Lamentan el desmantelamiento de la CNDH a 10 años de la reforma

*El reto ahora es hacer cumplir la normativa de los Derechos  para las mujeres

Desapariciones y feminicidios continúan, aumenta,  ya no es noticia la localización de las fosas clandestinas: Patricia Galeana Herrera

Elda Montiel  | Sem México

Ciudad de México | Viernes 11 de Junio del 2021 | — : —

A una década de la reforma constitucional sobre derechos humanos  de las mujeres continúan y en algunos casos crecieron por “el revanchismo machista ante la cuarta ola del feminismo” expresó la historiadora, diplomática, fundadora y directora del Museo de la Mujer, doctora Patricia Galeana Herrera. 

Esa reforma trascendente  al Artículo 1º Constitucional  constituyó un parteaguas  porque  incorporó el respeto a los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, en el sistema judicial y la sociedad,  no obstante  las violaciones a los de las mujeres no han variado, así lo dijo en el marco de la conferencia “Balance y perspectiva a una década de la reforma constitucional en Derechos Humanos” organizado por el Museo de la Mujer.

En su turno la doctora Nashieli Ramírez  Hernández, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHCDMX,  señaló que la reforma fue un “giro de timón” que incorporó los principios de igualdad y no discriminación,  antes considerados un asunto  cultural. Hoy  “el reto es que las normativas se hagan realidad en la vida cotidiana” sobre todo para la  diversidad  de población como las mujeres, las indígenas,  las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI+.

La historiadora  Patricia Galeana Herrera sostuvo  que no hemos logrado deconstruir la cultura patriarcal que establece que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, y cuando desobedece es violentada, por eso se necesitan los refugios a lo largo y ancho del país.  

Abundó que la pandemia puso de relieve la desigualdad social y la desigualdad de género en particular; aumentó en 300 por ciento la violencia contra las mujeres, el aborto no está despenalizado en todo el territorio nacional; la percepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es negativa.

Tenemos uno de los más altos índices de violación a los Derechos Humanos, la necesidad de estándares de derecho internacional en investigaciones de desaparición forzada. Tenemos 61 mil 637 personas desaparecidas, por ello ya no es noticia encontrar fosas clandestinas;  y la tortura sigue practicándose cotidianamente, como en el caso de la migrante detenida en Quintana Roo.  

Le resultó  preocupante el aumento de la trata de personas ante las migraciones masivas de los países llamados del triángulo centroamericano. 

Advirtió como peligroso el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública y dijo que no hay justicia restaurativa; periodistas y promotores de derechos humanos siguen siendo asesinados tanto como en países en guerra como Afganistán y Siria.

En 2011 hubo mil 235 feminicidios; en 2020 hubo 2 mil 223 asesinatos de mujeres y sólo el 24.6 por ciento se investigan como feminicidio. 

La doctora Galeana Herrera, fundadora del Museo de la Mujer  también se refirió al tema del presupuesto como un reto, ya que es necesario para que las reformas legislativas se lleven a la práctica, ya que las mujeres se tienen que quedar en casa al cuidado del esposo, hijas e hijos, enfermos, en lo que se ha llamado la economía del cuidado. 

Mujeres que se enfrentan en los trabajos donde los patrones no aceptan mujeres embarazadas o que se embaracen, es otro flagelo. 

Respecto a la CNDH consideró que es necesario que atienda las quejas y haga las recomendaciones, si bien estas no tienen una obligatoriedad jurídica vinculante no deben dejar  de realizarse. 

Hizo el recuento histórico de la trayectoria de los derechos humanos y destacó que la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incluir los derechos sociales, económicos y culturales, anteriormente en 1810 con Miguel Hidalgo se decretó  la abolición de la esclavitud, y en 1860 la libertad de cultos, antes que en cualquier otro país hispanoamericano.

Detalló que en 1857 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos estableció en su artículo primero  que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. En la Constitución de 1917 se cambia la redacción por “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece”. 

La reforma en el 2011, la más completa,  modificó la ley de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales y se reconoce que todos los tratados internacionales que el gobierno  firma y ratifica forman parte del derecho constitucional mexicano. 

Con la reforma al Artículo primero, además, explicó se establece  “la progresividad de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.

El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, en los términos que establece la ley”. 

Pendientes el Sistema Nacional de Cuidados y la reforma a la Igualdad sustantiva 

La reforma al Artículo primero  de la Constitución Política sentó las bases de una nueva exigibilidad con los principios pro persona y la igualdad y no discriminación en opinión de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcdmx), doctora Nasheli Ramírez Hernández. 

También señaló que la Constitución Política de la Ciudad de México no hubiera sido posible sin los antecedentes de esta reforma que cambio el paradigma de personas vulnerables a grupos de atención prioritaria, lo que benefició normativamente a grupos de mujeres en toda su diversidad, indígenas, persona con discapacidad, comunidad LGBTI+, entre otros. 

Asimismo, fortaleció el sistema no jurisdiccional de las Comisiones de Derechos Humanos en las entidades federativas. 

El principio de pro persona que es quizá uno de los más relevantes que más ha aportado a la transformación de la respuesta jurisdiccional y no jurisdiccional de estado. Junto con el principio de igualdad y no discriminación, así como el de progresividad han permitido concretar una atención reforzada las personas. 

Como ejemplo señaló que se refuerza una garantía presupuestaria del derecho a la salud de personas con VIH, o en un despido por embarazo, se invierte la carga de prueba para que sea el empleador quien pruebe que no hubo discriminación. En la aplicación de legislación más favorable para recibir pensión de fuerzas armadas a viuda de integrante del ejército, como ejemplo de pro persona. 

Explicó que enfoque diferencial permite reconocer las diferencias entre las personas en función de categorías como género, edad, identidad indígena, condición de salud, discapacidad, entre otras. 

Hizo el balance de las agendas específicas  para  las mujeres, como la interrupción legal del embarazo, avance en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, paridad de género, reconocimiento de trabajo remunerado en las relaciones domésticas y familiares (aplicables para repartir el patrimonio conyugal con criterios de equidad).

Avance en el desarrollo normativo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que incluye un gran abanico de expresiones y ámbitos. 

El reconocimiento de las poblaciones afromexicanas, el matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI+, el reconocimiento del derecho a la identidad de género por medio de trámite administrativo y no de juicio, seguridad social sin discriminación.

Para las personas con discapacidad se reforma la Ley General de Educación para añadir el modelo de educación inclusiva conforme las observaciones del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.

Así como el reconocimiento al derecho de la consulta y participación.

Como pendientes quedan la aprobación constitucional del sistema nacional de cuidados, y la igualdad sustantiva que modifica diversos artículos, transversaliza la perspectiva de género en la Constitución.  

También expresó que la Constitución Política es un texto vivo, que debe evolucionar entre personas gobernadas y gobernantes. 

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel  (2021) Lamentan el desmantelamiento de la CNDH a 10 años de la reforma. Sem México. Recuperado el 11 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/lamentan-el-desmantelamiento-de-la-cndh-a-10-anos-de-la-reforma/

Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio

Ilustración: Amopalay

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez | Desinformémonos

———— | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —

Desde hace décadas, las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué en México unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras, las mujeres indígenas. Desde la organización comunitaria, trabajamos para construir una memoria colectiva y promover políticas públicas desde nuestras prácticas y saberes.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) es un proyecto político que nació en agosto de 1997 para articular y fortalecer espacios comunitarios en los que las mujeres tienen un papel activo y protagónico. Sus banderas son la libre determinación, la autonomía, la justicia, el respeto a la pluriculturalidad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Desde su conformación, se integró al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que es una de las organizaciones más importantes para la promoción de políticas globales a favor de los pueblos indígenas.

En un comunicado titulado Violencias y mujeres indígenas, las organizaciones que formamos parte de esta plataforma consideramos que las violencias contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental. Estas violencias tienen múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. Su análisis en los espacios públicos, debería abarcar, en lo posible, todos estos modos de percibir. Por eso insistimos en la necesidad de enfocar la violencia como las violencias.

“Para poder entender el contexto violento en el que vivimos es necesario construir nuestra memoria colectiva dado que las violencias contra las mujeres indígenas en México se remontan a la época de la invasión.”

Para poder entender las violencias contra las mujeres indígenas en México es necesario construir nuestra memoria colectiva y remontarnos a la época de la invasión. La colonización significó una “confrontación cultural e histórica” entre las identidades de los europeos y de los indígenas que habitaban América, a quienes se los consideraba ignorantes y bárbaros. Los invasores creían que los indígenas debían ser tutelados y educados cristianamente, a través del uso de la violencia y la esclavitud.

En consecuencia, este proceso moldeó nuestra identidad dado que hablar de la invasión de nuestros territorios también incluye nuestros cuerpos, mentes y espíritus, es decir, todos los ámbitos de nuestra vida individual y colectiva. Incluso la concepción de dualidad femenino-masculino fue desplazada por la jerarquización de los sexos: el hombre pasó a ser el dominante y la mujer se convirtió en propiedad de los hombres. De esta manera, las mujeres hemos sido violentadas en los espacios públicos y privados.

Emergencia Comunitaria de Género

En su sexenio como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) decretó la guerra contra el narco que provocó una escalada de violencia nunca antes vista: los homicidios dolosos se duplicaron de 9,3 en 2007 a 18,3 en 2012. En el mismo sentido, a pesar de la ausencia de cifras claras, se reconocía un aumento de feminicidios en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Ante este panorama, mujeres feministas, académicas e indígenas del Estado de México demandamos la Alerta de Violencia de Género. Paralelamente, en Chihuahua hubo denuncias y movilizaciones por los feminicidios: en diciembre de 2010, asesinaron a Maricela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, lo que visibilizó aún más la impunidad y negligencia del Estado Mexicano para dar respuestas ante los asesinatos y los casos de violencias de género. En Morelos, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las mujeres también se movilizaron para denunciar las violencias y los asesinatos.

“Las mujeres indígenas sentíamos que aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género.”

Sin embargo, las mujeres indígenas sentíamos que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones, de la academia y del movimiento feminista, aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género. Ante esta situación, decidimos crear la Emergencia Comunitaria de Género como una respuesta a la negativa de los gobiernos de las entidades federativas de México a reconocer su incapacidad para brindar protección y justicia a las mujeres en general y a las mujeres indígenas en particular. Los objetivos de Emergencia Comunitaria de Género son los siguientes:

– Visibilizar las violencias contra mujeres indígenas y entender la particularidad de estos hechos contra ellas y sus pueblos.

– Reconocer las violencias contra mujeres indígenas como el resultado de una concatenación de condiciones históricas y estructurales.

– Comprender que las violencias contra las mujeres y los pueblos indígenas van entrelazadas, por tanto, no pueden tratarse por separado.

– Generar políticas públicas con pertinencia cultural para la erradicación de las violencias.

– Promover el pluralismo jurídico y los principios, valores y prácticas de los pueblos originarios para la prevención, protección, acceso a la Justicia y reparación del daño y erradicación de las violencias.

¿Cómo trabajamos?

La Emergencia Comunitaria de Género cuenta con un espacio virtual en Facebook en el cual las integrantes de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas comparten notas periodísticas y denuncias públicas sobre múltiples violencias que circulan en las redes. Desde esta plataforma, integrantes de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensa del Territorio se encargan de sistematizar la información en una base de datos. El 25 de noviembre de cada año, difundimos un reporte anual.

Esta información también genera insumos para la elaboración de informes sombra ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y otros espacios de incidencia para el avance de nuestros derechos. Es importante aclarar que esta base de datos no se ajusta a los parámetros científicos que se establecen en algunos observatorios académicos ya que no tiene una finalidad estadística, sino la intención política de interpelar al Estado Mexicano y a la sociedad en su conjunto.

“Nosotras, las mujeres indígenas, no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”

El contacto y manejo de esta información nos ha llevado a profundizar el conocimiento y reflexión sobre los contextos de violencias. Para nosotras, las violencias tienen que ver con la violación de derechos humanos. Partimos de una definición amplia, en la que caben situaciones de desplazamiento, despojo territorial y despojo de recursos naturales. Estas circunstancias no son prioridad en las agendas feministas occidentales, pero para nosotras, las mujeres indígenas, sí lo son: no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

También reconocemos la diversidad de miradas y formas de significar estas violencias desde nuestros entornos. Para nosotras es un desafío dialogar sobre el feminicidio, la desaparición forzada, la trata de personas y otras formas de violencias que se desconocían y no se nombraban en los espacios comunitarios. Esta es la base de la erradicación de las violencias. Debemos darle un sentido político para evitar que el miedo nos inmovilice. Tenemos que reconocer que las violencias contra las mujeres indígenas son una afrenta contra los pueblos: nos daña y lastima a todos. No se puede construir ni fortalecer el tejido comunitario si no se detienen las violencias.

Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

Especialmente reconocemos que es necesario ampliar nuestras miradas a los ámbitos urbanos, en donde cada vez tenemos más presencia. Las mujeres indígenas jóvenes que migran a la ciudad en busca de empleo o educación están expuestas a mayores niveles y formas de violencias. Lejos de su red familiar de apoyo, no conocen los procedimientos para hacer frente a las violencias al mismo tiempo que se encuentran en un espacio- territorio desconocido que las considera ajenas.

A su vez, estamos fortaleciendo el trabajo colaborativo con feministas y académicas no indígenas para acercarnos a los conceptos, teorías y métodos generados desde la academia. Queremos establecer un diálogo de saberes para que las metodologías sean incluyentes y representativas de la diversidad de mujeres que somos. Buscamos un mayor soporte a la recopilación, sistematización, interpretación y difusión de la información que manejamos.

Por último, promovemos una mirada política y crítica que haga al Estado responsable de la impunidad. El Estado debe eliminar las condiciones de riesgo, reconociendo e integrando nuestras cosmovisiones, prácticas y saberes en las políticas públicas para la prevención, atención, justicia y reparación del daño. Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

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Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Foto: Conami.

Con la mirada en el futuro

En este momento, estamos puliendo metodológicamente el programa de la Emergencia Comunitaria de Género y fortaleciendo los conocimientos de las integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para continuar con la sistematización de la información, tanto en el ámbito local como nacional. Al mismo tiempo, tejimos alianzas con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (ACELC) para desarrollar investigaciones colaborativas, promover la reflexión y enriquecer el debate público entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tenemos el objetivo de continuar visibilizando las múltiples violencias que vivimos las mujeres indígenas hasta que seamos parte de los cuerpos que importan. Por lo pronto, algunas organizaciones como Tlachinollan comienzan a dar seguimiento y sistematización a casos de violencia hacia mujeres indígenas. Algunos medios de comunicación han sacado notas sobre las muertes que no importan y visibilizan e informan los feminicidios de mujeres indígenas. Seguiremos nombrando para que se mire y se actúe en consecuencia. Porque lo que no se nombra no existe. ¡Por nuestras raíces, por nuestros territorios, por la vida! ¡Nunca más un México sin nosotras!

La primera versión de este artículo se realizó para la revista Ichan Tecolotl de CIESAS en febrero de 2019.

*Fabiola Del Jurado Mendoza es nahua, Licenciada en Psicología y Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

**Norma Don Juan Pérez es nahua y Licenciada en Diseño de Asentamientos Humanos. Es integrante de la organización Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C. y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

Publicado originalmente en Debates Indígenas

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez (2021) Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio. Desinfomémonos. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/emergencia-comunitaria-de-genero-respuesta-de-las-mujeres-indigenas-a-las-multiples-violencias-y-el-despojo-del-territorio/

Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018, se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía, donde fue rociada con gas pimienta, además de recibir golpes y empujones

Lado B

Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera | Lado B

—– | Lunes 21 de Mayo del 2021 | — : —

Cerca de medianoche, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twiter un escueto comunicado de dos párrafos anunciando que: «se investigará el proceder del personal de la institución».

Este viernes 21 de mayo la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada en San Andrés Cholula el 15 de mayo de 2018, dio una rueda de prensa afuera de la casa donde la joven vivía y fue privada de la vida, para denunciar omisiones y atropellos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Poco después de las 9:30 de la mañana llegaron la mamá y el papá de Zyanya, su hermano y hermana, con integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y Carlos Olvera y Ximena Ugarte, quienes asesoran jurídicamente el caso. También estaba la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en junio de 2010 y cuyo caso asentó un precedente para la tipificación de feminicidios.

La casa donde vivía la joven de 26 años de edad, en San Andrés Cholula, está bajo resguardo de la FGE por estar dentro de una investigación. Sin embargo, el jueves un agente del Ministerio Público se comunicó con la familia para avisarle que habían habido una audiencia con los dueños, en la cual se resolvió que la vivienda se dejaría de custodiar y se entregaría a los propietarios en un lapso de 72 horas.

Durante la rueda de prensa, su mamá, Patricia Becerril, denunció que desde el principio la FGE ha sido omisa, negándose a investigar el caso como feminicidio y manejando la versión de suicidio.

Los asesores jurídicos dijeron que es necesario que la casa siga resguardada pues aún se deben hacer varias pruebas periciales, y denunciaron que la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las cerca de 80 que había en la escena del crimen. 

Es importante que la casa no sea entregada aún pues faltan los peritajes independientes que la defensa de Zyanya Estefanía pidió, además de la reconstrucción de los hechos que todavía no se hace, señalaron.

Al finalizar, la señora Irinea Buendía dijo que en el estado de Puebla no ha habido justicia para Zyanya, y enfatizó que ha sido la propia Fiscalía quien ha tratado de “tapar la cloaca” de todos los atropellos por la falta de justicia para la joven. Pero, agregó, que eventualmente “le va a brotar en la cara por todas las omisiones que ha hecho”.

“No buscamos otra cosa más que justicia”, agregó Irinea.

La señora Paty pidió una reunión con el Fiscal, y ante la negativa de recibirla junto con la señora Irinea Buendía se trasladó a la sede de la Fiscalía en la 31 poniente alrededor de las 4 de la tarde.

La agresión en Fiscalía

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía

Foto: Olga Valeria Hernández

“Es que ustedes llegaron agresivamente”, dice el agente ministerial Martín Torres Medina a Irinea Medina, una señora adulta mayor, que usa bastón, y que acompaña, al igual que otras personas defensoras de Derechos Humanos, a la familia de Zyanya Figueroa, víctima de feminicidio. 

Ese mismo agente ministerial, minutos antes empujó con su cuerpo y antebrazo a varias mujeres cuando atravesaron la reja de la Fiscalía General del Estado. Y mientras empujaba con la izquierda, con la derecha empuñaba una macana. Unos 15 minutos después, también fue él quien lanzó gas pimienta a las manifestantes para evitar que se encadenaran a la reja como forma de protesta pacífica. 

El gas alcanzó también a las personas defensoras, a personas que estaban ahí para presentar una denuncia, a algunas feministas que acuerpaban la manifestación y a la prensa.

La familia y demás manifestantes, entre ellos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llegaron a la Fiscalía a eso de las 16 horas para exigir una respuesta por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, sobre la entrega o liberación de la casa donde fue encontrado el cuerpo de Zyanya.

Desde el inicio, y con el antecedente de las omisiones por parte de la Fiscalía, la intención de las familias era encadenarse a la reja. En los videos puede verse que cuando algunas personas comienzan a cruzar la reja, policías y agentes ministeriales se lanzan para impedir el paso y cerrar la entrada. 

Ximena Ugarte, la defensora de DDHH, queda con la mitad de su cuerpo adentro mientras dos policías intentan sacarla. La señora Buendía está junto a ella, totalmente fuera, al pie de la escalera. Los familiares que lograron entrar antes intentan ayudar para que dejen de empujar y abran la reja. Ahí empieza el caos. 

También en los videos se ven claramente los movimientos de los policías y agentes en contraste a los de quienes se manifiestan. Ellos empujan, algunos encapsulan a miembros de la familia Figueroa. Los defensores y las feministas comienzan a gritar para que les dejen pasar, para que no les toquen, alertan sobre golpes a la familia. A la propia abogada Ugarte con un empujón le lastiman el brazo. 

El agente ministerial Martín Torres, el que roció el gas pimiento, tiene la macana en mano, mientras que el resto de policías, a pesar de repetir una y otra vez a los y las manifestantes que se retiren, y que no les están tocando, tensan sus manos sobre sus respectivas macanas y no le dan espacio a las mujeres que ya se encuentran por dentro, pegadas a la reja. 

Uno de los policías graba a quienes se manifiestan, pero cuando las feministas, familiares y activistas le preguntan sus nombres y cargos a cualquiera de ellos, la mayoría esconde su identificación entre la ropa. No es visible cuando Martín Torres se deshace de la macana, pues cuando la señora Buendía lo encara de frente, y a su alrededor le exigen su nombre, ya no la tiene, alega que su nombre está en su identificación mientras la levanta pero luego la voltea para que no se pueda leer. 

Unos 15 minutos después las mujeres pegadas a las rejas comenzaron a rodearse con una cadena para quedar atadas a los barrotes. En ese momento fue que de nuevo vino una ola de empujones y, desde una tercera línea, Torres Molina roció directamente con gas pimienta a un joven y las mujeres en la reja, aunque el líquido llegó también a algunos policías y periodistas. 

Después, Torres guarda el pequeño bote en su bolsillo para seguir con los empujones. Sí, el mismo funcionario público que minutos antes acusaba frente a cámaras de medios y civiles que aquellas personas manifestantes desarmadas, habían entrado con agresividad. 

“Es mucho pedir que seamos escuchados”

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía
Foto: Olga Valeria Hernández

Un poco después de esa agresión, el personal de la Fiscalía se resguardó en el edificio, lo que dio oportunidad para que algunos familiares, defensores y activistas hicieran sus denuncias y exigencias a través de un micrófono y una bocina. 

“Estamos encadenadas hasta que nos reciban, hasta que se haga justicia del caso Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta en este estado, ¡no nos van a callar! ¡ni una más!», gritó la abogada Ugarte. 

Por su parte, Patricia Becerril, denunció que desde el inicio la investigación no fue iniciada como feminicidio, a pesar de que está dictado en los protocolos, y en su lugar, sólo sentenciaron el caso como suicidio. 

“Nosotros en su momento no teníamos porque saber que toda muerte violenta de una mujer tenía que ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia, no simplemente decir [que] se suicidó y váyanse a su casa. Han sido tres años de constante lucha y dolor contenido, de una rabia que ya no cabe más, ¿es mucho pedir, señor fiscal general, que seamos escuchados?”

El abogado del OCNF Rodolfo Domínguez, sentenció: ¿Por qué nos tenemos que ir con las gargantas dolidas, con los ojos llorosos solo por pedir justicia? Esta es una Fiscalía corrupta, omisa, negligente y ahora violenta».

Domínguez también recalcó que trajeron peritos especializados a Puebla para ayudar a la investigación pero que el personal de la Fiscalía “se burló de ellos”, además de que los ministerios públicos no los han atendido y los han ignorado señalar que el cuerpo de Zyanya tenía 20 lesiones por lo que hay inconsistencias en la necropsia que no concuerdan con la teoría del suicidio

Casi a las 7 de la noche llegaron más personas a la Fiscalía, convocadas a través de redes para acompañar y acuerpar la manifestación. Conformadas principalmente por mujeres feministas, ayudaron a cerrar parte del Boulevard 5 de mayo para generar más presión a las autoridades ante la falta de respuesta a su petición de diálogo con el Fiscal. 

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Foto: Marlene Martínez

Media hora más tarde comenzó a llover y tanto las mujeres encadenadas como algunas otras personas se resguardaron bajo dos carpas que habían instalado momentos antes, previendo el mal clima. 

A las 8:30 se presentaron Ulises Ramos, fiscal especializado en DDHH y Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometidos en contra de mujeres, para tomar la denuncia sobre los hechos de agresión por parte del personal de la Fiscalía y se comprometieron a acompañar a las y los manifestantes para interponer la queja formal e iniciar el procedimiento interno.

Casi a las 9 de la noche, los familiares de Zyanya y sus abogados entraron finalmente a la Fiscalía acompañados de Avendaño y Ramos para dialogar, pero sin certeza de encontrarse también con el Fiscal General. Después de eso, el resto de personas manifestantes comenzó a retirarse.

Por la noche, pasadas las 10, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. hizo un llamado a las autoridades estatales a respetar «el derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos».

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera (2021) Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía. Lado B. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/reclaman-por-feminicidio-y-reciben-agresion-de-ministeriales-en-fiscalia/

Congreso de Puebla incurre en una omisión grave al no legislar sobre desaparición de personas

Colectivos de la sociedad civil presentaron amparos para obligar al poder legislativo local a discutir la propuesta que presentó Estefanía Rodríguez Sandoval desde hace diez meses

Román Esaú Ocotitla Huerta, Lado B

17 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

En rueda de prensa de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, activistas y académicos de la misma institución educativa recordaron que a las y los actuales diputados les quedan 60 días para legislar a favor de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado, antes de que termine su legislatura. Sin embargo, a excepción de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, nadie más en el Congreso ha pronunciado un interés al respecto. 

Esta información se dio a conocer debido a que, diez meses después de que ingresara al Congreso del estado, dicha iniciativa sigue en la congeladora a pesar de las promesas del entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gabriel Biestro, de que sería dictaminada a la brevedad.

Esto se suma a un problema no menor para el estado pues, según las cifras más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Puebla junto con el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México concentran el 62 por ciento del total de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en todo el país.

María Luisa Núñez Barajas —miembro del Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla— mencionó que desde el 3 de marzo el Colectivo recabó al menos 5 mil  firmas en el centro y algunas colonias de Puebla capital para exigir al Congreso local que se atienda de manera inmediata la discusión y aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado.

“Es inconcebible que desde hace diez meses [la iniciativa] está en la congeladora. Han demostrado que no es para ellos importante, a pesar de que en Puebla hay por lo menos 2 mil 700 personas desaparecidas”, apuntó Núñez Barajas.

Congreso de Puebla incurre en una omisión grave al no legislar sobre desaparición de personas
Foto: Marlene Martínez

“Una persona desaparecida no está viva ni está muerta, es una persona que falta en una familia”, afirmó Luz María Nieto, miembro también de Voz de los Desaparecidos, quien recordó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una carta al Congreso del estado para alentar a las y los legisladores a adoptar la ley en cuestión y ofrecerles asesoría y cooperación técnica, pero hasta el momento no se ha movido un dedo para avanzar en el tema.

Por su parte, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, comentó que, al adoptar esta iniciativa de ley, Puebla al fin respondería a las obligaciones adquiridas internacionalmente por parte de México ante la Corte Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. 

Además, tanto González como Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas, coincidieron en que es “preocupante el silencio por parte del Congreso”.

Presentan amparos

Sobre el avance legal, Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, mencionó que dicha institución educativa dio acompañamiento la semana pasada en la presentación de dos juicios de amparo a favor de las familias que integran el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla. Esto, con la finalidad de señalar que existe una falta de legislación por parte del Congreso, que incumple con las obligaciones en materia de derechos humanos, reconocidas en la Constitución y en varios tratados internacionales, lo que resulta en una omisión legislativa absoluta. 

En este sentido, la Ibero Puebla hizo un llamado al Congreso del estado para acatar con seriedad el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y para que responda a la necesidad sentida de las víctimas.

Respecto a las cifras, Arrambide González, recalcó que al corte del 10 de mayo, se tiene un registro de 87 mil 703 personas desaparecidas a nivel nacional, mientras que en Puebla se contabilizan 2 mil 725 personas desaparecidas, ubicando a la entidad en el lugar 13 a nivel nacional.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Ocotitla Huerta, R. (2021). Congreso de Puebla incurre en una omisión grave al no legislar sobre desaparición de personas. Lado B. Recuperado el 19 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/congreso-de-puebla-incurre-en-una-omision-grave-al-no-legislar-sobre-desaparicion-de-personas/

Buscarán asegurar que el acceso a derechos sexuales y reproductivos no sean interrumpidos por pandemias

La Redacción | CIMAC Noticias.

Jueves 13 de mayo de 2021

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Ciudad de México. La llegada del Covid-19 al mundo exacerbó la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos: más agresiones en sus hogares, más abortos en condiciones inseguras y embarazos no deseados al no tener acceso a servicios de salud, mayor desempleo y trabajo no remunerado, por lo que millones de ellas se enfrentarán a la pobreza, enfermedades y a una salud mental desgastada. 

Estas son las problemáticas que las integrantes del Grupo de Trabajo de Género (GWG) del C20 identificaron como las primordiales que los gobiernos y líderes mundiales deberán tratar en  la “Cumbre Mundial de la Salud”, que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2020 en Roma, la capital de Italia, con el fin de que aprueben la “Declaración de Roma” que asegure que los derechos de las mujeres y niñas, en especial los sexuales y reproductivos, no sean interrumpidos en lo que resta de esta pandemia y en las próximas que puedan presentarse. 

El grupo de los G20 está conformado por representantes de 20 países, entre ellos México, y cuenta con alrededor de 14 organización internacionales y regionales como socias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, que se reúnen para discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacional y ahora para definir estrategias frente a esta y futuras crisis sanitarias. 

En un comunicado, explicaron que el Covid- 19 visibilizó que los países carecen de un sistema de salud de calidad que pueda actuar ante emergencias sanitarias a gran escala, lo que repercutió en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas fueron transgredidos al no ser atendidos, en consecuencia, la vida de ellas estuvo en riesgo, en particular de las que vivían en zonas marginadas. 

En mayo de 2020, recordaron que la asamblea de la OMS aprobó una resolución firmada por todos los ministerios de sanidad que reconoce que los servicios sexuales y reproductivos son esenciales y exigió que los gobiernos de cada país aseguraran el acceso a ellos para todas las personas. 

Sin embargo, dijeron, esto no ha sido así en lo que va de la pandemia. El resultado es que no sólo hay un aumento de aborto en condiciones inseguras o embarazos no deseados, sino que se prevé que esto influya en que ocurran 2 millones casos de mutilaciones femeninas y 13 millones de matrimonios infantiles en la próxima década, además, dificultará que las mujeres puedan vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección de transmisión sexual que ellas están en riesgo de contraer. 

Por ello, lamentaron que países desarrollados reportaran un recorte del 85 por ciento al desarrollo de la planificación familiar y otro 80 por ciento al financiamiento de los tratamientos contra el VIH/Sida.

Resaltaron que las mujeres representan cerca del 70 por ciento de personal sanitario mundial, el cual ha enfrentado en primera línea el Covid-19, no obstante, muy pocas veces se les reconoce o las consideran en las políticas sanitarias preventivas y curativas. Consideraron importante que las mujeres de este sector sean incluidas en todos los procesos de decisión y su papel sea más valorado. 

Ante este panorama, exigieron que los estados del G20 refuercen sus sistemas de salud pública para garantizar la plena continuidad de la atención sanitaria sin dejar de lado los servicios médicos hacia las mujeres y niñas y que los hospitales a nivel mundial, regional y local, trabajen en un nuevo sistema de logística que asegure un a respuesta efectiva ante futuras pandemias. 

Además, demandaron la creación de centros de salud comunitarios para mujeres con personal capacitado, y garantizar la disponibilidad de agua, saneamiento e higiene en estos sitios; promover educación sexual integral; y generar datos abiertos sobre los temas ya mencionados para supervisar si estas estrategias son positiva en ellos.  

“Sabemos que cuando las mujeres y niñas pueden tomar las decisiones más fundamentales sobre sus cuerpos, no sólo ganan en términos de autonomía, sino también en términos de avances en la salud, educación, los ingresos, la seguridad y la igualdad de género.Todo ello se traduce en un mundo de mayor justicia y bienestar humano”, finalizaron. 

De acuerdo con ONUMujeres 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia sexual o física en el mundo antes de la pandemia. La llegada de ésta aumentó hasta 5 veces más las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia contra violencia familiar en algunos países, debido a que las mujeres estuvieron encerradas con sus agresores y alejadas de personas que pudieran ayudarlas, por ello al menos 40 por ciento de ellas no buscaron algún tipo de apoyo. 

Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó en abril de 2020 que si el confinamiento se prolongaba por 6 meses, habría 31 millones de casos de violencia de género. Este encierro también produjo una sobrecarga de actividades no remuneradas en las mujeres, si antes ellas destinaban casi 3 veces más tiempo a las labores domésticas en comparación con los hombres, en la pandemia aumentó más y se le sumó la supervisión de las tareas escolares de las y los hijos junto con el cuidado de éstos. 

Según cálculos de ONUMujeres, 18 millones de mujeres pudieron perder el acceso a métodos anticonceptivos en lo que va de la pandemia en América Latina y el Caribe por el recorte del 50 por ciento de los servicios médicos, lo que advirtió, generaría más casos de mortalidad materna, más tasas de embarazos en adolescentes y contagios de infecciones de transmisión sexual. 

21/AEG/LGL

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La Redacción (2021). Buscarán asegurar que el acceso a derechos sexuales y reproductivos no sean interrumpidos por pandemias. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/13/buscaran-asegurar-que-el-acceso-a-derechos-sexuales-y-reproductivos-no-sean-interrumpidos-por-pandemias