Difunden fotos íntimas de mujer indígena; en lugar de apoyarla, IMSS la despide

Brenda Torres, Cultura Colectiva

08 de abril de 2021, 09:29

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Foto de portada: Unsplash.

La CNDH emitió una recomendación al IMSS porque consideró que no resolvió el caso con perspectiva de género.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director del IMSS, Zoé Robledo, por el despido de una mujer indígena luego de que personal de un hospital en Oaxaca difundiera fotos íntimas de ella.

En la recomendación 11/2021 se señala que se vulneraron los derechos y la intimidad de la mujer indígena trabajadora del IMSS-Bienestar.

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Foto de portada: Unsplash.

Le solicitaron renunciar

La mujer fue destituida de su cargo como gestora de calidad en el Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca del IMSS el 27 de septiembre de 2019, después de que el delegado del IMSS-Bienestar en Oaxaca, solicitó a la víctima su renuncia o cambiar de adscripción, al señalar que circulaban sus fotos íntimas. 

Por este caso, el instituto inició un procedimiento administrativo y se le notificó a la mujer la “pérdida de confianza” por las fotografías difundidas.

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Sin perspectiva de género

De acuerdo con la CNDH, el IMSS no resolvió el caso con perspectiva de género, además, consideró que “la acusación estuvo sesgada de estereotipos y violencia de género hacia las mujeres, al enfatizar detalles que aparecen en las fotografías como la vestimenta, además, el circular las imágenes exhibiendo el cuerpo de las mujeres tiene la finalidad de humillar, sentir vergüenza y causar una invasión en su intimidad”.

En la recomendación, la CNDH obliga al director del IMSS a capacitar en materia de violencia de género y ética profesional al personal administrativo y operativo del Hospital Rural del IMSS-Bienestar, así como implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencia Digital para las mujeres trabajadoras del instituto.

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Se le imputó una responsabilidad administrativa

“La CNDH observó que, contrario a investigar la procedencia de las fotografías, se imputó a la mujer una responsabilidad administrativa, y a pesar de que desde el 2019 se sabía de la circulación de las fotografías, no se activó ningún protocolo de atención para casos de violencia digital, en perjuicio de la víctima”, expuso la la comisión en un comunicado.

La comisión defensora de los derechos humanos estableció que el IMSS tuvo que realizar una investigación interna para esclarecer dónde se originó la circulación de las imágenes, quienes las conservaron y cómo les dieron difusión ya que la violencia digital está tipificada como un delito en el estado de Oaxaca.

Foto de portada: Unsplash.

“El presente artículo es propiedad de Cultura Colectiva

Torres, B. (2021). Difunden fotos íntimas de mujer indígena; en lugar de apoyarla, IMSS la despide. Cultura Colectiva. Recuperado el 09 de abril de 2021, de https://news.culturacolectiva.com/mexico/difunden-fotos-intimas-de-mujer-indigena-imss-la-despide-oaxaca/

Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control

La tortura se incrementa dentro de las cárceles de la CDMX, en tres años las recomendaciones suben 43%.

Dalila Sarabia, Animal Político

06 de abril de 2021

Apenas puso un pie fuera de la camioneta que lo transportaba, los golpes empezaron. Era el 2014 y Raúl volvía a la cárcel, esta vez por homicidio.

“Cuando tu ingresas siempre te reciben”, dice desde un reclusorio de la CDMX, “entonces a mi me empiezan a golpear y más cuando ven el delito por el que yo vengo”.

Aunque sabía que eso pasaría, nunca imaginó que la tortura a la que sería sometido -a veces física, a veces psicológica- se prolongaría por horas, días y semanas.

Un par de meses después Raúl fue trasladado a otro centro penitenciario en donde la historia se repitió. Insultos, golpes, sometimiento. “Estás hincado y de reojo alcanzas a ver que están pasando técnicos penitenciarios, secretarias, secretarios, trabajadores sociales y nadie hace nada”, cuenta en entrevista con Animal Político.

Agrega que les ponen toallas en la cabeza y les dan vuelta como si tratasen de asfixiarlos, los desnudan, los rapan. “Y todavía tienes la esperanza que sólo sea la bienvenida, y dices, ‘bueno, si es la bienvenida vamos a tratar de aguantar’, y no, esa bienvenida se va acrecentando durante toda la noche hasta que ves que es tortura tras tortura”.

El mínimo retraso al levantarse o saludar era motivo suficiente para que a su celda entrara toda la seguridad -cinco o seis custodios- y lo comenzaran a golpear a él o a otros de los presos.

“Te metían al baño, te pateaban. Su mañita de ponerte la toalla y quererte enrollar y pegarte contra la taza y contra el muro. Vivías bajo un terror desquiciante”.

Su testimonio no es un caso aislado. 

En la Ciudad de México, explica Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la tortura es una práctica persistente que en los centros penitenciarios se utiliza como una forma de castigo y control.

De acuerdo con datos de la propia Comisión, entre 1994 y el 2020 la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad —dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina— ha recibido 26 recomendaciones por tortura, aunque el 42% llegaron en apenas los últimos tres años.

Y si bien es cierto que son la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las dependencias que encabezan el número de recomendaciones por casos de tortura desde que éstas comenzaron a emitirse en la capital del país hace casi tres décadas, en los últimos años el Sistema Penitenciario de la CDMX se ha posicionado como una de las áreas del gobierno de la Ciudad en la que los casos aumentan más al pasar de tres entre 2010 y 2017 a once en los últimos años.

“(La tortura) tiene muchas cosas en términos de cultura de control, sobre todo cuando estás hablando en los Centros Penitenciarios y es ahí donde hay que seguir trabajando muchísimo”, reconoció Ramírez.

En la Recomendación 05/2020 que emitió el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al Sistema Penitenciario, por ejemplo, se documenta tortura contra nueve víctimas directas y dos indirectas; y se concluye que se trata de una práctica cotidiana, recurrente y utilizada de forma sistemática como forma de intimidación, castigo y maltrato por parte de personal de seguridad y custodia para imponerse como figura de autoridad.

“La mayoría de los abusos por parte de la autoridad no se denuncian o las víctimas terminan desistiendo de sus denuncias por nuevas violaciones a su derecho a la integridad como amenazas y malos tratos, esto principalmente porque las denuncias no son investigadas ni los responsables sancionados”, alerta la Comisión en esa recomendación.

Víctor Alonso del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llama la atención al hecho de que la tortura ya no sólo sea una práctica reiterada y persistente que se presenta en la detención arbitraría por parte de las autoridades con el fin de extraer confesiones o para fabricar culpables, sino que una vez que estas personas llegan a los centros penitenciarios, la historia se repite una y otra vez sin que haya salida.

“Sin duda eso resulta una situación particularmente preocupante sobretodo por el tema de la documentación porque las autoridades suelen intentar que la tortura no deje marcas físicas para que cuando se hagan los estudios que se hacen por protocolo, no arrojen ese tipo de resultados o al menos para desvirtuar la versión de la víctima en caso de que denuncie”, expone el abogado.

Héctor, de 33 años, ha tenido cuatro ingresos al reclusorio: dos veces por robo a transeúnte, una vez por robo a transporte y la última por robo a casa habitación. Hace tres meses salió del Reclusorio Norte.

En entrevista, el joven recuerda las golpizas que recibía permanentemente por parte de los custodios de este centro penitenciario pues en su ingreso se negó a entregarles los tenis que llevaba puestos.

“No se los quise dar y me empezaron a pegar con las botas en las nalgas. Me acomodaron unos patadones exactamente en medio de las nalgas que la verdad no me podía ni sentar (…) lloraba para ir al baño”, recuerda el joven.

“Cuando llegas (al reclusorio) te llevan al centro médico para supuestamente checar que estás bien y que no estás golpeado, pero ellos (los custodios) no son tontos porque saben dónde pegarte”. 

Luego de concluir el proceso de ingreso al reclusorio, esos custodios lo “recomendaron” con otros guardias quienes se encargaron de golpearlo por días.

“Eran más de cinco custodios, me metían a un cuartito, creo que era su baño de ellos (sic) y ahí me empezaron a golpear. Me tiraron, me empezaron a pisar la cabeza, me daban puñetazos en la espalda, en la cabeza, con el puño cerrado, ora sí que unos buenos putazos en las costillas porque saben dónde golpear… la verdad si me golpearon culero, fue algo que no se le desearía a nadie”, asegura el joven.

Tortura constante y pocas acciones 

La tortura en los centros penitenciarios no se limita a lo que pasa dentro de estos espacios físicos, sino que también se practica cuando a las personas privadas de su libertad se les traslada a otros reclusorios.

Víctor Alonso del Pozo de la CMDPDH explica que esta situación se presenta no sólo para alejarlos de sus familias o de sus defensas, —lo cual en sí mismo ya representa una violación a sus derechos humanos—, sino que el trayecto y arribo al nuevo reclusorio se convierte en otra oportunidad para torturarles.

“Esta situación de tortura en los traslados ya se ha vuelto tan común que las propias personas que están privadas de su libertad han decidido simplemente ya no volver al centro penitenciario más cercano a su domicilio en donde les podría ver su familia y podrían tener contacto más seguido con su defensa técnica porque saben que puede ser que no la libren”, asegura.

En esa recomendación 05/2020 se documenta el caso de la “víctima 9” que estaba privada de su libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) y que el 19 de julio de 2019 fue trasladado al módulo Diamante del Centro Varonil en Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos, a su ingreso al llamado Diamante, la víctima fue certificada sin lesiones, sin embargo, minutos después, dos comandantes y otras personas de seguridad y custodia le ordenaron que se quitara la ropa y se colocara de frente a la pared recargando la frente y las palmas de las manos en posición de revisión.

En esta posición permaneció 30 minutos “durante los cuales recibió patadas y rodillazos en rodillas, muslos, piernas y espalda; en varias ocasiones cayó al piso por el dolor y el adormecimiento de las piernas y los custodios lo levantaron para continuar golpeándolo. También le propinaron golpes con el puño cerrado en la cabeza y nuca, patadas y puñetazos en las costillas del lado izquierdo y patadas en los testículos mientras le decía que él le había pagado a un comandante de apellido Chivardi personal de custodia adscrito al CEPASEP II. Posteriormente fue ubicado en una estancia, aislado y sin ropa, lo que le impidió dormir por el frío”, cita el documento de esa Recomendación. 

Las 26 Recomendaciones por tortura que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos capitalina al Sistema Penitenciario de la CDMX señalan a 143 víctimas, y hasta noviembre pasado seguía pendiente la reparación del daño a 113 de ellas.

La presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, explicó en entrevista que entre las acciones que se han emprendido derivado de estas Recomendaciones se encuentra la integración de la Unidad de Reacción Inmediata que sustituyó al “Grupo Táctico Tiburón” y que tiene como objetivo controlar motines en los reclusorios; se elaboró un programa de capacitación en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y se presentó el Protocolo y Procedimiento para el Uso de la Fuerza.

Consultados sobre a cuántos trabajadores se ha dado de baja a raíz de las investigaciones por tortura en sus centros, el Sistema Penitenciario respondió que “no le corresponde establecer sanciones como la destitución o inhabilitación de servidores públicos”.

Añadió que en cuanto se inician las investigaciones por casos de tortura se adoptan medidas cautelares de carácter administrativo para “salvaguardar a las víctimas” como el cambio de adscripción o amonestaciones personales; y que cada año se capacita a mil 650 elementos de seguridad para evitar la tortura. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el no atacar la impunidad en los casos de tortura deja como consecuencia un ciclo de violencia que no ha podido romperse en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México.

Falta de capacitación, herramientas, sensibilidad, creatividad e inteligencia institucional por parte del personal de seguridad y custodia para responder a situaciones cotidianas de violencia con las personas privadas de libertad, son las causas principales que han permitido que esta práctica prevalezca en el Sistema Penitenciario de la CDMX, según la Comisión. Es “un hábito de conducta en los servidores públicos” en los penales, concluye la recomendación 05/2020.

En la capital del país, a pesar de haber transitado a un cambio de sistema de justicia, de tener una Constitución de la CDMX y de que se concretó el cambio de Procuraduría a Fiscalía, lamentó el abogado Víctor Alonso del Pozo, no se ve que las autoridades se tomen en serio el hecho de que la práctica de la tortura en la Ciudad es sistemática y generalizada.

“Creo que lo que sería muy importante es que si el actual gobierno de la Ciudad de México se toma en serio su propia consigna de “Ciudad de Derechos” y es cierto lo que ha dicho el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en más de una ocasión, de que en México ya no se tortura, pues que se tomen en serio su rol como garantes de derechos y que empiecen a tomar acciones contundentes no solamente para prevenir y erradicar la tortura, sino para particularmente hacerle frente desde una perspectiva de justicia transicional a los crímenes que se han cometido en las últimas dos décadas de tortura en la CDMX”.

Con ello, no sólo se podría dar una solución a las personas que están injustamente privadas de su libertad, sino que también daría una reparación del daño a las víctimas y a sus familiares y así pudieran encontrar una solución institucional en donde hasta ahora lo único que han encontrado son trabas y revictimización.

“Es un infierno”

Hace un año Salvador salió del Reclusorio Sur luego de cumplir una condena de ocho años por robo de auto.

“Es vivir en un infierno”, sostiene al preguntarle sobre la tortura a la que fue sometido durante este tiempo, “no puedes hacer nada ahí sin sufrir las consecuencias”.

Basta “mirar feo” a algún custodio, tropezarse con él o no caerle bien, para que lleven a los internos a dormitorios conocidos como “de castigo” en donde autoridades e internos torturan a las personas, cuenta. 

“Aislamiento total por 15 días, te violan; te tienen a dieta, o sea, te tienen con un vaso de agua al día, no te dan tu comida; todos los días te golpean, te extorsionan (…), hay espirales donde calientan la comida —las parrillas— te sientan ahí al rojo vivo cuando no cooperas, te tienen amarrado de ‘a pescadito’ cinco, seis días; te ponen una playera en la cara y te echan agua, no dejan que te bañes, te mantienen mojado las 24 horas encuerado, te latiguean, te cortan, te queman… todas las torturas que haya escuchado o que se pueda imaginar las vives dentro de un castigo”, explica Salvador en entrevista con Animal Político.

“Te tienen de cuclillas en una bardita, en dos tabiques, y si te caes te golpean. Son cosas que son muy denigrantes para la persona tanto mentales como física porque te desgastan de las dos formas”.

Quienes están privados de su libertad saben que bajar a un castigo es ir al infierno, entonces, agrega el joven de 36 años, muchos internos deben pagar varios miles de pesos a los custodios para que no los lleven a esos espacios. 

“El que no tiene (dinero) ya se chingó, ya se amoló, porque la va a vivir”, narra Salvador.

Las personas privadas de su libertad son sujetos de derechos que están bajo la custodia del Estado y por ende el Estado es responsable de cualquier cosa que les pase, subraya María Sirvent Bravo, directora ejecutiva Documenta AC.

“Los custodios se tienen que dar cuenta que las personas que están privadas de su libertad están bajo su custodia y que ellos son responsables de toda la integridad y vida de estas personas. Tenemos que quitar estos estigmas de que son personas que cometieron un delito y por eso pueden ser merecedoras de algún maltrato”, sentencia.

Para María Sirvent, los cursos de capacitación ya no son suficientes si no van acompañados con otro tipo de acciones.

“Sí, tenemos que capacitar y sensibilizar más en que los propios custodios conozcan ciertas prácticas que hacen y que son tortura y que a lo mejor ellos no lo saben (…) explicar en ese contexto penitenciario qué puede ser tortura, eso sería uno, y otro es cómo trabajamos en cambiar las prácticas diarias, en que esos conocimientos de que si la tortura está bien o mal se traduzca en que su práctica cambie”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, consideró que además de los cursos y capacitaciones que se dan a los servidores públicos de todos los niveles, se requiere poner un freno a la impunidad que existe, de lo contario difícilmente se logrará erradicar la tortura.

“Se están adecuando los protocolos, se está accediendo a capacitación, pero requiere también un cambio más de percepción y cultura (…) de no permitir la impunidad. Si están fallando los custodios, o algún custodio en ese ejercicio, tendría que haber básicamente un mensaje más fuerte de cero tolerancia al tipo de prácticas y eso creo que nos ayudaría a avanzar muchísimo más rápido en su erradicación”.

Entre lo legal y lo moral

Un mecanismo que se podría aplicar para ayudar a erradicar la tortura en la CDMX sería reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local a fin de lograr que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculantes, planteó el maestro Alejandro Serrano Pastor, académico investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Y es que en el artículo 12 de dicho ordenamiento se especifica que las recomendaciones que emitan los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX serán autónomas y no vinculantes.

“Tenemos que implementar mecanismos más estrictos, tenemos que implementar una profesionalización más exacta, más objetiva del servidor público, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hacer el equilibrio, para ser el fiel de la balanza respecto de lo que está pasando y respecto de aquello que debe ser vigilado y sancionado, porque si no tenemos esa capacidad de tener un organismo que vigile, que sancione y que tenga recomendaciones de carácter vinculatorio con el Estado, con las instituciones del Estado, pues sin duda que no existe ese equilibrio y por lo tanto, como dicen, le dan rienda suelta o manga ancha al actuar del servidor público que tiene la fuerza”.

Entrevistado por separado, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, afirmó que en los últimos años desde el legislativo local se ha trabajado para darle mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por lo que consideró que hacer vinculantes las recomendaciones no ayudaría a erradicar la tortura en la Ciudad además de que restaría calidad moral a la propia Comisión entendiendo que para denunciar violaciones a derechos humanos se cuenta con dos caminos: la ruta jurisdiccional y la ruta no jurisdiccional que se hace a través de la Comisión.

“Da una mayor calidad moral a la Comisión de Derechos Humanos donde nadie cuestiona su independencia, porque por otro lado el sistema judicial finalmente es una autoridad que forma parte del Estado y por lo tanto siempre puede quedar la sospecha de cuál fue la incidencia política de cualquier caso, en cambio, la Comisión es presidida por una persona que proviene de la ciudadanía con una trayectoria desde el activismo, desde la sociedad civil organizada”, expuso Villanueva.

Ante el creciente número de recomendaciones por tortura en el Sistema Penitenciario de la CDMX, el legislador dijo que la sobrepoblación de estos espacios, así como la persistente corrupción que hay en ellos son las causas principales de que la atención que reciben los internos no sea acorde y que el ejercicio de sus derechos sea limitado.

Dado que las resientes reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos da la atribución al Congreso local de llamar a comparecer a las autoridades que de forma sistemática han violado los derechos humanos de las personas, el diputado no descartó convocar a las autoridades del Sistema Penitenciario para abordar este tema.

“A mi me parece que el Sistema Penitenciario es esta institución que requiere una transformación de fondo y que esta transformación debe sobrepasar cualquier administración gubernamental, es decir, tenemos que buscar que el funcionamiento del sistema penitenciario garantice los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló.

Mientras esos mecanismos para erradicar la tortura se discuten, aprueban y, sobre todo, se aplican en las prisiones de la Ciudad de México, Raúl sabe que ni él ni los demás prisioneros tienen a quién acercarse y pedir ayuda, porque son las propias autoridades, desde los custodios hasta los directores, quienes los torturan y les niegan cualquier apoyo.

Raúl siente cómo cada día es más posible que su vida termine dentro del reclusorio porque, aunque ya ha cumplido seis años privado de su libertad, de acuerdo con la condena que le dieron, aún debe cumplir más de 100 años más.

Y acepta que no hay día que no tema por su vida.

“Sí, sí temo por mi vida, sí temo por mi integrad, así como la mayoría teme, por eso no pueden hacer nada porque las máximas autoridades son las más corrompidas y al momento que pides ayuda las autoridades se encargan que te lleguen las consecuencias de esos actos”.

Este texto ha sido elaborado con  el acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. y el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Animal Político y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Sarabia, D. (2021). Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control. Animal Político. Recuperado el 06 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/vives-bajo-el-terror-penales-en-la-cdmx-usan-la-tortura-como-forma-de-castigo-y-control/

Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos, advierte Coneval

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos.

Nayeli Roldán (@nayaroldan), Animal Político

09 de febrero de 2021

Cuartoscuro

La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en programas con transferencias directas de dinero, pero no significan una atención integral para evitar carencias en la atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano. 

Así lo advierte el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración. 

“Se identificó que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida. Los programas han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.

Por eso consideró que si bien es un acierto eliminar intermediarios es necesario capacitar a los Servidores de la Nación, la figura creada en esta administración que acude a las comunidades a entregar los apoyos sociales; también debe mejorar la calidad de la información generada para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios, la evaluación de los programas y la difusión de calendarios de entrega de apoyos.

A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, pero esto no garantiza “que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse por medio de estos”. 

Un ejemplo de es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, “pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”. 

Este programa también podría ocasionar un resultado adverso, pues para este mismo grupo de edad hay otros apoyos y con distintos montos, como las becas, pero “podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa más numeroso y un proyecto que el presidente implementó desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, está enfocado al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa para la población a población indígena de 65 años o más y la no indígena de 68 años o más. 

Sin embargo, no existen estrategias que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor, pese a que la población mayor de 65 años presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso. Se estima que 25.8% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticada diabetes. 

Además, también requieren un sistema nacional de cuidados de largo plazo, pero ante la inexistencia del mismo, la responsabilidad de cuidados recae en las familias, mayoritariamente en mujeres, que generalmente carecen de capacitación o de apoyo para proporcionar la atención que se necesita.

En tanto, el programa para personas con discapacidad permanente también entrega apoyos directos; sin embargo, en la práctica se identificó que prioriza a la población entre 0 y 29 años, por lo que el acceso a las personas adultas con discapacidad está limitado por esta práctica.

Para mejorar los programas, el Coneval recomendó al gobierno federal realizar evaluaciones a sus estrategias, pues eso permitirá mejorar de manera continua las intervenciones públicas con información relevante para perfeccionar su diseño, implementación y seguimiento. Pero para que esto sea posible, “el proceso de evaluación debe acompañar a los implementadores en la consecución de sus objetivos, a partir de entender qué se pretende alcanzar y cómo se planea hacerlo”.

Reacción ante la pandemia 

El Coneval también analizó las estrategias del gobierno federal para afrontar la pandemia de COVID-19 y señala que si bien la entrega de transferencias eran necesarias en un primer momento, “es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar otras medidas de carácter estructural” y lograr un verdadero sistema de protección social universal. 

Sobre todo porque la pandemia coloca al mundo en un contexto adverso, y en México, además debe considerarse que el panorama ya era complicado, pues hasta 2018, el 41.9% de la población se encontraba en pobreza y de estos, 7.9% en pobreza extrema.

Pero tras la pandemia las repercusiones de la crisis económica se verán en la reducción del empleo formal, del ingreso laboral de la población empleada, así como en el incremento de la población desocupada y en informalidad. Además, “se podría exacerbar los elevados niveles de pobreza y empeorar las condiciones de vida de quienes ya se encuentran en esta situación”.

El gobierno federal implementó 53 intervenciones, de las cuales 31 corresponden a programas presupuestarios y 22 a acciones no presupuestarias. En general enfocadas a mejorar las capacidades del personal de salud y la investigación científica sobre COVID-19; mejorar las condiciones de ingreso, servicios básicos en la vivienda y seguridad social; brindar atención médica y psicológica a los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia, y proporcionar apoyos alimentarios, según identificó el Coneval.

Sin embargo, “el desafío en materia de protección social es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del estado de bienestar y un sistema de protección social universal”.

Aunque en un principio era necesario asegurar los ingresos y el consumo en los hogares, en el largo plazo es necesario reducir las desigualdades para responder a los impactos de la crisis en la vida de las personas.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Roldán, N. (2021). Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos, advierte Coneval. Animal Político. Recuperado el 09 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/programas-sociales-amlo-dinero-derechos-coneval/

CEDH emite recomendación por violación a derechos de la periodista Gabriela Coutiño

Sandra de los Santos | CIMAC Noticias

Viernes 8 de enero de 2021

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Chiapas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Chiapas, emitió una recomendación a la Secretaría de Educación del Estado por haber violado el derecho al acceso a la información de la periodista Gabriela Coutiño Montes.

La propia agraviada relató que debido a su trabajo periodístico estuvo dándole seguimiento al tema conocido como “la estafa maestra”, en el que se acusa a diferentes autoridades de instituciones de nivel superior –entre ellas la Universidad Politécnica de Chiapas- de servir para realizar un fraude con el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Coutiño seguía la cuenta en twitter del rector de la Universidad Politécnica, Navor Ballinas, como parte de esa investigación; sin embargo, el funcionario decidió bloquear a la periodista de su red social, lo que contraviene su derecho al acceso a la información y también el derecho a saber de la ciudadanía.

“El periodismo, en contexto de una sociedad democrática, representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información. Las autoridades responsables están obligadas a difundir información de interés público; no solo en lo que concierne a las actividades llevadas a cabo en el
desempeño del encargo conferido, sino también en el establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía a través de plataformas digitales o de redes sociales como twitter” argumentó la periodista chiapaneca en su queja que fue recibida por la CEDH desde el 18 de septiembre del 2019, pero hasta hace unas
semanas tuvo respuesta con la emisión de la recomendación.

En la recomendación, la CEDH ordena que el personal de la Politécnica de Chiapas reciba un curso integral sobre el derecho al acceso a la información en medios digitales y su responsabilidad en redes sociales, así como que la agraviada sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas.

A pesar de la recomendación, el rector Navor Ballinas sigue teniendo con candado su cuenta en twitter, por lo que la Asociación Estatal de Periodistas y Comunicados de Chiapas (Apecoch) emitió un pronunciamiento en el que hacen un llamado a todas las autoridades a no violar el derecho al acceso a la información, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

“Respaldamos a la periodista Gabriela Coutiño, tras la violación a sus Derechos Humanos que cometió en su contra el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Ballinas. Consideramos que el acceso a la información fortalece la democracia, al dar elementos a la ciudadanía para la toma de decisiones, por ello todo servidor público que lo restrinja u obstaculice debe ser sancionado”, señaló la organización
que agrupa a un centenar de periodistas y comunicadores de la entidad.

21/SS/AJSE/

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias.”

De los Santos, S. (2021). CEDH emite recomendación por violación a derechos de la periodista Gabriela Coutiño. CIMAC Noticias. Recuperado el 11 de enero de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/01/08/cedh-emite-recomendacion-por-violacion-a-derechos-de-la-periodista-gabriela-coutino

Emite CNDH recomendación a Conagua y gobierno de Chiapas

La Jornada

21 de diciembre de 2020, 12:21

En el documento de Conagua se indican la ubicación de los dos ríos sobre el territorio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En el documento de Conagua se indican la ubicación de los dos ríos sobre el territorio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto tomada del sitio https://www.cndh.org.mx/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 72/2020 a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez; al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, y a miembros del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas por las descargas de aguas residuales de origen doméstico sin tratamiento en los ríos Amarillo y Fogótico, así como por la mala disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en agravio de los habitantes de dicha ciudad.

Indicó que esta situación ha derivado en violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua.

Detalló que las personas servidoras públicas, adscritas al citado municipio, han incumplido la obligación de llevar gestionar los residuos sólidos urbanos y la adecuada prestación de los servicios públicos de drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, en todas las localidades de su jurisdicción. Asimismo, expuso que las acciones de vigilancia y de imposición de sanciones por parte de la Conagua, para impedir que se sigan vertiendo aguas residuales sin autorización, han sido insuficientes.

La CNDH destacó que dicho panorama pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas urgentes para la prevención de contaminación y conservación de los recursos hídricos, a fin de evitar que se sigan descargando aguas residuales sin previo tratamiento en los ríos ya mencionados, y se continúe con las malas prácticas de gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

“Además, resulta imprescindible que las autoridades prioricen la distribución de recursos para la instalación y puesta en marcha de la infraestructura que se requiera para la debida prestación de los servicios públicos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas”, expuso.

La Comisión emitió 35 puntos recomendatorios bajo el principio de precaución; 11 de ellos a la Conagua; 10 al gobierno del estado de Chiapas y 14 más al municipio de San Cristóbal de las Casas. En resumen proponen que todas las autoridades celebren un convenio o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, con participación de representantes de centros de investigación con experiencia en el tema y de organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen, con el objeto de elaborar e implementar un Programa de Saneamiento de los ríos Amarillo y Fogótico.

Asimismo, se les recomendó a todas las autoridades gestionar y ejercer los recursos necesarios para el diseño, construcción, rehabilitación y óptima operación de los sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento.

A la Conagua se le recomienda diseñar un programa anual de visitas de inspección específico para vigilar las descargas de aguas residuales que se vierten a los ríos Amarillo y Fogótico, así como realizar los estudios técnicos necesarios y un análisis exhaustivo y actualizado de la calidad del agua de ambos ríos; además de un inventario de la totalidad de los puntos de descarga de aguas residuales.

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La Jornada. (2020). Emite CNDH recomendación a Conagua y gobierno de Chiapas. La Jornada. Recuperado el 22 de diciembre de 2020, de https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/21/sociedad/emite-cndh-recomendacion-a-conagua-y-gobierno-de-chiapas/

Emite CNDH recomendación por insuficientes estrategias contra violencia de género

Redacción | La Jornada

Lunes 30 de noviembre de 2020

Hace unos días, madres de víctimas de feminicidio entregaron en Palacio Nacional más de mil 800 firmas recabadas para exigir un alto a estos crímenes en México.
Hace unos días, madres de víctimas de feminicidio entregaron en Palacio Nacional más de mil 800 firmas recabadas para exigir un alto a estos crímenes en México. Foto María Luisa Severiano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes la Recomendación General 43/2020 en la cual señala que las autoridades de los tres poderes han puesto en marcha estrategias “insuficientes” para detener la violencia de género y los feminicidios.

En un comunicado, el organismo público indicó que la violencia en contra de las mujeres en México “tiene raíces profundas que derivan de la discriminación reiterada y normalizada a través del tiempo”, lo cual genera “conductas como el machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas, que no han sido atendidos y corregidos de manera eficaz y oportuna por el Estado mexicano”.

Luego de enfatizar que lo anterior configura un atentado en contra de la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres, la CNDH destacó que tan sólo de enero a julio de este año ha registrado 180 mil 646 casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y sexual, de los cuales 549 corresponden al delito de feminicidio.

Por lo anterior, la Comisión emitió la Recomendación General 43/2020, en la cual le solicita al Estado Mexicano realizar “un reconocimiento conjunto, público y abierto de la grave situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país por razón de género, y en el que se comprometan a realizar acciones para prevenir, eliminar y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres”.

El organismo subrayó que “es imperioso diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a una política pública integral y de carácter nacional, con enfoque de derechos humanos y de género para prevenir, atender y sancionar el feminicidio”.

De igual forma, solicitó realizar un diagnóstico operativo, así como de recursos humanos y financieros de las instituciones encargadas de la prevención, atención e investigación del feminicidio, que permita identificar las grandes áreas de oportunidad que se tienen.

En otro punto de la Recomendación, la CNDH conminó a las autoridades a implementar un programa de formación, capacitación y profesionalización permanente en materia de prevención, atención e investigación de violencia contra las mujeres por razón de género, que permita la asignación de recursos económicos a las dependencias locales encargadas de la prevención, atención e investigación de los delitos en razón del género.

Además, pidió realizar adecuaciones en las líneas telefónicas de atención de emergencias, a fin de que se genere un sistema de emergencia específico y accesible, distinto a la línea 911, que permita a las mujeres solicitar asistencia.

“Es fundamental que las autoridades del Estado se abstengan de estigmatizar y criminalizar a las y los ciudadanos que lleven a cabo manifestaciones, creando los protocolos de actuación aplicables en reuniones y manifestaciones sociales pacíficas, y que deberán estar armonizado con la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza.

“En esta lucha por la protección de la vida y los derechos de las mujeres, se debe privilegiar y fortalecer la participación de organizaciones de mujeres y las acciones que realizan para prevenir y atender el feminicidio, y todas las formas de violencia contra las mujeres. Nunca más las mujeres deberán ser silenciadas en sus demandas de derechos”, recalcó el organismo.

La Recomendación está dirigida y notificada al Gobierno de México y a los Poderes Legislativo y Judicial, y se le notificó de la misma a la Fiscalía General de la República y Fiscalías Generales de las entidades federativas, y a los Congresos locales.

También se le compartió a los Organismos Protectores de derechos humanos de las entidades federativas; a la Universidad Nacional Autónoma de México y las Universidades Autónomas de los estados, al Instituto Politécnico Nacional; a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a sus homólogas en los estados; también, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de protección a niños, jóvenes y adolescentes en todo el país.

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Redacción (2020). Emite CNDH recomendación por insuficientes estrategias contra violencia de género. La Jornada. Recuperado el 30 de noviembre de 2020 de: https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/sociedad/emite-cndh-recomendacion-general-por-insuficientes-estrategias-contra-violencia-de-genero/

En blanco y negro: la discapacidad en Latinoamérica según el BID

Bárbara Anderson | Yo También

Viernes 27 de noviembre de 2020

El banco acaba de publicar el informe “Somos Todos” que resume la situación de las personas con discapacidad en la región y revela algo poco novedoso: la ironía de que los grupos más vulnerables como son ancianos, mujeres, indígenas y pobres también son las poblaciones con la mayor proporción de pcd.
Pero, según el propio BID, incluirlos al mercado laboral en México, por ejemplo, aumentaría el PIB entre 2 y 3% (nada despreciable, por cierto).

Dibujo en blanco y negro de veintisiete personas con diferentes discapacidades, todos viendo al frente con un texto en ingles detrás de ellos que dice en español, "nosotros las personas".

Esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento completo sobre discapacidad: “Somos Todos. Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe” aquí el doc completo.

Es un reporte interesante que, a poco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad este 3 de diciembre próximo, refresca los conceptos más actuales y los prejuicios aún también actuales en torno a la discapacidad. 

“¿Quiénes son las personas con discapacidad (pcd)? Durante mucho tiempo, la respuesta obvia ha sido apuntar a personas ciegas o sordas, en silla de ruedas o un niño con síndrome de Down. Son ‘ellos’. Es algo dentro de sus cuerpos. Pero, ¿y si esto está mal? ¿Qué pasa si esa forma de entender las discapacidades hace que la inclusión de este colectivo social sea mucho más difícil?”, comienza el documento de más de 50 páginas del BID. También dedica un amplio espacio a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que hace más de una década presentó una “cura” a los conceptos del pasado: trazar un camino para que una sociedad excluyente pueda hacer valer los derechos humanos de todos sus ciudadanos en toda su diversidad. “¿Qué fue tan disruptivo y liberador en esta nueva definición? Separó las discapacidades de la persona y las situó en la relación que existe entre la deficiencia de la persona y las barreras presentes en su entorno. Por ejemplo, estar en silla de ruedas no es, en sí, una discapacidad. Se necesita de una escalera sin rampa o ascensor para entender esa situación como la discapacidad”, agrega el reporte.

La situación en nuestra región

Uno de cada 8 adultos en el mundo vive con alguna discapacidad, es  decir más de 1,000 millones de personas. 

En América Latina y el Caribe, la proporción es similar y se calcula que representan alrededor del 13% de la población total. Y si bien los censos y la manera en la que se relevan los datos varían de país a país (un tema que también sugieren que se homologue), pone como ejemplos a nuestro país y Costa Rica:

Gráficas que muestran la prevalencia de discapacidad en México y Costa Rica. En el primero destaca que la discapacidad física es la más común, seguida de la visual, auditiva, psicosocial e intelectual. En el segundo la discapacidad física también es la más común, seguida de la visual, auditiva, intelectual y psicosocial.
Fuente: Huete 2019, utilizando Encuestas de hogares armonizadas del BID para México (2016) y Costa Rica (2017).

Según el mismo informe, en toda la región la tasa de prevalencia de discapacidad es de 4 a 6 veces superior en personas entre los 60 y los 69 años de edad, comparada con quienes están en sus veintes. Y sin dudas, como ya ocurrió en otras regiones como Europa, el envejecimiento de la población aumentará aún más estos números, ya que se prevé que 1 de cada 5 personas tendrá más de 65 años para 2050. 

Pero hay un dato no menor en el tema de las variables en el rango de edades: las muy bajas tasas de prevalencia en niños menores de 18 años también pueden reflejar bajos reportes debido a la voluntad de los padres de no estigmatizar a los niños o el desconocimiento de las dificultades dada su edad.

Hay varios datos extras brutalmente reveladores:

  1. En nuestra región más mujeres que hombres viven con una discapacidad. Una mayor expectativa de vida para las mujeres significa que la población en los grupos de edad avanzada es mayoritariamente femenina, lo que tiene un efecto sobre la prevalencia de la discapacidad entre las mujeres en las estadísticas generales. 
  2. Los pueblos indígenas tienen una mayor prevalencia de discapacidad, al igual que las personas de grupos de bajos ingresos. Es un círculo vicioso, donde las personas pobres tienen mayor riesgo de discapacidad y las pcd tienen más probabilidades de ser pobres. Para las personas con discapacidad, las vías para escapar de la pobreza se reducen.  Además, como las pcd enfrentan altos costos de tratamiento y asistencia personal, el impacto de los gastos catastróficos de salud en los ingresos familiares es aún mayor. 
  3. Entre los jóvenes de 24 a 35 años en América Latina y el Caribe, la tasa de empleo para hombres con discapacidad es 24 puntos porcentuales más baja que para los hombres sin discapacidad, y para las mujeres, es 12 puntos porcentuales menos. Incluso para las personas con discapacidades que tienen empleo, sus salarios son mucho más bajos, lo que refleja diferentes posibles fuentes de exclusión.
  4. Solo 3% tiene acceso a servicios de rehabilitación; en Perú y Haití, menos del 10% de las personas con deficiencia auditiva tienen acceso a tecnologías de asistencia. Y en el caso de la población con discapacidades psicosociales que ha recibido rehabilitación, por citar solo dos ejemplos, es inferior al 25% tanto en Colombia como en México. 
  5. En Colombia las mujeres con discapacidad reportan haber sido amenazadas o abandonadas por su esposo o pareja a una tasa 4.5 veces mayor que las mujeres sin discapacidad, y son agredidas físicamente a una tasa de más de 10 puntos porcentuales más.
  6. Un informe de 2015 de Disability Rights International reveló que más del 40% de las mujeres que habían sido tratadas en cuatro instituciones psiquiátricas en la CdMX habían sufrido abusos sexuales, y que 4 de cada 10 fueron obligadas a esterilizarse.

Un ejemplo replicable

En el documento del BID dedican un espacio especial a una iniciativa que ellos mismos apoyaron financieramente, que bien podría escalarse a otros países: el Proyecto Ciudad Mujer (CM) en República Dominicana.

Es un ejemplo de accesibilidad e inclusión integradas vía el diseño universal, donde la infraestructura física no solo está diseñada para ser accesible para personas con discapacidades físicas y sensoriales, sino que los protocolos de capacitación para los controles médicos, la inserción laboral, la violencia contra las mujeres y otros módulos han sido diseñados para que incluyan a mujeres y niños con discapacidades. Los videos con subtítulos también se pueden considerar un tipo de diseño universal a diferencia de las adaptaciones tales como el subtitulado en tiempo real o la interpretación simultánea con lenguaje de señas. En videos con amplia distribución es mucho más rentable incluir los subtítulos que ajustarlos repetidamente. Adicionalmente, estos subtítulos son útiles para audiencias más amplias. Al implementar de forma adecuada las adaptaciones razonables y el diseño universal, las deficiencias se vuelven meramente anecdóticas.

Incluir a las personas con discapacidad no solo es una cuestión de derechos sino de crecimiento económico: un estudio del propio BID que examina Costa Rica, Chile y México estima que incluirlas al mercado laboral aumentaría el PIB entre un 2% y un 3%.

El reporte incluye un análisis de la gradual transición de escuelas especiales a educación accesible, un pendiente desde el Río Bravo hasta Ushuaia.

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Anderson, B (2020). En blanco y negro: la discapacidad en Latinoamérica según el BID. Yo También. Recuperado el 27 de noviembre de 2020 de: https://yotambien.mx/en-blanco-y-negro-la-discapacidad-en-latinoamerica-segun-el-bid/

Emite CNDH recomendación a INM y SSPC por agresiones a caravana migrante

La Redacción, La Jornada

29 de octubre de 2020

Sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en imagen de archivo. Foto tomada de la página web www.cndh.org.mx

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.

En un comunicado, el organismo público indicó que el 20 y 23 de enero de 2020, pudo constatar qye personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, “fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria”.

De acuerdo con la CNDH, su investigación “permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias”.

Por otro lado, al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, “el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas”.

De igual forma, la CNDH subrayó que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal”, y que las mencionadas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante.

Por todo lo anterior, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

Asimismo, la llamó a colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; y diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza.

Por otro lado, la exhortó a impartir al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.

Al INM, la CNDH le solicitó realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.

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La Redacción. (2020). Emite CNDH recomendación a INM y SSPC por agresiones a caravana migrante. La Jornada. Recuperada el 30 de octubre de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/29/emite-cndh-recomendacion-a-titulares-de-inm-y-sspc-2800.html

Adeudo con EU no se cumplirá: Conagua

Angélica Enciso L., La Jornada

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020, 07:53 am

La Boquilla, presa en Chihuahua. Foto tomada de Google Maps

Ciudad de México. A 40 días de que venza el plazo para la entrega de agua a Estados Unidos en el contexto del Tratado Internacional de Aguas de 1944, aún faltan por trasladarse 366 millones de metros cúbicos de líquido (85 por ciento del equivalente a un año) a ese país, y para realizar la operación de envío se requiere tiempo, ha señalado la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, el compromiso no se cumplirá en la fecha establecida. A menos que se presenten lluvias sin precedente en las próximas semanas, no habrá manera alguna de cumplir con las entregas establecidas y el 24 octubre México se encontrará en una situación de incumplimiento, dijo la Coordinadora Nacional Agua para Todos.

Luego de que en el ciclo pasado, que concluyó el 24 de octubre de 2015, se cerró con un adeudo de 324.7 millones de metros cúbicos, cubierto en 2016, no es viable que por dos ciclos consecutivos ocurra esto, indica el Acta 234 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Este documento se refiere a las aguas del río Bravo asignadas a Estados Unidos procedentes de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, así como del arroyo Las Vacas.

Detalla la forma en que se debe reponer cualquier faltante que hubiera en un ciclo de cinco años consecutivos en los volúmenes mínimos. Al año, México envía de esos cauces alrededor de 432 millones de metros cúbicos. El documento indica que en caso de que haya escasez en un ciclo, se repone en el siguiente, junto con cualquier volumen de agua que se necesite para evitar un faltante. Al amparo de este documento, el gobierno mexicano ha argumentado que no puede tener un déficit en la entrega de agua para el ciclo que empieza el 25 de octubre.

La Coordinadora Agua para Todos señaló que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto la Conagua permitió que se acumulara una deuda hídrica con Estados Unidos y en lugar de apoyar los procesos de construcción de consensos para las entregas, impulsó tratos particulares y desiguales con los distintos distritos de riego, aumentando con ello el conflicto social en la región.

La organización propuso que se abra un diálogo amplio con fundamentos técnicos a través del Consejo de Cuenca del Río Bravo para explorar opciones, sin permitir la militarización del conflicto, así como que se sienten las bases para evitar un diferendo con Estados Unidos para el 24 de octubre, como ha ocurrido en ciclos anteriores.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Enciso, A. (2020). Adeudo con EU no se cumplirá: Conagua. La Jornada. Recuperada el 14 de septiembre de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/14/adeudo-con-eu-no-se-cumplira-conagua-4522.html

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Catálogo de abusos policiacos en León

Carlos García, corresponsal La Jornada

Guanajuato, 28 de agosto de 2020, 07:30 am

Activistas protestaron el martes pasado frente al teatro Juárez, en Guanajuato capital, en repudio a la represión que sufrieron mujeres y periodistas a manos de policías municipales de León, durante una manifestación en la plaza del Templo Expiatorio, en esa ciudad, el sábado pasado. Foto Carlos García

León, Gto. El gobierno municipal panista de León ha pagado de 2015 a la fecha más de 3 millones de pesos en indemnizaciones, como resultado de 175 recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) giró por abusos policiacos, afirmó ayer la regidora priísta Vannesa Montes de Oca Mayagoitia durante la aprobación del informe de gobierno del alcalde Héctor López Santillana, al que llamó un “monumento al ego que te transporta a (la novela de fantasía) Las crónicas de Narnia”.

Al votar en rechazo al que calificó de mal llamado informe, que se aprobó con 11 votos a favor y cuatro en contra, de los regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, recordó que entre octubre de 2015, cuando se inició la administración de López Santillana (relecto en 2018), y noviembre de 2019, la PDHEG emitió al ayuntamiento los documentos citados, muchas por lesiones y homicidios cometidos por uniformados.

Montes de Oca Mayagoitia adelantó que a esas recomendaciones se sumarán oficios por el acoso sexual que sufrió el 14 de agosto una joven identificada como Evelyn, así como por la represión ejercida el sábado anterior contra 22 mujeres, incluidas cuatro reporteras, luego de una manifestación en apoyo a la ofendida.

Acotó que el 6 de diciembre de 2018 se aprobó un modelo de seguridad que fracasó, por lo que se despidió a los asesores que lo crearon. Destacó que el año pasado fueron asesinadas 538 personas, y al 25 de agosto de 2020 se documentaron 551 homicidios que el informe de Héctor López no menciona. “La única referencia que hace a muertos es con festivales y

La regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, solicitó junto con Vannesa Montes de Oca que se investigue toda la cadena de mando encargada de la operación para reprimir la marcha.

“No basta con reconocer y pedir una disculpa, no basta con haber dado de baja a dos policías (por el caso de Evelyn); no alcanza el mea culpa del subsecretario (de atención a la comunidad) Mario Alberto Rodríguez Mariscal, asumiéndose como responsable de la decisión del actuar tan irregular y fuera de protocolos”, declaró la morenista. Exigió que se investigue al director de la policía, Jorge Guillén Rico, a quien atribuyó ordenar los arrestos de mujeres del 22 de agosto.

Acusan a comandantes de ordenar agresiones

El activista Adolfo Enríquez Vanderkam difundió en redes sociales un audio en el cual presuntamente se escucha a comandantes de la policía leonesa dar a sus subordinados características y ubicaciones de personas a quienes debían detener al finalizar la movilización en solidaridad con Evelyn.

En su cuenta de Facebook, Adolfo Enríquez manifestó: El director operativo de la policía de León, Juan Pedro González Pérez; la comandante Yolanda y la encargada del Grupo Pumas, de nombre Alma, apoyadas con las cámaras del C-4, dieron la orden de abordar (detener) a la mayor cantidad de mujeres que participaron en la protesta.

Exhortó a usar la grabación como prueba para sancionar de forma ejemplar a los que dieron la orden de detener brutalmente a mujeres y cuya acción represiva ha recibido el reproche del Congreso de la Unión, de organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales.

Enríquez Vanderkam recordó que el presidente municipal López Santillana ofreció disculpas a las víctimas de la represión y que su secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona, aseguró que la instrucción era contener, no detener ni golpear; ahora sólo falta castigar con la destitución inmediata a los que dieron la instrucción de reprimir.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

García, C. (2020). Catálogo de abusos policiacos en León. La Jornada. Recuperada el 28 de agosto de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/28/catalogo-de-abusos-policiacos-en-leon-2924.html

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