Instalan Unidades del MP para atender delitos contra población LGBTTTIQA+

* Investigarán delitos que involucren la orientación sexual, identidad de género o expresión de género 

* Estas oficinales ministeriales especializadas se ubicarán en municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco

Ángeles Gómez | Sem México

Benito Juárez, Quintana Roo | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo suscribió un Acuerdo por el que se instalan la Unidades Especializadas del Ministerio Público para la investigación de delitos que involucren la orientación sexual, identidad de género o expresión de género en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.

En el marco del mes del orgullo LGBTTTIQA+ el fiscal general Óscar Montes de Oca sostuvo que esta acción es resultado de los esfuerzos coordinados con otras instituciones tales como el poder judicial y el congreso local a iniciativa del diputado del Edgar Gasca Arceo, quien el pasado mes de marzo promovió una reforma de ley para incluir al código penal la agravante de odio en los delitos de lesiones y homicidio. 

La competencia territorial de las Unidades Especializadas del Ministerio Público para la Investigación de Delitos que involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género, será la siguiente:

a)        La Unidad Especializada con sede en Benito Juárez conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Benito Juárez.

b)        La Unidad Especializada con sede en Solidaridad conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum.

c)        La Unidad Especializada con sede en Othón P. Blanco conocerá de hechos posiblemente constitutivos de delitos suscitados en los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

El Acuerdo signado por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo responde a la obligación del estado para promover y proteger los derechos humanos y a la no discriminación demandada por la comunidad LGBTTTIQA+, para conducir las investigaciones de hechos probablemente constitutivos de delito con perspectiva de género, respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación.

Las Unidades de Investigación empezarán sus funciones una vez que reciban la capacitación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación dependiente de la Secretaría de Gobernación, -entre otras instituciones-, las cuales serán permanentes y progresivas.

Con acciones como ésta, la FGE cumple con su encomienda constitucional de investigar, identificar, ubicar y capturar a quienes no respeten la ley y/o atenten contra la integridad física de los y las quintanarroenses y sus visitantes.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Ángeles Gómez (2021) Instalan Unidades del MP para atender delitos contra población LGBTTTIQA+. Sem México. Recuperado el 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/instalan-unidades-del-mp-para-atender-delitos-contra-poblacion-lgbtttiqa/

Desterrar exclusiones, también desde el lenguaje

Redacción | Sem México

—- | Martes 29 de Junio del 2021 | — : —

Sin librarse de la polémica que suele acompañar las discusiones en torno al uso de lenguaje inclusivo, un nuevo debate sobre el tema rescató desde Cuba la necesidad de deconstruir las representaciones sociales patriarcales, machistas y sexistas, que invisibilizan desde el habla y la escritura a diferentes grupos de personas.

Promovido desde el grupo de Telegram AcompaSex y moderado por la filóloga Teresa de Jesús Fernández, coordinadora de la Red de Mujeres Lesbianas y, el intercambio de casi dos horas aludió al lenguaje como herramienta que permite mostrar una realidad más diversa y contribuye también a hacerla más inclusiva.
AcompaSex es un grupo psicoeducativo creado desde el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y moderado por profesionales de la salud, en el cual se intercambia sistemáticamente sobre temas relacionados con la salud sexual.


“El lenguaje es moderador del pensamiento”, consideró la forista Carla PS. “Nos permite nombrar nuestra realidad y validarla; por lo tanto, lo que no se nombra no existe, y lo que no existe se margina”, aseguró.


Sin embargo, comentó que personas muy cercanas, estudiantes de Filología, están contra el lenguaje inclusivo, debido a los postulados de la Real Academia Española.
“Se preocupan más preocupados por la gramática y el embellecimiento del texto, que por el impacto a nivel subjetivo que genera la omisión del género femenino”, acotó.


En el debate se habló del uso la X, la @ y “es” como expresiones incluyentes, que emergen sobre todo en las redes sociales y son una de las aristas más polémicas y menos aceptadas alrededor del empleo de un lenguaje inclusivo.
Karel Bermúdez, otro participante, opinó que son inútiles los esfuerzos por establecer nuevos modos de comunicarse, pues resultan forzados, complicados y “hasta ridículos, cuando usan formas innecesarias”. No obstante, añadió, ni los que están a favor ni los que están contra decidirán. “El pueblo es quien impone las formas de hablar en su uso corriente”.


“Quienes critican el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo se niegan a aceptar la realidad en toda su riqueza y diversidad”, reflexionó Teresa de Jesús Fernández y llamó la atención sobre el hecho de que, cada vez que se deconstruye lo que una cultura de dominación ha impuesto, se evidencia la falta de expresiones que responden a lo que había quedado oculto o estigmatizado.
“La lengua ayuda a construir nuestro pensamiento, a entender y compartir el mundo. Un lenguaje genérico con un marcador masculino como signo, que abarca y denomina a toda la humanidad, convierte al hombre en el estándar positivo y todo lo demás se relega a un nivel inferior”, apuntó.


Al respecto, Carla PS alertó que la economía cognitiva natural en el uso del lenguaje contribuirá a reforzar la tendencia a la omisión. “Si seguimos omitiendo posibles expresiones identitarias, se seguirá invisibilizando la diversidad sexual y, por lo tanto, las vulneraciones en torno a los derechos y a las libertades se siguen limitando a un grupo de personas que forman parte de la norma estandarizada y rígidamente constituida del patriarcado”.


Las y los foristas precisaron que muchas personas que dicen estar contra el lenguaje inclusivo no sexista se oponen únicamente al uso de la E, o de la X y la @, en el caso de los textos escritos, por considerar que dañan el idioma. Frente a esas aseveraciones, hubo coincidencias en que el español tiene muchas formas inclusivas y de lo que se trata es de desempolvar los vocablos genéricos y eliminar el uso de frases con sentido y significado sexistas.


Varios ejemplos ilustraron lo argumentos planteados, como el uso de la frase “reunión de padres” en las citaciones escolares, a las que normalmente suelen acudir las madres. Denominar estas convocatorias así es invisibilizar esa realidad, significaron y convinieron en que tampoco es correcto llamarlas “reuniones de madres”, porque sería ir al otro extremo y desconocer que a esos encuentros asisten abuelas, padrastros, tíos, hermanos; de ahí que lo correcto sea acudir a expresiones como “reunión de familiares o tutores”.


Igualmente, pueden usarse otras expresiones y giros de redacción en favor de la inclusión. Decir, por ejemplo: Miguel y Andrea tienen talento, en lugar de: Miguel y Andrea son talentosos. O: las personas que tengan interés deben, en lugar de los interesados deben…


Recomendaron, además, eliminar el uso de frases como: “Ella es la mujer de Gonzalo”, que implica una relación de pertenencia; además de que no es común que se diga “él es el hombre de María”.


Un lenguaje sexista promueve la superioridad masculina, defendieron varias de las personas participantes, en tanto la forista Elva Elvira señaló que, desde la infancia, se deben enseñar los términos inclusivos no sexistas, para que puedan incorporarse de manera natural al habla cotidiana.


En tanto, Mirtha Leyva abogó por eliminar la exclusión social que generan las actitudes androcéntricas y patriarcales, con raíces en representaciones sociales ampliamente naturalizadas, que conforman estereotipos y mitos.
Para Teresa de Jesús Fernández, “la identidad se establece a través de símbolos; pero, sobre todo, a través del lenguaje”, que de manera decisiva incide en la representación mental que la gente tiene de las personas y los grupos.
“Todo lo que se trasmite en política, cultura, ideología, literatura, conferencias, chismes, juegos de palabras, amor, odio, violencia pasa a través del lenguaje. Hasta que eso no se entienda, seguiremos igual”, remarcó.


Asimismo, dijo que no se trata de una cruzada para excluir la lengua y el léxico existentes, sino de abrirse a la realidad en toda su riqueza y multiplicidad. “Es lo mismo que sucede con los derechos humanos: que se abogue porque todas las personas los tengamos, no elimina los de quienes ya los disfrutan”.
“Creo que, simplemente, hay que ser sensibles a las necesidades de otras personas, promover la empatía”, opinó Carla PS. “No debemos tenerle miedo a los cambios y mucho menos a estos que fomentan la igualdad entre las personas, eliminan las distancias absurdas y fomentan la proximidad, la intimidad y las posibilidades de crecimiento para todas las personas”.

*Texto del servicio de Semlac, sobre medios de comunicación

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Redacción (2021) Desterrar exclusiones, también desde el lenguaje. Sem México. Recuperado el 29 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/desterrar-exclusiones-tambien-desde-el-lenguaje/

Victoria electoral de las mujeres en los comicios, marcada por la violencia política de género

  • La violencia  continúa al asumir el cargo: Observadores y Borde Político
  • Proceso electoral empañado por las amenazar y los secuestros en línea de género, con pocas denuncia de las agresiones

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Miércoles 16 de Junio del 2021 | — : —

La gran participación y victoria de las mujeres en el proceso electoral fue evidente, ya que por primera vez se eligieron 6 mujeres gobernadoras, pero también fue un proceso empañado por la violencia política de género desde feminicidios, amenazas, discursos discriminatorios y afectación de propaganda, las cuales no se denuncian, expresó Mariana Briones de la Asociación Borde Político. 

En el marco de la presentación ante la prensa de las conclusiones de 10 asociaciones apoyadas por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), administrado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH).

Mariana Briones resalto la importancia de continuar el seguimiento ya que la violencia política en razón de género continúa cuando asumen el cargo para que lo dejen, y el principal problema son los casos que no se denuncian a los que calificó de “cifra negra”, pues acabado el proceso les siguen llegando denuncias.

Destacó la implementación del chatbot Ela Alerta para que las mujeres candidatas realizaran denuncias, que permitió el inició de 40 reportes de violencia política en razón de género a candidatas, de las cuales 26 concluyeron ante autoridades electorales, es decir un 65 por ciento.  De las 5 denuncias penales iniciadas se concluyeron 3 casos.

María del Carmen Gutiérrez de la Fundación Zícaro A.C. al promover una red de mujeres observadoras en zonas rurales para informar y capacitar a la ciudadanía sobre la importancia del voto libre e informado, logró identificar las dificultades que prevalecen en las zonas menos comunicadas del país y las presiones que existen hacia las mujeres.

Entre sus hallazgos el día de la votación esta que funcionarios de casillas acompañaban a las personas analfabetas, y que en las comunidades rurales se amenazaba a la población con quitarlos de los programas sociales.

Del colectivo Dinamismo Juvenil en voz de Edgar Eduardo Martínez propone que sea requisito elaborar propuestas concretas para lograr registros como candidaturas; respetar la paridad de género promoviendo mujeres con trayectoria social o política propia comprobable.

Destacó que los partidos priorizaron a los hombres al nombrarlos para candidaturas propietarias y como suplentes a las mujeres.

También propusieron penalizar a los partidos políticos que utilicen programas sociales y encontraron que se centran las campañas en las ciudades más que en las comunidades, y que existe desinformación de quienes son los candidatos y más de sus propuestas, pues la mayoría se centró en campañas de desprestigio a sus adversarios.

Reconocieron que a pesar de ser elecciones intermedias tuvieron una afluencia del 52. 67 por ciento a pesar del contexto de pandemia y violencia.

Jóvenes reconocen importancia del voto, lamentan que los partidos los ignoren

Servicios a la Juventud A.C. enfocó su observación en los jóvenes, lo que le permitió conocer que más del 45 por ciento de esta población reconoce la importancia del voto para tener un mejor gobierno y considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 

La organización enfatizó la importancia de atender a este sector de la sociedad considerando que representa a uno de cada tres ciudadanos llamados a las urnas el 6 de junio y el evidente sentimiento que prevalece en ellos de ser ignorados por los partidos políticos en la toma de decisiones. 

Candidatos sin propuestas para la población con discapacidad

Entre las conclusiones de la asociación Los Dos Mexicos, se encontró que la población con alguna discapacidad no estuvo en el centro de las propuestas de los candidatos que participaron en la contienda, además de que la falta de información sobre los derechos y acciones afirmativas que se implementaron para este proceso no eran conocidas. 

De las 72 candidaturas a diputaciones federales que se postularon bajo esta acción afirmativa, sólo cuatro resultaron electas y siete más habrán de llegar al Congreso como plurinominales lo que, a pesar de ser un avance, sigue sin ser representativo de esta población. 

Por lo que las autoridades electorales deben regular los criterios y perfiles de las candidaturas de las personas con discapacidad para que realmente sean representativas las o los diputados que lleguen al Congreso,

En opinión de Gabriel Funes de Sociedad en Movimiento, A.C. concluyó que durante la Jornada Electoral se garantizaron los protocolos de inclusión y participación de las personas con alguna discapacidad como funcionarios de casilla, no con la profundidad que se requiere, pero la hubo, por lo que consideró que aún quedan áreas de oportunidad sobre todo en su participación para emitir su voto. 

Autoridades y organismos electorales deberán implementar de manera eficaz las acciones afirmativas, tanto en los partidos políticos como en las medidas que impidan prácticas fraudulentas de simulación y suplantación de autoadscripciones indígenas, Cecilia Paz de Eco ciudadanía del Futuro (Ecocifo).

Sera necesario que se reconozcan también las figuras de legisladores migrantes tanto en la Cámaras de Diputados como en la de Senadores Daniel Tatcher de iniciativa PCD Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del dialogo A.C.

De acuerdo a Documenta, como resultado de la primera prueba piloto para que ejerzan su voto las personas privadas de su libertad en prisión preventiva se logró que 898 personas ejercieran su voto, es decir, el 95 por ciento de participación con respecto a la propia lista nominal. Chihuahua, Estado de México, Sonora y Veracruz son los que tuvieron mayor participación

Cabe recordar que es la prueba piloto se realizó en cinco centros penitenciarios ante la necesidad de mejorar el modelo de cara a los comicios de 2024 en donde se deberá garantizar este derecho plenamente.

Interés de los connacionales en el extranjero en los comicios

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. orientó su observación a la medida afirmativa enfocada a la integración de los mexicanos residentes en el extranjero en las candidaturas, en donde se pudo apreciar la simulación en el cumplimiento de las cuotas y la necesidad de contar con un registro de electores permanentes que permita una participación más amplia. 

Por su parte, la asociación Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. impulsó el proyecto embajadores de la democracia para que los propios connacionales que viven fuera del país puedan ser observadores y comprobar que en México el fraude electoral está prácticamente erradicado.

Derivado de este trabajo, la asociación logró confirmar el interés de los connacionales de participar a pesar de las dificultades que reportan principalmente para obtener su credencial y registrarse para votar. 

Héctor Díaz Santana, Presidente del Comité Técnico de Evaluación del FAOE, destacó la importancia de la observación electoral para conocer la historia del desempeño político, social e institucional durante los comicios de este año. 

En este sentido reiteró el compromiso de CAPEL para que las conclusiones que presenten estas 10 primeras organizaciones sean sistematizadas con el objetivo de contribuir a la mejora de la institucionalidad electoral. 

Ante los medios de comunicación, cada una de las asociaciones de observación electoral presentaron sus respectivos hallazgos, los cuales se prevé sean entregados durante los próximos días al Instituto Nacional Electoral (INE).

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Victoria electoral de las mujeres en los comicios, marcada por la violencia política de género

Cuotas LGBT+ en candidaturas, vulnerables a simulación: activistas

Activistas advierten que no todos los partidos están cumpliendo esta acción afirmativa solicitada por el INE e IEE, o si lo hacen, están dejando a un lado a las mujeres

Lado B

Fernando Merino Noriega | Lado B

—– | 17 de Mayo del 2021 | — : —

Por primera vez, los partidos políticos deben destinar un porcentaje mínimo de candidaturas para personas de la comunidad LGBT+ (0.6 por ciento); sin embargo, en Puebla solo tres de los 13 partidos que participarán en las elecciones han revelado que cumplieron con la acción afirmativa en favor de la diversidad sexual, y entre los perfiles que dieron a conocer no hay ninguna mujer lesbiana, trans o bisexual, denuncian activistas, cuya preocupación es que haya simulaciones para dar cumplimiento a esta nueva política electoral.

Como parte de las medidas incluyentes que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), derivadas de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los partidos deben postular dos candidaturas a diputaciones federales con personas integrantes de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales ーes decir un 0.6 por ciento de las candidaturasー bajo el principio de mayoría relativa, y una candidatura LGBT+ en los primeros diez lugares de la lista de diputaciones de representación proporcional. 

En el caso local, las fuerzas políticas deben postular a integrantes de la diversidad sexual en al menos una fórmula para diputaciones por el principio de representación proporcional en cualquier lugar de la lista de candidaturas.

Esta medida fue impulsada para “garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a este grupo social” ーde acuerdo con el Instituto Electoral del Estado (IEE)ー pero ha generado dudas entre activistas, pues acusan que no es pública la información de todos los partidos que cumplieron con dicha acción afirmativa, y en el caso de las fuerzas políticas que sí han revelado que cumplieron, la información sobre el porqué se eligieron esos perfiles es muy escasa.   

Por lo anterior y para conocer el estatus del cumplimiento de esta acción afirmativa, el activista Tuss Fernández, así como otros integrantes de la comunidad LGBT+ en Puebla, solicitaron al IEE la información referente a los partidos que cumplieron con la postulación de personas de la diversidad sexual.

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La petición fue ingresada el 10 de mayo pero no hay una fecha estimada para recibir una respuesta por parte del IEE, explicó en entrevista para LADO B Tuss Fernández, por lo que esta respuesta podría llegar después de los comicios electorales. La falta de publicidad en las candidaturas LGBT+ puede deberse a que es la primera vez que se implementan acciones de estas características, aunque eso no es una justificación para la opacidad, señala Fernández, por lo que van a exigir que se cumplan las medidas.

“Nos enfrentamos a que es la primera vez que, en teoría, podemos acceder a estos espacios [es decir, candidaturas]; no teníamos medido tampoco cuáles iban a ser los resultados (…) Como población trans [lamento] que los partidos hayan hecho trampa y simulado; y en ese caso los vamos a señalar por tramposos (…) pero un obstáculo por el cual no vamos a saber a quienes postularon es que [la orientación sexual e identidad de género] son datos personales y el darlos a conocer [les] pondría en vulnerabilidad”, dijo Tuss Fernández. 

Por otro lado, Gabriela Cortés, integrante de la organización El Taller AC, dice en entrevista para LADO B el primer problema es no conocer los nombres de quienes fueron postulados por los partidos políticos en cumplimiento de la acción afirmativa pero además en caso de conocer los perfiles algo muy probable es que muy pocos hayan hecho un trabajo previo por las necesidades de la comunidad LGBT+.

En otros estados se ha denunciado la invasión de las candidaturas destinadas para personas de la comunidad LGBT+. En Tlaxcala, Dora Rodríguez Soriano, consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), denunció que 18 aspirantes a diferentes cargos de elección popular por Fuerza Social por México intentaron registrarse, como hombres para las candidaturas y al ser rechazados por no cumplir con la paridad de género decidieron registrarse como mujeres trans para burlar el cumplimiento de las acciones afirmativas.

Las candidaturas fueron aprobadas porque las y los consejeros del ITE concluyeron que no se puede cuestionar la identidad de género y la orientación sexual de las personas, ya que la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de género y la orientación sexual de las personas postuladas para candidaturas en cumplimiento de la acción afirmativa en favor de la diversidad sexual “y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto”, estipuló el INE. 

El órgano electoral de Puebla estableció, en el acuerdo CG/AC-028/2021, que solo es necesario presentar una carta bajo protesta de decir la verdad para acreditar su pertenencia a la comunidad LGBT+ para acceder a la candidatura. 

Los perfiles LGBT+ que se han dado a conocer

En el apartado ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!, donde se debe alojar esa información, solo está el registro de Roberto Ramírez Herrera, en el caso de Puebla, como candidato perteneciente a la comunidad LGBT+. Ramírez Herrera es el abanderado de Movimiento Ciudadano para la diputación federal del distrito XIII (con cabecera en Atlixco) y él mismo ha revelado su orientación sexual y su interés en legislar temas relacionados con las problemáticas que enfrentan las personas pertenecientes a la diversidad sexual en el país. 

En el ámbito local, fueron los partidos quienes dieron a conocer la información: Joaquín Ramírez Hernández y Oswaldo Suárez Najera van por una diputación local bajo el principio de representación proporcional por el PRD. En el caso del primero, fue inscrito en el lugar nueve de la lista del PRD como propietario, y el segundo fue inscrito como suplente de Aaron Reyes Juárez, quien está como propietario en el lugar siete de la lista de representación proporcional; ambos pertenecen a la comunidad LGBT+ de acuerdo con la Secretaría de Diversidad Sexual de ese partido.  

Así también, Morena registró a Juan Manuel Martínez Fernández como propietario en el lugar ocho de la lista de diputaciones por representación proporcional y a Antonio Pineda Olvera como suplente de esa fórmula. En el caso de las regidurías, el activista Brahim Zamora fue registrado por Morena como parte de la cuota de diversidad sexual en la plantilla de Cabildo de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien busca la reelección.

En el caso del PRI, PAN, Fuerza Social por México y Compromiso por Puebla, LADO B solicitó conocer la información de las y los candidatos postulados bajo el principio de acción afirmativa, o al menos si habían cumplido con la acción afirmativa pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición. A través de redes sociales, activistas también exigieron a todos los partidos políticos publicitar sus candidaturas LGBT+ pero tampoco han obtenido respuesta. 

Mujeres de la diversidad sexual, sin postulaciones por medio de la acción afirmativa

Marcha del Orgullo LGBT 16
Foto: Ámbar Barrera

Algo que destaca en la aplicación de estas acciones afirmativas en Puebla, y que sí se han dado a conocer, es la ausencia de mujeres trans, lesbianas y bisexuales, denunció en entrevista para LADO B la activista Gabriela Cortés, de la organización civil El Taller AC, lo que evidencia que las mujeres de la diversidad sexual “a veces [son] solo una letra”, dentro del acrónimo del colectivoLGBT+.

“En su mayoría, o todos los candidatos, que están [registrados] para las próximas elecciones [como parte de las acciones afirmativas] son hombres gays [o bisexuales]. En ese sentido identificamos esa misoginia, porque el que un hombre [se autoadscriba como] gay no significa que tenga ya un trabajo sensible hacia ciertas poblaciones de mujeres lesbianas, bisexualas, trans, en donde [también] es necesaria la representatividad”, comenta Cortés. 

En el caso de otros estados, mujeres de la comunidad sí han obtenido candidaturas importantes: en Zacatecas, Fernanda Pereda Trejo, mujer trans, busca ser gobernadora bajo las siglas de Redes Sociales Progresistas; Valería Barrientos Velásquez, quien también es una mujer trans, busca ser la presidenta municipal de Zacatelco, Tlaxcala, con el Partido Verde. 

En tanto, Gabriela Cortés y Tuss Fernández coinciden en que el pertenecer a la comunidad LGBT+ en Puebla es, hasta el día de hoy, complicado. De acuerdo con el Diagnóstoco para Idetificar las Necesidades LGBTTTI del Municipio de Puebla Materia de Derechos Humanos,  elaborado en 2020 por la Secretaría de Igualdad Sustantiva del municipio, ocho de cada diez personas que se autoadscriben como lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales  y queer han sufrido algún tipo de discriminación en espacios públicos por su identidad de género u orientación sexual. 

El panorama anterior se ve recrudecido porque en Puebla no hay un comité como el Conapred que pueda atender las denuncias por discriminación de manera local, pues desde 2013 el Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado no se ha instalado, lo que impide que los actos de discriminación puedan ser castigados, por lo que más que promesas la comunidad LGBT+ requiere acciones. 

Acerca de esto, Gabriela Cortés añade que las mujeres sufren una discriminación multidimensional, pues además de su orientación sexual, su género las hace más suceptibles a la violencia en una sociedad aún machisma y misogina por lo que las poblaciones LGBT+ también tienen que exigir que la agenda en favor de las personas que pertenecen a la diversidad sexual contemple a las mujeres.  

Sin garantías para asegurar los derechos de la población LGBT+

La activista de El Taller AC también hace un llamado a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ a investigar a las personas por las que votan, pues el hecho de que pertenezcan al colectivo no significa que vayan a velar por los derechos de esta población, algo que también ha ocurrido con algunas mujeres que han llegado al poder y que han sido omisas ante las exigencias de sus congéneres en temas como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las desapariciones, los feminicidios o la violencia de género.  

“Es importante también identificar y reconocer que el que sean parte [de la diversidad sexual] no significa que realmente van a trabajar en pro de estas poblaciones (…) El que sean parte de una comunidad o que digan: ‘yo represento a las mujeres’, ‘yo represento a tales minorías’, no [nos] da la garantía [que de su agenda va ser en favor del sector poblacional que dicen representar]”, dice Cortés. 

Esa exigencia de una agenda en favor de comunidad LGBT+, y su posterior cumplimiento, también debe dirigirse a las y los candidatos heterosexuales o cisgénero, o cisexuales, pues al ser mayoría en los congresos o cabildos, tienen un mayor margen de acción en la elaboración de políticas públicas, explica Gabriela Cortés.

“Es importante que se vea una representatividad hacia una población pero también hay que ver si esa población o esa persona que está ahí también va a ver por todos los derechos, es decir, [si dicen] sí por los homosexuales pero no por el aborto; también es algo que sucede, lo que te digo, que sea representante de una comunidad u otra, ¿me garantiza que también apoye los otros derechos?”, concluye la activista.

*Foto de portada: Sharon McCutcheon | Pexels

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Fernando Merino Noriega (2021) Cuotas LGBT+ en candidaturas, vulnerables a simulación: activistas. Lado B. Recuperado el 18 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/cuotas-lgbt-en-candidaturas-vulnerables-a-simulacion-activistas/

Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina

Elda Montiel, SemMéxico

17 de mayo de 2021

  • Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
  • Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.

La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.

La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.

En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.

Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.

Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina

Matrimonio igualitario

Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.

Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.

Identidad de Género

En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.

Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.

Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.

En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.
Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.

Tensiones por la diversidad en América Latina

Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.

En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”.
Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.

Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera

Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.

Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay

En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.

Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.

En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.

En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.

La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.

Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.

Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.

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Montiel, E. (2021). Fundamental las redes de apoyo para las LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia en América Latina. SemMéxico. Recuperado el 18 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/fundamental-las-redes-de-apoyo-para-las-lgbtttiq-en-tiempos-de-pandemia-en-america-latina/