder abrazarla como un acto de justicia, ella no cometió un delito, su activismo es en la defensa los derechos humanos.
En el 2019, el gobierno del Estado de Oaxaca emitió una convocatoria para la designación de la persona que fungirá como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, porque en septiembre del mismo año se publicó la Ley Estatal de Desaparición de Personas. Sin embargo, ha transcurrido más de un año y hasta la fecha no hay ninguna persona que ocupe ese cargo, lo cual dificulta la búsqueda de personas en Oaxaca.
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Manzo, D. (2021). Claudia Uruchurtu lleva 44 días desaparecida en Oaxaca: Es mujer, madre y activista . Página3. Recuperado el 11 de mayo de 2021 de: https://pagina3.mx/2021/05/claudia-uruchurtu-lleva-44-dias-desaparecida-en-oaxaca-es-mujer-madre-y-activista/
Aunque en la secretaría de Relaciones Exteriores, vía Christopher Ballinas, aseguró que había 21 instituciones del Estado Mexicano que no habían reportado acciones para sustentar el avance en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (que el pasado 3 de mayo cumplió 13 años de su entrada en vigor al país), resulta ser que una institución sí presentó un reporte que no tienen contabilizado: el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED) que depende de Gobernación.
La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me hizo llegar un par de documentos donde esta institución -que sigue acéfala desde la renuncia de Mónica Maccise en junio de 2020- documenta que sí ha realizado acciones en 9 rubros, incluyendo el apoyo a la secretaría de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de la recomendación, hecha en 2019 sobre el caso en particular de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial al cual se le violaron sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad jurídica.
También, asegura CONAPRED en el documento que pueden leer aquí que incluso apoyó a la secretaría de Relaciones Exteriores para sustentar los Informes Periódicos 2o. y 3o. combinados de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención. Una versión más detallada está acá.
El caso Arturo Medina Vela
Aunque el plazo puesto por el Comité de Expertos de Naciones Unidas para que el Estado Mexicano ofreciera una disculpa pública y tome medidas de no repetición en el caso de Arturo Medina Vela expiró el pasado 26 de marzo, en la secretaria de Gobernación dicen que ya están “iniciando el proceso”.
Enrique Irazoque Palazuelos, director de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación me dijo: “La Unidad ha retomado el proceso de coordinación con Documenta-Análisis y acción para la justicia social, A.C. (representación legal de Arturo Medina) para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo componente de partida será el acto de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública del Estado, el cual se proyecta pueda llevarse a cabo entre junio y julio próximos”.
Esperemos a junio o julio, pues.
Medina es un joven con discapacidad psicosocial que estuvo preso durante 4 años y se le negó su derecho a la defensa porque el estado le puso una “medida de protección”, al declararlo “inimputable” que le negó su derecho a la defensa. Puedes leer un resumen de su caso aquí.
Otras ‘acciones’ de Conapred.
En el documento mandado por Sánchez Cordero, Conapred dice que entre diciembre de 2018 a marzo de 2021 también:
Participó en el proceso de reforma a la Ley General de Educación para la incorporación plena del criterio de educación inclusiva así como en el “proceso de integración de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva -ENEI- “ derivada de esa reforma para “materializar el carácter inclusivo de la educación”.
Que en su Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2020-2024 “incluytye acciones puntuales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
Que dio varios cursos que llegaron a 36 mil 202 personas sobre temas de discapacidad, distribuyó 7 mil 269 ejemplares sobre derechos de personas con discapacidad, publicó un documento específico sobre los resultados de personas con discapacidad de la ENADIS 2017 y tamibén hizo una versión en lectura fácil de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el 2021 publicó el libro “sentencias relevantes en materia de igualdad y no discriminación” que contiene casos de personas con discapacidad.
Que tuvo varias acciones de vinculación del tema de discapacidad con otras instituciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Conacyt, Inmujeres y la Profeco.
Que iniciaron en 2020 el proceso para transformar la Norma Mexicana NMX-r-025- SCFI.2015 sobre Igualdad Laboral y no discriminación en Norma Oficial Mexicana
Que desde el 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de este año iniciaron 69 expedientes de quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con personas con discapacidad.
Que desde 218 lanzaron una campaña llamada “Incluir para crecer” que incluyó a pcd.
En la pandemia que participaron en la integración y publicación de la “guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19” que hizo la secretaría Salud y revisaron la Guía Bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica así como la defensa de pcd y otras poblaciones frente a restricciones de horario e ingreso a establecimientos comerciales de bienes y servicios.
“El presente artículo es propiedad de YoTambién“.
D’Artigues, K. (2021). El Estado Mexicano reacciona (un poco): ya prepara disculpa pública. YoTambién. Recuperado el 5 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-estado-mexicano-reacciona-un-poco-ya-prepara-disculpa-publica/
Ciudad de México | Desinformémonos. «Que las autoridades hagan su trabajo, no les pedimos nada más», exigieron esta tarde familiares de víctimas de desaparición durante la novena Caminata por la Memoria y la Justicia en el Zócalo capitalino.
Las autoridades «no cumplen con su obligación principal, la de cuidar a la ciudadanía», denunciaron los familiares en la plancha del Zócalo, donde realizaron actos para demandar la atención del gobierno y acciones concretas contra la impunidad.
Durante la protesta, portaron carteles y mantas con las fotos de sus desaparecidos, mientras gritaban consignas como «¿Por qué los buscamos? Porque los amamos» y «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Los colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas realizaron un pase de lista con los nombres de sus seres queridos y demandaron su aparición con vida, así como la garantía de acceso a la justicia por parte de las autoridades.
Aseguraron que se reunirán el primer miércoles de cada mes para dar seguimiento a sus demandas.
De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón se han registrado más de 80 mil desapariciones forzadas en el país.
La Caminata por la Memoria y la Justicia nace como paralelo a la caminata de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, quienes desde hace más de 30 años protestan cada jueves para exigir justicia y memoria por las víctimas de desaparición durante la dictadura militar.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Lozano, E.; Pizaña, C. (2021) «Que las autoridades hagan su trabajo», exigen familiares de desaparecidos en el Zócalo. Desinformémonos. Recuperado el 7 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/que-las-autoridades-hagan-su-trabajo-exigen-familiares-de-desaparecidos-en-el-zocalo/
Ciudad de México.- Con acciones afirmativas para garantizar la paridad de género y evitar que agresores de mujeres lleguen al poder, este domingo 4 de abril 3 mil 471 aspirantes a una diputación federal y sus suplentes arrancaron las campañas para competir por una de las 500 curules que se renovarán el 6 de junio.
Acompañado por defensoras de la participación política de las mujeres, este año el Instituto Nacional Electoral (INE) vigiló que los diez partidos políticos nacionales cumplieran con la legislación electoral vigente desde 2014 en materia de paridad, y postularan 50 por ciento de mujeres y de hombres a cargos legislativos.
Además, el organismo también aprobó acciones afirmativas para que los partidos políticos registraran un mínimo de 30 fórmulas paritarias de personas que se autoadscriben como indígenas, ocho fórmulas de personas con discapacidad, cuatro de afromexicanas, tres de la comunidad LGBTTTIQ+ y cinco de migrantes residentes en el extranjero.
La llamada “cuota indígena” se estableció por primera vez en las elecciones de 2018, cuando el INE estableció que los partidos políticos y coaliciones deberán postular un mínimo de 12 candidaturas indígenas a diputaciones federales en los distritos considerados indígenas.
Si bien ese criterio fue impugnado por los partidos Verde, Encuentro Social y del Trabajo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE y amplió la medida para que esta cuota se aplicara en 13 distritos indígenas. Este año la medida se replicó y se amplió a 30 fórmulas.
No más agresores en el poder
Una novedad más del actual proceso electoral es que el INE retomó una propuesta que se gestó desde 2017 en el movimiento feminista y que desde el 2020 fue promovida por Las Constituyentes feministas y la red Nosotras Tenemos Otros datos: la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género” como un requisito de postulación en este proceso electoral.
Se trata de un documento donde las y los aspirantes declaran, bajo protesta de decir verdad, que no tienen condena o sanción firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, ni por ser deudor alimentario moroso. El objetivo de esta declaración es evitar que agresores de mujeres sean candidatos y lleguen al poder.
En este contexto, la madrugada del domingo 4, el INE aprobó las 3 mil 471 formulas de aspirantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México, quienes ese mismo día arrancaron la campaña que concluirá el 2 de junio.
Sin embargo, a pesar de que todos los candidatos presentaron sus formatos 3 de 3 contra la violencia, los aspirantes no estuvieron obligados a presentar un formato donde aseguran no estar condenados por violencia política en razón de género.
Es de destacar que desde 2012 legisladoras y mujeres de la política propusieron tipificar la violencia política de género, pero fue ocho años después, el 13 de abril de 2020, cuando se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Con esta reforma se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que un requisito para ocupar un cargo de elección en la Cámara de Diputados o en el Senado es no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres, en razón de género.
Al respecto, al aprobar el registro de candidaturas, la consejera Carla Humphrey recordó que varios de los partidos no cumplieron con las acciones afirmativas que se aprobaron para este proceso electoral en su totalidad, por lo que tienen 48 horas para subsanar y cumplir con estas medidas.
Revisarán veracidad de “Declaración 3 de 3”
El INE anunció que una vez aprobados los registros se hará una revisión por medio de una muestra aleatoria de las declaraciones 3 de 3 contra la violencia y en caso de encontrar que algún aspirante mintió, y si cuenta con una condena por los delitos planteados, cancelará su registro y dará vista a la autoridad competente.
La verificación la hará un grupo interdisciplinario que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del INE y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.
Esta revisión se realizará durante el mes de abril, cuando se solicitará información a diversas autoridades respecto de las candidaturas registradas que sean parte de la muestra para verificar los datos sobre delitos de violencia familiar, agresión de género en el ámbito privado o público o sobre la calidad de deudor alimentario, moroso.
Para comprobar que las y los candidatos no falsearon información se solicitarán datos a autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia de las 32 entidades federativas y del Gobierno federal, así como a los registros estatales de las entidades federativas y, en su caso, a los tribunales superiores de justicia.
En caso de que se concluya que hay elementos suficientes para la cancelación de la candidatura, el partido o coalición postulante contará con un plazo de máximo tres días o 48 horas, según el momento en el que se determine esta cancelación, para sustituir la candidatura.
21/AGM/AJSE
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García Martínez, A. (2021). Arrancan campañas federales con medidas afirmativas y de paridad. CIMACNoticias. Recuperado el 5 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/05/arrancan-campanas-federales-con-medidas-afirmativas-y-de-paridad
