No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho

Sara Lovera, SemMéxico

20 de mayo de 2021

La reforma constitucional que crea el sistema pendiente  en el Senado a 6 meses de su aprobación

Presenta el PRI una iniciativa de reforma hacendaria que dote recursos cada año y sea progresivo

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 20 de mayo, 2021.-La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Cuidados cuente con recursos económicos suficientes que permitan su operación, para que no quede en letra muerta y quede claro que ésta  no puede ser entendida sin considerar los derechos de las mujeres y advirtió que el Sistema no se ha aprobado en el Senado, tras 6 meses desde su aprobación y reforma Constitucional.

El texto de la reforma que presentó la también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,  deja en claro que los recursos que se otorguen año con año nunca disminuyan; y que las dependencias y entidades encargadas de poner en marcha al  Sistema puedan solicitar aumentos anuales, con base en las necesidades o vicisitudes que adviertan.

Al presentarla en nombre de su grupo parlamentario, la reforma que propone, atiende a la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2020. Ahora se trata de hacerla efectiva. De dotarla de recursos, de trabajar en la ley secundaria, porque Estado está obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz. 

La iniciativa, de la que SemMéxico tiene copia, reforma y adiciona los artículos 25 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar el destino de recursos para hacer efectivo el Sistema Nacional de Cuidados.

Además destacó la diputada  que el cuidado como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.

El texto de la iniciativa presentada hoy,  recuerda que  durante la discusión  de la reforma constitucional, del 18 de noviembre de 2020,  se determinó que el sistema nacional de cuidados no debía generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales; si no debían aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno, esto a pesar de que diversos grupos parlamentarios hicieron énfasis en la necesidad de que un sistema de esta naturaleza, dada su complejidad requiere recursos para su correcta implementación. Pese a esta advertencia, porque la dejaría en letra muerta,  reconoció que”la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria”.

Pero además, la reforma constitucional, trascendental para la vida de las personas, no la aprobó todavía el Senado de la República. Lo que es de preocupación. Ahora la propuesta, trata de enmendar esa advertencia de que no  implicaría gasto adicional. La convertiría en una falacia.

El Sistema Nacional de Cuidados, defendido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no podría quedar sólo en palabras. En todos los países del sistema americano, se camina en ese sentido, incluso por las recomendaciones de la CEPAL, tras lo devastadores efectos de la pandemia y la pérdida de empleo de las mujeres. Asunto reconocido y discutido en todos los países.

 Uno de los argumentos, que recordó la ex gobernadora de Yucatá es que  trabajo de cuidados es uno de los obstáculos  que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado, y en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía. 

De acuerdo con el INEGI, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.

Más de un millón tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.

Otro dato por demás contundente, sostuvo la diputada,  muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más, que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar, y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.

La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres, éstas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.

La iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.

Argumentó que la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria, por lo que se necesita presupuesto suficiente para establecer y ejecutar tales políticas públicas.  

Advirtió que no prever una erogación presupuestaria a reformas con tan importante impacto social, genera que el texto constitucional sea letra muerta, ya que la ciudadanía se ve impedida para ejercer dicho derecho ante la falta de mecanismos o instituciones ante quien exigirlo. 

En el documento fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, resalta que la propuesta tiene en su naturaleza la perspectiva de género, toda vez que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados.

Aclaró que, está pendiente la aprobación de esta reforma en el Senado de la Republica, sin embargo, espera cuente con un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios como sucedió en la Cámara de Diputados por ser un tema necesario para la población. 

La iniciativa hacendaria está firmada por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Lovera, S. (2021). No dotar de recursos al Sistema Nacional de Cuidados, lo dejará en letra muerta: Dulce María Sauri Riancho. SemMéxico. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/no-dotar-de-recursos-al-sistema-nacional-de-cuidados-lo-dejara-en-letra-muerta-dulce-maria-sauri-riancho/

Discapacitados bloquean avenidas en Chilpancingo para exigir pago de programas sociales

Bernardo Torres
Chilpancingo, Guerrero.- Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables bloquearon la avenida Juan N. Álvarez en el cruce con Cristóbal Colón, para exigir el pago de los programas sociales estatales y municipales.
Encabezados por Silvestre Rodríguez Fernández, desde las 10:00 a las 11:00 de la mañana, a la altura de la entrada al paso a desnivel, en espera de ser atendidos por funcionarios de los dos niveles de gobierno.
Dijo que están pendientes los pagos de pensiones a adultos mayores y discapacitados, el apoyo a madres solteras, además solicitaron la donación de pipas de agua para colonias donde llevan meses sin el suministro.
El inconforme, dijo que son recursos ya asignados y etiquetados por el Congreso del Estado y siempre se los están jineteando en Sedesol Estatal y Municipal pagando siempre a destiempo.
Otro de los problemas que están enfrentando los grupos vulnerables en este momento, dijo, son las enfermedades, y requieren medicinas, como el caso de una de sus compañeras que requiere de diálisis.
Se retiraron luego de la promesa de que a las 05:00 de la tarde les informarán sobre los pagos de sus apoyos, y les mandarán al menos tres pipas de agua para igual número de colonias.

Gobierno mexicano olvida a las personas con discapacidad

Redacción | Yo También

Martes 13 de abril de 2021

Fotografía de una silla de ruedas de color negro en medio de un pasillo color blanco.
Menos del 10% de las pcd reciben una beca del bienestar, han comprimido los programas de apoyo y reducido el presupuesto a los organismos que deben protegerlos.

En México, las personas con discapacidad han quedado en el olvido por la falta de una política pública integral que les permita conseguir un empleo con un salario digno, asistir a la escuela, realizar algun tipo de deporte, facilitar su movilidad en el país y erradicar la discriminación en su contra.

Lo anterior se desprende del hecho de que menos del 10% de las personas con alguna discapacidad recibieron becas del gobierno mexicano en los últimos dos años, lapso en el que también éste recortó presupuestos a las instituciones que defienden los derechos de esta minoría.

La falta de apoyos, expuesta por el diario El Universal tras consultar a expertos en discapacidad en una nota que puedes leer aquí, contrasta con lo que se habría esperado tras conocerse los resultados del Censo 2020 del Inegi que arrojaron cifras históricas.

Según el ejercicio estadístico, 13 millones 934 mil 448 mexicanos, es decir, el 11.1% de la población, reportaron tener alguna limitación de las que incluyó el cuestionario básico: para caminar, subir o bajar, ver, aún usando lentes; oír, aún usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse o hablar y comunicarse. 

Además, reportó que al menos 6 millones 179 mil 890 personas (4.9% de la población) tiene una discapacidad.

El reporte de El Universal cita que el principal instrumento del gobierno para atender a las pcd forma parte del programa Pensión para el Bienestar, que según el segundo informe de actividades de la secretaría de Bienestar solo se entregó a 850 mil beneficiarios, aun cuando su meta era el millón, y Yo También lo dijo oportunamente

«La discapacidad es un tema que se debería atender transversalmente en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo, accesibilidad, turismo, recreación, deporte y, al haber esta prioridad a la atención individual por medio de becas, se descuida incluir el tema en la agenda nacional para que haya inclusión», opinó Taide Buenfil, exintegrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Ese organismo, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno, en diciembre de 2018, quedó acéfalo, ya que el mandatario no hizo ningún nombramiento para dirigirlo. 

Al paso de los meses, esa omisión se hizo aún más pronunciada y el organismo perdió también su sede y es coordinado desde la subsecretaría de Bienestar a cargo de Ariadna Montiel, pese a que en el papel es el encargado de trazar las políticas para la inclusión en México y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

Redacción (2021). Gobierno mexicano olvida a las personas con discapacidad. Yo También. Recuperado el 13 de abril de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/gobierno-mexicano-olvida-a-las-personas-con-discapacidad/

Amnistía Internacional denuncia al gobierno de la 4T por la estigmatización y fuerza excesiva contra las manifestaciones feministas en 2020 año de la pandemia Covid19

Sara Lovera, SemMéxico

09 de abril de 2021

  • Asegura que se profundizó  la violencia contra las mujeres en México, siguieron las desapariciones, la tortura y la resistencia de despenalizar el aborto
  • Advierte de la militarización y describe violaciones a los derechos humanos por austeridad 

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril 2021.- En México la violación a los derechos humanos no ha cesado; desde Palacio Nacional se estigmatiza a las feministas, se desestima el feminicidio y la violencia dentro de la familia, se ataca  la libertad de expresión y se abusa con uso de fuerza excesiva para parar las protestas de mujeres y ambientalistas, con uso de gases con municiones ; igual continuaron  las detenciones arbitrarias y hechos de tortura sostiene  el informe 2021 de Amnistía Internacional AI.

En dura descripción señala que las mujeres han recibido además robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, uso de gases entre otras violaciones de derechos humanos. Y los recortes presupuestales han significado reducción a programas y políticas a favor de las mujeres. La militarización nacional las pone en peligro, tanto como a la población migrante. Pero también hubo graves hierros en las acciones para atender la pandemia.

El informe afirma, además que la pandemia  COVID-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, profundizadas  en el mundo y en México por la política de austeridad.

En el preámbulo del informe, mundial, Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional señala que se ha  puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19.

El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales que no han sabido responder a  un mundo sumido en el caos.

México

Amnistía Internacional afirma que el gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. En este periodo aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. 

Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.

 Sobre las desapariciones forzadas el presidente Andrés Manuel López Obrador  estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres.

La información oficial señala -2021- que ya son más de  2 millones de casos confirmados de COVID-19. Pero en abril, hace un año  el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. 

Señala Amnistía los efectos nocivos de la disolución de varios fideicomisos públicos, entre ellos los de apoyo a la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y  el cambio climático. .

 El gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, y continúan los homicidios ilegítimos. 

Las desapariciones forzadas, se mantienen y han sido cometidas  por agentes del Estado lo que sigue siendo motivo de preocupación especialmente porque en 2020 hubo  6 mil 957 casos de personas desaparecidas, muchas de mujeres y niñas.

Violencia contra mujeres y niñas 

AI está preocupada porque en 2020 se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados donde esto es más grave son el de México que  registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260 mil 67 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197 mil 693 en todo 2019.

Advierte y describe que después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afro mexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75 por ciento  (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo.

No obstante “el presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios.

 Al terminar el año no había ninguna señal de que las 21 declaraciones de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres AVGM  hubieran reducido la violencia de género.

Respecto de los Derechos Sexuales y Reproductivos, alerta AI el hecho de que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz.  Y en mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado. 

Describe el informe  que continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. La defensa  de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se hizo pública, sobre todo  por el megaproyecto conocido como Tren Maya. Pero el presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser “falsos ambientalistas”. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto, pero nada se hizo.

Preocupa a AI los ataques a la libertad de expresión y de reunión, ya que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año. 

Y también, dice AI las noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, esté involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno,  campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.

Recoge AI una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales, en septiembre, que  acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa. 

Manifestaciones feministas

En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban.

Por ejemplo en agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún. 

Tortura

Mientras continúan la tortura y otros malos mientras un programa para impedir tratos inhumanos o degradantes aún no ha  hecho público, a pesar de que dos policías del Estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014. La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente haba sido acusado de los delitos cometidos contra ella. 

Preocupa que al comenzar el año s agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México y en  marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula. Y en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique. Preocupa a AI la falta de transparencia y las deportaciones.

También señalan varias personas trabajadoras de la salud  que varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.

Amnistía Internacional exige la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara (comunicado de prensa, 7 de junio) 2. Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México (noticia, 28 de agosto) 3. La nueva Guardia Nacional de México está rompiendo su juramento de respetar los derechos humanos (noticia, 8 de noviembre) 4. Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México (AMR 41/5340/2017) 5. Autoridades de Guanajuato deben abstenerse de estigmatizar el derecho a la protesta (comunicado de prensa, 28 de agosto) 6. México: Carta abierta (25 de agosto) 7. México: Acción Urgente: Se niega apoyo por COVID-19 a superviviente de tortura Adrián Vásquez Lagunes (AMR 41/2542/2020) 8. Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril)

El Mundo

AI afirma que nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado. 

Sostiene que la pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos. Y el informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia. 

Y dice al final de la introducción que “Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, dice Agnès Callamard.

 “Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico recuperada de Página 3

Lovera, S. (2021). Amnistía Internacional denuncia al gobierno de la 4T por la estigmatización y fuerza excesiva contra las manifestaciones feministas en 2020 año de la pandemia Covid19. SemMéxico. Recuperado el 09 de abril de 2021, de https://pagina3.mx/2021/04/amnistia-internacional-denuncia-al-gobierno-de-la-4t-por-la-estigmatizacion-y-fuerza-excesiva-contra-las-manifestaciones-feministas-en-2020-ano-de-la-pandemia-covid19/

“Mi ingreso se redujo a cero”

Samantha Anaya | ZonaDocs

Miércoles 17 de marzo de 2021

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se perdieron más de un millón de empleos formales de marzo a mayo de 2020 como una de las consecuencias de la pandemia.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía informal llegó a 25.6 millones hasta junio de 2020, dato que representa el 53% de la población ocupada en junio de 2020.

Mario pertenece al sector de la población que se ha visto afectada por el desempleo, una de las muchas consecuencias que ha traído la crisis sanitaria, por lo que compartió con ZonaDocs algunas de las acciones que ha tenido que tomar para afrontar la crisis económica, y ante el cual el gobierno federal se “ha negado a implementar una política fiscal anticíclica para ayudar a la economía”, señaló el Bank of America.

Por Samantha Anaya/@Sam_An16

De los 12 millones de personas que salieron del sector de la Población Económicamente Activa (PEA) en abril de 2020 (el peor momento de la crisis por la pandemia), hasta enero de 2021 se han reintegrado alrededor de 9.5 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que el pasado diciembre se perdieron casi 278 mil empleos formales.

Según la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, la tasa de desocupación pasó del 4.2 % de mayo al 5.5 % en junio de 2020, un dato mayor en comparación con junio de 2019, cuando la tasa era del 3.6%.

La población subempleada, la cual declaró tener necesidad y disponibilidad para laborar más horas de trabajo que las que su ocupación actual le permite, alcanzó 20.1 % de toda la ocupada, cifra muy superior al 7.6 % de junio de 2019.

En cuanto a la economía informal se llegó a 25.6 millones hasta junio pasadodato que representa el 53% de la población ocupada en junio de 2019.

El Inegi informó que México terminó el año con una tasa de desempleo de 4.4%. En diciembre 2020, 426 mil personas salieron de la PEA, y alrededor de 54.9 millones se quedó sin empleo. 

Mario era vendedor de libros y enciclopedias, las cuales vendía en universidades públicas y privadas en diferentes estados del país como: Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Jalisco y Coahuila. 

Sin embargo, a partir de marzo de 2020, como parte de las acciones para frenar los contagios por COVID-19, las universidades debieron adaptar su plan de estudio a una modalidad virtual, por lo que Mario perdió su principal fuente de ingreso. 

 “Ha sido un giro de 180º. Dejé el trabajo, ya que me dedicaba a la venta de libros a nivel universidad, entonces, al cerrar escuelas, prácticamente, se acabó el mercado, y pues sigue cerrado. Entonces, esto afectó al 100% los ingresos personales y familiares”. 

Mario compartió que, ante esta situación, su ingreso económico se vio reducido “a cero”:

“Tuvimos que reinventarnos, económicamente, para seguir adelante, ante los compromisos adquiridos y los que se venían dando. Se tuvo que buscar la forma de generar nuevamente los recursos para poder salir adelante”.

Por ello, comenzó a realizar diversos trabajos. Uno de ellos fue en el área de la sanitización de diversos lugares como: casas, oficinas y vehículos. 

“Un familiar que es agrónomo, generó un producto (dentro de los fertilizantes) y nos propuso emplearlo, ya que se comenzó a utilizar para sanitizar. Entonces, en mayo de 2020, nos lo envió y, desde entonces, comenzamos a sanitizar oficinas, casas, vehículos. Y, por mi cuenta, estoy embazando este producto en recipientes de un litro, y con eso se ha generado algo de recursos”. 

De igual manera, el resto de su familia ha contribuido de diversas maneras para apoyar a la economía y poder solventar diversos gastos: 

“El resto de la familia, de alguna manera, tiene la creatividad de hacer diseños y dibujos, plasmados como diseños gráficos, también se ha podido generar cierto ingreso. Entonces de esa forma estamos tratando de salir adelante”. 

Para concluir, Mario compartió cuál es su perspectiva sobre la situación que se vive actualmente, en cuanto al ámbito de salud y ambiental, sectores que han sido abandonados por las políticas públicas de la actual administración federal: 

“Por ejemplo, en Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, las personas adultas mayores se están peleando por conseguir una vacuna, y creo que esa situación la vamos a estar viendo cotidianamente en otros lugares. Por otro lado, se han cancelado contratos de empresas que llegaron a México a instalar fotoceldas solares. Esto porque el gobierno federal quiere tener el control para sujetar y someter a la población. Como ciudadano me parece que la reforma energética sí nos va a afectar a nosotros, las y los ciudadanos”. 

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Si quieres leer el resto de perfiles de este proyecto visita: 

https://www.zonadocs.mx/2021/03/13/resiliencia-covid-19-como-hemos-vivido-la-pandemia/

“El presente artículo es propiedad de ZonaDocs“.

Anaya, S. (2021). “Mi ingreso se redujo a cero”. ZonaDocs. Recuperado el 19 de marzo de 2021 de: https://www.zonadocs.mx/2021/03/17/mi-ingreso-se-redujo-a-cero/

Las redacciones de los medios no toman en cuenta la discapacidad

Fotografía de Sara Luterman en un parque.

Redacción | Yo También.

Martes 23 de febrero de 2021

Una periodista en EEUU pone el acento en la falta de diversidad que se vive al interior de los medios, donde no se refleja al 20% de la población.

“Soy una de las pocas periodistas abiertamente con discapacidad que existen y trabajan”, expresa Sara Luterman en un análisis que comparte en la prestigiada publicación de la Fundación Nieman, que puedes leer aquí en su versión original.

En la actualidad, dice, es imposible saber cuántos periodistas con discapacidad laboran en los medios de Estados Unidos, ya que los más visibles han estado confinados durante la pandemia. Pero también porque no han estado incluidos ni incluidas en los informes de diversidad que han publicado las empresas de medios en los últimos años.

Y esto es un contrasentido. Luterman recuerda que según la Oficina del Censo, una quinta parte de la población de Estados Unidos está conformada por personas con discapacidad, sin embargo, esa proporción no se refleja en los medios.

¿Por qué ocupamos tan poco espacio, tanto en las redacciones como en las páginas de los principales medios?, pregunta Luterman.

Una primera respuesta es que la mayoría de las personas sin discapacidad no tienen noción de lo que ésta significa y, asegura, quienes conocen de equidad e inclusión generalmente olvidan a las personas con discapacidad; tienen presentes a otros colectivos, pero no a la minoría más grande en el mundo.

“La discapacidad, en la mente de muchas personas, es algo malo que le sucede a una persona. Pero para muchas personas con discapacidad, es nuestra identidad. Tiene un valor neutral. No hay nada de malo en nosotros”, subraya Luterman. “En cambio, la discapacidad es una parte inextricable de quiénes somos y cómo experimentamos el mundo. Pertenecemos a una comunidad, y nuestra comunidad es tan vibrante y desordenada como cualquier otra comunidad marginada”.

Además, dice, en la industria faltan modelos a seguir, especialmente en puestos de responsabilidad. El periodista con discapacidad más famoso es probablemente Serge F. Kovaleski, de quien el presidente Donald Trump se burló en la campaña electoral. Sin embargo, cuando alguien lo invoca, solo recuerdan su condición de discapacidad, pero no su nombre y, menos, lo que ha escrito.

En la falta de periodistas con discapacidad también influye el problema de la infraestructura: no hay canales formales de talento para estudiantes de periodismo con discapacidad. No hay becas, ni recursos y mucho menos hay una asociación establecida.

Pero hay barreras más grandes y sistémicas. Luterman recuerda que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar pobreza que la población en general. Así, es menos probable que hayan asistido a instituciones de élite o a cualquier universidad. Tienen una tasa de desempleo más alta.

Sin embargo, nada de esto significa que las y los periodistas con discapacidad sean menos talentosos, inteligentes o hábiles que cualquier otra persona. Solo es un reflejo de las barreras que existen en la sociedad. Al igual que una persona en silla de ruedas no puede utilizar la mayor parte del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, porque muchas de las estaciones solo tienen escaleras, así ocurre también en el periodismo donde -en un sentido metafórico- también hay demasiadas escaleras.

Lo lamentable, considera Luterman, es que la ausencia de periodistas con discapacidad en las salas de redacción conduce a una cobertura de menor calidad sobre la discapacidad en su conjunto.

Hay más historias sobre discapacidad que se pasan por alto porque los periodistas sin discapacidad no se dan cuenta de lo que están viendo. No están familiarizados con la cultura y no conocen nuestro liderazgo o nuestras instituciones, y eso es algo que debería generar una reacción para cambiar lo que ocurre.

“El presente artículo es propiedad de Yo También.”

Redacción (2021). Las redacciones de los medios no toman en cuenta la discapacidad. Yo También. Recuperado el 24 de febrero de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/las-redacciones-de-los-medios-no-toman-en-cuenta-la-discapacidad/

“Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen”, protestan padres en Palacio Nacional

Redacción |Desinformémonos.

Martes 16 de febrero de 2021

Fotos: Jorge González

Ciudad de México | Desinformémonos. Familiares de niños con cáncer se concentraron frente a las puertas de Palacio Nacional para exigir medicamentos e insumos para los tratamientos y quimioterapias, pues llevan más de 839 días en desabasto, aseguraron.

“Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen. Hoy el gobierno federal nos quiere borrar del mapa a como dé lugar, es evidente su actitud”, dijo el vocero de los familiares de los menores, Israel Rivas.

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, los familiares montaron un moño amarillo en la puerta central del recinto para recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador la fecha que “pasó desapercibida”.

Rivas denunció la falta de voluntad política del gobierno federal para atender el problema de salud. “Desafortunadamente nuestros hijos no votan, y como todo en este país gira en torno a la política electoral, si nuestros niños votaran les aseguro que estuvieran las cajas de quimioterapia afuera de los hospitales”, agregó.

El grupo de padres entregó sus demandas a Atención Ciudadana de Presidencia de la República, sin embargo, aseguró que al presidente “no le importan los niños con cáncer, son una molestia para ellos”.

Con información de El Universal

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos.”

Redacción (2021). “Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen”, protestan padres en Palacio Nacional. Desinformémonos. Recuperado el 17 de febrero de 2021 de: https://desinformemonos.org/para-el-gobierno-federal-los-ninos-con-cancer-no-existen-protestan-padres-en-palacio-nacional/

Dona Airbnb recursos para alojamiento temporal de víctimas de violencia y sus hijas e hijos

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias.

Martes 9 de febrero de 2021

CIMACFoto: Samantha Bushman

Ciudad de México.-  Ante la saturación de refugios para mujeres y sus familias, la plataforma de viajes Airbnb donó 52 mil 500 dólares a la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de la Ciudad de México para que ésta pueda brindar alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con un comunicado oficial que emitió Semujeres este 8 de febrero, la dependencia y la empresa Airbnb hicieron una alianza que consiste en la donación de 52 mil 500 dólares (1 millón 55 mil 215.88 pesos mexicanos) para brindar protección en un espacio seguro y gratuito a mujeres que requieran salir de sus domicilios para iniciar el proceso que les permita superar la circunstancia de violencia en que se encuentran. 

Comunicación social de Semujeres explicó a Cimacnoticias que las mujeres víctimas no se quedarán en los alojamientos que exhibe Airbnb, sino que a través de esta donación la empresa absorberá el costo para que las mujeres accedan a otros espacios que cuenten con las características de seguridad que se requiere. 

La Semujeres aseguró que, bajo los protocolos en la materia, gestionará el proceso de reserva para las víctimas, la protección de datos e información y también definirá el espacio que más se adapte a las necesidades de las usuarias. De igual forma, cubrirá los costos del alojamiento temporal con los recursos de la donación aportada por Airbnb.

Actualmente, Semujeres cuenta con un refugio y una casa de emergencia para la atención de mujeres víctimas de violencia y sus familias, además también trabaja coordinadamente con otros refugios que provee la sociedad civil y que funcionan con subsidio federal.  

No obstante, de acuerdo con los datos más recientes proporcionados por la Red Nacional de Refugios – con 75 espacios para las víctimas-, la Ciudad de México es la entidad en la que más aumentó la demanda de atenciones durante 2020, el año que inició la pandemia por COVID-19. 

De acuerdo con Semujeres, esta iniciativa será la primera en implementarse en América Latina por parte de la plataforma y surge como una necesidad de sumar esfuerzos para garantizar a las mujeres -y sus hijas e hijos- una vida libre de violencia.

En el caso de los refugios de la sociedad civil, la RNR informó que durante 2020 se buscó hacer alianza con servicios de transporte privado como UBER y sitios de taxi, así como con hoteles particulares y otras empresas, como Avon, para cubrir la demanda de rescates (que creció 300 por ciento con respecto a 2019), de refugio y de geles antibacteriales para la bioseguridad.

Para la presentación de la alianza con Arbnb, la secretaria de las Mujeres en la CDMX, Ingrid Gómez, señaló que “la coordinación y la suma de esfuerzos entre el sector público y el privado para erradicar la violencia contra las mujeres es fundamental. Este proyecto nos ayudará a que muchas mujeres, al estar alejadas de las personas agresoras, continúen los procesos para fortalecer su autonomía y salir de los círculos de la violencia”.

Por su parte, la Directora de Comunicación de Airbnb para Latinoamérica, Stephanie Ruiz, dijo que a través de esta donación, Airbnb busca atender una potencial saturación de los refugios con los que cuenta la Secretaría en la capital del país para salvaguardar la integridad de mujeres víctimas de violencia doméstica, pero también permite que las mujeres -junto con sus hijas e hijos- puedan estar en un espacio cálido y libre de cualquier tipo de violencia, al tiempo que contribuye a su recuperación física, emocional y social, para que así puedan dar el siguiente paso en sus vidas.

La Directora de Public and Policy para Latam de Airbnb, Flavia Matos, detalló que “esta alianza con Airbnb permite ampliar y reforzar la oferta de servicios esenciales de atención y protección a las mujeres en situación de violencia que existen en la Ciudad de México, además de que la participación de la iniciativa privada en el reto que tenemos como sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres es fundamental”.

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias.”

Soto Espinosa, A. (2021). Dona Airbnb recursos para alojamiento temporal de víctimas de violencia y sus hijas e hijos. CIMAC Noticias. Recuperado el 10 de febrero de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/02/09/dona-airbnb-recursos-para-alojamiento-temporal-de-victimas-de-violencia-y-sus-hijas-e-hijos

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CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato

Desde hace más de medio año no hay titular en la Comisión y quien estaba de encargado renunció al arranque de año. Hay víctimas que, aún cuando ya ganaron amparos siguen sin ser indemnizadas.

Arturo Angel (@arturoangel20), Animal Político

09 de febrero de 2021

Foto ilustrativa Cuartoscuro

La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), que desde hace un año enfrentaba problemas serios de operación, organización y falta de presupuesto, ha llegado a un punto crítico: su labor fundamental, los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, se desplomaron más de 80 por ciento en 2020.

Datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia revelan que mientras en 2019 se entregaron más de 440 millones de pesos a 715 víctimas por conceptos de reparación y compensación, para 2020 dicha cifra se desplomó a menos de 75 millones de pesos para 213 victimas. 

Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial y que, hasta ahora, no está claro cómo será sustituido. La Comisión, con el presupuesto de su propia operación, ha tenido que asumir el pago de algunos apoyos emergentes como viáticos.

La situación afecta a los propios funcionarios de la CEAV. Trabajadores contratados vía outsourcing en la institución laboran sin que sus contratos que terminaron el 31 de diciembre hayan sido renovados. Aunque no se le ha dejado de pagar señalan que viven en la incertidumbre de perder su trabajo en cualquier momento.

Y no hay quien responda en el puesto más alto de la institución. Desde mediados de 2020 la comisionada titular de la CEAV, Mara Gómez, renunció al cargo tras haber denunciado falta de apoyos a la comisión, y a más de seis meses de distancia no se ha nombrado una nueva comisionada. El funcionario que fue designado como encargado, también renunció a principios de año.

“No sabemos qué ocurre, no nos dicen casi nada. Ni siquiera está claro quien dirige la institución porque nuestras jefas directas tampoco saben. Seguimos laborando, pero hay mucha incertidumbre, hace mucho que tampoco se dan capacitaciones. Y eso está ocurriendo en todas las áreas”, dijo una psicóloga que colabora en la comisión, y cuya identidad no se revela por temor a alguna represalia.

La falta de una comisionada ha dejado aún más en la indefensión a las víctimas que desde hace meses – y en algunos casos años – han esperado sus compensaciones de reparación integral del daño. Algunas recurrieron y ganaron amparos promovidos en contra de la excomisionada Gómez para que ya se liberaran los pagos, pero con su salida de la institución el proceso no se ha consumado.

“Aquí no solo es un tema de recursos sino de falta de voluntad. Porque el FAARI aun existió durante buena parte del año pasado y sí había recursos, que si bien no eran los suficientes por lo menos había y aún con ello los pagos tampoco fluían. No emiten las resoluciones y no hay reparaciones” dijo Reyna Velasco, asesora legal de varios casos de víctimas ante CEAV.

El pasado viernes por la mañana, Animal Político solicitó a la CEAV un posicionamiento en torno al descenso en el pago de las indemnizaciones y el hecho de que haya colaboradores suyos sin contrato, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

El desfonde en apoyos

Para apoyar a las personas que padecieron una violación grave a sus derechos humanos o que fueron victimas de un delito, la CEAV entrega una compensación económica como parte del proceso integral de reparación del daño. Se trata de un pago definitivo que se concede a las víctimas previa resolución de un comité que analiza y pondera las circunstancias de cada hecho.

En el caso específico de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, los datos oficiales obtenidos en respuesta a la solicitud de transparencia folio 0063300035020 arrojan que, en 2020, la CEAV entregó apoyos por 48.6 millones de pesos a 156 victimas directas e indirectas. Esto representa una caída de más del 81 por ciento respecto a 2019, donde las indemnizaciones de este tipo alcanzaron los 259 millones de pesos para 427 víctimas.

Lo mismo ocurre en los subsidios a víctimas de un delito. La comisión reportó la entrega de solo 26.3 millones de pesos a 57 víctimas, muy por debajo de los 181.5 millones de pesos que se pagaron en 2019 a 288 víctimas. Equivale a una caída del 85 por ciento.

Dicho de otra forma: de cada 10 pesos que en 2019 autorizó la CEAV como reparaciones del daño, en 2020 ya solo se entregaron 2 pesos.

En el caso de las compensaciones por violaciones a derechos humanos, el desplome es aún más significativo si se toma en cuenta que desde el arranque del actual sexenio comenzaron a descender. En comparación con 2018, en 2019 se entregaron casi 92 millones de pesos menos.

Lo anterior significa que entre 2018 y 2020, los pagos por compensaciones por violaciones a derechos humanos han descendido casi 88 por ciento.

El único rubro que no ha registrado descensos es el de los pagos de ayuda inmediata, que son apoyos mensuales para cubrir gastos de traslados, servicios médicos, tratamientos psicológicos, cambios de domicilio, etc., y otras necesidades urgentes de las víctimas. Se trata de un recurso provisional que se entrega a las personas mientras se define y se les paga la compensación final por reparación del daño.

Los datos proporcionados por CEAV muestran que en 2020 se entregaron 522.2 millones de pesos a 6 mil 38 victimas, cifra ligeramente superior a los 521.6 millones de pesos repartidos a 5 mil 426 victimas en 2019. Aunque ya repartido, el promedio de apoyo por victima bajó de los 96 a los 86 mil pesos.

El dinero para todos estos apoyos provenía por ley del FAARI, un fondo de apoyo a victimas que la ley contemplaba para los subsidios, el cual era independiente del presupuesto corriente de CEAV. Sin embargo, en octubre de 2020 el Congreso aprobó la propuesta presidencial de desaparecer este y otros fideicomisos. Eso significó, en consecuencia, la desaparición del propio fondo.

El pasado 15 de enero la CEAV emitió un comunicado en el que aseguró que los pagos de ayuda inmediata como viáticos y traslados no se suspenderían pese a la desaparición del FAAARI, ya que los mismos serían cubiertos con el presupuesto asignado a la institución. No obstante, reconoció que aún no estaban listas las reglas de operación para el resto de los apoyos.

“Ante las dudas sobre la operación de la CEAV, informamos que actualmente la Comisión Ejecutiva y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboran en conjunto las nuevas reglas de operación para el uso y dispersión de esos recursos. Una vez que se cuente con los nuevos lineamientos, se harán de conocimiento”, indicó la comisión.

¿Por qué han caído los apoyos?

Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV, advirtió que detrás de la drástica reducción de las indemnizaciones podría haber varias explicaciones. Por un lado, menciona que los apoyos trabajan en función de las solicitudes que presentan las víctimas, por lo que un descenso de estas podría justificar en algún grado la caída.

Sin embargo, Rodríguez subrayó que desde la puesta en marcha de la CEAV las víctimas han enfrentado múltiples dificultades burocráticas para acceder de forma ágil y rápida a los recursos del ya desaparecido FAARI. Estas dificultades se han ido agravando conforme las demandas de las víctimas han crecido y el sistema no es capaz de solventarlas.

“Una de las fallas del FAARI era el entramado administrativo que tenía y donde las víctimas llegaban a tardar meses e incluso años para acceder a los recursos. Hay que garantizar que los lineamientos que se dice ahora que se están preparando sean expeditos y pro-persona para que los recursos fluyan y sean acordes” dijo en entrevista con este medio.

Hay casos que prueban que este problema ocurre y con frecuencia. Por ejemplo, en octubre de 2019 una jueza federal decidió amparar a los padres de una menor fallecida en el incendio de la Guardería ABC, que reclamaban a la CEAV una indemnización acorde al daño que padecieron. La jueza le ordenó a la comisión establecer una reparación justa y proceder con el pago.

Pero a más de dos años de distancia dicha reparación no ha llegado. En febrero de 2020 el juzgado multó a la comisionada por no agilizar el trámite y en marzo se inició un procedimiento por la inejecución del amparo. Pero ni con eso ha llegado el apoyo. La renuncia de Gómez y la falta de un nuevo titular dejó el caso en el limbo.

La abogada Reyna Velasco, experta en la representación legal de víctimas, advirtió que el caso de la familia de la Guardería ABC es uno de varios donde las personas son revictimizadas por la propia CEAV debido a la lentitud y a la burocracia que impera en la entra de los apoyos. Incluso, la comisión ha llegado a litigar en contra de las propias víctimas.

“La reparación del daño de una víctima es una de las labores fundamentales de la CEAV. Para eso se creó esta comisión y es algo que desde hace tiempo no hace. Lo que ha habido es un empeoramiento progresivo de esta comisión y si bien es cierto que ahora falta dinero, ha faltado mucha más voluntad”, dijo la experta.

Un reflejo del nivel al que ha llegado la crisis, señala la abogada, es el plantón que desde hace varios días instalaron decenas de víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación, reclamando que la falta en entrega de apoyos por parte de la CEAV. “Simplemente las víctimas ya no tienen a quien acudir, la Comisión no opera”, dijo la experta.

Sobre dicho plantón, la Comisión emitió un segundo comunicado el pasado viernes en el que reiteró que ha escuchado a los manifestantes y se han atendido en lo posible sus peticiones, e insistió que los apoyos inmediatos serán cubiertos con su presupuesto operativo luego de la desaparición del FAARI. Esto mientras se definen nuevos lineamientos.

Renuncias e incertidumbre

El año pasado la CEAV emitió un informe en el que reconoció que, debido a un mal diseño institucional de origen, más del 60 por ciento de sus especialistas y colaboradores son trabajadores eventuales o contratados vía outsourcing. Para corregir ello y crear las plazas que se requieren se necesita un incremento presupuestal que no ha llegado.

Al concluir 2020 el convenio laboral de los empleados subcontratados en CEAV terminó y, según lo revelado por varios de ellos bajo condición de anonimato, hasta ahora han continuado trabajando sin que se les haya renovado.

“Parece que no saben muy bien que hacer con nosotros. En algún momento nos dijeron que podrían darnos plazas por la política del presidente de que no haya outsourcing pero no pasó nada. Luego nos iban a pedir papeles, pero tampoco pasó nada. No hemos firmado ningún contrato y desde diciembre se acabó” dijo una de las funcionarias.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por la propia CEAV el año pasado, aproximadamente 230 de sus trabajadores y colaboradores de sus áreas centrales no tienen plaza de estructura y están subcontratados.

La necesidad de hacer una reestructuración a fondo en la comisión y dotarlas de mayores recursos fue expuesta en mayo del año pasado por la entonces titular de la CEAV Mara Gómez Pérez, en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno que, según la funcionaria, ponían en peligro la operación de dicha institución. 

Unas semanas después de esos señalamientos, la titular de la CEAV presentó su renuncia en una carta en la que acusó que “no se puede transformar una institución sin apoyo”. Desde esa fecha la titularidad de la comisión ha permanecido acéfala, debido a que el Congreso no ha logrado finiquitar el proceso para designar a una nueva titular.

Tras la salida de Mara Gómez fue designado como encargado del despacho de la Comisión Andrés Vázquez, quien originalmente ocupaba la Dirección General de Asesoría y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, dicho funcionario también renunció al cargo en la primera semana del año.

Desde su creación la CEAV ha sufrido de múltiples movimientos en su dirección. Originalmente contaba con un pleno de siete comisionados, sin embargo, debido a distintas diferencias e incluso señalamientos de posible corrupción varios de ellos fueron renunciando. Finalmente, dicho pleno fue eliminado.

Animal Político publicó en enero del año pasado que la comisión ya operaba al borde del colapso, debido a la carga de trabajo y personal insuficiente, a lo que se sumaban denuncias negligencias, maltratos y hasta posibles abusos.

“Deberían existir condiciones laborales muy claras, pero esta práctica de la subcontraración vía outsourcing se volvió un patrón común en muchas dependencias y la CEAV no fue la excepción. No se respetan los derechos laborales de las personas. Y cada año es lo mismo, no se puede recontratar y tiene que haber ampliaciones.  El problema es que, si se decide no recontratar en la CEAV al personal de outsourcing, es muy complicado e irreal que siga operando”, dijo Rodríguez Estrada.

Renovación o extinción

La abogada Reyna Velasco consideró que, actualmente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en una condición de “abandono institucional” que pone en serio riesgo su existencia. Sus fallas y mal diseño de origen (poniéndola como órgano único de atender a las víctimas de muchos otros) sumado a su presupuesto cada vez más reducido y la eliminación del FAARI, han complicado aún más el panorama.

“Y parece que ni urge o si no cómo se explica que pasan los meses y ni siquiera el nombramiento de una nueva o nuevo titular parece ser una prioridad”, dijo la abogada.

Para Rodríguez Estrada, quien tuvo los mejores puntajes de la terna final para elegir a una nueva comisionada, lo que la Comisión requiere no son promesas de cambio de la noche a la mañana, sino una reestructuración de fondo que de la vuelta a una forma de operar que, en los hechos, no ha cumplido con las expectativas de procurar a las víctimas y reparar el daño que sufrieron.

“Yo creo que más allá de fortalecer a la comisión tenemos que hablar de un proceso que nos ayude a reestructurar una comisión que no se ha podido consolidar desde el inicio. Muchas veces ha atendido más a intereses políticos que a una operación y acompañamiento real de las víctimas que es lo que se requiere. Requerimos una institución humanista que acompañe a las víctimas desde una visión integral y social, y que sea humana y cálida” concluyó Rodríguez.

La elección de una nueva comisionada o comisionado de CEAV está actualmente en las manos del Senado de la República quien deberá convocar primero, a los tres finalistas para que comparezcan en comisiones. Se prevé que esto ocurra en el actual periodo de sesiones.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Angel, A. (2021). CEAV se desploma: caen más de 80% las reparaciones a víctimas; funcionarios laboran sin contrato. Animal Político. Recuperado el 10 de febrero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/02/ceav-caen-reparaciones-victimas-funcionarios-contrato/

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Estrategias sin recursos para atender a víctimas de violencia

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC noticias

Miércoles 27 de enero de 2021

Ciudad de México. El gobierno de México presentó oficialmente otra estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres llamada la Red Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales, pero aún no tiene presupuesto ni guía de implementación. 

Tras informar que 2020 concluyó con un total de 940 casos de feminicidio, la coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV), Alicia Leal, presentó este 27 de enero durante la conferencia matutina, una nueva estrategia de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Se trata de una red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, y tiene como objetivo aumentar el número de mujeres que buscan ayuda de resguardo, atención psicosocial, jurídica, entre otros servicios. Al anunciar esta red, Leal señaló que “próximamente” presentarán una guía de implementación para los municipios, a fin de homologar el modelo en todo el país. 

“Queremos que tengamos un símbolo, una frase, como la Cruz Roja. Queremos que las mujeres identifiquen Siempre Vivas”, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien presentó por primera vez esta red a las otras secretarías involucradas el pasado 19 de enero, durante la primera sesión del 2021 del GIEV. 

En esa reunión del 19 de enero, la secretaria de Gobernación evidenció que esta propuesta aún no tiene recursos para operar y que no nació del trabajo del Grupo interinstitucional, sino que fue conversada un día antes con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanis. 

“Quiero hacer énfasis que la prevención es fundamental, vamos a prevenir creando una ruta segura de servicios esenciales –como lo platicaba ayer con Fabiola– para las mujeres que buscan ayuda. Vamos a hacer una revisión de fondo de los recursos institucionales disponibles para lograrlo”, dijo Sánchez Cordero al dar a conocer la red que ya presentó a nivel nacional este 27 de enero.

Muchas estrategias, ninguna política formal 

Esta estrategia para atender la violencia contra las mujeres se suma a muchas otras que ha presentado el gobierno federal en las conferencias matutinas pero las cuales no están explicadas ni desarrolladas programáticamente en ningún documento oficial o público. 

Por ejemplo, el pasado 20 de julio de 2020, la Segob, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF). 

No obstante, al solicitar días después el documento en el que se explique este Protocolo, el Inmujeres y el DIF informaron a Cimacnoticias que sólo había un diagnóstico base y que no estaba concluido. También se solicitó desde el pasado 17 de agosto una entrevista con la persona responsable del Protocolo para entender su funcionamiento pero ésta no se ha concedido. 

Aún sin documento que sustente su existencia, el gobierno federal habló de esta estrategia como una acción cumplida en su informe de término medio que entregó en septiembre a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El 26 de mayo del 2020, el vocero de la Oficina de Presidencia, Jesús Ramírez Cuévas, presentó en una conferencia de prensa del GIEV, coordinado por Segob, una campaña que se identificó en medios de comunicación y boletines oficiales como “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. La campaña fue criticada porque reproducía estereotipos de sexo y dejó de difundirse. 

Cimacnoticias solicitó, vía transparencia, información a diversas áreas competentes de la Oficina de Presidencia y de la Segob para conocer el monto asignado a esta campaña que inicialmente fue difundida en medios digitales, radiofónicos e impresos, así como quiénes participaron en su elaboración. No obstante, en agosto ambas dependencias respondieron que no existe documento físico o digital en el que obre el nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de esta campaña; que el Presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención algún asunto relacionado; ni se han celebrado instrumentos jurídicos para la campaña. También dijeron desconocer el recurso efectuado para su difusión.

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En la misma situación está el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres, que se presentó en la conferencia matutina del 6 de marzo de 2019 que si bien existe en un documento ilustrado nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación y aún se desconoce sus resultados o impacto.

Otra acción fue el Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de noviembre de 2019. Este acuerdo consta de seis compromisos desarrollados en una hoja membretada, sin líneas de acción, estrategias, dependencias responsables ni presupuesto.

Tres días después, López Obrador dijo que firmaría un Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres e impulsó a otras gobernadoras y gobernadores firmar este acuerdo. Esta estrategia, de acuerdo con la propuesta que desarrolló Conavim desde abril de 2019, tenía entre sus objetivos reformar las Alertas de Violencia de Género, el tipo penal de feminicidio, y otras acciones que no se han llevado a cabo. El anuncio de la posible firma fue la última noticia que se tuvo de este acuerdo.

El 14 de febrero de 2020, con las protestas feministas en aumento y a pregunta expresa durante la conferencia matutina sobre una estrategia nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, López Obrador improvisó un decálogo con oraciones como “se tiene que respetar a las mujeres”, “el machismo es un anacronismo”, “no a las agresiones contra las mujeres”. Más tarde, Presidencia y Segob difundieron oficialmente este decálogo. 

El único programa dirigido a las mujeres que sí tiene presupuesto y una estructura programática es el Proigualdad 2020-204, el cual debía presentarse al inicio del sexenio pero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de diciembre de 2020. 

21/AJSE/LGL

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Soto Espinosa, A. J. (2021). Estrategias sin recursos para atender a víctimas de violencia. CIMAC Noticias.