Ciudad de México | Martes 13 de Julio del 2021 | — : —
Las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) instan a la Fiscalía General de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes en demanda de justicia por la violación sexual de una niña en 2019, a garantizar sus derechos y tener mayor sensibilidad ante la exigencia de justicia de estos grupos y proteger los derechos humanos de las víctimas.
El pasado 10 de julio los medios de comunicación dieron cuenta de la detención de 10 mujeres que se manifestaron afuera del edificio central de la Secretaria de Educación de Jalisco reclamando la impunidad por el caso de abuso contra dos menores ocurrido en el 2019 en una escuela primaria en Zapopan, donde las manifestantes señalaron la tardanza en el proceso judicial.
Los organismos autónomos de manera conjunta consideran que se violaron los derechos a la libre manifestación de las mujeres, se les estigmatizo y criminalizó por exigir justicia ante un caso que data del 2019.
Dado que las notas informativas refirieron que las mujeres fueron detenidas y liberadas en el transcurso de los días sábado y domingo; siete de ellas fueron vinculadas a proceso.
Exhortan a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco a no criminalizar a las manifestantes, así como llevar a cabo una pronta y efectiva investigación, con la debida diligencia y ponderando el interés superior de la niñez, para que la violencia cometida en contra de los menores no quede impune.
Precisan que la tardanza y falta de acceso a la justicia es una forma de violencia institucional.
Además de ser actos de impunidad que llevan a las víctimas, a sus familiares, a las mujeres y a los grupos feministas a un hartazgo generalizado ante la falta de respuesta oportuna y eficaz por parte de las instituciones del Estado.
Lo que se suma al contexto actual de grave crisis de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que existe en el país, convoca a los grupos a realizar manifestaciones para exigir justicia.
Así también, las defensorías instan a dar cumplimiento pronto a la recomendación 183/2020 emitida por la CEDHJ sobre violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a los derechos de la niñez.
Los órganos autónomos reiteran su posición de máxima protección a los derechos humanos de las mujeres.
Manifiestan su clara oposición a la criminalización de las manifestantes, a la dilación de cualquier caso de violencia sexual, en particular en la investigación del caso señalado y recalca su compromiso de velar y proteger los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.
De acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, oportunidad, debida diligencia, conforme a un enfoque diferencial y especializado para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, a la libertad, a la integridad, a la vida y a la libertad de expresión.
El presente articulo es propiedad de Sem México
Micaela Márquez (2021) La CNDH y la CDHJ condenan a las autoridades de Jalisco por la criminalización a las manifestantes por un caso de dilación de justicia del 2019. Sem México. Recuperado el 13 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-la-cdhj-condenan-a-las-autoridades-de-jalisco-por-la-criminalizacion-a-las-manifestantes-por-un-caso-de-dilacion-de-justicia-del-2019/
Se pronuncia porque se libere el aborto en la entidad y se cumplan recomendaciones internacionales
Las feministas hacen un recuento de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y denuncian la negativa a dictaminar sobre la ILE
Sara Lovera | Sem México
Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —
Una ola de indignación, condena y reclamos contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz, surgieron en el país y en el mundo. Ello por el encarcelamiento de Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, recluida desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo y provocado por la violencia de su pareja.
Este caso es resultado de una política sistemática en Veracruz, agravada por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace más un mes está presa en Acayucan por un aborto, señalaron una centena de colectivas de mujeres e, integrantes del sistema estatal contra la violencia en Veracruz.
Paralelamente Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) condenaron los hechos y exigieron al gobierno de Veracruz cumplir dar cuenta de los atropellos contra Diana Patricia.
Lo que sucedió a Diana Patricia, sostienen los organismos de Derechos Humanos, vulnera gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.
Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto, es muy grave. Por ello las firmantes, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.
Las colectivas feministas señalan, además que la Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados.
La Fiscalía demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género y significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.
La CNDH exhortó al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos y sostiene que urge derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de condenan la acusación por homicidio contra Diana Patricia porque denota la falta de perspectiva de género en la investigación, además de la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.
Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.
Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.
Recuerda la CNDH que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.
La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.
Feministas condena conducta desviada en Veracruz, desde hace tiempo.
Elevan sus protestas al Gobernador Cuitláhuac García, omiso en su actuar desde de 2019 y narran:
Incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto.
En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez.
En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.
Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz.
Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia.
A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar.
Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.
Recuerdan que las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005. Xalapa,
Los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias.
El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel lo que no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.
Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.
Ambos hechos tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.
Firmantes Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER. Marea Verde Altas Montañas. Xalapa, Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C. Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde Colectivo Colmena Verde Luz María Reyes Huerta. Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. Ana María Fonseca Cortés. Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Haydée Aurora Magallanes Montalvo. Ana María Fonseca Cortés. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona. Deisy Iris Jácome Sánchez. Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C. Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos. Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD. Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista Martha Martínez Marín. Metzeri Ávila San Martín. Marea Verde Totonacapan. Católicas por el Derecho a Decidir. María Sabina Martínez Pinto, Activista. Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 Boca del Río. Belem Palmeros Exsome, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona, MAMVBER. Magaly Emilia Corona García, MAMVBER. Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C. Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C. Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación. Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C. Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C. RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres. Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz. Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C. Pro-Mujeres Veracruz Iniciativa feminista Veracruz Las Libertarias
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Sara Lovera (2021) La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. Viernes 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-cedh-de-veracruz-condenan-a-la-fiscalia-y-al-gobierno-por-violaciones-a-los-ddhh-de-una-mujer-encarcelada-tras-sufrir-un-aborto-espontaneo/
De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UAM-Xochimilco e INSPIRA (2016), la escuela, los espacios públicos y la familia son los lugares en donde más se presentan casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Actualmente México ocupa el segundo lugar continental en materia de delitos relacionados con la homofobia.
El mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+) no solo celebra las numerosas posibilidades de ser y amar: se trata también de una oportunidad para impulsar agendas de derechos para una comunidad que históricamente ha sido desplazada por los marcos normativos. Tales cuentas pendientes fueron referidas por el Dr. Ricardo Baruch en una sesión de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.
México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas.
Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2018), nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. Además, alrededor del 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias.
La comunidad LGBT+ ha tenido múltiples agendas inspiradas en las condiciones fisiológicas, ideológicas e históricas de cada subgrupo, así como en el contexto de cada lugar y época. Con el episodio conocido como los disturbios de Stonewall (1969) en un pub de Nueva York, dio inicio el movimiento moderno de los derechos de la disidencia sexogenérica, cuya principal consigna era hacia el fin del acoso policiaco.
Diez años después, las primeras marchas del orgullo gay (como se le conocía en la época) en México apostaban por la erradicación de la concepción patológica de la homosexualidad y lo trans. La lucha por los derechos sociales en materia de salud tuvo un punto de inflexión con la aparición del VIH en occidente, pues fue una pandemia que afectó particularmente a varones homosexuales y a mujeres trans.
En la actualidad, las demandas en América Latina se centran en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, entre muchas otras. Dentro de las agendas específicas, las personas intersexuales buscan garantizar los derechos de identidad corporal, mientras que la colectividad trans se ha abocado a impulsar su reconocimiento jurídico y legal.
TRES PASOS ADELANTE, UNO ATRÁS
Si bien cada entidad tiene necesidades particulares, Ricardo Baruch enlistó algunas exigencias claves del movimiento de cara a la marcha virtual de la Ciudad de México de este año (a celebrarse el 26 de junio): reconocimiento legal de las infancias trans, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales.
La discriminación en los servicios sanitarios continúa como un asunto preocupante, específicamente dentro de la comunidad trans. Al no existir una atención adecuada en el sector público, las personas se ven obligadas a buscar alternativas no profesionales, lo que vulnera su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es de acato obligatorio.
La defensa de los derechos se da en diferentes escenarios que van desde el trabajo de la sociedad civil organizada hasta las empresas comprometidas con la causa. No obstante, en Puebla, casos como los asesinatos de Antonio Chamorro (2005) y Agnes Torres (2013) han evidenciado la violencia en contra de los cabecillas de la lucha. En respuesta, la comunidad ha encontrado sinergia en otros movimientos con agendas afines, como los feminismos.
En sus reflexiones finales, Baruch se refirió a la postura antiderechos como un conjunto de actitudes que se valen de un lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas de las disidencias. Advirtió que los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo “no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.
“En México hemos llegado a un punto en el que ya no hay tanto rechazo a las personas LGBTI, siempre y cuando ‘hagan sus cosas en la recámara’. El matrimonio igualitario tiene que ver con ser reconocidas como familias”.
Ricardo Baruch
Este material se comparte con autorización de la Ibero Puebla
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Roberto Pichardo Ramírez (2021) Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+. Desinformémonos. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/acceso-a-la-salud-y-no-discriminacion-principales-demandas-de-la-comunidad-lgbt/
Afirma que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Varios artículos de la Ley de la FGR serán impugnados. NTX/ ARCHIVO
SUN| Informador MX
22 de junio de 2021 – 15:33 hs
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que vulnera los derechos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada en mayo.
Debido al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y autoridades involucradas en el tema, el organismo encabezado por Rosario Piedra informó que se determinó impugnar artículos de la Ley de la FGR; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Se destacó que se realizó un estudio sobre la compatibilidad del decreto por el que se expidió la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, abroga la Ley Orgánica de la FGR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo, con el parámetro de regularidad constitucional.
La CNDH consideró que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Consideró que “esta situación se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate”.
“El presente artículo es propiedad de Informador MX“
SUN. (2021). La CNDH va contra nueva Ley de la FGR. Informador MX. Recuperado el 22 de junio del 2021 en: https://www.informador.mx/mexico/Va-CNDH-contra-nueva-Ley-de-la-FGR-ante-la-SCJN-20210622-0092.html
Se lamenta de que no haya efectividad para prevenirlos ni coordinación de los 3 órdenes de gobierno
Urge a garantizar la vida, la seguridad e integridad de periodistas, porque ello garantiza el derecho a la libertad de expresión
Redacción | Sem México
Ciudad de México | Viernes 18 de Junio del 2021 | — : —
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH afirmó hoy en el los casos de asesinatos de periodistas en México hay ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales, coordinadas adecuadamente en los de los tres órdenes de gobierno del Estado. Lamenta que no se prevenga, sobre lo que llama incidentes y riesgos, en relación con los homicidios de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera y Enrique García García, ocurridos los días 16 y 17 de junio en Oaxaca y Estado de México, hechos que condenó.
Urgió a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de periodistas y quienes colaboran en los espacios informativos, porque constituyen un obstáculo a su tarea e inhiben el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.
Asegura que esa comisión ha documentado la cifra de 170 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados desde el año 2000. No específica quienes han sido asesinadas o asesinados en la presente administración.
En un comunicado oficial señala que ante estos reprobables hechos, -los asesinatos- manifiesta condolencias a los familiares de las víctimas, así como expresa su solidaridad con los centros informativos y con el gremio periodístico en general.
Sin explicar si hará recomendaciones o qué, demando a las autoridades de procuración de justicia indagar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad periodística de las víctimas, coordinando asimismo acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en ambos casos.
Luego sigue diciendo que la CNDH advierte que las agresiones que suceden en agravio de integrantes del gremio de la comunicación no solo afectan a sus integrantes, sino que, además, representan un agravio a la sociedad, pues impide que esta sea ampliamente informada respecto de la transparencia en los procesos relacionados con la “cosa pública” o dimensión social, así como en la formación de la opinión pública.
Sostiene finalmente que en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina, en el que las agresiones más graves, por medios directos, como son el secuestro, desaparición y homicidio, continúan presentándose de manera alarmante.
El presente articulo es propiedad de Sem México.
Redacción (2021) CNDH condena los asesinatos de los periodistas Gustavo Sánchez y Enrique García en Oaxaca y el estado de México. Sem México. Recuperado el 18 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/cndh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-gustavo-sanchez-y-enrique-garcia-en-oaxaca-y-el-estado-de-mexico/
*El reto ahora es hacer cumplir la normativa de los Derechos para las mujeres
Desapariciones y feminicidios continúan, aumenta, ya no es noticia la localización de las fosas clandestinas: Patricia Galeana Herrera
Elda Montiel | Sem México
Ciudad de México | Viernes 11 de Junio del 2021 | — : —
A una década de la reforma constitucional sobre derechos humanos de las mujeres continúan y en algunos casos crecieron por “el revanchismo machista ante la cuarta ola del feminismo” expresó la historiadora, diplomática, fundadora y directora del Museo de la Mujer, doctora Patricia Galeana Herrera.
Esa reforma trascendente al Artículo 1º Constitucional constituyó un parteaguas porque incorporó el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, en el sistema judicial y la sociedad, no obstante las violaciones a los de las mujeres no han variado, así lo dijo en el marco de la conferencia “Balance y perspectiva a una década de la reforma constitucional en Derechos Humanos” organizado por el Museo de la Mujer.
En su turno la doctora Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHCDMX, señaló que la reforma fue un “giro de timón” que incorporó los principios de igualdad y no discriminación, antes considerados un asunto cultural. Hoy “el reto es que las normativas se hagan realidad en la vida cotidiana” sobre todo para la diversidad de población como las mujeres, las indígenas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI+.
La historiadora Patricia Galeana Herrera sostuvo que no hemos logrado deconstruir la cultura patriarcal que establece que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, y cuando desobedece es violentada, por eso se necesitan los refugios a lo largo y ancho del país.
Abundó que la pandemia puso de relieve la desigualdad social y la desigualdad de género en particular; aumentó en 300 por ciento la violencia contra las mujeres, el aborto no está despenalizado en todo el territorio nacional; la percepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es negativa.
Tenemos uno de los más altos índices de violación a los Derechos Humanos, la necesidad de estándares de derecho internacional en investigaciones de desaparición forzada. Tenemos 61 mil 637 personas desaparecidas, por ello ya no es noticia encontrar fosas clandestinas; y la tortura sigue practicándose cotidianamente, como en el caso de la migrante detenida en Quintana Roo.
Le resultó preocupante el aumento de la trata de personas ante las migraciones masivas de los países llamados del triángulo centroamericano.
Advirtió como peligroso el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública y dijo que no hay justicia restaurativa; periodistas y promotores de derechos humanos siguen siendo asesinados tanto como en países en guerra como Afganistán y Siria.
En 2011 hubo mil 235 feminicidios; en 2020 hubo 2 mil 223 asesinatos de mujeres y sólo el 24.6 por ciento se investigan como feminicidio.
La doctora Galeana Herrera, fundadora del Museo de la Mujer también se refirió al tema del presupuesto como un reto, ya que es necesario para que las reformas legislativas se lleven a la práctica, ya que las mujeres se tienen que quedar en casa al cuidado del esposo, hijas e hijos, enfermos, en lo que se ha llamado la economía del cuidado.
Mujeres que se enfrentan en los trabajos donde los patrones no aceptan mujeres embarazadas o que se embaracen, es otro flagelo.
Respecto a la CNDH consideró que es necesario que atienda las quejas y haga las recomendaciones, si bien estas no tienen una obligatoriedad jurídica vinculante no deben dejar de realizarse.
Hizo el recuento histórico de la trayectoria de los derechos humanos y destacó que la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales, económicos y culturales, anteriormente en 1810 con Miguel Hidalgo se decretó la abolición de la esclavitud, y en 1860 la libertad de cultos, antes que en cualquier otro país hispanoamericano.
Detalló que en 1857 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos estableció en su artículo primero que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. En la Constitución de 1917 se cambia la redacción por “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece”.
La reforma en el 2011, la más completa, modificó la ley de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales y se reconoce que todos los tratados internacionales que el gobierno firma y ratifica forman parte del derecho constitucional mexicano.
Con la reforma al Artículo primero, además, explicó se establece “la progresividad de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, en los términos que establece la ley”.
Pendientes el Sistema Nacional de Cuidados y la reforma a la Igualdad sustantiva
La reforma al Artículo primero de la Constitución Política sentó las bases de una nueva exigibilidad con los principios pro persona y la igualdad y no discriminación en opinión de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcdmx), doctora Nasheli Ramírez Hernández.
También señaló que la Constitución Política de la Ciudad de México no hubiera sido posible sin los antecedentes de esta reforma que cambio el paradigma de personas vulnerables a grupos de atención prioritaria, lo que benefició normativamente a grupos de mujeres en toda su diversidad, indígenas, persona con discapacidad, comunidad LGBTI+, entre otros.
Asimismo, fortaleció el sistema no jurisdiccional de las Comisiones de Derechos Humanos en las entidades federativas.
El principio de pro persona que es quizá uno de los más relevantes que más ha aportado a la transformación de la respuesta jurisdiccional y no jurisdiccional de estado. Junto con el principio de igualdad y no discriminación, así como el de progresividad han permitido concretar una atención reforzada las personas.
Como ejemplo señaló que se refuerza una garantía presupuestaria del derecho a la salud de personas con VIH, o en un despido por embarazo, se invierte la carga de prueba para que sea el empleador quien pruebe que no hubo discriminación. En la aplicación de legislación más favorable para recibir pensión de fuerzas armadas a viuda de integrante del ejército, como ejemplo de pro persona.
Explicó que enfoque diferencial permite reconocer las diferencias entre las personas en función de categorías como género, edad, identidad indígena, condición de salud, discapacidad, entre otras.
Hizo el balance de las agendas específicas para las mujeres, como la interrupción legal del embarazo, avance en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, paridad de género, reconocimiento de trabajo remunerado en las relaciones domésticas y familiares (aplicables para repartir el patrimonio conyugal con criterios de equidad).
Avance en el desarrollo normativo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que incluye un gran abanico de expresiones y ámbitos.
El reconocimiento de las poblaciones afromexicanas, el matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI+, el reconocimiento del derecho a la identidad de género por medio de trámite administrativo y no de juicio, seguridad social sin discriminación.
Para las personas con discapacidad se reforma la Ley General de Educación para añadir el modelo de educación inclusiva conforme las observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.
Así como el reconocimiento al derecho de la consulta y participación.
Como pendientes quedan la aprobación constitucional del sistema nacional de cuidados, y la igualdad sustantiva que modifica diversos artículos, transversaliza la perspectiva de género en la Constitución.
También expresó que la Constitución Política es un texto vivo, que debe evolucionar entre personas gobernadas y gobernantes.
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Elda Montiel (2021) Lamentan el desmantelamiento de la CNDH a 10 años de la reforma. Sem México. Recuperado el 11 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/lamentan-el-desmantelamiento-de-la-cndh-a-10-anos-de-la-reforma/
Hoy se discutió el caso de Sonia a quien con engaños y amenazas el IMSS hizo firmar un consentimiento para una OTB
* GIRE celebra la resolución del máximo tribunal mexicano
Redacción | Sem México
Ciudad de México | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte concluyó que, conforme a los parámetros del derecho nacional e internacional vigentes, Sonia fue víctima de una esterilización no consentida como una forma de tortura y fue víctima también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Así lo da a conocer GIRE quien celebró la sentencia del máximo tribunal de justicia en México, ejemplo de que se puede juzgar con perspectiva de género y de la importancia que tiene el Poder Judicial en la defensa de los derechos, esperamos que abone a construir propuestas para resolver un problema estructural como lo es la violencia obstétrica.
Hoy se discutió en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso de Sonia, a quien, en 2017 personal del IMSS, con engaños, amenazas y condicionándole la atención médica, hizo firmar un consentimiento para que le realizaran una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) como método anticonceptivo permanente.
Con el acompañamiento de GIRE, Sonia presentó una queja ante la CNDH y una demanda de amparo, ambos en contra de las instituciones que la atendieron y que se encuentran adscritas al IMSS. En ambas instancias se reclamó la esterilización no consentida a la que fue sometida y que vulneró sus derechos a la integridad personal, a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva, a su proyecto de vida, a la información y a una vida libre de violencia.
El proyecto de sentencia discutido hoy en la Corte analizó todas las constancias que obran en el expediente y, empleando la perspectiva de género, señaló que ni Sonia ni sus familiares dieron su consentimiento previo, libre, pleno e informado para que se le practicara la OTB.
Asimismo, determinó que, debido a la naturaleza y consecuencias de la OTB como método anticonceptivo permanente, el personal médico tenía un deber reforzado de recabar el consentimiento informado -con todos sus requisitos— de Sonia. Este deber no sólo se incumplió, sino que la vulneración a sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la libertad y autonomía reproductiva, y a la información en el acceso a los servicios de salud reproductiva se agravó por la actitud engañosa, coercitiva e inductiva de las autoridades responsables.
SEM/sj
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Redacción (2021) SCJN afirma que la esterilización no consentida constituye violencia obstétrica. Sem México. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://www.semmexico.mx/scjn-afirma-que-la-esterilizacion-no-consentida-constituye-violencia-obstetrica/
Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Lunes 24 de Mayo del 2021 | — : —
Después de cinco días de permanecer privadas de su libertad, las 74 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron detenidas durante el operativo policiaco realizado el pasado 18 de mayo en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, obtuvieron su libertad de manera condicional.
El resto de los detenidos, 19 hombres, tendrán su audiencia mañana martes 25 de mayo según informaron familiares de los estudiantes, quienes siguen demandando que sus hijos que siguen presos sean liberados.
En un comunicado de prensa, el Poder Judicial del Estado informó que vinculó a proceso a 74 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, determinando como Medida Cautelar la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), además determinó restricciones para los vinculados que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación.
Durante el fin de semana hubo pronunciamientos de parte de organismos internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional demandando al gobierno de Chiapas que el proceso de las y los estudiantes se realizara con perspectiva de género y multiculculturalidad.
Las y los estudiantes fueron detenidos después de haber realizado seis días de protestas en la que demandaban que el examen de admisión a la institución se hiciera por cuadernillo de manera presencial y no en línea debido a que muchos jóvenes por ser de comunidades rurales tienen problemas de acceso a internet.
Las estudiantes denunciaron que durante su detención hubo abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza así como violencia de tipo sexual al haber sido obligadas a quitarse la ropa delante de sus compañeros y policías y haber sufrido tocamientos durante el operativo.
El magisterio federalizado había anunciado una serie de movilizaciones para esta semana, hasta ahora no ha señalado si se han suspendido debido a la liberación de manera condicional de las jóvenes estudiantes.
Ante ello, las “Académicas en Acción de Crítica”, ” y otras organizaciones, expresaron su apoyo a las y los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” en Chiapas y exigieron “que pare la represión en contra de esta comunidad, derivada de haber exigido un examen presencial de ingreso a esa escuela considerando que viven en localidades rurales e indígenas con alto grado de marginación y con escaso o nulo acceso a computadoras e internet en sus comunidades de origen; recursos que se les exigen para presentar un examen de admisión”.
Consideraron que el uso de la fuerza y detención de las y los estudiantes fue injustificado y desproporcionado y por ello, exigieron que libere a los estudiantes que permanecen presos y se retiren todos los cargos contra las estudiantes que ya han sido liberadas, se garantice que no queden con antecedentes penales, y se les repare el daño causado por la violencia institucional.
“Manifestamos nuestro repudio a la violencia y tortura sexual denunciada por las estudiantes detenidas, y recordamos que México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres de Atenco vs México, que reconoció que la represión y tortura sexual en estas condiciones es una forma de control social e intimidación, que en el presente caso se agrava por tratarse de jóvenes que exigen su derecho a la educación. Exigimos por tanto una investigación a fondo de esta violación a sus derechos humanos y el castigo a todos los responsables en la cadena de mando”, concluyeron en el comunicado.
*Este artículo fue retomado del portal Aquínoticias
SSCH/LGL
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Sandra De Los Santos Chandomi (2021) Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones. Cima Noticias. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/24/liberan-de-manera-condicional-a-74-mujeres-normalistas-de-chiapas-mientras-que-osc-repudian-agresiones
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para febrero de 2021 se reportó que existen 217 mil 969 personas privadas de libertad, de las cuales el 5.62% son mujeres, es decir 12 mil 253, de este total, se estima que aproximadamente 10 mil 500 son madres[1].
Asimismo, y acorde al informe Especial Sobre Mujeres en Reclusión de la CNDH[2] se identifica que solo 4 mil 189 viven en centros penitenciarios femeniles, el resto, 6 mil 311 se ubican en cárceles mixtas, lo cual las coloca en un riesgo constante de ser víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad y/o trabajos forzados en favor de la población varonil.
Esta situación en los centros de reclusión propicia la transgresión de los derechos fundamentales de las mujeres madres y de sus hijas e hijos que permanecen con ellas debido a una serie de irregularidades en materia de instalaciones y servicios: alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad, actividades laborales, educativas y deportivas, condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres, maltrato y particularmente la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI de 2019, en México hay 255 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios. Por cada una de ellas existe al menos 1.6 niños menores de seis años, es decir, al menos 415 niñas y niños hoy forman parte de la población penitenciaria, aunque se estima que para el 2021 la cifra es superior a los 500 menores. Ninguna de ellas puede continuar en el olvido y abandono.
Las mujeres que compurgan penas en centros penitenciarios mexicanos son víctimas de violencia sistemática en razón de su género. Ellas pertenecen a grupos vulnerados, identificados como un grupo interseccional pues atraviesan estigmas y violencias machistas. Además, durante el año 2020 y lo que va del 2021, esta situación fue agravada por la COVID 19: las mujeres han sido un grupo focalmente restringido en sus derechos de acceso a la salud y una vida libre de violencia.
El contexto sanitario que continuamos viviendo hoy en día se convirtió en el pretexto perfecto de las autoridades penitenciarias para privilegiar “la seguridad de los centros” y hacer a un lado su obligación de garantizar los derechos de las mujeres que se encontraban con hijos bajo su tutela. Muchas mujeres madres fueron separadas de sus hijos y obligadas a entregarlos a sus familiares en libertad o, en ausencia de estos, al DIF. Esto representó una grave violación de derechos humanos y un retroceso al reconocimiento de su derecho a la maternidad.
De acuerdo con el #MapaPenitenciarioCOVID19, al día de hoy, existe registro de 3 mil 903 personas privadas de libertad contagiadas, mientras que la CNDH reporta a través de su comunicado de Prensa DGC/048/2021 del 24 de febrero de 2021 3 mil 289 casos3. Aunque está diferencia de cifras es sustancial, lo relevante es que no existe información desagregada sobre el número de mujeres que padecen o padecieron dicha enfermedad, ¿qué podemos esperar entonces para las mujeres madres privadas de libertad que siempre han vivido mayor exclusión y estigma en prisión?.
Desde ASILEGAL instamos a las autoridades corresponsables de todos los niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, a no cerrar los ojos ante esta crisis. Urge que el Estado mexicano aplique las reglas Bangkok, pues en ellas está contemplado que “el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijos, se habilitarán servicios o disposiciones para el cuidado del niño”.
Basta de ignorarlas e invisibilizarlas, es momento de actuar. No debemos olvidar que las mujeres privadas de libertad, madres con hijos dentro o fuera del centro penitenciario, sufren un estigma y olvido de sus círculos cercanos, recibiendo un doble castigo por no cumplir con los roles sociales establecidos para ellas. El Estado no puede continuar perpetuando y legitimando este abandono.
En el marco de la conmemoración del Día de las madres, hacemos un llamado a la acción de las autoridades estatales, federales y penitenciarias para tomar cartas frente a la crisis que se está desarrollando con respecto a la pandemia global COVID-19 y el acrecentado riesgo al que se enfrentan madres e hijos. Del mismo modo, exhortamos a los órganos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos gubernamentales a visibilizar las condiciones de internamiento que las mujeres, específicamente de las mujeres que son madres.
[3] Comunicado de Prensa DGC/048/2021, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Febrero 2021, disponible en https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-presenta-reporte-de-acciones-en-los-sistemas-penitenciarios-durante-la-pandemia-por
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Asilegal (2021). Maternidad tras las rejas: una realidad de miles de mujeres en el sistema penitenciario mexicano. Desinformémonos. Recuperado el 11 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/maternidad-tras-las-rejas-una-realidad-de-miles-de-mujeres-en-el-sistema-penitenciario-mexicano/
Bernardo Torres Chilpancingo, Guerrero.- Colectivos y organizaciones no gubernamentales pidieron al Congreso del Estado una selección imparcial y apegada a la constitución en la elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). Francisco Echeverría de Jesús, integrante del Colectivo “Los Olvidados de Ayotzinapa”, hizo un llamado a los diputados locales a que no haya imposición en este proceso y se designe al mejor capacitado “no por dedazo”. Representantes de distintas agrupaciones una parada hicieron en el Congreso del Estado para respaldar al aspirante a este cargo Román Jaimes Contreras, a quien calificaron como el mejor prospecto, y de quien dijeron ha estado cerca de las organizaciones en sus funciones como visitador de la CDHEG. En la conferencia de prensa estuvieron presentes representantes del Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, los Centros de Derechos Humanos “Minerva Bello”, José María Morelos y Pavón”, “María Herrera”, el Club de Leones, la Unión de Profesionistas del Estado de Guerrero, Club Rotario Chilpancingo, Universidad Vicente Guerrero, Centro de Estudios de Tierra Caliente, y la Unión de Jubilados y Pensionados y la Asociación de Deportistas de Saucitos. Insisitió que como organizaciones no van a permitir que llegue alguien a solo calentar la banca, y en encuentran en Román Jaimes un aliado en su búsqueda de justicia. Dijo que no se debe permitir que ocurra una imposición como se hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con Rosario Piedra Ibarra, quien no ha estado a la altura de la responsabilidad encomendada. Sin embargo, también adelantó que las organizaciones estarán pendientes del trabajo que realice la persona que llegue el cargo, y así sea a quien están promoviendo, exigirán se protejan los derechos del pueblo.
