No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho

Sara Lovera, SemMéxico

20 de mayo de 2021

La reforma constitucional que crea el sistema pendiente  en el Senado a 6 meses de su aprobación

Presenta el PRI una iniciativa de reforma hacendaria que dote recursos cada año y sea progresivo

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 20 de mayo, 2021.-La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Cuidados cuente con recursos económicos suficientes que permitan su operación, para que no quede en letra muerta y quede claro que ésta  no puede ser entendida sin considerar los derechos de las mujeres y advirtió que el Sistema no se ha aprobado en el Senado, tras 6 meses desde su aprobación y reforma Constitucional.

El texto de la reforma que presentó la también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,  deja en claro que los recursos que se otorguen año con año nunca disminuyan; y que las dependencias y entidades encargadas de poner en marcha al  Sistema puedan solicitar aumentos anuales, con base en las necesidades o vicisitudes que adviertan.

Al presentarla en nombre de su grupo parlamentario, la reforma que propone, atiende a la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2020. Ahora se trata de hacerla efectiva. De dotarla de recursos, de trabajar en la ley secundaria, porque Estado está obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz. 

La iniciativa, de la que SemMéxico tiene copia, reforma y adiciona los artículos 25 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar el destino de recursos para hacer efectivo el Sistema Nacional de Cuidados.

Además destacó la diputada  que el cuidado como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.

El texto de la iniciativa presentada hoy,  recuerda que  durante la discusión  de la reforma constitucional, del 18 de noviembre de 2020,  se determinó que el sistema nacional de cuidados no debía generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales; si no debían aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno, esto a pesar de que diversos grupos parlamentarios hicieron énfasis en la necesidad de que un sistema de esta naturaleza, dada su complejidad requiere recursos para su correcta implementación. Pese a esta advertencia, porque la dejaría en letra muerta,  reconoció que”la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria”.

Pero además, la reforma constitucional, trascendental para la vida de las personas, no la aprobó todavía el Senado de la República. Lo que es de preocupación. Ahora la propuesta, trata de enmendar esa advertencia de que no  implicaría gasto adicional. La convertiría en una falacia.

El Sistema Nacional de Cuidados, defendido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no podría quedar sólo en palabras. En todos los países del sistema americano, se camina en ese sentido, incluso por las recomendaciones de la CEPAL, tras lo devastadores efectos de la pandemia y la pérdida de empleo de las mujeres. Asunto reconocido y discutido en todos los países.

 Uno de los argumentos, que recordó la ex gobernadora de Yucatá es que  trabajo de cuidados es uno de los obstáculos  que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado, y en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía. 

De acuerdo con el INEGI, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Más de un millón tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.

Otro dato por demás contundente, sostuvo la diputada,  muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más, que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar, y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.

La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres, éstas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.

La iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.

Argumentó que la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria, por lo que se necesita presupuesto suficiente para establecer y ejecutar tales políticas públicas.  

Advirtió que no prever una erogación presupuestaria a reformas con tan importante impacto social, genera que el texto constitucional sea letra muerta, ya que la ciudadanía se ve impedida para ejercer dicho derecho ante la falta de mecanismos o instituciones ante quien exigirlo. 

En el documento fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, resalta que la propuesta tiene en su naturaleza la perspectiva de género, toda vez que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados.

Aclaró que, está pendiente la aprobación de esta reforma en el Senado de la Republica, sin embargo, espera cuente con un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios como sucedió en la Cámara de Diputados por ser un tema necesario para la población. 

La iniciativa hacendaria está firmada por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho. SemMéxico. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/no-dotar-de-recursos-al-sistema-nacional-de-cuidados-lo-dejara-en-letra-muerta-dulce-maria-sauri-riancho/

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación

El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

18 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.

Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.

Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.

Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.

Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.

Lo que llevó a la clausura

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.

De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas. 

El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.

Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano. 

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”

En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún. 

Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa. 

Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Ayala Martínez, A. (2021). Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación. Lado B. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/clausura-ayuntamiento-planta-de-bonafont-en-juan-c-bonilla-habitantes-denuncian-simulacion/

Nueve pesos diarios pueden ayudar a fondear estudios universitarios

La Universidad Ibero Puebla lanzó un programa de fondeo para recabar 10 millones de pesos y mantener los apoyos económicos que reciben seis de cada diez alumnos

Viridiana Rodríguez (@Viridia36252241 ), Lado B (@ladobemx)

12 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: cortesía Ibero

Una beca al 100 por ciento, la beca Arrupe, fue la llave que le permitió a Eliel Sánchez cursar sus estudios universitarios, graduarse como abogado y posteriormente estudiar un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Harvard; en el caso de Marcos Shilon, la beca le permitió estudiar Derecho para dedicarse a la asesoría de organismos internacionales en asuntos relacionados con pueblos originarios, y de esta manera honrar sus orígenes. 

Ambos forman parte de las miles de personas beneficiadas por el programa de becas de la Universidad Iberoamericana, que durante mucho tiempo se sostuvo con recursos propios y que hoy, ante el aumento de solicitudes que trajo la pandemia, requiere de la conformación de un fondo de 10 millones de pesos para garantizar su continuidad.

Así, para nutrir el Fondo Sigue Adelante, se ideó un programa de donantes recurrentes que pueden hacer una aportación mensual de 250 pesos, es decir, menos de nueve pesos diarios que permitirán continuar con el apoyo a 2 mil 500 estudiantes.

También existen esquemas de participación para las empresas que, dependiendo del monto aportado, tienen acceso a una serie de beneficios, como capacitaciones y talleres que requiera su personal, por ejemplo, sobre trabajo remoto.

Mónica Almanza, coordinadora de Procuración de Fondos, comenta que, actualmente en el campus, seis de cada diez jóvenes universitarios reciben algún tipo de apoyo económico o beca (que puede ir del 20 hasta el 100 por ciento dependiendo la necesidad económica y promedio académico).

Con el Fondo Sigue Adelante, la Ibero Puebla recabar 10 millones de pesos y mantener los apoyos económicos que reciben las y los alumnos
Foto: Cortesía Ibero

Y destaca la importancia que este tipo de programas tienen en el aspecto social, debido a que el acceso a la educación disminuye la violencia en las poblaciones, promueve la equidad de género e incluso aleja a la juventud del crimen organizado.

“[Cuando] le damos una oportunidad a chicos como Eliel (…) les [estamos] mostrando alternativas, [estamos] mejorando su calidad de vida y la de su entorno”, dice Almanza.

Por último, la coordinadora comenta que, la filosofía de la Universidad es, además de dar educación de excelencia, que esta sea incluyente: “eso beneficia a chicos [y chicas] que vienen de comunidades muy pobres, que no cuentan con los recursos propios para fondear sus estudios pero que tienen un ímpetu grandísimo y que están decididos a estudiar y a cambiar su realidad y la de su entorno”.

Si te interesa donar para este Fondo da clic aquí.

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*Foto de portada: cortesía Ibero

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Rodríguez, V. (2021). Nueve pesos diarios pueden ayudar a fondear estudios universitarios. Lado B. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/nueve-pesos-diarios-pueden-ayudar-a-fondear-estudios-universitarios/

CDHCM abre queja para garantizar reparación de daño a víctimas de colapso en Línea 12 del Metro

ContraRéplica

09 de mayo de 2021, 14:20

CDHCM abre queja para garantizar reparación de daño a víctimas de colapso en Línea 12 del Metro
Imagen: Cuartoscuro

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) pidió a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y de la capital garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño para cada una de las víctimas del derrumbe en la Línea 12.

De igual forma, el organismo demandó adoptar medidas para la no repetición de tragedias similares a la de la línea dorada que ha dejado, hasta el momento, 26 muertos.

La Comisión explicó que ya se cuenta con un expediente de queja respecto al derrumbe, la cual se encuentra en fase de investigación preliminar, por lo que se ha solicitado información al STC Metro acerca de las medidas implementadas para la prevención y mitigación de riesgos.

Subrayó que personal de la CDHCM estuvo presente en 19 hospitales públicos y privados a los que fueron trasladados los heridos para dar seguimiento -en conjunto con sus familiares- a la atención médica que reciben, así como asistencia en gestiones que han solicitado y poner a su disposición servicios de apoyo psicosocial.

Además, se estableció comunicación constante con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México para el monitoreo del proceso de localización de las personas reportadas como desaparecidas. Actualmente, continúa el seguimiento al reporte de una persona aún sin localizar.

Asimismo, el organismo verificó los procesos de entrega de cuerpos a los deudos por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Por último, la CDHCM expresó su solidaridad con los familiares de las 26 víctimas que perdieron la vida -entre las cuales se encontraba un niño- así como con las 33 que están siendo atendidas en hospitales –que incluyen una adolescente- y las 53 que ya han sido dadas de alta –entre ellas un adolescente-, por lo que continuará con el compromiso institucional de proximidad, gestión e investigación.

Imagen: Cuartoscuro

“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica

ContraRéplica. (2021). CDHCM abre queja para garantizar reparación de daño a víctimas de colapso en Línea 12 del Metro. ContraRéplica. Recuperado el 10 de mayo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-CDHCM-abre-queja-para-garantizar-reparacion-de-dano-a-victimas-de-colapso-en-Linea-12-del-Metro-20219546

El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd

Katia D’Artigues | Yo También.

Lunes 3 de mayo de 2021.

Fotografía de las manos de una mujer de edad adulta, recargadas sobre un bastón de madera, en la imagen se puede apreciar que lleva puesta una blusa de color blanca.

Contradicciones, olvidos y desidia a 13 años de la Convención de Discapacidad.

Hoy deberíamos de estar de manteles largos en México. Al menos en el papel, hoy hace 13 años que en nuestro país entró en vigor una Convención, la de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) que está llamada a cambiar la cultura y la forma en que vemos a las personas con discapacidad en el mundo. Además, orgullo nacional, es una Convención internacional que ¡México propuso al mundo, vía la ONU, gracias a un compatriota, Gilberto Rincón Gallardo!

Pero hoy a una década y tres años de distancia de este cambio paradigmático -que ya han firmado y ratificado 187 países en el mundo-  hay mucho qué poner en la mesa y poco qué festejar. Incluso tras el cambio Constitucional en Derechos Humanos de junio de 2011 que obliga a todos nuestros servidores públicos a tomar todas las convenciones del tema que México ha firmado como parte, nada menos, que ¡del mismo texto de la Constitución!

Lo bueno de esta Convención, considerada el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, es que tiene un mecanismo de seguimiento y de recomendaciones que México está -en el papel, ojalá que en la realidad también- obligado a cumplir.

¿Cuál es el estatus de la Convención hoy?

Es un misterio difícil de reportear porque todas las instancias involucradas en reportar y hacer cumplir la CDPD se ‘echan la bolita’ unas a otras. Incluso mandan documentos que se contradicen unos con otros. 

Históricamente, las Convenciones de derechos humanos que tienen mecanismos de seguimiento son sustentadas por México ante la ONU por la secretaría de Relaciones Exteriores. Claro, con el apoyo del resto de la administración que tiene que contribuir a reportar sus acciones hacia la población con discapacidad: todos tienen algo que hacer.

No está de más repetir el círculo al que nos comprometimos como país al firmar la Convención y su Protocolo Facultativo y que ya habíamos reproducido en algunas otras notas de Yo También para dejarlo más claro:

Infografía en forma de reloj con flechas de color morado y lila, la imagen tiene el logotipo de las naciones unidas, en color azul al centro. 

Texto en la imagen: 1 Estado (en este caso México) firmó y ratificó la CDPD.
2 Estado entrega a la ONU su Informe Oficial.
3 Sociedad civil e instituciones entregan Informes Alternativos o sugerencias para la “Lista de Cuestiones” (una serie de preguntas sobre cómo se está implementando la CDPD).
4 ONU emite la “Lista de Cuestiones” al Estado.
5 Estado responde por escrito a la “Lista de Cuestiones” de la ONU.
6 ONU y Estado establecen diálogo interactivo en Ginebra, Suiza. Participan también organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad.
7 ONU emite sus observaciones finales o recomendaciones
8 Estado da seguimiento y aplica las recomendaciones de la ONU

México ratificó por unanimidad hace 13 años la Convención. Ya se hizo todo el círculo una vez y recibimos recomendaciones, mismas que por cierto no hemos cumplido, en 2014.

En esta segunda vuelta, estamos de nuevo en el punto 5 tras que la ONU mandó la “Lista de Cuestiones” (que son preguntas, pero por lo general se usa el anglicismo) y que puedes leer aquí en una traducción accesible que hicimos o bien en la página oficial de la ONU acá, en octubre de 2019. Nuestro país respondió a estas preguntas formalmente hasta el ¡30 de septiembre de 2020! 

¿Qué contestó México? 

En la secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas, director de Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores, me mandó una presentación de siete páginas -sí, siete- donde tras esta enorme lista de preguntas o cuestiones que mandó la ONU reportan cuatro -sí, cuatro- avances en las recomendaciones que tenemos desde 2014. Una presentación, que, por cierto, tiene de fecha abril de 2021 y que puedes ver aquí.

  1. Que se hicieron reformas a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad referentes al reconocimiento de su capacidad jurídica, accesibilidad universal y derecho a la consulta (Aclaración: es una iniciativa aún y NO una ley).
  2. “Propuesta de creación de una Ley General de Accesibilidad”. (Aclaración: Es una iniciativa que no se ha dictaminado aún de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu que primero tiene que cambiar un artículo de la Constitución para que el Poder Legislativo pueda regular el tema, para luego hacer una “Ley General de Accesibilidad”. No está ni cerca de ser una realidad). 
  3. Programas: la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con discapacidad (Aclaración: que la secretaría de Bienestar hizo sin consulta, es un “programa” que tiene 17 páginas y que analizó aquí Agustín de Pavía).
  4. Y la implementación de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente, “cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la población con discapacidad y promover en el corto plazo la disminución de la brecha de desigualdad en el ingreso”. 

Hay que recordar que este programa, que ha sido criticado lo mismo por Coneval que por la Función Pública, tiene como meta atender a 1 millón de personas con discapacidad cuando en el Censo 2020, se reportaron más de 20 millones de personas con limitaciones para cosas de la vida diaria.

Y ya, esas son las acciones. Hay una más que no pongo como tal porque me parece cebollazo que en realidad nos debería dar vergüenza:  “En 2006, México fue el principal promotor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo”. 

Más preocupante es la lista, mucho más grande, de las 21 instituciones que, como dice la misma presentación “están en falta de reportar acciones”: la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con discapacidad (CONADIS, con 16 recomendaciones); las Cámaras de diputados y senadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También las secretarías de Gobernación, Función Pública, Seguridad y Protección ciudadana, la de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, la de Salud, la de Cultura y la de Bienestar (con cinco recomendaciones).

También El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de los Puueblos Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ballinas me cuenta que pidieron que la reunión entre organizaciones de personas con discapacidad, el Estado Mexicano y los expertos del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (el paso 6 de la infografía que luego da paso a nuevas recomendaciones), que se realiza en Ginebra, fuera hecha a distancia, por la pandemia. “El comité no aceptó y será hasta que haya condiciones de hacerla de manera presencial”, me respondió por whatsapp en un intercambio que tuvimos sobre cómo va todo el proceso.

Por cierto, hay una página en la que Relaciones Exteriores ha hecho una lista de tooodas las recomendaciones (de todos los tratados de Derechos Humanos) de las que ha recibido recomendaciones. Hay 3 mil 549 recomendaciones a la fecha, hechas por 33 entidades emisoras, en 34 temas y con 2 mil 367 acciones reportadas.

La página se llama Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH) . Ahí se puede observar que hay 79 recomendaciones al CONADIS, que es una institución que prácticamente ha desaparecido; 152 al CONAPRED, que está casi en las mismas, esta semana el mismo presidente dijo que quería desaparecerla; 68 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que es una de las encargadas de seguir cómo se aplica la Convención). Eso a vuelo de pájaro.

¿Qué pasa en el fondo? Nadie se hace cargo del tema

En una entrevista sincera que le hice en el 2019, la subsecretaria Martha Delgado, encargada de Derechos Humanos y Relaciones Multilaterales de la secretaría de Relaciones Exteriores, aceptó que había que buscar “un campeón” dentro de la administración amloísta que se quiera encargar del tema de la discapacidad. La entrevista la puedes leer aquí, es de agosto de 2019. 

Esto tras que en la ONU, durante una reunión formal de la propia Convención, el mismo Ballinas había dicho, el 11 de junio de 2019, -ante la falta de titular del CONADIS, que no ha tenido cabeza en todo el sexenio- dijo, sin dar más detalles, que México analizaba crear un “Sistema” para la atención de la discapacidad, tipo el de Infancia y adolescencia, es decir el SIPINNA. 

No ha pasado nada desde entonces. Peor aún, esta semana el presidente insistió en que hará una “Reforma administrativa del gobierno” que planea desaparecer muchos organismos autónomos e incluso algunos adscritos a Gobernación como CONAPRED. Ya no digamos CONADIS aunque formalmente es una institución a la que nos obliga el Artículo 33 de la Convención y que es la “garantía” de la aplicación de la Convención y que prácticamente no existe. 

¿Por qué el tema no está en Gobernación?

Aunque los temas de las personas con discapacidad son derechos humanos y casi todas las instituciones relacionadas con derechos humanos están bajo el paraguas de la secretaría de Gobernación, no es así en el caso de personas con discapacidad, lo que tendría que ser un diseño institucional básico.

Sí, se trata de derechos humanos y deberían estar a cargo en particular del subsecretario del ramo, Alejandro Encinas, pero no es así. Los derechos humanos de personas con discapacidad están, formalmente en la secretaría de Bienestar (antes SEDESOL)

En corto, el propio subsecretario ha sido claro en que está sobrepasado. Incluso cuando en una conferencia de prensa a la que asistí donde hizo un reporte de su primer año de trabajo, y le pregunté sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, él dijo algo relevante: con un gesto que abarcaba a todos los responsables de las áreas que tiene a su cargo (lo mismo las miles de personas desaparecidas, que infancia, no discriminación, violencia contra las mujeres, migración) dio a entender que estaba sobrepasado en responsabilidades. Incluso -lo dijo- es público,

Pidió en ese momento -ante mi petición como reportera y activista- que la aún titular de Conapred, Mónica Maccise (que luego renunciaría y nadie se ha hecho cargo de la dependencia más que como ‘encargada del despacho’), hiciera un reporte de las acciones hechas a favor de las personas con discapacidad en el sexenio y que me lo hicieran llegar. Pero nunca lo recibí. ¿Se hizo? No lo sé. 

Es cierto: esta administración se ha puesto a ‘dieta’ de instituciones y recursos -y eso aunque suena bien en principio-  en un país con tantas crisis simultáneas de derechos humanos es difícil que pueda ‘apagar’ tantos fuegos con tan pocos funcionarios a cargo. 

Suena hasta humano, pero aún así injusto para 20 millones de personas con alguna limitación de la vida cotidiana que necesitan que alguien -quien sea, pero de manera seria- impulse políticas públicas al respecto en toda la administración.

¿Y la secretaría de Bienestar?

López Obrador decidió, desde el inicio del sexenio, que el tema de la discapacidad estaría a cargo no sólo de una secretaría diferente sino de una persona en particular: Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. AMLO ha dicho en múltiples ocasiones que, para él, “más vale el encargo que el cargo”. Y así ha sido: o si no vean la multitud de responsabilidades, que no le corresponden, pero que le ha dado, por ejemplo al Ejército: hasta construcción de bancos y aeropuertos.

Montiel ha dicho en múltiples ocasiones que el presidente le ha pedido que primero acabe de dar el millón de pensiones y que luego haga más cosas para favorecer a este grupo que necesita acciones en todas las secretarías. 

A inicios del sexenio dijo que quería que CONADIS -que no ha desaparecido, pero es casi un zombie- fuera una dirección a cargo de su secretaría. No ha sido así de manera institucional formal, pero casi: ya no tiene sede, tiene cada vez menos presupuesto y menos personas que hacen lo que deberían hacer: concientizar y apoyar a todas las dependencias a que vean a las pcd.

Aunque Montiel, quien también es cercana personalmente al mundo de la discapacidad, ha dicho que el tema es de “altísima prioridad” y que el presidente será un “gran aliado” en el tema, pues no ha sido así. Aquí hay una entrevista con ella donde así lo asegura. Ahí están sus palabras. 

Incluso también México ha incumplido al ni siquiera responder en tiempo y forma a una recomendación histórica sobre la violación a derechos humanos de una persona en particular (es un mecanismo que también permite la Convención). Se trata del caso de Arturo Medina Vela, que litigó Documenta y que exige que el Estado Mexicano reconozca, como lo ha hecho en otros casos, que violó sus derechos humanos, le ofrezca una disculpa pública, lo indemnice y también se tomen acciones para su no repetición. Aquí puedes leer un resumen del caso de Medina Viela. 

Hay que seguir exigiendo

Pese a que en Yo También hicimos un cuestionario que pedimos que contestaran, en 2018, todos los y la candidata a la presidencia sobre acciones que tomarían hacia personas con discapacidad y nuestro actual presidente lo respondió aquí, lo que prometió -y nos hizo llegar vía su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, no se ha cumplido ni de cerca. 

En cuanto llegó al poder, lo que hizo fue apostar todo por las Pensiones para el Bienestar de las personas con discapacidad y comenzar a desmantelar las instituciones que se hacían cargo de impulsar desde el interior del gobierno todas las acciones y políticas públicas que hay que promover para lograr una verdadera inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento de la Convención sobre sus derechos que hoy, de manera triste cumple 13 años.

Cuando comenzamos la aventura de hacer Yo También, hoy hace 2 años en honor justo al aniversario de la Convención, entrevisté brevemente en nuestro primerísimo newsletter a Lídice Rincón Gallardo sobre su padre y el papel que tuvo en que se negociara y lograra la Convención. Recuerdo sus palabras sobre el día en que al fin se firmó y ratificó:

“Reconocía el gran trabajo de ponerse de acuerdo tantas naciones, personas, culturas en un solo rubro. Estaba inmensamente feliz, pero me dijo: ‘Lo difícil viene ahora. Ya está la normativa, ahora hay que aplicarla. ¿Cómo lo vamos a aterrizar, cómo se va a armonizar, cómo se va a aplicar?’”.

En eso seguimos, pero con graves retrocesos. Olvido y desidia institucional. Abandono.

Pero para no terminar deprimida, mejor termino citando una frase del que fue presidente del Comité Especial de la Convención, el neozelandés Don MacKay, quien dijo:

“La simple existencia de la convención da a las personas con discapacidad y a sus organizaciones la facultad para que le digan a sus gobiernos: ‘ustedes han aceptado estas obligaciones’, e insistir en que las cumplan”.

Y eso seguiremos haciendo.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

D’Artigues, K. (2021). El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd. Yo También. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-desolador-13-aniversario-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-las-pcd/