Negligencia criminal ante la desaparición

Foto: César Martínez López

Lucía Melgar Palacios | Desinformémonos

——– | Julio del 2021 | — : —

Las desapariciones de personas en México continúan. Desde el inicio en 2007 de la “guerra impuesta”, como la nombra la investigadora Julia Monárrez, se ha multiplicado el número de personas que desaparecen para siempre, o son encontradas asesinadas o son localizadas sin que se sepa qué les sucedió.

Como señalan estudiosas del feminicidio y la desaparición, éste fenómeno complejo requiere una explicación multifactorial y acercamientos que tomen en cuenta la diversidad regional, el sexo y edad de las víctimas, las características del delito y los modos de operar de los criminales. No sucede lo mismo en Tamaulipas que en Estado de México.

Entre los trabajos periodísticos recientes, con enfoque de género, destaca la investigación de Itxaro Arteta (Animal Político, 5 y 6 de julio), quien revela que en la última década han sido reportadas como “no localizadas” 3 mil 241 adolescentes de entre 12 y 17 años en México. Tras un arduo acceso a bases oficiales, Arteta reitera las diferencias, ya conocidas, entre la desaparición de hombres y de mujeres, y subraya que la mitad de los reportes de desaparición de mujeres corresponden a estas adolescentes. Sólo este 2021, “484 niñas de 0 a 17 años están desaparecidas”.


Aunque hay casos en que niñas y adolescentes huyen de casas violentas o en busca de mayor libertad o en efecto se van con un novio o amiga, las autoridades no prestan suficiente atención a la sustracción que culmina en trata con fines de explotación sexual y suelen responsabilizar a las familias. 

Si bien Arteta refiere el trabajo de instancias dedicadas y responsables como la célula de búsqueda de Nezahualcóyotl, conformada, como otras, a raíz de la segunda Alerta de Género en Edomex, éstas no existen ni todas las autoridades trabajan igual en todo el país (ni en ese estado): no siempre hacen enseguida la ficha de denuncia ni la búsqueda inmediata. El caso de Fátima ejemplifica bien las fallas del sistema.

Si ya las desapariciones permanentes o seguidas de feminicidio deberían obligar a reforzar al personal de búsqueda y a dar prioridad a la prevención, no sólo “previniendo” a niñas y jóvenes” sino mediante investigación de campo para detectar y detener a los criminales antes de que dañen,  las “desapariciones intermitentes” exigen también la acción urgente de las autoridades. Este término, acuñado por la investigadora Emanuela Borzacchiello, pero que también se usa en Argentina, refiere a desapariciones de niñas y adolescentes que duran entre 72 horas y dos semanas (revista Ichan, marzo 2021). Las sobrevivientes vuelven pero no hablan de lo que les pasó. Su silencio vela abuso, explotación sexual y amenazas, por parte de una red criminal (o pueden ser individuos).

Hay casos en después la desaparición se repite: la adolescente vuelve pero sigue en riesgo. Algunas familias pueden confiar en el regreso y ya no denunciar.

Además del daño psicológico y físico que sufre, la adolescente queda expuesta y sin justicia. Como vuelve (y no denuncia a su vez), la investigación se cierra. ¿Acaso no sucedió un delito? ¿Acaso el Estado no debe reparar el daño y garantizar la no repetición para esta chica y otras? ¿Qué clase de garantía de derechos humanos es ésta?

Si recordamos la Sentencia de Campo algodonero (2009), por sólo saber el riesgo que corren niñas y adolescentes, el Estado está obligado a actuar para evitar la repetición, se trate de feminicidio o de desapariciones definitivas o temporales. No actuar es negligencia, como recalcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es también complicidad por omisión con criminales que se saben impunes.

Ante estas “desapariciones intermitentes”, las autoridades deberían considerar que la dificultad de hablar de una experiencia traumática, dificulta más no impide investigar el crimen y reparar el daño. Urge que fiscalías y comisiones de búsqueda se coordinen, inviertan en personal de búsqueda efectivo que prevenga el crimen o localice a las víctimas y en psicólogas especializadas en trauma y violencia sexual. Urge que se comprometan a investigar a fondo las desapariciones y a procesar a los criminales. Minimizar o ignorar estas violencias es perpetuarlas.

Este material se comparte con la autorización de CIMAC

El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Lucía Melgar Palacios (2021) Negligencia criminal ante la desaparición. Desinfromémonos. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/negligencia-criminal-ante-la-desaparicion/

¿Quiénes son los responsables de las obras y operación de la Línea 12 del Metro?

Redacción | Desinformémonos

Martes 4 de mayo de 2021

En 2012 se inauguró la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México con una inversión de 26 mil millones de pesos, y de 2014 a 2019 se invirtieron más de 765 millones de pesos para su mantenimiento tras las fallas y colapsos en su operación. A pesar de las inversiones, la noche de este 3 de mayo se desplomó el puente que conecta las estaciones Olivos y Tezonco, dejando 23 personas muertas y al menos 79 heridas.

Conoce aquí algunos responsables de la construcción y operación de la Línea Dorada del Metro, presentada como el proyecto insignia del gobierno capitalino del ahora canciller de México, Marcelo Ebrard, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

1-. Marcelo Ebrard Casaubón. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció en 2007 la creación de la Línea 12 del Metro, que conecta Mixcoac con Tláhuac, y la inauguró el 30 de octubre de 2012, asegurando que era “una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo”. Las primeras fallas en la operación de la también llamada Línea Dorada ocurrieron sólo dos años después de su inauguración, lo que obligó a cerrar 11 de las 20 estaciones de la línea hasta reanudar su función regular en 2017.

2-. Enrique Horcasitas Manjarrez. Exdirector general del Proyecto Metro de la Línea 12, quien se deslindó de las compra de los trenes al declarar: “Nosotros nos encargamos de las vías y el tema de la compatibilidad (con los trenes)”. En 2015 se reportó su fuga de México luego de que se le imputó el otorgamiento y autorización de un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, cuyo objetivo consistió en supervisar la construcción de obra pública, pese que la licitación se declaró desierta. Horcasistas también fue señalado por haber contratado a la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para las obras de la Línea 12, en cuyo directorio se encontraba su hermano, Luis Horcasitas Manjarrez.

3-. Francisco Bojórquez. Exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro que presentó el proyecto junto con Marcelo Ebrard y se reunió con los arquitectos e ingenieros de las obras. En 2015 la Contraloría General del Distrito Federal lo inhabilitó por 10 años por las irregularidades en el contrato de arrendamiento de los trenes para la Línea Dorada.

4-. El Consorcio, conformado por las empresas ICA, Carso y Alstom, responsables de la construcción de la Línea Dorada. Hoy, son ICA y Carso las encargadas de la construcción de los tramos dos y cuatro del megaproyecto federal del Tren Maya.

5-. Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF México). La CAF es la responsable de la venta de los trenes que corren sobre la Línea Dorada.

6-. Certificadoras. La Línea 12 fue certificada por el consorcio alemán TÜV, de acuerdo con Marcelo Ebrard. El consorcio recibió 119 millones de pesos por el certificado de la Línea Dorada, el cual fue entregado el mismo día que se inauguró la obra, es decir, el 30 de octubre de 2012.

7-. Joel Ortega. Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien ante las fallas de la Línea Dorada del 2014 declaró que los problemas “ya estaban presentes desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar.

Las fallas en la Línea Dorada del Metro capitalino se agravaron con el sismo de 2017, cuando se reportaron grietas y despedazamientos en las estructuras. Vecinos de Tláhuac denunciaron desde entonces su temor frente a un posible colapso, pero las autoridades no respondieron. A pesar de los reportes, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que las instalaciones de la Línea 12 recibían mantenimiento “todos los días”.

Con información de Aristegui Noticias y El Universal

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Redacción (2021). ¿Quiénes son los responsables de las obras y operación de la Línea 12 del Metro? Desinformémonos. Recuperado el 4 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/quienes-son-los-responsables-de-las-obras-y-operacion-de-la-linea-12-del-metro/

Clase social, principal causa de discriminación, revela encuesta

Vida cotidiana en el Centro Histórico de la CDMX.
Vida cotidiana en el Centro Histórico de la CDMX. Foto José Antonio López

Dora Villanueva | La Jornada

Ciudad de México | Miércoles 24 de Marzo del 2021 | 22:34

La clase social es la principal causa de discriminación en México, así lo percibe 73.3 por ciento de la población consultada para la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci); le siguen la forma de vestir y la orientación sexual. Incluso 64.9 por ciento de las personas considera que tener o haber tenido Covid-19 se encuentra entre los principales motivos de segregación.

El estudio levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que tres cuartas partes de la población en México sabe qué es la democracia y dos terceras partes la considera preferible frente a otra forma de gobierno. Sin embargo, hasta 16.4 por ciento cree que un gobierno encabezado por militares podría ser mejor. Esta proporción destaca entre la gente más joven; hasta 22.9 por ciento de las personas entre 18 y 19 lo considera así, frente al 9.3 por ciento de quienes cuentan con 60 años 0 más, reportó el organismo.

La Encuci levanta información sobre percepciones, valores y prácticas relativas a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos ciudadanos en México, así como sobre los factores que inciden en la construcción de una ciudadanía plena. Se realizó entre personas de 15 años de agosto de 2019 a septiembre de 2020 y servirá al Instituto Nacional Electoral para elaborar el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía 2020.

De acuerdo con el estudio, el 52.7 por ciento de la población que sabe o ha escuchado lo que es la democracia manifestó sentirse satisfecha con ella en México, el 46.8 por ciento opinó lo contrario; adicionalmente 55.8 por ciento declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país, inquietud que incrementa a medida que el grupo de edad es más alto.

Entre los datos recabados, el 64.9 por ciento de población cree que para la toma de decisiones el gobierno toma en cuenta las decisiones de las personas; en cuestión de confianza, el mayor grado lo tienen las universidades públicas (70.1 por ciento se fía de ellas); seguidas de las organizaciones sociales y los grupos de vecinos; mientras sólo el 21.8 por ciento de las personas tiene confianza en los partidos políticos.

La encuesta recopila algunos aspecto vinculados con la tolerancia y la discriminación. Por ejemplo, 17.7 por ciento de las personas está en desacuerdo que alguien que piensa diferente aparezca en los medios de comunicación.

Hay una serie de factores que prevalecen a la hora de discriminar. Por ejemplo, se consultó a las personas en qué escenarios se negarían a rentar un cuarto a una persona que no conoce. Hasta 71 por ciento dijo que no lo haría a una personas que fuma marihuana, 48.7 por ciento se negaría a hacerlo con alguien que haya estado en la cárcel, 25.4 por ciento con un inmigrante, incluso 5.6 por ciento no arrendaría un espacio a alguien de piel morena y 5.7 por ciento tampoco a una persona indígena.

A la par, 2.7 por ciento de la población no está de acuerdo en que los hombres y las mujeres deben tener las mismas oportunidades de participar en todas las áreas, también 11.2 por ciento cree que la mayoría de las mujeres no tienen educación o habilidades políticas “por las que un hombre debe decidir por ella”.

En la Encuci, que supone ser representativa de todo el país, el 19.7 por ciento cree que los hombres están mejores calificados para ser líderes políticos que las mujeres y hasta un 31.6 por ciento considera que las familias deben decidir si ellas pueden participar en las elecciones a cargos públicos. Además 4.2 no está de acuerdo en que los indígenas puedan participar a un cargo público y 11.3 no cree que deban hacerlo los homosexuales.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

Dora Villanueva (2021) Clase social, principal causa de discriminación, revela encuesta. La Jornada. Recuperado el 24 de Marzo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/24/economia/clase-social-principal-causa-de-discriminacion-revela-encuesta/

Usar cubrebocas es no confiar en Dios: obispo de Ciudad Victoria

Antonio González Sánchez, obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, asegura que no utiliza cubrebocas como un acto de presunción, sino por la gracia de Dios

El obispo en Ciudad Victoria asegura que usar “el famoso cubrebocas”, que utiliza la población para evitar que aumenten los contagios de covid, es “no confiar en Dios”.
El obispo en Ciudad Victoria asegura que usar “el famoso cubrebocas”, que utiliza la población para evitar que aumenten los contagios de covid, es “no confiar en Dios”.

REDACCIÓN | Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO | Lunes 15 de Diciembre del 2021 | 20:46


CIUDAD DE MÉXICO.

Antonio González Sánchez, obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró que usar “el famoso cubrebocas”, que utiliza la población para evitar que aumenten los contagios de covid-19, es “no confiar en Dios”.

“El famoso cubrebocas es no confiar en Dios, es no confiar en Dios, no confiar en Dios, yo entiendo, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, a lo mejor porque no son inmune a nada, pero yo generalmente así como me ven en mi rostro así ando casi siempre”, comentó durante la homilía del 14 de febrero.

El obispo asegura que el no utilizar cubrebocas no es un acto de presunción, sino gracia de Dios.

“Ando así porque creo mucho en Dios”, agregó.

Aclaró que no va a pedir a los fieles que se lo quiten, pero los urgió a que lo piensen.

“Me parece, obviamente puedo estar equivocado, me parece que nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedirle a Dios que esto se acabe”, añadió.

El presente articulo es propiedad de Excelsior.

REDACCIÓN (2021) Usar cubrebocas es no confiar en Dios: obispo de Ciudad Victoria. Excelsior. Recuperado el 16 de Febrero del 2021 en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/usar-cubrebocas-es-no-confiar-en-dios-obispo-de-ciudad-victoria/1432902

COVID-19: pueblos indígenas temen el impacto de la segunda ola de la pandemia

Yvette Sierra Praeli | Mongabay Latam

Jueves 28 de enero de 2021

  • Hasta noviembre de 2020, la Red Eclesial Panamazónica y Coica contabilizaron más de 73 mil contagios entre la población indígena de la Amazonía, cifra que será actualizada en los próximos días. Los pueblos indígenas se alistan hoy para el cierre de sus territorios y el uso de medicina tradicional, que es lo que están aplicando desde el inicio de la emergencia sanitaria.
  • Las organizaciones indígenas reclaman por una distribución equitativa de las vacunas para los pueblos amazónicos.

La información sobre los casos de COVID-19 que llega desde el Estado de Amazonas, en Brasil, causa angustia. Reportes de personas que fallecen por falta de oxígeno, de hospitales que han colapsado o la impotencia de quienes no logran llegar hasta un centro de atención por vivir en áreas muy distantes. Todo lo que se vive hoy evoca los meses más críticos de la pandemia durante el 2020, cuando las cifras de contagios y fallecidos se dispararon.

Pero Brasil no es el único país que enfrenta nuevamente este incremento acelerado de casos. Bolivia, Colombia y Perú han visto cómo el número de contagios y defunciones ha ido aumentando desde fines de diciembre. La llamada segunda ola del COVID-19 ya se instaló en Latinoamérica.

COVID 19 en indígenas de Ecuador. Pruebas rápidas de COVID-19 para miembros de la nacionalidad siekopai, comunidad de San Pablo, Territorio Siekopai, Sucumbios, Amazonia ecuatoriana, el 27 de abril 2020. Foto Luke Weiss / Amazon Frontlines y Alianza Ceibo.
Pruebas rápidas de COVID-19 para miembros de la nacionalidad siekopai, comunidad de San Pablo, Territorio Siekopai, Sucumbios, Amazonia ecuatoriana, el 27 de abril 2020. Foto Luke Weiss / Amazon Frontlines y Alianza Ceibo.

Esta situación ha despertado la preocupación de los líderes indígenas de los países amazónicos, luego de que las comunidades nativas resultaran fuertemente afectadas durante la primera ola de la pandemia.

La semana pasada, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) hizo un llamado a los gobiernos nacionales y federales —en el caso de Brasil— para que se implementen barreras sanitarias y cercos epidemiológicos, además que se garantice la atención médica en los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía.

“Hemos decretado alerta máxima en las fronteras indígenas con Brasil, es decir, por el Río Negro, Guainia y Amazonas entre Colombia y Venezuela, en todas las fronteras indígenas con Perú y Bolivia, en Surinam y Guyana”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de Coica.

Vanda Ortega Witoto fue la primeira indígena vacunada en el Estado de Amazonas, en Brasil. Foto: COIAB

Según el reporte de la Red Eclesial Panamazónica que monitorea el COVID-19 en la Amazonía de los nueve países de Sudamérica, en el último mes —entre el 21 de diciembre de 2020 y el 25 de enero de 2021— la cifra de casos positivos entre la población general de la cuenca amazónica alcanzó los 231 374, mientras que en el mismo periodo se registraron 6792 fallecidos.

Desde el inicio de la pandemia la cifra total de personas positivas al coronavirus —incluida población indígena y no indígena— suma 1 841 504 en la Amazonía de los nueve países que la integran, mientras que los fallecidos alcanzan los 44 539, según REPAM. Ahora mismo esta institución, en alianza con Coica, trabaja en la actualización del número de contagios solo en pueblos indígenas, que hasta noviembre de 2020 superaba los 73 mil casos.

Mientras tanto, un toque de queda de 24 horas ha sido impuesto en Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, desde el 25 de enero debido al colapso de los servicios de salud y la falta de oxígeno para atender a los pacientes afectados por coronavirus.

Lee más | El COVID-19 golpeó fuertemente a los pueblos indígenas en el 2020

Prevención en pueblos indígenas de Perú

“El año pasado solo éramos tres, pero nos hemos defendido”, recuerda Omar Montes, obstetra del Centro de Salud de la comunidad nativa Bellavista de Callaru, en la región Loreto, Perú, que durante los primeros meses de la pandemia le hizo frente al coronavirus sin medicinas, sin pruebas de descarte y con solo dos personas de apoyo con quienes recorrió las cinco comunidades tikuna que pertenecen a su centro de salud. Estas comunidades tikuna vivieron su peor momento en mayo de 2020, cuando en solo una semana fallecieron siete personas por COVID-19.

En la comunidad nativa Bellavista de Callaru se mantiene las medidas de prevención para evitar un nuevo incremento del coronavirus. Foto: Omar Montes

Desde entonces, en Bellavista de Callaru y las comunidades cercanas no se ha bajado la guardia, sobre todo porque se trata de una zona de riesgo por estar ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, donde se ubica el estado de Amazonas de este último país que actualmente está desbordado por un incremento de los contagios del coronavirus.

Por eso, la vigilancia en las comunidades tikuna es permanente —cuenta Montes— quien además señala que desde agosto de 2020 llegó a Bellavista de Callaru un equipo de atención al COVID-19 del Ministerio de Salud. “Cada mes se reportan entre 10 y 20 casos positivos, pero nadie más ha fallecido desde mayo”, comenta Montes y menciona que este mes son 11 las personas positivas al coronavirus en este sector.

Montes explica, además, que permanecen en alerta por el riesgo que significa estar en una zona de frontera con Brasil. “Las personas van a Tabatinga (Brasil) para hacer sus compras. No hay prohibiciones”, comenta.

Según la Sala de población indígena con COVID-19 del Ministerio de Salud de Perú, la región Ucayali tiene actualmente las provincias con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 entre la población indígena. El reporte de 14 días —hasta el 17 de enero— indica que los pueblos amahuaca y asháninka, en la provincia de Atalaya, han reportado más de 50 casos de coronavirus.

Omar Montes permanece en la primera línea de atención en el pueblo tikina, en la frontera de Perú, Colombia y Brasil. Foto: Archivo personal Omar Montes.

En la lista le siguen el pueblo asháninka de Satipo, en la región Junín, con 14 casos y el pueblo kichwa, en la provincia de El Dorado, en San Martín, con 13 casos. La curva a nivel nacional muestra una ligera alza desde diciembre de 2021.

Las comunidades nativas de Ucayali también tuvieron una primera ola devastadora durante el 2020. “En estos momentos tenemos diez pacientes. Hasta ayer eran nueve y acaba de llegar uno más”, dice al teléfono Jorge Soria, líder del llamado Comando Matico, un grupo de voluntarios indígenas que utiliza la medicina tradicional para atender a las personas de las comunidades nativas contagiadas por COVID-19.

Junín es otra de las regiones con alto nivel de contagio de coronavirus en Perú. Sin embargo, en las 53 comunidades indígenas que pertenecen a la Central Asháninka del Río Ene (CARE), desde que empezó la pandemia, no se han reportado casos de COVID-19. —Oficialmente no hay casos de COVID reportados a la red de salud de Satipo—, asegura Irupé Cañari, asesora legal de CARE.

Apenas se dictaron las medidas de confinamiento en Perú, las comunidades de CARE se organizaron para cerrar el ingreso a sus comunidades. Desde marzo del 2020, los pueblos asháninkas de Satipo, en Junín, evitaron movilizarse fuera de sus territorios y no hubo desabastecimiento —asegura Cañari— mientras que el comercio de sus productos, como el plátano, no se detuvo. “Se organizaron y trasladaron todos sus productos en un solo viaje usando todos los protocolos de bioseguridad”.

Los pueblos asháninkas de la selva central de Perú cerraron sus territorios desde el inicio de la pandemia. Foto: Agencia Andina.

El problema que ahora se está presentando en las comunidades asháninka es la presencia de dengue. Cañari señala que ya se han reportado más de 20 casos desde setiembre de 2020. “No se ha activado ningún plan de atención ni respuesta para el dengue. Todo está enfocado en el COVID-19”.

Cañari dice que la atención de la pandemia no debe ser motivo para que se deje de lado otras afecciones, como la que se está presentando. “Si bien estamos en un contexto de una segunda ola, tenemos otras enfermedades que ameritan atención”.

“Estamos expectantes y vigilantes frente a las disposiciones del Estado”, dice Cañari, sobre las medidas que pueda adoptar el gobierno ante la segunda ola del coronavirus y agrega que en las comunidades mantendrán las medidas adoptadas hasta ahora, incluyendo el uso de medicina tradicional como lo han hecho la mayoría de pueblos indígenas en la Amazonía.

La doctora en geografía de la salud e investigadora de la Unidad de Ciudadanía Intercultural y Salud Indígena de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Carol Zavaleta, señala que el personal de salud de la Amazonía se debe mantener en alerta para la vigilancia no solo del COVID-19, sino también de otras afecciones como el dengue, de tal forma que se pueda realizar diagnóstico y atención rápida.

Pueblos indígenas solicitan atención en los puestos de salud de las comunidades. Foto: Ministerio de Cultura.

Zavaleta explica, además, que la pandemia del coronavirus ha llevado a los pueblos indígenas a recuperar plantas que no usaban, así como a mantener sus prácticas de medicina tradicional para enfrentar al virus. Recordó que la mortalidad no se ha presentado en igual intensidad en todos los pueblos indígenas amazónicos. “Por ejemplo, en la primera ola no hubo muertos entre los indígenas Shawi, a diferencia de lo que pasó con los Kichwa”. Por tanto, considera que es necesario impulsar investigaciones en la Amazonía que tome en cuenta factores como la demografía, comorbilidades, el historial de infecciones de los pueblos, así como el clima y características de cada lugar.

En ese sentido, Zavaleta menciona que se ha iniciado una investigación en 14 países con población indígena a nivel mundial, entre ellos Perú y Bolivia. Esta investigación busca evaluar los impactos del COVID-19 y la interacción entre la pandemia, los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria en poblaciones con mayor vulnerabilidad. En Perú, la investigación, a cargo de Zavaleta, se realizará en comunidades indígenas de las regiones de Loreto y Junín.

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Cierre de fronteras y medicina tradicional en Ecuador y Colombia

“No hemos recibido alertas por COVID-19 desde ningún territorio”, asegura Andrés Tapia, líder indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

Covid19 llega a pueblos indígenas. Las poblaciones indígenas tienen un desabastecimiento de alimentos en el aislamiento social. Foto: Valentina Tuchie.
Según los líderes indígenas, la mortalidad en las comunidades amazónicas fue menor a la registrada en las ciudades. Foto: Valentina Tuchie.

Tapia recuerda que durante la primera ola del coronavirus los contagios fueron masivos en los 11 territorios indígenas de Ecuador. “Tuvimos un 80 % de incidencia, pero la mortalidad fue inferior al promedio nacional”, señala el líder indígena y asegura que esta menor mortalidad se debió al uso de medicina tradicional.

El líder indígena de Confeniae menciona que los pueblos amazónicos han reforzado sus medidas de prevención ante el nuevo incremento de casos en las ciudades, por lo tanto, la organización indígena ha suspendido sus asambleas y se ha pedido evitar encuentros masivos. “También hemos implementado mecanismos de coordinación con el sector salud, además de contar con tanques de oxígeno y realizar pruebas de descarte”.

Según Repam, desde que se inició la pandemia han fallecido 391 personas por COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana. Este país padeció una devastadora primera ola que tuvo su epicentro en la ciudad costera de Guayaquil. Actualmente es uno de los pocos países Latinoamericanos que ya ha iniciado la vacunación contra el coronavirus.

El 21 de enero, Ecuador empezó su plan de vacunación nacional. En esta primera etapa se aplicarán 8000 dosis de la vacuna de Pfizer – BioNtech entre el personal de salud y adultos mayores. El gobierno ya ha asegurado la adquisición de dos millones de vacunas de este mismo laboratorio y 17 millones de dosis más de otros tres laboratorios.

La vacunación se ha iniciado en algunos países de Latinoamérica. Foto. Agencia Andina.

Hasta el momento —señala Tapia— no se ha coordinado con el gobierno cómo implementar la vacunación en las comunidades nativas. “No hemos tenido ningún tipo de acercamiento, no sabemos cómo está prevista la vacunación”.

En Colombia, el líder indígena Jhoe Sauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura que los pueblos indígenas de los territorios del Cauca y Nariño se han protegido del coronavirus mediante el uso de plantas medicinales y con los controles de la guardia indígena en sus territorios. “En el Cauca estamos en alerta roja y los hospitales de Popayán están en un 96 % de ocupación. Pero los casos de indígenas afectados son muy pocos. Utilizamos nuestro conocimiento ancestral para cuidarnos”.

Sauca explica que el CRIC mantiene un trabajo articulado con todas las comunidades del Cauca para reforzar sus medidas de prevención: que cada comunero cuente con implementos de bioseguridad, controlar los recorridos en sus territorios y protegerse de una manera integral con una alimentación sana y el consumo de plantas tradicionales.

En Colombia —indica Sauco— el porcentaje de fallecidos en las comunidades indígenas es menor al registro de las ciudades.https://www.youtube.com/embed/LB5i1pCwQxk

Fany Kuiru Castro, lideresa indígena del pueblo Uitoto y Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), señala que en la Amazonía colombiana no se cuenta con información precisa sobre la cantidad de contagios ni fallecidos que ha ocasionado el COVID-19 hasta el momento.

La representante de la OPIAC confirmó que la zona de la triple frontera con Perú y Brasil ha sido cerrada por disposición del gobierno colombiano, debido al incremento de casos principalmente en el estado fronterizo de Amazonas, en Brasil. A la lideresa indígena le preocupa la seguridad alimentaria de los pueblos amazónicos, principalmente en períodos de cierre de vías, pues muchas de las comunidades quedan desabastecidas y no hay comunicación con los pueblos más alejados.

Colombia ya superó la barrera de los 2 millones de casos positivos de COVID-19 y la cifra de personas fallecidas supera las 50 mil. En esta segunda ola de la pandemia las defunciones han alcanzado cifras cercanas a las 400 personas por día.

Lee más |La violencia de la pandemia: líderes indígenas asesinados y amenazados en América Latina

Bolivia: pueblos indígenas a la deriva

Desde Bolivia, la lideresa indígena Ruth Alipaz dice que los pueblos indígenas están adoptando las mismas medidas que tomaron durante la primera ola para frenar el avance del coronavirus en esta segunda etapa de aumento de casos: el confinamiento en sus territorios y el uso de medicina tradicional.

Los pueblos indígenas de Bolivia han utilizado la medicina tradicional para tratar el COVID-19. Foto: Archivo Mongabay Latam.

“Las tasas de mortalidad han sido muy bajas en los territorios indígenas”, señala Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) sobre cómo afectó el coronavirus a los pueblos indígenas en Bolivia.

Alipaz lamenta que los municipios hayan desmantelado sus áreas COVID-19 en los centros de salud. “Parece que el nuevo gobierno no tiene ni idea de qué hacer”, dice la lideresa.

El presidente Luis Arce ha pedido a la población “aguantar y resistir” hasta que llegue la vacuna. Este pedido, que ha hecho en más de una ocasión, ha despertado polémica e inquietud entre los bolivianos que actualmente enfrentan el aumento de casos positivos y de fallecidos.

Otro tema que preocupa a Alipaz es la campaña electoral que se realiza actualmente en Bolivia, debido a los llamados a caravanas y reuniones por parte de los partidos políticos.

El 7 de marzo se realizarán las elecciones subnacionales en Bolivia, para elegir a gobernadores departamentales y alcaldes municipales, así como los integrantes de cada uno de estos concejos de gobierno.

“Como ha sucedido en Chuquisaca, las autoridades locales están tomando medidas para frenar los contagios”, comenta Alipaz, en relación al confinamiento que ordenaron las autoridades locales en las comunidades rurales de Limabamba y Tihumayu.

“Prácticamente estamos desamparados por los entes gubernamentales y a merced nuestra”, señala Alex Villca, líder indígena de Contiocap. «En la primera etapa se paralizaron gran parte de las actividades, aunque se mantuvo las actividades extractivas. Sin embargo, ahora todos se movilizan y nos exponen a mayor riesgo. Si esta segunda ola llega a las comunidades será terrible”, agrega.

Villca también señala las deficiencias que existen en los territorios indígenas principalmente por la carencia de insumos como jabón y detergente para el lavado de manos, así como de alcohol, elementos recomendados como medidas de prevención.

“En los territorios indígenas no se puede cumplir el distanciamiento social porque las viviendas son colectivas y en muchos lugares carecemos de agua. Los hermanos acudieron al consumo de plantas medicinales antes de la llegada del virus”, señala Villca.

En una conferencia de COICA realizada el martes 26 de enero, el líder indígena Tomás Candia señaló que en Bolivia han solicitado al gobierno que se cierre la frontera con Brasil, pero hasta el momento no se ha tomado en cuenta este pedido. “Las autoridades no nos escuchan. Hemos perdido a familiares y a líderes en los pueblos de Bolivia”, agrega Candia, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

A la espera de las vacunas

“Solo en Brasil se está aplicando la vacunación para pueblos indígenas, pero en un porcentaje mínimo, que no es adecuado para la atención que necesitan los pueblos indígenas de Brasil. En los demás países amazónicos no existe en este momento un plan de vacunación específico para pueblos indígenas. Y si lo tienen, ninguno lo ha manifestado”, dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de COICA.

Díaz Mirabal agrega que los cinco países de habla hispana —Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador— hay exigencia de parte de las organizaciones indígenas. “Se han enviado cartas a los presidentes para iniciar el diálogo y un plan de articulación. En Brasil se está luchando para que sea justa y equitativa la vacuna”.

Organizaciones indígenas reclaman distribución equitativa de las vacunas. Foto: Agencia Andina.

Durante la conferencia que brindó el martes 26, Díaz Mirabal recordó que las organizaciones indígenas están pidiendo que se organice un cerco epidemiológico para las comunidades indígenas de tal manera que se detenga la propagación del virus. Asimismo, hizo un llamado al programa de vacunación COVAX Facility —proyecto de colaboración mundial para el acceso equitativo a las vacunas— para que se incorpore a los pueblos indígenas en los planes de distribución de la inmunización.

Desde Brasil, Francinara Soares, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, dijo que en ese país el COVID-19 está afectando a los pueblos amazónicos de manera devastadora. “Empezó en Manaos, pero se está extendiendo a otros estados como Pará y Rondonia”.

Soares dijo que  esta es una “guerra contra el covid, contra el tiempo y contra un presidente que trata la pandemia como si se tratase de una gripe”, en relación al tratamiento que el mandatario Jair Bolsonaro le ha dado a la pandemia. “Somos los más afectados por la negligencia del Estado y del poder público”.

Imagen principal: Pueblo indígena de Ecuador. Foto: Archivo Mongabay Latam. 

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Sierra Praeli, Y. (2021). COVID-19: pueblos indígenas temen el impacto de la segunda ola de la pandemia. Mongabay Latam. Recuperado el 8 de febrero de 2021 de: https://es.mongabay.com/2021/01/covid-19-pueblos-indigenas-temen-el-impacto-de-la-segunda-ola-de-la-pandemia/