Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio

Erika Lozano | Desinformémonos

Ciudad de México | Lunes 21 de Junio del 2021 | — : —

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, entregó un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes, para solicitar que el máximo tribunal atraiga el juicio agrario que sostiene desde hace 17 años, cuando pequeños propietarios reclamaron sus tierras, explicaron autoridades comunales de Ostula en conferencia de prensa.

Este juicio agrario comenzó en el 2004, cuando pequeños propietarios demandaron a la comunidad en el Tribunal Unitario Agrario no. 38.

“Sorprende cómo el Estado mexicano, siendo independiente de España, no reconoció y no respetó los documentos históricos que obran en nuestra comunidad, ¿cómo es que los conquistadores sí lo reconocieron?”, se preguntó Evaristo Domínguez, comunero, y explicó que la comunidad tiene títulos virreinales que reconocen la propiedad de sus tierras. “La lucha por nuestros bienes comunales no ha sido sencilla, pero nosotros hemos estado aquí desde tiempos inmemorables”, señaló.

Domínguez recuerda que, en asamblea, los comuneros decidieron el 8 de abril del 2008, trasladarse a Xayacalan y tomar posesión de esos lugares invadidos desde la década de los 60. Fue el 29 de junio de 2009, que Santa María Ostula recuperó las tierras en disputa. “Fue duro, ya que muchos compañeros fueron asesinados y otros desaparecidos, es difícil recordar todo esto, para la comunidad es un golpe fuerte”, dijo Domínguez.

La comunidad tomó la decisión de reclamar sus tierras, señalaron los comuneros, y exigieron al Estado Mexicano que respete y reconozca su territorio, “que desde tiempos inmemorables está en su posesión”.

Por su parte, el abogado Raymundo Ortiz, aseguró que esta petición a la SCJN es por la defensa de la autonomía de la comunidad, y añadió que el proceso del juicio ha estado plagado de irregularidades, lo que ha afectado a miles de comuneros y a quienes viven en la zona en conflicto. Ortiz consideró que detrás de esta disputa territorial existen grandes intereses externos, por la posibilidad de realizar desarrollos turísticos y otras actividades de explotación de los recursos en la comunidad.

Adriana Hernández, abogada, aseguró que este conflicto derivó a causa de las omisiones del Estado, por la demarcación y protección efectiva de la tierra de Santa María Ostula, y consideró que de atraer el caso, la SCJN sentaría un precedente para otras comunidades, pues podría indicar los pasos a seguir cuando hay errores por parte del Estado en documentos emitidos a pueblos indígenas.

Santa María Ostula fue fundada en 1531, recordó Carmen Ventura, doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, y señaló que existen investigaciones arqueológicas que dan cuenta de los asentamientos prehispánicos de la comunidad nahua. Agregó que, como comunidad, están apelando a que se reconozca esta posesión ancestral del territorio y que el Estado tiene la obligación de cumplir.

María de Jesús Patricio, Marichuy, integrante del Congreso Nacional Indígena y vocera del Consejo Indígena de Gobierno, advirtió que el despojo que ha sufrido Ostula es una muestra de lo que viven otras comunidades indígenas de México: “desprecio, abandono y saqueo a través de los años”. Consideró que hay intereses capitalistas que quieren esas tierras, pero la comunidad le da un valor a cuidar la tierra y a su organización.

“Estamos en un punto crucial en términos jurídicos, ya que de perder el juicio, en realidad lo peor estaría por venir: la destrucción del lugar en donde viven cientos de familias, el desconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas nahuas que habitan en Ostula”, señaló la comunidad.

EL presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Erika Lozano (2021) Ostula lleva a la SCJN juicio en defensa de su territorio. El presente articulo fue recuperado en desinformémonos en: https://desinformemonos.org/ostula-lleva-a-la-scjn-juicio-en-defensa-de-su-territorio/

Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas

Fotos: Camila Pizaña

Erika Lozano Y Fernanda Peralta | Desinformémonos

Ciudad de México | Miércoles 9 de Junio del 2021 | — : —

“Este gobierno siempre ha sido una farsa, pues ha engañado a los pueblos y desgraciadamente a veces no abrimos los ojos”, lamentó Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, durante el Encuentro de Resistencias y Rebeldías realizado en la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) este miércoles. Castellanos recordó que la comunidad ha resistido por más de nueve años contra la instalación de la termoeléctrica de Huexca.

Con el actual gobierno, continúa el despojo y el desprecio hacia las comunidades indígenas, advirtió María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y denunció que la estrategia de militarización sirve para imponer megaproyectos. Aseguró que los pueblos tienen el deber de cuidar y proteger la vida para las futuras generaciones.

Con tambores y consignas, mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la comunidad otomí, así como personas defensoras asistentes, dieron la bienvenida al Encuentro de Resistencias y Rebeldías, y compartieron sus experiencias.

Hace menos de un mes, fueron encarcelados dos pobladores de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, comunidad que actualmente mantiene un plantón para exigir respeto a su pozo de agua, narró Sara Hernández, y dijo que gracias a la presión social, los defensores del agua hoy están libres. También denunció que la comunidad ha sufrido amenazas e intimidaciones por parte de grupos políticos y “caciques”.

Adrián Hernández, quien forma parte del plantón de pueblos de la región nahua frente a la empresa Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla, señaló que no han sido tomados en cuenta por los gobiernos, pues no han querido dialogar con los pueblos. Y agregó que les “preocupa el futuro de la niñez en las comunidades, pues hay mucha escasez de agua en la región”.

“Ha habido una especie de contrainsurgencia por parte de este gobierno que día a día intenta entrar en la vida de las comunidades y desarticular la organización que queda”, denunció Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y señaló que como pueblos mayas de Yucatán, se enfrentan a la destrucción de las selvas y los bosques, así como de su patrimonio, para la imposición del proyecto “Tran Maya”. Además, ejidatarios de Campeche y Yucatán han sido despojados de sus territorios con manipulación, dijo.

Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que el gobierno anterior simuló una investigación e intentó ocultar información. Además, Ortega aseguró que las autoridades buscaron dividir a las familias, pero ellas no se rindieron. En cuanto al actual gobierno, dijo, su deseo de encontrar a los 43 se queda en palabras, porque su investigación no ha proporcionado información. “Hay un elefante blanco que no quiere caminar», consideró, y dijo que los padres y madres seguirán con las búsquedas hasta que se esclarezca el paradero de sus hijos.

“Es lamentable tener un gobierno que sólo engaña al pueblo”, señaló Rafael Figueroa, estudiante de Ayotzinapa, y recordó la represión cometida por autoridades contra estudiantes de Mactumactzá, Chiapas, y Teteles, Puebla, en las últimas semanas. Los ataques, narró, comenzaron cuando el 18 de mayo los estudiantes exigían que el examen de ingreso a la normal se realizara de manera presencial, cuando fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente 94 estudiantes fueron detenidos. Aunque hoy llevan su proceso en libertad, siguen acusados de distintos delitos y están siendo juzgados fuera de la cárcel.

A casi 28 meses del asesinato de Samir Flores, su crimen sigue impune, recordó su compañera, Liliana Velázquez, y señaló que, “aún no tenemos respuestas, no tenemos culpables, pero sabemos que a Samir lo mataron por defender la tierra y el agua”, dijo.

Bettina Cruz, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que durante el actual gobierno se reactivó el megaproyecto del Corredor transístmico, lo que, dijo, ha generado violencia en distintos territorios de la región, y también ha provocado que las comunidades se organicen para resistir al despojo.

Yasmín Carrillo, de los Valles Centrales de Oaxaca, narró que distintas comunidades del estado se organizaron contra un proyecto minero. Por su parte, Beatriz Rivero, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, señaló la urgencia de reconocer la historia colectiva de la cuenca de México. “La cuenca no aguanta ningún megaproyecto más, por eso decimos no al aeropuerto de Texcoco y al de Santa Lucía”, advirtió. 

“Donde sólo había mentiras y engaños, hoy aquí florece la conciencia por el derecho a a la vivienda, a la educación, a la salud”, dijo Doña Fili, parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y reflexionó sobre la importancia de la toma de espacios como el INPI, “ante el despojo de los gobiernos, sólo esto nos queda”, señaló. La activista exigió la libertad incondicional para los normalistas de Mactumactzá, así como de los presos mazahuas de Oaxaca. “Como humanidad debemos levantar nuestra voz, esa voz que nos hará libres”, finalizó.

Ana Karen Martínez, de voluntarios por la defensa del agua en Milpa Alta, denunció que a mediados de marzo del año pasado, las autoridades quisieron aprobar un proyecto para la instalación de un pozo, a lo que se opusieron y como comunidad exigieron información, pero las autoridades no hicieron caso. Actualmente, dijo, tienen amparos de suspensión para el proyecto.

Desde hace dos semanas, un grupo de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sostienen un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, y exigen libertad inmediata para los siete presos de la comunidad, encarcelados desde el 2014. “A pesar de haber demostrado la víctima de nuestros compañeros, no nos han querido resolver, hace siete años fuimos víctimas de una fabricación de delito”, denunció Alfredo Bolaño, miembro de la comunidad mazateca. 

“Nos ofrecen empleos, pero nosotros no vamos a cambiar algo tan importante como es el agua”, dijo Bonifacia Hernández Flores, parte de Mexicali Resiste, quien habló de la lucha que emprendieron contra la cervecera Constellation Brands, desde hace varios años. Denunció que las autoridades intimidaron con órdenes de aprehensión a quienes se organizaron para defender el agua.

Claudia Centeno, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció al actual gobierno de la Ciudad de México por la construcción ilegal del distribuidor vial del puente Periférico-Cuemanco, el cual está hermanado con las obras de Santa Lucía y Texcoco, dijo, ya que es la misma empresa la que lo está realizando. Centeno también acusó a las autoridades por poner en riesgo el humedal, así como a las especies endémicas que ahí habitan. 

“En las ciudades también luchamos por un pedazo de tierra para los más pobres, para que tengan un lugar donde vivir”, dijo José de Jesús Meza, de la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, la que se ha organizado desde hace más de 35 años para lograr este objetivo, y denunció que los gobiernos han obstaculizado su trabajo.

Filiberto Margarito, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, expuso que tras ocho meses de la toma del INPI, siguen viviendo discriminación y desprecio por parte del gobierno. Margarito aseguró que no han tenido mesas de trabajo con las autoridades, ni han cumplido con sus demandas. “Este gobierno dice que está con los pueblos, sí, pero para despojarlos”, denunció.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Erika Lozano Y Fernanda Peralta (2021) Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas. Desinformémonos. Recuperado el 9 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/una-farsa-el-apoyo-del-gobierno-a-los-pueblos-comunidades-indigenas/

Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Jueves 3 de Junio del 2021| — : —

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigió justicia y respeto para las comunidades tepecana y wixáritari de Azqueltán, Jalisco, en el marco de las violaciones a sus derechos humanos y comunitarios.

La Red TDT difundió una petición para que las personas acusadas de los delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias sean investigadas y ajusticiadas y para que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio Villa Guerrero, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidad.

En el comunicado exigieron que se investiguen y sancionen los perpetradores del intento de homicidio del 3 de noviembre de 2019, ya que “la impunidad prevalece” tras el crimen cometido por Fabio Ernesto Flores Sánchez -quien no ha sido detenido “debido a la omisión de los distintos cuerpos policíacos y ministeriales”-, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Fausto, quienes fueron detenidos y luego puestos en libertad por las autoridades estatales de Jalisco después de que reclasificaron el delito como lesiones y consideraron que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso.

La organización de derechos humanos también denunció la participación de las autoridades municipales de Villa Guerero en el despojo y robo de tierras a los pueblos indígenas por parte de pequeños propietarios, una violación a sus derechos como pueblos originarios y “un atentado contra su identidad y formas de organización y relación”. A esto se suma que las y los comuneros han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada, afirmó la Red.

Finalmente, la Red pidió un alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de las comunidades tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y que la Fiscalía General de la República escuche sus denuncias y actúe de manera correspondiente.

Puedes firmar la petición aquí

A continuación el comunicado completo:

La comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero continúa esperando respuestas a sus demandas y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y a sus derechos comunitarios.

Mediante acciones ilegales, han sufrido el despojo y robo de tierras por parte de pequeños propietarios, lo que ha significado violaciones graves a sus derechos como pueblos indígenas. El despojo de su territorio es también un atentado contra su identidad y formas de organización y relación como pueblos originarios dado que la relación con la tierra es una parte fundamental de su identidad. Asimismo, sus comuneros y autoridades comunitarias han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada. 

De manera particular resulta preocupante el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019 por Fabio Ernesto Flores Sánchez, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, que consta en la carpeta de investigación 522/2019 y la causa penal 120/2019. Estos dos últimos fueron detenidos en diferentes momentos y puestos en libertad por el Juzgado de Control y Juicio Oral del XI Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Colotlán, tras reclasificar el delito como lesiones y considerar que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso en prisión preventiva. En tanto que Fabio Flores Sánchez no ha sido detenido en ningún momento debido a la omisión de los distintos cuerpos policiacos y ministeriales a pesar de que se ha conocido y dado aviso en diversas ocasiones de su paradero. 

Diversos informes públicos y notas en medios han señalado las afectaciones médicas y la gravedad de las heridas causadas por estos agresores contra autoridades comunitarias y cómo la impunidad prevalece. Asimismo, han señalado la participación de autoridades municipales de Villa Guerrero en el despojo y privatización de la tierra comunal que aparecen documentadas en el expediente en litigio 38/2015 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco.

En ese mismo sentido, es urgente señalar que la invasión y despojo que buscan privatizar los terrenos comunales de San Lorenzo Azqueltán, no se ha detenido. Los conflictos y agresiones contra la comunidad por la impunidad de estos delitos y la dilación de las autoridades judiciales para dictar las resoluciones correspondientes preocupa porque incrementa el riesgo para la comunidad por las potenciales agresiones que pueden sufrir en este contexto.

Manifestamos nuestra preocupación e indignación por esta situación y solicitamos a las autoridades correspondientes que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades legales, intervengan en el asunto y se lleven a cabo acciones orientadas a garantizar la paz y la justicia para San Lorenzo de Azqueltán. Por ello, exigimos:

  1. Investigación y sanción correspondiente, conforme a juicio, de los C. Fabio Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, señalados como perpetradores por la comunidad.
  2. Debida integración de las carpetas de investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión contra las personas acusadas de los diversos delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias.
  3. Que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidas.
  4. Alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de la comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y respeto a su derecho a la organización y la protesta social.
  5. Que la Fiscalía General de la República esucuche las denuncias y atraiga el caso donde policías municipales de Villa Guerrero torturaron a un comunero, toda vez que cumple con los requisitos marcados en la ley para ser atraído por la Fiscalia Especial en Investigación del Delito de Tortura.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción (2021) Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos. Desinformémonos. Recuperado el 3 de Junio del 2021: https://desinformemonos.org/exigen-respeto-y-justicia-para-las-comunidades-de-azqueltan-tras-violaciones-a-sus-derechos-humanos/

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Luego de que la SCJN invalidó nueve artículos de la Ley de Educación, el Ejecutivo Estatal y el Congreso dijeron que procederán a hacer las consultas necesarias, esto sin reconocer que excluyeron a personas de pueblos originarios y con discapacidad al no considerarlas en la discusión del dictamen.

Lado B

Fernando Merino Noriega | Lado B

—- | Martes 1 de Junio del 2021 |  — : —

Claudia* es profesora desde hace 15 años en una escuela rural de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, la cual impulsa un modelo educativo pertinente a la cultura nahua, mayoritaria en la región, ante la ausencia de una legislación que en vez de atender las particularidades de dicha comunidad, entre ellas el idioma, ofrece contenidos homogéneos que no contemplan la cosmovisión de la comunidad. 

La docente desconocía que el 15 mayo de 2020 se modificó la Ley Estatal de Educación, en la que se tendría que haber consultado a comunidades como en la que ella imparte sus clases, pero dice no estar sorprendida de que esas consultas no se hayan realizado pues como pueblos originarios no se les toma en cuenta. 

Por esta falta de consulta a pueblos y comunidades originarias, además de personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 26 de mayo, nueve artículos de la Ley Estatal de Educación que fue una armonización con la Ley General de Educación (LGE), para la cual sí se realizaron consultas en diferentes estados del país.

Ahora los artículos 46, 47 y 48 del apartado “de la educación indígena” y del 51 al 56 del apartado “de la educación incluyente”, así como otras disposiciones de la ley referentes a estos dos sectores, tendrán que ser consultados con las poblaciones indígenas y con discapacidad en un plazo máximo de 18 meses. 

El que no se incluya la voz de estos sectores en la elaboración de políticas educativas no es algo nuevo, y aunque han existido avances en el reconocimiento de los derechos de personas de pueblos originarios y con discapacidad, plasmados en el artículo segundo y tercero de la Constitución, el reconocimiento a veces se queda en un plano enunciativo, pues se incluyen los derechos en las leyes pero no se respetan, dice a LADO B José Sánchez Áviña, académico de la Ibero Puebla. 

La falta de inclusión de estos sectores en la discusión de las leyes ha provocado que el modelo educativo “lejos de que se adapte a las necesidades de las personas, es a la inversa, [son] las personas [quienes tienen] que adaptarse a las necesidades del modelo educativo”, dice Sánchez Aviña, pues hay factores que diferencian a las y los integrantes de la sociedad, que generan necesidades específicas y que desde los gobiernos no se reconocen; eso es exclusión, señala el especialista.

Eso lo sabe bien Genaro*, joven de 25 años, que durante toda su vida sufrió las consecuencias de un modelo educativo que no le permitió acceder a la educación en igualdad de condiciones de sus compañeros y compañeras, pues ante la falta de infraestructura que le permitiera ingresar a sus clases en plantas altas: tuvo que tomar sus asignatura en línea al no haber elevadores ni rampas, e incluso en ocasiones, cuando se trataba de laboratorios en lo que tenía que poner en práctica ciertos conocimientos algunos compañeros tenían que cargarlo poniendo en riesgo su seguridad y las de quienes le ayudaban. 

El caso de Genaro no es el único, Alejandra*, de 23 años, también tuvo muchas dificultades para poder terminar su educación básica, pues al ser una persona con discapacidad visual no podía leer los libros que le solicitaban en la escuela, ya que estos no estaban en braille, y para poder cumplir con sus tareas su madre tuvo que invertir mucho de su tiempo para pasar los materiales educativos al braille, y sus tareas al mismo sistema para que las y los profesores pudieran calificarle; Genaro y Alejandra consideran que si no se escucha a las personas con discapacidad, es muy poco probable que el sistema educativo sea realmente inclusivo. 

Sánchez Aviña los casos mencionados fueron así por que la interpretación de lo que necesitan las personas indígenas o con discapacidad las hace un grupo de funcionarios y funcionarias que luego convierten estas ideas en políticas públicas que va a aplicar a las “personas de carne y hueso”, muchas veces sin obtener efectos positivos, ya que “es ilógico pensar en un modelo educativo único que sea aplicable a todos [y todas las personas] y que se ha definido desde una entidad centralizada”. 

Y aunque el gobernador Miguel Barbosa minimizó el hecho, en parte porque en un principio fueron diputados de la oposición quienes buscaban echar abajo la Ley Estatal de Educación, para el especialista de la Ibero Puebla el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), haya presentado la acción de inconstitucionalidad, evidencia la violación de los derechos de las personas de pueblos originarios y personas con discapacidad que ahora la SCJN ha ratificado. 

Minimizar la exclusión, constante en el Congreso y el Ejecutivo  

Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación

Foto: Alexander Rabb | Creative Commons

Luego de que se dio a conocer el fallo de la SCJN en favor de la CNDH, el gobernador Miguel Barbosa se limitó a decir que se acatará la sentencia de la corte y se realizarán las consultas a pueblos originarios y personas con discapacidad para incluirles en la reformulación de los capítulos “de la educación indígena” y “de la educación inclusiva” de la ley, y justificó la falta de consultas diciendo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que “se presentó [la ley] así pensado que no era necesario una consulta porque es el mismo texto de la Ley General”. 

Para José Sánchez Ávila, aunque se hayan hecho consultas en algunos estados para aprobar la LGE federal, era necesario hacer las consultas también para la homologación en el estado, y aunque las leyes generales establecen elementos que no pueden ser modificados en las legislaciones locales, eso no significa que el Ejecutivo y el Congreso tengan que transcribir la ley sin contemplar las condiciones particulares de la entidad. 

No solo eso, el gobernador dijo en referencia al fallo de la SCJN: “se trata solamente de unos artículos de la ley”, pero para el especialista se trata de “artículos que se refieren a una parte importante [de la] población: la población indígena, que tradicionalmente ha sido olvidada, no está en la mirada o en el horizonte del desarrollo de un país como el nuestro”, además destaca que la población con discapacidad  tampoco ha sido atendida de manera adecuada. 

Por otro lado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Cabrera Camacho (Morena), dijo en una rueda de prensa, del 26 de mayo, que una vez que el Congreso reciba el fallo del máximo tribunal del país procederá a realizar las consultas pertinentes para “poder dar atención a las necesidades que siempre han sido una prioridad en la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Soberanía”.  

Para Sánchez Aviña, es fundamental que el Congreso envíe a la SCJN antecedentes legislativos para que el máximo tribunal del país tenga un mejor conocimiento de cómo fue el proceso que llevó a la aprobación de la Ley de Educación sin las consultas necesarias. 

Además de las consultas, la SCJN solicitó al gobierno estatal y al Congreso  los antecedentes legislativos de la ley, es decir, dictámenes de la Comisión, las actas de sesiones donde se aprobó la votación, las versiones estenográficas de todo el debate legislativo que se generó, en los cuales, de acuerdo con Sánchez Aviña, el máximo tribunal del país corroboró que incumplieron al no realizar parlamentos abiertos. 

Una ley aprobada en menos de una semana 

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Foto: jcomp | Freepik

El camino del dictamen de la Ley Estatal de Educación, que fue enviada por el gobernador al Congreso para armonizar la legislación local con la federal, es una muestra más de una constante durante esta legislatura: leyes que se aprueban en fast-track, en tiempos que no permiten siquiera dar cumplimiento a sus propias especificaciones. 

Muestra de eso es que el artículo 47 de la Ley Estatal de Educación establece que “las autoridades educativas del estado de Puebla consultarán de buena fe y de manera previa libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos”; sin embargo esto nunca se llevó a cabo, incumpliendo un artículo

José Sánchez Ávila, quien dio seguimiento a la dictaminación de la ley, recuerda que el  lunes 11 de mayo se ingresó la propuesta de la Ley de Educación, formulada por el Ejecutivo Estatal, al Congreso y se envió a la Comisión de Educación. 

El jueves 14 de mayo hubo una reunión entre algunas instituciones y organizaciones educativas y civiles, e integrantes de la Comisión de Educación, pero los resultados de este encuentro fueron cambios mínimos en la redacción; un día después, el viernes 15 de mayo, se aprobó por la noche y finalmente el lunes 18 se publicó en el Periódico Oficial; es decir, en menos de una semana se aprobó una legislación que tendría un gran impacto en la vida de las personas

El especialista agrega que el día que se aprobó la ley, el 15 de mayo, se cumplían los 180 días que tenía el Congreso para armonizar la Ley General de Educación con la Estatal, disposición incluida en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Educación, por lo que la legislación aprobó la armonización de la Ley General con la Ley Estatal en la fecha límite, trayendo como consecuencia la exclusión de los sectores que ahora el Congreso deberá consultar.

El presagio para la Ley de Educación Superior

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Foto: Global Humanitaria | Creative Commons

Con el antecedente de lo ocurrido con esta Ley Estatal de Educación, José Sánchez Aviña advierte que está sucediendo lo mismo con la Ley de Educación Superior en el estado, pues también es una armonización con la Ley General de Educación Superior aprobada el 9 de marzo ,  ya que tampoco hay una apertura para escuchar a las y los diferentes actores (universidades, docentes, estudiantes y sociedad en general) que se verán afectados por esta legislación. 

“Son ámbitos muy cerrados (…) cuando tú te registras [la página te pregunta]  la organización que representas, imposibilitando, por ejemplo, la participación de ciudadanos [y ciudadanas] de manera libre; [la ciudadanía no tiene] por qué pertenecer a una institución para mostrar su punto de vista sobre una ley”, dice el especialista de la Ibero aludiendo esta situación a la falta de una democracia participativa en Puebla que provoca exclusión. 

La fecha límite para discutir la nueva Ley de Educación Superior es el 20 de junio, ya que al igual que con la Ley Estatal de Educación la Federación, se otorgó 180 días para hacer los cambios pertinentes en Puebla, y a poco menos de un mes de que se cumpla el deadline aún no hay apertura para escuchar a la sociedad para expedir esta nueva ley, aunque el presidente de la Comisión de Educación, Hugo Alejo, dijo que sí se consultará a la ciudadanía y organizaciones. 

*Nombre cambiado a petición de las personas entrevistadas

**Foto de portada: Alba Sud Fotografía | Creative Commons

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Fernando Merino Noriega (2021) Ordena SCJN al Congreso consultar a grupos vulnerables sobre Ley de Educación. Lado B. Recuperado el 1 de Junio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/06/ordena-scjn-al-congreso-consultar-a-grupos-vulnerables-sobre-ley-de-educacion/

Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio

Ilustración: Amopalay

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez | Desinformémonos

———— | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —

Desde hace décadas, las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué en México unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras, las mujeres indígenas. Desde la organización comunitaria, trabajamos para construir una memoria colectiva y promover políticas públicas desde nuestras prácticas y saberes.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) es un proyecto político que nació en agosto de 1997 para articular y fortalecer espacios comunitarios en los que las mujeres tienen un papel activo y protagónico. Sus banderas son la libre determinación, la autonomía, la justicia, el respeto a la pluriculturalidad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Desde su conformación, se integró al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que es una de las organizaciones más importantes para la promoción de políticas globales a favor de los pueblos indígenas.

En un comunicado titulado Violencias y mujeres indígenas, las organizaciones que formamos parte de esta plataforma consideramos que las violencias contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental. Estas violencias tienen múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. Su análisis en los espacios públicos, debería abarcar, en lo posible, todos estos modos de percibir. Por eso insistimos en la necesidad de enfocar la violencia como las violencias.

“Para poder entender el contexto violento en el que vivimos es necesario construir nuestra memoria colectiva dado que las violencias contra las mujeres indígenas en México se remontan a la época de la invasión.”

Para poder entender las violencias contra las mujeres indígenas en México es necesario construir nuestra memoria colectiva y remontarnos a la época de la invasión. La colonización significó una “confrontación cultural e histórica” entre las identidades de los europeos y de los indígenas que habitaban América, a quienes se los consideraba ignorantes y bárbaros. Los invasores creían que los indígenas debían ser tutelados y educados cristianamente, a través del uso de la violencia y la esclavitud.

En consecuencia, este proceso moldeó nuestra identidad dado que hablar de la invasión de nuestros territorios también incluye nuestros cuerpos, mentes y espíritus, es decir, todos los ámbitos de nuestra vida individual y colectiva. Incluso la concepción de dualidad femenino-masculino fue desplazada por la jerarquización de los sexos: el hombre pasó a ser el dominante y la mujer se convirtió en propiedad de los hombres. De esta manera, las mujeres hemos sido violentadas en los espacios públicos y privados.

Emergencia Comunitaria de Género

En su sexenio como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) decretó la guerra contra el narco que provocó una escalada de violencia nunca antes vista: los homicidios dolosos se duplicaron de 9,3 en 2007 a 18,3 en 2012. En el mismo sentido, a pesar de la ausencia de cifras claras, se reconocía un aumento de feminicidios en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Ante este panorama, mujeres feministas, académicas e indígenas del Estado de México demandamos la Alerta de Violencia de Género. Paralelamente, en Chihuahua hubo denuncias y movilizaciones por los feminicidios: en diciembre de 2010, asesinaron a Maricela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, lo que visibilizó aún más la impunidad y negligencia del Estado Mexicano para dar respuestas ante los asesinatos y los casos de violencias de género. En Morelos, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las mujeres también se movilizaron para denunciar las violencias y los asesinatos.

“Las mujeres indígenas sentíamos que aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género.”

Sin embargo, las mujeres indígenas sentíamos que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones, de la academia y del movimiento feminista, aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género. Ante esta situación, decidimos crear la Emergencia Comunitaria de Género como una respuesta a la negativa de los gobiernos de las entidades federativas de México a reconocer su incapacidad para brindar protección y justicia a las mujeres en general y a las mujeres indígenas en particular. Los objetivos de Emergencia Comunitaria de Género son los siguientes:

– Visibilizar las violencias contra mujeres indígenas y entender la particularidad de estos hechos contra ellas y sus pueblos.

– Reconocer las violencias contra mujeres indígenas como el resultado de una concatenación de condiciones históricas y estructurales.

– Comprender que las violencias contra las mujeres y los pueblos indígenas van entrelazadas, por tanto, no pueden tratarse por separado.

– Generar políticas públicas con pertinencia cultural para la erradicación de las violencias.

– Promover el pluralismo jurídico y los principios, valores y prácticas de los pueblos originarios para la prevención, protección, acceso a la Justicia y reparación del daño y erradicación de las violencias.

¿Cómo trabajamos?

La Emergencia Comunitaria de Género cuenta con un espacio virtual en Facebook en el cual las integrantes de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas comparten notas periodísticas y denuncias públicas sobre múltiples violencias que circulan en las redes. Desde esta plataforma, integrantes de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensa del Territorio se encargan de sistematizar la información en una base de datos. El 25 de noviembre de cada año, difundimos un reporte anual.

Esta información también genera insumos para la elaboración de informes sombra ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y otros espacios de incidencia para el avance de nuestros derechos. Es importante aclarar que esta base de datos no se ajusta a los parámetros científicos que se establecen en algunos observatorios académicos ya que no tiene una finalidad estadística, sino la intención política de interpelar al Estado Mexicano y a la sociedad en su conjunto.

“Nosotras, las mujeres indígenas, no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”

El contacto y manejo de esta información nos ha llevado a profundizar el conocimiento y reflexión sobre los contextos de violencias. Para nosotras, las violencias tienen que ver con la violación de derechos humanos. Partimos de una definición amplia, en la que caben situaciones de desplazamiento, despojo territorial y despojo de recursos naturales. Estas circunstancias no son prioridad en las agendas feministas occidentales, pero para nosotras, las mujeres indígenas, sí lo son: no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

También reconocemos la diversidad de miradas y formas de significar estas violencias desde nuestros entornos. Para nosotras es un desafío dialogar sobre el feminicidio, la desaparición forzada, la trata de personas y otras formas de violencias que se desconocían y no se nombraban en los espacios comunitarios. Esta es la base de la erradicación de las violencias. Debemos darle un sentido político para evitar que el miedo nos inmovilice. Tenemos que reconocer que las violencias contra las mujeres indígenas son una afrenta contra los pueblos: nos daña y lastima a todos. No se puede construir ni fortalecer el tejido comunitario si no se detienen las violencias.

Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

Especialmente reconocemos que es necesario ampliar nuestras miradas a los ámbitos urbanos, en donde cada vez tenemos más presencia. Las mujeres indígenas jóvenes que migran a la ciudad en busca de empleo o educación están expuestas a mayores niveles y formas de violencias. Lejos de su red familiar de apoyo, no conocen los procedimientos para hacer frente a las violencias al mismo tiempo que se encuentran en un espacio- territorio desconocido que las considera ajenas.

A su vez, estamos fortaleciendo el trabajo colaborativo con feministas y académicas no indígenas para acercarnos a los conceptos, teorías y métodos generados desde la academia. Queremos establecer un diálogo de saberes para que las metodologías sean incluyentes y representativas de la diversidad de mujeres que somos. Buscamos un mayor soporte a la recopilación, sistematización, interpretación y difusión de la información que manejamos.

Por último, promovemos una mirada política y crítica que haga al Estado responsable de la impunidad. El Estado debe eliminar las condiciones de riesgo, reconociendo e integrando nuestras cosmovisiones, prácticas y saberes en las políticas públicas para la prevención, atención, justicia y reparación del daño. Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

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Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Foto: Conami.

Con la mirada en el futuro

En este momento, estamos puliendo metodológicamente el programa de la Emergencia Comunitaria de Género y fortaleciendo los conocimientos de las integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para continuar con la sistematización de la información, tanto en el ámbito local como nacional. Al mismo tiempo, tejimos alianzas con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (ACELC) para desarrollar investigaciones colaborativas, promover la reflexión y enriquecer el debate público entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tenemos el objetivo de continuar visibilizando las múltiples violencias que vivimos las mujeres indígenas hasta que seamos parte de los cuerpos que importan. Por lo pronto, algunas organizaciones como Tlachinollan comienzan a dar seguimiento y sistematización a casos de violencia hacia mujeres indígenas. Algunos medios de comunicación han sacado notas sobre las muertes que no importan y visibilizan e informan los feminicidios de mujeres indígenas. Seguiremos nombrando para que se mire y se actúe en consecuencia. Porque lo que no se nombra no existe. ¡Por nuestras raíces, por nuestros territorios, por la vida! ¡Nunca más un México sin nosotras!

La primera versión de este artículo se realizó para la revista Ichan Tecolotl de CIESAS en febrero de 2019.

*Fabiola Del Jurado Mendoza es nahua, Licenciada en Psicología y Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

**Norma Don Juan Pérez es nahua y Licenciada en Diseño de Asentamientos Humanos. Es integrante de la organización Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C. y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

Publicado originalmente en Debates Indígenas

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez (2021) Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio. Desinfomémonos. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/emergencia-comunitaria-de-genero-respuesta-de-las-mujeres-indigenas-a-las-multiples-violencias-y-el-despojo-del-territorio/

Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

“Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola

Erika Lozano, Desinformémonos

19 de mayo de 2021

Foto: Equipo Indignación

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.

Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.

“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.

José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.

“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Lozano, E. (2021). “Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/un-triunfo-para-el-pueblo-de-homun-confirma-scjn-suspension-de-granja-porcicola/

En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones

Erika Lozano | Desinformémonos.

Jueves 13 de mayo de 2021

Fotos: Eber Huitzil

Ciudad de México | Desinformémonos. Tras realizar asambleas en los cuatro barrios de la comunidad, y a pesar del ataque a la Casa comunal, además de las amenazas contra concejales, cometidas por integrantes de distintos partidos políticos, este miércoles se renovó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán.

Después de que el fin de semana, candidatos y personas afines al al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista, además de trabajadores del Ayuntamiento de Nahuatzen, destruyeron dos vehículos, así como el archivo del gobierno comunal e intentaron agredir con palos a comuneros del Consejo Indígena de Nahuatzen la mañana del sábado, “fue complicado invitar a la comunidad a participar en las asambleas”, aseguró el vocero del Consejo saliente, Efraín Avilés en entrevista telefónica con Desinformémonos. Durante las asambleas realizadas este miércoles, candidatos de partidos políticos amenazaron a personas de la comunidad y las llamaron a no participar, señaló Avilés.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

La destrucción de la Casa ocurre después de una asamblea donde se decide continuar con el proceso de la renovación del Consejo, estas agresiones se dan en el marco de las elecciones, ya que los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, Morena y PES, se unieron contra los consejos con el “interés de impedir el ejercicio de autonomía en la comunidad”, denunció una integrante de la Red Solidaria de Michoacán, que por cuestiones de seguridad omite su nombre.

En la comunidad no hay garantías de seguridad pública y ha habido una simulación con respecto al acceso a la justicia, aseguró la defensora, y añadió, que los ataques recientes son una continuación de un patrón de criminalización en una zona donde existen muchas comunidades que se han organizado para ejercer su derecho a la libre determinación. Reiteró que el poder ejecutivo tiene responsabilidad, ya que tiene conocimiento de lo que ocurre en la región y no actúa en consecuencia.

La integrante de la Red también denunció que recientemente se han repartido volantes en la comunidad donde la Fiscalía local criminaliza a integrantes del Consejo y asegura que tienen órdenes de aprehensión. “El gobierno estatal y la secretaría de gobierno quieren plantear que lo que ocurre en Nahuatzen es un conflicto intercomunal y no se cuestiona si se están respetando los derechos humanos”, denunció la activista y añadió que desde el 2015, cuando Nahuatzen declaró su autonomía, ha habido distintos intentos de desarticular a la comunidad a través de la violencia. Actualmente la comunidad se encuentra en un proceso jurídico para que el Instituto Nacional Electoral reconozca sus atribuciones como gobierno comunal y les otorguen el presupuesto correspondiente, señaló la defensora.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Lozano, E. (2021). En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/en-nahuatzen-renuevan-consejo-ciudadano-indigena-a-pesar-de-agresiones/

Comunidad zapoteca rechaza consulta sobre parque industrial en el istmo

Educa Oaxaca, recuperado de Redacción Desinformémonos

11 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Mientras en la cabecera municipal de San Blas Atempa, Istmo de Oaxaca, se desarrollaba una reunión de consulta sobre la creación de los Polos de Desarrollo Bienestar, un grupo de habitantes de la agencia Puente Madera bloquearon la Carretera Federal Transístmica 185 en rechazo al parque industrial que se pretende construir en esa comunidad. Representados por el agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, los inconformes interrumpieron el paso vehicular.

En un comunicado, la Asamblea Permanente de Puente Madera, San Blas Atempa, denunció una serie de eventos relacionados con la simulación del proceso de “consulta libre, previa e informada” a los pueblos indígenas para la imposición del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), parte del militarizado Corredor Interoceánico: “A los pueblos indígenas no se ha efectuadode buena fe, al no existir un clima de confianza para su realización; no se ha realizado de manera libre, ya que existió presión, coerción e intimidación a empleados y trabajadores para asistir a dicha consulta, con amenazas de perder su trabajo ó sueldo, así como se mandaron a traer camionetas de las agencias vecinas para acarrear a personas afines al presidente municipal de San Blas Atempa, del mismo modo se condicionaron apoyos sociales y económicos a los asistentes”, lo que supone una violación a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen los proceso de consulta y consenso de los pueblos indígenas, afirma esta asamblea.

Denunciaron el clima de violencia, la división comunitaria y responsabilizaron a autoridades locales y federales “de cualquier amenaza, intimidación, acoso o coerción de los derechos humanos de la que lleguen a ser víctimas las y los habitantes de la Agencia de Puente Madera”.

Publicado originalmente en Educa Oaxaca

“El presente artículo es propiedad de Educa Oaxaca recuperado de Desinformémonos

Educa Oaxaca. (2021). Comunidad zapoteca rechaza consulta sobre parque industrial en el istmo. Desinformémonos. Recuperado el 12 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/comunidad-zapoteca-rechaza-consulta-sobre-parque-industrial-en-el-istmo/