Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Martes 22 de Junio del 2021 |  – – :

Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, denunciaron que el socavón generado el pasado 29 de mayo en la comunidad de Santa María Zacatepec está relacionado con el saqueo de los mantos acuíferos que han realizado diversas industrias en la región durante décadas.

En conferencia de prensa frente al socavón, los defensores del territorio señalaron que para el gobierno y los empresarios «la desgracia de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza es un espectáculo que pretenden expropiar para convertirlo en un área turística, maquillando con esto el desastre para sus fines económicos”.

Roberto Formacio, uno de los afectados, señaló que, lo que para muchas personas es una zona turística, ha sido un desastre y algo que ha cambiado la vida cotidiana para quienes tienen sus propiedades ahí. En un inicio, dijo, no sabían la causa, pero poco a poco se enteraron de posibles hipótesis a través de los medios de comunicación, y añadió que entendieron que “parte de lo que ocasionó este fenómeno fueron las empresas que han extraído miles de millones de litros de agua de la zona”.

“Le pedimos a los distintos niveles de gobierno que volteen a ver que no solo es el socavón, que hay todo un conjunto de afectados en esta zona, los dueños de los terrenos que han sido obstaculizados en su proceso de trabajo”, denunció Formacio, y agregó que los pequeños propietarios afectados por el socavón no han sido atendidos por las autoridades municipales, estatales, ni federales.

Exigieron la cancelación total del Proyecto Integral Morelos y el gasoducto. “No estamos dispuestos a esperar a que nos asesine la negligencia y la ambición de los poderosos, basta de que nos sigan engañando”, advirtieron los defensores.

Los integrantes de Pueblos Unidos denunciaron que el gobierno no ha dado ninguna respuesta y los quiere engañar al decir que está investigando. “Hacen caso omiso a lo que hemos señalado, lo que era obvio: un gasoducto instalado en un territorio sísmico y volcánico, es una bomba de tiempo. Este socavón hace más evidente el riesgo que corremos”, expusieron.

Por su parte, el profesor e investigador David, recalcó la importancia de esa región acuífera de Puebla. “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental. 

Señalaron que la llegada de las industrias desde los años 50, fomentó una forma de desarrollo que sólo ha beneficiado a particulares y empresas. En el caso particular de la región de los volcanes, están la industria automotriz, de acero y embotelladoras.

Mapa la presencia de las principales industrias en la región desde los años 50. Foto: Pueblos Unidos

A tres meses de que declararan el cierre definitivo de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, indicaron que al día de hoy, han recuperado 152 millones 668 mil 800 litros de agua que ahora fluyen libres por los mantos acuíferos, y añadieron que «el socavón vino a confirmar que las empresas Bonafont, Mercatus, Persforza, Ternium, Hylsa, Volkswagen y ciudad textil generaron este desastre ambiental y ante esta situación el mal gobierno pretende llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbano e industrial en nuestra región”.

El presente articulo es propiedad de Forbes.

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región. Recuperado e

A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos

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CIMACFoto: César Martínez López

Aline Espinosa Gutierrez | Cima Noticias

Ciudad de México | Lunes 31 de Mayo del 2021 | — : —

A pesar de que las indígenas oaxaqueñas han llegado a ejercer algunos cargos políticos en  sus comunidades, esta labor es dificultada porque aún los quehaceres de la casa y el cuidado de las y los hijos recaen sobre ellas, lo que triplica sus jornadas de trabajo, las deja sin tiempo para desarrollar sus capacidades, incidir desde su cargo en sus territorios o buscar desempeñar algún otro puesto. 

Así lo dijeron la exregidora de obras y tesorera suplenta del Pueblo Ñuu Savi en Oaxaca; Lidia Aguilar Aguilar; la extesorera municipal y excomisariada de bienes comunales del Pueblo Nki dixru en Oaxaca, Aracely Miranda; la expromotora cultural y exsecretaría de bienes comunales del Pueblo Xhun en Oaxaca, Natividad Estela López Zarate, y la excomunera del Pueblo Ayuujk en Oaxaca, Deogracias Díaz Gómez durante el conversatorio “Participación Política de las mujeres indígenas en sistemas normativos indígenas” con el fin de discutir cuáles son los avances y retos de la presencia de mujeres en cargos de poder. 

Explicaron que la llegada de la paridad en 2015 a sus comunidades obligó al reconocimiento de algunos de sus Derechos Humanos como incluirlas en los listados de las asambleas, darle espacio a sus voces y exponer sus necesidades, acudir a eventos políticos y postularse para cargos de poder sin importar si tenían hijas o hijos pequeños, eran casadas o solteras, su edad, y otras cuestiones.

El principio de paridad fue incorporado a la Constitución mexicana  en el año 2014. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales. El proceso de armonización legislativa culminó en las entidades federativas en 2015, antes de que iniciara el proceso electoral de ese año, de acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detallaron que antes las mujeres sólo podían estar en las asambleas cuando sus esposos no podían acudir y su voz era escuchada porque hablaban en nombre de él, no existía una lista para que ellas anotaran su nombre, sus problemáticas no eran tratadas, si su presencia era requerida en estos espacios, se les encomendaba hacer la comida, atender a los hombres presentes y quedarse calladas. 

Para atacar todos estos obstáculos, dijeron, ellas mismas o en colectivo cuestionaron el por qué no se les tomaba en cuenta e irrumpieron en las asambleas, formaron talleres para enseñar profesiones y dejaban la cocina y asistían a eventos de política. 

Su ejemplo inspiró a otras mujeres, algunas de ellas madres, quienes siguieron sus pasos y juntas comenzaron a descubrir que ellas debían ser parte de las decisiones y del cuidado de lo que existía en su territorio. 

Con sus años de insistencia, añadieron, pudieron avanzar muy poco en la política, pero sí sembraron ideas de libertad en más mujeres. El principio de paridad impulsó aún más la labor que ellas ya realizaban en sus comunidades, sin embargo, al querer ejercer un cargo se enfrentan a que su presencia sea sinónimo de molestia y se trata de evadir la paridad bajo los usos y costumbres de las comunidades. 

Ejemplo de ello, explicaron, es que en las asambleas se trata de hacer una lista separada por el género de la persona, que los hombres funjan como los presidentes agrarios y las mujeres como sus reemplazos, no se respetan los acuerdos de las comunidades, sus parejas les exigen atender la casa y la familia, no les da un ingreso económico para desarrollar sus cargos.

Todos estos obstáculos, aclararon, no permiten que las mujeres puedan mantenerse más de un año en los espacios de poder que ganan porque algunas de ellas son madres solteras o viudas que no tienen apoyo para cuidar de sus hijas e hijos y deben solventar los gastos de su familia o sus parejas les niegan salir de sus hogares. 

Sin embargo, dijeron, su injerencia en los espacios de poder ha promovido que más mujeres conozcan su derecho a la participación política y a la tierra. “Cuando tienen que sacar su constancia de posesión se les ha tomado en cuenta y ellas son las dueñas de su pedacito de parcela, hasta ahorita no hay ese problema ya, porque antes esto sólo se conocía como herencia de hombres cuando no sabíamos que existía el derecho agrario”, declaró Lidia Aguilar Aguilar. 

Llamaron a que más indígenas se conviertan en comuneras con el fin de fomentar su presencia en las asambleas y así repensar juntas los acuerdos que niegan la participación a mujeres mayores o algunos otros que siguen restringiendo sus derechos, desmitificar los roles de género, dejar nuevas enseñanzas, difundir más el conocimiento y hacerlo suyo, intervenir en los cambios de las leyes y sembrar en la conciencia que las mujeres son parte vital de que los recursos naturales de la tierra prevalezcan. 

21/AEG/LGL

El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

Aline Espinosa Gutierrez (2021) A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos. Cima Noticias. Recuperado el 31 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/31/a-cuentagotas-avanza-participacion-de-indigenas-oaxaquenas-en-cargos-politicos

Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar

Concha Moreno, SemMéxico

13 de mayo de 2021

El ominoso caso de Guerrero: ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes

Los hombres mandan, ellas obedecen los «sabios», especialistas para pedir la novia

 Concha Moreno

SemMéxico/Periodistas en Español, Cd. de México, 13 de mayo, 2021.- En las zonas más pobres del Estado de Guerrero, al centro/occidente  de México, las niñas son vendidas de forma habitual porque los padres lo consideran «usos y costumbres» y una fuente de ingresos, porque pueden obtener hasta doscientos mil pesos (unos 8290 euros).

Sucede desde hace demasiados años. En la denominada Montaña de Guerrero, en cuanto las niñas rondan los doce años ya son «vendibles». Quienes las compran (porque es ese el término correcto) las pueden convertir en sus esposas o, simplemente, son utilizadas como esclavas para la casa o el campo.

Lógicamente, no se puede hablar de una cifra concreta, ni aproximada, porque las autoridades no tienen interés alguno en controlarlo. Se cree que puede haber hasta trescientas mil criaturas cuyos padres las vendieron al mejor postor.

El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan lo ha denunciado recientemente con el fin de que tanto el gobierno estatal como el federal tomen cartas en el asunto y prohíban totalmente estas transacciones.

Cuentan que, en las comunidades indígenas, la maternidad llega a muy temprana edad, no por decisión propia sino por la costumbre añeja de los padres que logran concertar las alianzas de sus hijos con las hijas. Normalmente hay pago de la dote, que en un principio se le conocía como el ritual de petición de la novia. Con el tiempo esta práctica se ha perdido y mercantilizado.

La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.

Los hombres mandan, ellas obedecen

Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.

A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.

En algunas comunidades acuden a los «sabios», que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.

Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.

Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.

A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.

Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos. 

Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres. Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, «le hace quedar mal». Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.

A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen. 

Prende la indignación 

Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país: a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar; al  procurador federal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Oliver Castañeda; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los candidatos que se presentan a las inminentes elecciones de este Estado.

Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».

Dicen entender que el problema es complejo y que, ´por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas. Como lo muestra la evidencia, aseguran, «no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales».

El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren dos de cada diez nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de diecinueve años. Guerrero, junto con Chihuahua, comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Moreno, C. (2021). En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar. SemMéxico. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=35244

”Es mejor no decir de dónde vienes”: mujeres migrantes indígenas en Monterrey

Liz López | Chiapas Paralelo.

Martes 4 de mayo de 2021

En Monterrey no todo es progreso. Esta ciudad considerada en México como «más avanzada»,  carga consigo uno de los atrazos más grandes que hay en el mundo, el de la discriminación, que remonta en nuestro continente, a los primeros años de la Conquista. Tras más de 500 años, la población regia no ha podido descolonizar su pensamiento.

“Cuando escuché la palabra Monterrey, lo primero que pensé fue en progreso. Pensé en que podía vivir en una casa con piso de cemento, mandarle dinero a mis papás y comprarme un carro…”, cuenta Antonia, de 23 años, originaria de San Luis Potosí, que desde hace dos años trabaja como empleada de mostrador en un negocio del centro de la ciudad con mayor calidad de vida en México, donde viven más de 5 millones 300 mil habitantes, pero desde que llegó el dinero solo le ha permitido para pagar la renta donde vive y mandar algo de “dinero a casa”, asegura la joven migrante.

Antonia integrante de la etnia pame, que solo terminó la secundaria en su comunidad Los Olivos en el municipio de Matehuala, vecino a Nuevo León, es una de las 70 mil 551 personas que decidieron dejar su estado para buscar trabajo en otra entidad, entre el 2015 al 2020, según datos de INEGI, reflexiona que en la ciudad “es muy difícil ser mujer migrante e indígena”.

Monterrey es una ciudad con mayor recepción de migrantes que vienen de todo México y en los últimos años, de Centroamérica, que de acuerdo al último censo del INEGI, registró un crecimiento del 92.32 % en presencia de integrantes de grupos originarios, que convierte en la primera ciudad en este rubro a nivel nacional.

Carmen Farías, presidenta de la organización Zihuame Mochilla A.C , fundada en 2003 en Monterrey, detalló que en la zona metropolitana de Nuevo León se ubican 77 mil 945 personas de lengua hablante indígena (37 mil 686 mujeres y 40 mil 259 hombres).

“La composición varió de 2010, ya que eran 20 mil 490 hombres y 20 mil 038 mujeres. Habían más mujeres que hombres; ahora no. Eso tiene que ver con los flujos migratorios. La mayoría vienen de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Estado de México, pero sobre todo de la zona de la región huasteca”

Los indígenas que han llegado a Nuevo León, se encuentran con mayor presencia en el municipio central de Pesquería, es la jurisdicción de García, donde hay más hablantes de alguna de los 66 idiomas del país y en segundo lugar se ubica Monterrey.

Por ahí se dice que “vivir lejos de casa no es para todos…. Los viajeros están hechos de otra pasta…”, dice Cecilia de 19 años de edad, que llegó procedente de Puebla, antes del inicio de la pandemia arribó a Monterrey para trabajar como niñera.

La joven nahuatl asegura que “ser mujer migrante e indígena, es dejar casi afuera la esperanza de acceso a oportunidades, ya que somos encasilladas para trabajos en casa: barrer, trapear, lavar ropa, planchar, cocinar o para cuidar a los niños”, pero en algunas empleos la dueña de la casa le ha preguntado si sabe “hablar bien español”, porque no quiere que “sus hijos vayan aprenderlo mal”.

Cecy, como le llaman de cariño, asegura que no habla náhuatl, porque sus padres nunca le enseñaron el idioma.

Las labores del hogar, es uno de los empleos más demandantes en la zona metropolitana, por lo que la mayoría de las mujeres indígenas se dedican a trabajos de casa donde logran percibir salarios de 450 pesos en un día, siempre y cuando sea de “entrada por salida”, pero si viven en la casa recibiendo alimentación y un cuarto, entonces el salario va de mil 500 a dos mil pesos a la semana, con jornadas que van de las siete de la mañana, hasta que termine el día, un día de descanso, que es el domingo.

Carmen Farías que dirige Zihuame Mochila, organización que trabaja en mejorar calidad de vida y y respeto a la diversidad cultural de pueblo indígenas en Nuevo León, comentó que la mayoría de “la gente indígena no viene de paso. Viene a quedarse. Algunos viene por temporadas, pero en mayoría son los mayores de edad “La población joven viene para quedarse y se encuentran en diferentes profesiones, incluso con maestrías y doctorados”.

Agrega que: “Es mucha la ignorancia y prejuicio en la sociedad. Y tristemente para comunidades indígenas esto hace que haya prevalecido la discriminación desde la colonia. No es novedad. Por tradición, Nuevo León se ha conformado de población migrante. No todos indígenas, pero sí migrantes. Terceras generaciones son de aquí, pero a quien le preguntes te dirán que su padres o abuelos viene de San Luis, Zacatecas o Jalisco, porque antes las personas venían a trabajar en las fábricas. Es un contrasentido, en que siendo un estado que ha crecido Gracias a la migración, sea tan discriminatorio. Debería ser mucho más abierto, tolerante, y no lo es”, enfatizó la activista.

Durante los 10 años que ha vivido en Monterrey, Karla de 26 años, originaria de Durango que labora como enfermera y recepcionista, se ha percatado el trato que reciben los migrantes en Monterrey:

”Cuando dices que eres de otro lado, los regíos te ven raro. Hay quienes se alejan, te discriminan. Cuestionan tu estancia y preguntan si vas a irte pronto o piensas quedarte; no saben de la necesidad del otro. Estoy aquí porque de dónde yo vengo no hay trabajo ni escuela, Sí extraño el calor de mi casa, pero sé que ayudo a mi mamá con los gastos”.

Foto: Liz López

El sentimiento de vulnerabilidad va creciendo ante la falta de aceptación. El sentirse discriminado ha llevado varios migrantes indígenas a esconder su origen y evitarse así la carga de ser señalados por los regios.

Una joven migrante habla con recelo y pide no ser identificada, mucho menos el grupo étnico al que pertenece, asegura que las mujeres que han llegado a Monterrey, prefieren no revelar su identidad, ni lugar de origen. “No lo decimos”, dice, pero “las recién llegadas se sienten orgullosas de haber salido de casa, pero van aprendiendo”.

Es domingo, la noche cae en Monterrey. La Alameda, cual ha servido de punto de encuentro para muchos migrantes, comienza a vaciarse y con ello miles de mujeres indígenas se dirigen a los cuartos para descansar, para prepararse para otra jornada laboral de más de ocho horas.

“El presente artículo es propiedad de Chiapas Paralelo“.

López, L. (2021). ”Es mejor no decir de dónde vienes”: mujeres migrantes indígenas en Monterrey. Chiapas Paralelo. Recuperado el 4 de mayo de 2021 de: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/nacional/2021/05/es-mejor-no-decir-de-donde-vienes-mujeres-migrantes-indigenas-en-monterrey/

Muerte materna en campos agrícolas

Tlachinollan, recuperado de Desinformémonos

26 de abril de 2021

En la mañana del miércoles 21 de abril, Margarita Bartolo Fermín, acudió a la clínica del IMSS de Guasave, Sinaloa, al advertir que tenía un pequeño sangrado. A pesar de que se encontraba a unos días de tener a su cuarta hija, el médico le comentó que no era de cuidado. Como a las 9 de la noche, su esposo Eustaquio Castro la trasladó de urgencia a la misma clínica porque el sangrado era mayor. La metieron al quirófano para operarla, sin embargo, no pudieron controlar la hemorragia. Optaron por trasladarla al hospital de los Mochis, Sinaloa, para tenerla en terapia intensiva. La sangre que había perdido, con la operación de la cesárea, no la pudo recuperar. En la mañana del jueves 22, los médicos le notificaron a Eustaquio que su esposa había muerto.

Margarita salió hace tres años de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, ante la falta de trabajo y la violencia que han impuesto grupos de la delincuencia organizada, en los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa. Eustaquio no cuenta con tierras para sembrar, ni tiene casa dónde vivir. Llevaba dos temporadas, en el campo agrícola El Gallo, perteneciente a la empresa Sacramento en Guasave, Sinaloa. Vivía en el cuarto 523 en Batamonte donde hoy se encuentra tendida Margarita. Le pagaban 197 pesos por cada tarea que realizaba que consiste en recolectar 30 botes de chile o 12 botes de tomate tipo uva. A la semana lograba recibir un pago de 2 mil pesos, cuando bien le iba, pero regularmente no hay muchas tareas durante la semana. Sobrevive con el poco dinero que han podido juntar. Sus tres niñas no han tenido la oportunidad de estudiar, porque es difícil acudir a la escuela cuando los padres tienen que estar en el campo. Margarita tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria, pero ya no logró continuar con sus estudios ante los riesgos que implica salir ir a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de la seguridad.

En el año de la pandemia, el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, de febrero del 2020 al mes de marzo del presente año, ha registrado la salida de 17 mil 775 personas, que se han enrolado como jornaleros agrícolas, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Baja California, principalmente. 8 mil 768 son mujeres y 9 mil 7 son hombres, de los municipios de Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte. En cuanto a su pertenencia a un pueblo indígena el 46% de las familias es Na’Savi, el 26% es Me’phaa, el 21% Naua y el 7% es población que no se adscribe a un pueblo indígena.

La población infantil de 0 a 17 años representa el 42%, los jóvenes y adultos de los 18 a 64 años, asciende al 57%. Los índices de analfabetismo son alarmantes debido a que el 42% de la población no fue a la escuela y solo el 16% reporta que terminó la primaria. Hay un 22% de niños y niñas que no concluyeron estos estudios, y solo el 10%, tuvo la oportunidad de concluir su secundaria. El 4% de jóvenes cuenta con bachillerato, sin embargo, al no encontrar trabajo en su región, han optado por contratarse como jornaleros agrícolas. 

Durante este año 162 personas acudieron al campo agrícola El Gallo, donde murió la indígena Naua Margarita Bartolo Fermín. En ese mismo lugar el 23 de septiembre del 2014, murió un niño Naua de dos años, originario de Chiepetepec, municipio de Tlapa, debido a la atención negligente de los médicos de la misma clínica donde fue atendida Margarita. Son los niños y las mujeres indígenas jornaleras, la población más vulnerable que está condenada a sobrevivir en condiciones insalubres dentro de los campos agrícolas. Carecen de servicios médicos, de albergues y de servicios básicos como el agua potable y la luz eléctrica. En un gran número de campos, la explotación laboral es extrema, sin que se hagan efectivas las prestaciones que por ley les corresponden.

En el año 2019, se inscribió en la Ley Federal del Trabajo la obligación para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un salario mínimo profesional para las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta los riesgos inherentes a las labores desarrolladas y las características de las familias jornaleras. Para ello, se realizaron reuniones con la Secretaría del Trabajo, así como la CONASAMI, donde se expusieron las diferentes problemáticas que enfrentan en los campos agrícolas. Se planteó la urgencia de mejorar las condiciones de vida, que se orienten a revertir las múltiples violencias que se viven en los campos agrícolas.

Como resultado de estas gestiones el 16 de diciembre del 2020, la CONASAMI aprobó un incremento al salario mínimo de las personas jornaleras del 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, quedando en 160.19 pesos. Para la población jornalera, este pequeño aumento no representa ninguna relevancia, porque en la práctica ganan más trabajando por tareas o a destajo. Es una lucha desigual porque al interior de la CONASAMI, la voz cantante la tienen los empresarios que no están dispuestos a ceder sus ganancias, a cambio de la mejora salarial de los trabajadores.

No solo es la sobreexplotación de la mano de obra indígena, sino la discriminación institucionalizada, la carencia de servicios básicos, la denigración de la vida familiar y el destino funesto de las muertes de niños y niñas, así como las muertes maternas, como la de Margarita Bartolo Fermín.

Publicado originalmente en Tlachinollan

“El presente artículo es propiedad de Tlachinollan, recuperado de Desinformémonos

Tlachinollan. (2021). Muerte materna en campos agrícolas. Tlachinollan. Recuperado el 26 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/muerte-materna-en-campos-agricolas/

La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra: mujeres de la comunidad San Francisco en Chiapas

Redacción Desinformémonos

15 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. «La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra», aseguraron las mujeres de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Teopisca, Chiapas, donde durante 25 años han gestionado su autonomía a través de colectivos de panadería, de hortaliza, plantas medicinales y milpa.

Con motivo del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el pasado 10 de abril, relataron que desde 1994 iniciaron con la organización de su trabajo, actualmente encabezado por 30 mujeres de la comunidad que se dividen en cuatro turnos.

Para el colectivo de panadería, explicaron, el trabajo de los hombres se limitó a la construcción de los hornos, mientras que son ellas quienes acarrean y rajan la leña, así como se encargan de «que todo el tiempo haya pan».

Añadieron que la organización de las mujeres en San Francisco también abraza la salud de la comunidad. «Tenemos un colectivo de hortaliza y otro nuevo de hierbas medicinales», con las que atienden y curan las enfermedades y malestares de la población, indicaron.

En un comunicado, las mujeres expresaron que su deseo es «que todas las compañeras seamos despertadas, que despertemos ya de ese sueño que nos tiene durmiendo el mal gobierno», así como que, junto con los hombres, se recuperen las tierras invadidas y explotadas por «los patrones» instalados en la comunidad.

«Nosotros venimos de la semilla zapatista porque desde ahí nace todo […]. Mientras estamos en esta lucha venimos siendo como la descendencia de Zapata que luchó por la tierra, para repartir a los pobres», explicaron de manera conjunta los hombres y mujeres de la comunidad, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

La lucha colectiva en San Francisco surgió de la necesidad de defender sus tierras y sus derechos como pueblo frente al olvido del gobierno y el abuso de los «patrones» sobre sus tierras. «Como campesinos indígenas de por sí hemos sido marginados, olvidados del mal gobierno, entonces entendimos que era necesario defender nuestros derechos, y al mismo tiempo defender nuestro territorio y también nuestras tierras. Porque esta tierra, nosotros como campesinos, como comunidad de San Francisco, a nosotros nos corresponde», aseguraron.

Con la organización para la defensa del territorio y la creación de los trabajos colectivos, subrayan, se ha construido «lo que llamamos nuestra autonomía, nuestro propio desarrollo que el mal gobierno nunca lo va a hacer para nosotros».

Por ello, los hombres y mujeres de San Francisco llamaron a las comunidades indígenas del país a que «sigan adelante defendiendo su territorio, sus derechos que tienen, porque el gobierno que tenemos en todo el mundo es el mismo capitalista que va para destruir a toda la gente pobre, a toda la gente indígena».

A continuación el comunicado completo:

A 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, el 10 de abril 1919, las mujeres del grupo San Francisco, comunidad campesina del municipio de Teopisca, Chiapas, adherente a la Sexta Declaración del Selva Lacandona e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), declararon que desean “que todas las compañeras seamos despertadas, que despertemos ya de ese que nos tiene durmiendo el mal gobierno”.

“La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra. Ya va más de 25 años, desde el 1994, que seguimos trabajando, estamos animadas en el colectivo de panadería, todo el tiempo trabajamos, somos como 30 mujeres divididas en cuatro turnos de trabajo y estamos viendo que todo el tiempo haya pan. Los hombres solo nos ayudaron a hacer el horno, nosotros acarreamos nuestra leña y la rajamos, es lo que hacemos”. “Aquí nos curamos con unas hierbitas, tenemos un colectivo de hortaliza y otro nuevo de hierbas medicinales”.

Una comisión de hombres que volvió del trabajo colectivo en la milpa concuerda con las mujeres reunidas. “El EZLN viene de la semilla de Emiliano Zapata, y la semilla más grande que hubo aquí en San Francisco es el colectivo de pan”. “Fue una base muy importante de las luchas que se han venido haciendo, y también los colectivos son una base para sostener la lucha. Desde luego tenemos un colectivo de milpa, y en 2012 cuando nosotros recuperamos otro predio, para seguir avanzando en los trabajos colectivos, pensamos hacer nuestro colectivo de ganado”.

“Aquí nosotros le decimos recuperación de tierras a lo que hicimos como grupo, pues digamos que nuestros abuelos fueron mozos y acasillados en estas tierras, pero los que decían que eran dueños de estas tierras no la trabajaban, el patrón no trabaja, sino que nuestros abuelos son quienes la trabajan, cortando monte para sembrar milpa para el patrón. Como que entendimos que sí teníamos derecho por ser hijos de los mozos. Desde ahí empieza los deseos y la necesidad de organizarse para recuperar esta tierra. Igual en 2012 la recuperamos y el ganado que tenía el patrón se le regresó. Nosotros dijimos que el ganado es del patrón y las tierras son de nosotros. No es que no pudimos agarrar uno es que no quisimos.”

“Como campesinos indígenas, de por sí hemos sido marginados, olvidados del mal gobierno, entonces entendimos que era necesario defender nuestros derechos, y al mismo tiempo defender nuestro territorio y también nuestras tierras. Porque esta tierra, nosotros como campesinos, como comunidad de San Francisco, a nosotros nos corresponde. Entonces por eso decidimos desde esos años empezar a organizarnos así hombres y mujeres y luego fuimos avanzando en defender nuestras tierras y construir trabajos colectivos, lo que llamamos nuestra autonomía, nuestro propio desarrollo que el mal gobierno nunca lo va a hacer para nosotros. Por esta razón lo comenzamos y es hasta donde vamos ahorita”.

“Más que nada, nosotros venimos de la semilla zapatista porque desde ahí nace todo, la idea de Zapata y del EZLN es la misma, y que también nosotros como CNI la tenemos. Mientras estamos en esta lucha venimos siendo como la descendencia de Zapata que luchó por la tierra, para repartir a los pobres. Si nosotros defendemos nuestra tierra no es para nosotros, es para nuestra descendencia. Todos debemos luchar por nuestra descendencia, no para lo personal. No luchar para uno, sino para los demás.”

“Como mensaje a los compañeros de México y de otros países, les decimos que sigan adelante defendiendo su territorio, sus derechos que tienen porque el gobierno que tenemos en todo el mundo es el mismo capitalista que va para destruir a toda la gente pobre, a toda la gente indígena y lo que dice es que está desarrollando económicamente pero es lo contrario porque está viendo de que entren las empresas transnacionales aquí en México y en Chiapas, van a venir de otros países para que saquen todos los recursos naturales que tenemos. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros y también que todos defendamos lo que nos corresponde como dueños cada uno de su propio territorio”.

San Francisco, Teopisca, 10 de abril 2021

¡Compas Arriba! / Radio Pozol

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2021). La fuerza de lo colectivo es para la defensa de la tierra: mujeres de la comunidad San Francisco en Chiapas. Desinformémonos. Recuperado el 16 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/la-fuerza-de-lo-colectivo-es-para-la-defensa-de-la-tierra-mujeres-de-la-comunidad-san-francisco-en-chiapas/

Difunden fotos íntimas de mujer indígena; en lugar de apoyarla, IMSS la despide

Brenda Torres, Cultura Colectiva

08 de abril de 2021, 09:29

difunden fotos intimas de mujer indigena y en lugar de apoyarla con ley olimpia ¡imss la despide
Foto de portada: Unsplash.

La CNDH emitió una recomendación al IMSS porque consideró que no resolvió el caso con perspectiva de género.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director del IMSS, Zoé Robledo, por el despido de una mujer indígena luego de que personal de un hospital en Oaxaca difundiera fotos íntimas de ella.

En la recomendación 11/2021 se señala que se vulneraron los derechos y la intimidad de la mujer indígena trabajadora del IMSS-Bienestar.

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Foto de portada: Unsplash.

Le solicitaron renunciar

La mujer fue destituida de su cargo como gestora de calidad en el Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca del IMSS el 27 de septiembre de 2019, después de que el delegado del IMSS-Bienestar en Oaxaca, solicitó a la víctima su renuncia o cambiar de adscripción, al señalar que circulaban sus fotos íntimas. 

Por este caso, el instituto inició un procedimiento administrativo y se le notificó a la mujer la “pérdida de confianza” por las fotografías difundidas.

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Sin perspectiva de género

De acuerdo con la CNDH, el IMSS no resolvió el caso con perspectiva de género, además, consideró que “la acusación estuvo sesgada de estereotipos y violencia de género hacia las mujeres, al enfatizar detalles que aparecen en las fotografías como la vestimenta, además, el circular las imágenes exhibiendo el cuerpo de las mujeres tiene la finalidad de humillar, sentir vergüenza y causar una invasión en su intimidad”.

En la recomendación, la CNDH obliga al director del IMSS a capacitar en materia de violencia de género y ética profesional al personal administrativo y operativo del Hospital Rural del IMSS-Bienestar, así como implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencia Digital para las mujeres trabajadoras del instituto.

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Se le imputó una responsabilidad administrativa

“La CNDH observó que, contrario a investigar la procedencia de las fotografías, se imputó a la mujer una responsabilidad administrativa, y a pesar de que desde el 2019 se sabía de la circulación de las fotografías, no se activó ningún protocolo de atención para casos de violencia digital, en perjuicio de la víctima”, expuso la la comisión en un comunicado.

La comisión defensora de los derechos humanos estableció que el IMSS tuvo que realizar una investigación interna para esclarecer dónde se originó la circulación de las imágenes, quienes las conservaron y cómo les dieron difusión ya que la violencia digital está tipificada como un delito en el estado de Oaxaca.

Foto de portada: Unsplash.

“El presente artículo es propiedad de Cultura Colectiva

Torres, B. (2021). Difunden fotos íntimas de mujer indígena; en lugar de apoyarla, IMSS la despide. Cultura Colectiva. Recuperado el 09 de abril de 2021, de https://news.culturacolectiva.com/mexico/difunden-fotos-intimas-de-mujer-indigena-imss-la-despide-oaxaca/

Fallece la defensora comunitaria Irene Hernández, primera presidenta municipal de Ayutla Mixe

Redacción | Desinformémonos.

Jueves 8 de abril de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Falleció el pasado domingo Irene Hernández de Jesús, la primera presidenta municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca.

La maestra, una de las principales voces sobre la participación política de las mujeres desde los años 60 en Ayutla, murió a sus 63 años de edad. «Su muerte es un reclamo de justicia por su comunidad, por las mujeres, por la defensa del territorio y de los recursos naturales como el agua», declararon habitantes de la comunidad.

Durante su vida abonó a la construcción de espacios para que las mujeres indígenas mixes y serranas pudieran asumir liderazgos y participación política. “Este avance se logró a través de una evolución autónoma y comunitaria” y mucho antes de las políticas públicas que impulsan paridad de género, explicaron.

En los últimos años de su vida participó en la campaña que exige #AguaParaAyutlaYa frente a la crisis humanitaria provocada por la falta de agua en la comunidad desde hace casi cuatro años, debido a la invasión de terrenos y al despojo del manantial de parte de grupos armados.

«Su muerte es también un acto de protesta en toda una vida de lucha», escribió Joaquín Galván, poblador indígena de Ayutla Mixe. 

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Ilustración: Daniela Ladance / Editorial Planeta

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). Fallece la defensora comunitaria Irene Hernández, primera presidenta municipal de Ayutla Mixe. Desinformémonos. Recuperado el 8 de abril de 2021 de: https://desinformemonos.org/fallece-la-defensora-comunitaria-irene-hernandez-primera-presidenta-municipal-de-ayutla-mixe/