La participación paritaria cambió el panorama, urge la igualdad en el Congreso y el contrapeso democrático

  • Analizan la paridad legislativa, sus  impactos, sus retos y desafíos: urge una alianza entre todas las mujeres
  • Conminan a una  reforma en materia de parlamento abierto, proponen mujeres políticas en Seminario

Micaela Márquez  | Sem México

Ciudad de México | Julio del 2021 | — : —

¿Por qué unas diputaciones  tienen mayor poder que otras? ¿Para qué sirve que  las  mujeres estén en la toma de decisiones? Urgente una alianza entre mujeres para lograr o devolver al congreso su papel de contrapeso,  la igualdad dentro del Congreso ¿cómo?, abatir las jerarquías impuestas,  donde las ideas de igualdad puedan impactar, hacer la diferencia y mejorar la democracia con  mayor equilibrio.

Todos estos  temas candentes  se analizaron estos días en la Cámara de Diputados, con legisladoras, especialistas, legisladoras por llegar y representantes del consejo  del Instituto Nacional Electoral,  ante  la creciente elección de mujeres en todo el país, donde algunos congresos locales ya son paritarios y habrá 7 siete  mujeres  estarán  gobernando simultáneamente.

Sí, reafirmó Martha Tagle Martínez,  el panorama cambió. La diputada de Movimiento Ciudadano exaltó a la paridad;  urge una verdadera alianza entre mujeres, dijo a su vez la experimentada Amalia García Medina  ex gobernadora de Zacatecas, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassi dijo que al impacto jurídico de la paridad, se suma su contribución a la mejora de la vida ciudadana.

La diputada perredista Verónica Juárez Piña, coordinadora de su partido en la Cámara, señaló los temas de las diferencias y la concentración de poder en la Junta de Coordinación Política; Flavia Freidenberg, de la OEA  sugirió mejorar los sistemas de información, para tener una cuenta y seguimiento  de iniciativas.

Los dichos

El avance de las mujeres en la paridad de género y en el espacio de toma de decisiones ha sido muy importante en los últimos años, dando como resultado que por segunda ocasión se tendrá un Congreso de la Unión  paritario y siete mujeres estarán gobernando al mismo tiempo,  fueron temas destacados  entre quienes participaron  en el Seminario “El Congreso de México necesita. Una reforma urgente”.

La diputada Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género, dijo que nadie  puede decir que no se ha dado  cuenta que ha cambiado la configuración del Congreso y que tiene que ver con la paridad, que incluso habrá varios congresos locales que tendrán más mujeres que hombres, y que es importante que el Congreso retome su papel de contrapeso como representación política de la ciudadanía.

Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacó que la agenda de género y la paridad tienen un impacto jurídico y no solo en el bienestar de las mujeres sino en toda la ciudadanía porque está íntimamente relacionadas a la cultura de la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Refirió que desde que tenemos el derecho al voto en México, el 98 por ciento de los gobernadores electos han sido varones, solo el dos por ciento han sido mujeres en las gubernaturas y además entre una y otras  hubo muchos años,  periodos sumamente largos.  

Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera de número  del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que en este proceso electoral una novedad fue la aprobación de la reforma de paridad total,   un avance importante. Así  junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las recién electas seis gobernadores en los  comicios del 6 de junio estarán 7 mujeres gobernando sus estados simultáneamente.

Respecto a la reforma en materia de violencia política dijo que esta aplica e incide para las mujeres que están ejerciendo cargos públicos. No solo las autoridades electorales sino todas las autoridades en este país están obligadas a combatir la violencia política en razón de género y hay que detonar estas vías para que otras soberanías actúen en este tema.

Amalia García Medina, diputada federal electa por Movimiento Ciudadano  para la LXV legislatura, expresó que al hablar de que es tiempo de las mujeres la pregunta es “para qué queremos paridad, para qué queremos estar donde se decide, en el Legislativo, y qué cambios traerían en la vida de las mujeres”. Planteó crear alianzas entre mujeres que se encuentran en ámbitos de decisión, la academia, la sociedad, en los distintos poderes, para avanzar en asuntos fundamentales.

Flor Dessiré León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, afirmó que el Congreso señaló que en el caso de las legislaturas que empezarán en septiembre, la agenda de las mujeres indígenas debe estar presente, ser tomada en cuenta y hacerla una realidad. Que los presupuestos pongan los ojos en políticas de prevención y alertas de violencia de género, porque  esto, en  los congresos locales será  fundamentales.

A su vez, Flavia Freidenberg coordinadora del Observatorio de Reformas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, y de la Organización de Estados Americanos, pidió que en cada congreso donde hay  unidades de igualdad, se amplíe la  información y así  poder “articular e identificar las iniciativas en las que tenemos que apoyar técnicamente a las legisladoras en los estados para mejorar esa legislación”.

Por otra parte, con el tema ¿Por qué unos Diputados tienen mayor poder que otros? se realizó el análisis del papel que desempeña la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, y cómo fortalecer al Congreso de la Unión y las decisiones políticas que se pueden tomar.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD Señaló que hace 47 años México consagró en su texto constitucional el principio de la igualdad ante la ley entre hombre y mujeres, así todas las personas en nuestro país constitucionalmente gozamos de los mismos derechos y obligaciones.

“Este principio se traslada por vía de la representación a quienes ostentan el mandato a la ciudadanía para ejercer el cargo de diputadas y diputados, y aunque en la teoría todas y todos los legisladores somos pares, aquí se ha expresado que existen diferencias”. 

A su vez, la periodista Ivonne Melgar Navas, de Grupo Imagen Multimedia, señaló que la reforma de fondo se trata de que todos en el Congreso tengan el mismo poder como representantes de los electores. Planteó que la Cámara de Diputados debe recuperar el papel de la Auditoría Superior y la vigilancia del presupuesto, porque hay un retroceso en la fiscalización; recobrar su facultad de investigación.

Mariana Niembro Martínez, directora de Borde Político, indicó que se debe avanzar en fortalecer al Congreso como contrapeso y es urgente una reforma en materia de parlamento abierto, que quiere decir más transparencia, espacios de participación, e innovar procesos y plataformas tecnológicas que tengan más comunicación con la ciudadanía.

El Congreso debe revalorar la representación proporcional

Por otra parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello indicó que, de acuerdo con los cómputos distritales del INE, la próxima legislatura volverá a ser paritaria, pues estará integrada con 248 mujeres legisladoras y 252 hombres. Además, indico que de las 500 curules que integrarán la LXV Legislatura, 152 fueron por reelección.

Abundó que el congreso debe revalorar la representación proporcional, ya que esta ha sido clave para la transición política, es decir, permitió transitar de un régimen autoritario que caracterizo al siglo XX a uno democrático.

Abundó que es necesario avanzar hacia un esquema donde la proporción de votos recibidos de las distintas fuerzas políticas y la proporción de escaños sean similares.

Ante una eventual reforma electoral dijo que es fundamental conocer que el 52.6 por ciento del total de votantes potenciales emitieron un voto diferenciado en favor de una nación con división y equilibrio de poderes. Subrayo que ninguna fuerza política puede dar por asegurado ni el triunfo propio ni el rechazo de los contrarios. 

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Micaela Márquez  (2021). La participación paritaria cambió el panorama, urge la igualdad en el Congreso y el contrapeso democrático. Sem México. Recuperado el 26 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-participacion-paritaria-cambio-el-panorama-urge-la-igualdad-en-el-congreso-y-el-contrapeso-democratico/

Culminan 25 años de exclusión de las mujeres en la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco

INE debe emitir nueva convocatoria al igual que en Oaxaca

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Martes 22 de Junio del 2021 | — : —

Sentencia con perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional es la que aplicó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se emita una nueva convocatoria exclusiva para mujeres para ocupar la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Con esta sentencia (SUP-JDC-1044/2021) culminan más de 25 años de exclusión y discriminación histórica que han vivido las mujeres, ya que sólo han sido hombres los que han ocupado el cargo de dirección, y en los cargos de consejeras es hasta el 2014 con la Reforma de Paridad que se integra la representación paritaria.

En conferencia de prensa las organizaciones y colectivos feministas G10X JALISCO, CLADEM, 100 X JALISCO, CIPIG, entre otras, destacan el argumento de la sentencia del Tribunal que no basta con la integración paritaria, sino que de manera progresiva se debe de buscar garantizar el derecho de las mujeres para acceder al más alto cargo de dirección del organismo electoral.  

Enfatizan que La Sala Superior consideró fundado el agravio de exclusión y discriminación histórica que han vivido las mujeres para ocupar la presidencia del órgano máximo de dirección del IEPC Jalisco (SUP-JDC-1044/2021).

La convocatoria exclusiva para mujeres es una medida valida porque está orientada a conseguir la igualdad material entre hombres y mujeres, posibilita la paridad real, remueve obstáculos que han impedido ejercer estos derechos humanos y no resulta discriminatorio.

Señalan que se aplicó el principio de progresividad y no discriminación y cumple nuestro país con las mujeres y el sistema constitucional e interamericano.

Acotan que, con la recién pasada elección del 6 de junio, el Congreso del Estado con 24 diputadas representan el 64 por ciento, sin embargo, a nivel municipal existen desafíos evidentes pues de 125 municipios, apenas 26 mujeres serán alcaldes en algunos de estos en el próximo trienio.

Conscientes de que aún falta mucho por hacer consideran que es fundamental que más mujeres se integren a los espacios de dirección y exhortaron a las mujeres a estar atentas a la convocatoria que pronto emitirá el INE para que se inscriban. Además, especificaron que el nuevo procedimiento permite que las mujeres ya inscritas continúen en el proceso de selección.

Esta sentencia se da después de que presentaron la impugnación las ciudadanas María Guadalupe Ramos Ponce, Diana Arredondo Rodríguez, Alicia Vázquez Valdez, Linda Inés Dávila Quintero, Eva Araceli Avilés Álvarez y Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias; en el JDC1044/2021, parea que se ordenara revocar el acuerdo INE/CG420/2021 del Consejo General del INE para emitir una nueva convocatoria exclusiva para mujeres.

Hicieron un reconocimiento a las abogadas oaxaqueñas que las acompañaron, ya que cabe recordar que Norma Iris Santiago y Aurora Sánchez Díaz, activistas integrantes de la Red Chimalli por los derechos de todas y todos en Oaxaca, sentaron un precedente muy importante el 26 de mayo pasado para que, por primera vez en 29 años de existencia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sea presidido por una Mujer.

Luego de que la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el JDC 858/2021 para que se emita una nueva convocatoria y que ésta sea exclusiva para mujeres.

Las organizaciones feministas y de derechos humanos pusieron de relieve que es obligación constitucional y convencional del Estado Mexicano garantizar a las mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos; la igualdad de trato; el acceso a las funciones públicos y a participar en los asuntos públicos; y a ocupar cargos públicos e integrar órganos de autoridad.

Mientras que el Consejo General del INE, tiene la responsabilidad de vigilar que el principio de paridad de género guie todas las actividades de ese instituto, entre ellas la designación de las presidencias de los institutos electorales de cada Estado.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Culminan 25 años de exclusión de las mujeres en la presidencia del Instituto Electoral de Jalisco. Sem México. Recuperado el 22 de junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/culminan-25-anos-de-exclusion-de-las-mujeres-en-la-presidencia-del-instituto-electoral-de-jalisco/

Debe poder judicial conducir los procesos con perspectiva de género

* Lanzan iniciativa abogadas feministas, denuncian maltrato y discriminación contra demandantes

* Estereotipos y roles de género imperan en el imagonario del personal de justicia civil y familiar

Lorena Vaniezcot | Sem México

Oaxaca | Jueves 17 de Junio del 2021 | — : —

Discriminación por ser mujeres, racismo, regaños y sentencias a modo son algunos ejemplos del trato diferenciado que las demandantes reciben en procedimientos civiles y familiares, como resultado de las cargas de género personales de quienes imparten justicia en México y que son sistematizados, detectados y denunciados por abogadas feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y la niñez, mismas que publicaron esta semana en un manifiesto en el que exigen a esas autoridades emplear la perspectiva de género y evitar la violencia institucional.

El amplio manifiesto refiere que existe un discurso de protección y respeto a los derechos de mujeres, niñas y niños en todas las instancias de impartición de justicia del país, pero que pocas veces se aterriza en la conducción y resolución de los procesos que exigen de la aplicación de estándares de derechos y de obligaciones reforzadas para los Estados.

En ese sentido, Erika Lilí Díaz Cruz, abogada feminista e impulsora de procesos de aprendizaje en materia de género en Oaxaca, explica a SemMéxico las razones del desplegado publicado esta semana, acciones ejercidas por personas de los tribunales de justicia civil y familiar que constituyen violencia institucional una de las modalidades de la violencia de género contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en vigor desde hace 14 años. Hecho que también da cuenta el desplegado.

Las abogadas feministas y defensoras señalan que la perspectiva de género “se encuentra lejos de ser una realidad en la administración de justicia cuando: las mujeres son cuestionadas y sancionadas más severamente que sus contrapartes varones. 

En ese sentido Díaz Cruz da ejemplos de lo que como profesionales del Derecho pueden constatar y asegura que cuando una mujer que pelea la custodia de sus hijos e hijos es severamente juzgada si ya tiene otra pareja, lo que no ocurre con los hombres. También han observado que si son ellas las demandadas, juezas y jueces les dan un trato que no les favorece y terminan por negarles la guarda y custodia de sus hijos.

A diferencia de los hombres, explicó la especialista, las mujeres difícilmente llevan a sus hijos para ser escuchados por los tomadores de decisiones, algo en lo que los hombres no reparan, a ellos no les importa que sus hijos sean escuchados para narrar lo que han vivido en sus hogares.

Una segunda observación planteada en el manifiesto señala: Los juzgados y tribunales toleran y reproducen las expresiones violentas y discriminatorias en razón de género expresadas por las contrapartes en escritos y audiencias.

Díaz Cruz, quien dirige la organización no gubernamental Lunas del Sur, cuando las mujeres exponen sus casos, los y las secretarias judiciales se atreven a señalar a las mujeres que “fueron ellas quienes escogieron a sus maridos” de los cuales ahora piden separarse, generalmente por violentadores. Es una forma de ir coaccionando moralmente a las mujeres para que firmen acuerdos que muchas veces ellas consideran injustos.

Esas acciones son discriminatorias y van acompañadas de una serie de cuestionamientos como “pero si usted también tomaba cerveza”, “o la vieron con otro”, cuestionamientos que no deberían hacerse porque lo que se juzga es “si eres una buena madre o una buena mujer” y no se respetan los derechos humanos de las mujeres y, peor aún, estos cuestionamientos no ocurren con los hombres.

Cuando las mujeres exigen al personal de los juzgados, sean secretarios, secretarias, jueces o juezas, “el trato es más duro con ellas, no hay ningún tipo de gracia. Para el personal de los tribunales, en su lógica, lo que las mujeres deben hacer es permanecer calladitas (porque así se ven más bonitas) como dice el popular dicho.

En el manifestó se cuestiona la falta de suficiente personal pericial capacitado en perspectiva de género, esto, agrega la entrevistada, provoca que se invisibilicen los diferentes tipos de violencia que las mujeres sufren en el ámbito familiar “como es la violencia sexual que no se concibe porque son pareja o los casos más cruentos como el feminicidio”.

Para las abogadas feministas como Díaz Cruz este conocimiento sobre como juzgar con perspectiva de género debería ser una realidad y no un cliché o algo que está de moda. La perspectiva de género les permitiría analizar el fenómeno que están estudiando, sin extraerlo de su contexto. Porque si una mujer demanda la custodia de sus hijos e hijas, luego de haber salido sola de su casa ante la violencia machista que vivía en su casa, hemos encontrado cuestionamientos como “señora, pero si usted los dejó, abandonó la casa familiar”

Y no se diga, agrega, en los casos de violencia cibernética, donde las mujeres son severamente cuestionadas “por haber dado al victimario la contraseña de sus cuentas o porque les permitieron tomar fotografías íntimas”, extraen de su visión el contexto de que esa mujer confiaba en la persona que después se convirtió en su victimario.

Cuando las abogadas feministas cuestionamos estos tratos también “nos regañan, minimizan nuestros cuestionamientos aduciendo que ellos están debidamente capacitados y que nosotras no sabemos nada”.

En el manifiesto también se considera que los centros de convivencias se mantienen ajenos a las violencias que sufren las mujeres en el marco de las mismas. Con frecuencia se coacciona a las mujeres para que “mejoren” la comunicación y convivencia con los agresores, so pena de ser reportadas como “obstaculizantes” ante los órganos jurisdiccionales. 

Son insistentes en plantear que las mujeres deben “cumplir con su rol de género, asumiendo una conducta pasiva, “silenciosa” y “decente”, no deben llorar, ni ser arrebatadas ni exigir sus derechos, porque entonces son regañadas con severidad y cuando son los hombres los que asumen conductas agresivas y hasta manotean en los escritorios, la o el juez solo es dice “por favor apártese”, dice Díaz Cruz.

Para las abogadas feministas también hay otro elemento en el que es clara la asuencia de perspectiva de género pues se mantienen prácticas discriminatorias hacia las mujeres, las cuales se agravan, en muchas ocasiones por otras condiciones, como ser mujeres indígenas o afrodescendientes.

En ese sentido, la abogada oaxaqueña dice que impera el racismo y el clasismo. Muchas veces hasta a las abogadas nos cuestionan la forma de vestir y si la demandante de pensión alimenticia y habla alguna lengua indígena y exige un traductor hemos escuchado respuestas como: “aguarde, la atenderé allá afuera”.

En alguna ocasión una funcionaria de un Centro de Justicia para Mujeres, incluso, se quejó conmigo porque señalaba que algunas de las usuarias de origen indígena “no sabían ni siquiera usar el shampoo”,  o se quejan porque supuestamente “no quieren bañarse”, es decir, no sólo las discriminan en el tribunal sino también en los lugares donde se suponen las cuidan y protegen de sus agresores. Es común que sus derechos colectivos como sus propias costumbres sean juzgadas o sacadas de su contexto sociocultural.

Otro planteamiento es que se fomentan prácticas patriarcales en la que, jueces y magistrados «regañan» o «dan consejos» personales a las víctimas de violencia de género.

Díaz Cruz dice que ha sido testigo de cómo cuando una mujer explica la forma en que ha vivido violencia son interrumpidas por los jueces o juezas quienes les pretenden explicar cómo es el ciclo de la violencia y al final les terminan diciendo que “ellas aguantaron, que tomaron parte de lo que estaban viviendo” y es que a decir de la pareja “practicaban sexo salvaje, pero un día ya no le gustó y por eso lo denunció”. 

Otra de las exigencias de las abogadas feministas es porque aseguran existe ausencia de sensibilización de personas juzgadoras de lo familiar, quienes no permiten a las mujeres expresarse sobre lo que han vivido al lado de sus agresores, restándole importancia y acentuando que eso no es relevante.

Por ejemplo, muchas mujeres viven violencia todos los días de su vida y demandan separarse porque su pareja las engañó. En el proceso familiar los jueces tienen la facultad de llamar a ambas partes sin la asistencia de sus defensoras, su consigna es persuadirlas de que lleguen a un convenio o que restablezcan su relación, pero lo hacen sin escuchar a las mujeres, ellas quieren expresar toda la violencia que vivieron con su pareja y la respuesta es “usted vino aquí porque su pareja la engañó y eso ya no es delito”.

Y si cuando vivió con usted, él no golpeó a sus hijos, esa es razón para que usted no pueda impedir que los vea. La negación de los hechos es resultado de no mirar el contexto social y de juzgar sin perspectiva de género.

Los y las juezas lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, tiene la facultad de poder allegarse de personal de trabajo social para cerciorarse si lo que dicen las partes es verdad y esto se hace mediante visitas sorpresa, eso les permitiría no apegarse solo a los dichos y podrían tener una visión distinta.

La perspectiva de género, continúa Díaz Cruz, permitiría incluso a las juezas mirarse a ellas mismas desde otra condición de trabajo. Recientemente se lo planteé a una jueza, eran más de las 10 de la noche y no acababa de desahogar la audiencia, yo le comenté que ya era tarde y que mi hija estaba afuera sin comer, ella me respondió “yo no he visto a mis hijos desde en la mañana”. Si esa jueza tuviera perspectiva de género no se sobreexplotaría, pero en realidad lo que quiere volver a hacer otra audiencia, quieren terminar cueste lo que cueste.

Las abogadas feministas plantean también en su pronunciamiento que se exige a las víctimas de violencia de género que comprendan las deficiencias del sistema, como: la escasez de personal, la falta de recursos, la ausencia de servicios periciales con perspectiva de género, el maltrato y las malas condiciones de las empleadas de la fiscalía o de los juzgados.

Además, como ya se explicó, se desestima la gravedad de las violencias expuestas por las mujeres y no se asume la obligación de protección inmediata e inminente ante situaciones urgentes, como la emisión de órdenes de protección. 

Como parte de las acciones emprendidas bajo los #JusticiaConNosotras #ProcesosConPerspectivaDeGenero #NoMasViolenciaInstitucional #NoMasJusticiaPatriarcal y #10AñosDDHH iniciaron en su cuenta de Facebook de Justicia con Nosotras el denominado Muro de la ignominia.

Este desplegado que apareció el pasado lunes fue firmado por : Tania Francisca Felipe Aquino, Beatriz Hernández Bautista, Yesica Azucena Díaz Cruz, Cecilia Valencia Canul, Yuli Andrea Pliego Pérez, Mariana Gil Bartomeu, Diana Mora López, Brenda Denisse Rentería Cervantes, Myrnha Gisel Mateos, Ana Karen Aguilar Pérez, Amaranta Viridiana Valgañon Salazar, Herma Elena Araujo Justo, Araceli Magdalena Olivos Portugal, Erika Carbajal Morales, Eugenia Mata, Nora Martínez Lázaro, Armando de la Cruz, Blanca Estela Avendaño Ramírez , Xochiquetzal Rodríguez Aguirre, Mercedes Arteaga García, José Juan Julián Santiago, Miriam Ivonne Quintero Cortés, Julieta Bautista Mendoza , Mirna Godinez Rasgado, Nelly Martínez Echartea, Alma Patricia Ramírez Almanza, Yara Olivia Vergara Bustamante, Brenda Jazmín Ibarra Cervantes, Leticia Domínguez Bautista, Noemí Agapito Confesor, María Nela Cuautle Hernández, Juliana Acevedo Ávila, Abigail Vasconcelos Castellanos, María del Rosario Martínez Miguel, Bertha Maciel García, Siria Yuritzi Oliva Ruiz, Dafne Estefanía Gómez Gómez, Nancy Salmerón Vargas, Marcela Villalobos Andrade, Marcos Edgar Zavala Cruz, Ana Gabriela Mora Casian, Luis Alberto Muñoz López, Artemisa Cabrera Luque, así como la activista Susana Ramírez Hernández y organizaciones y colectivas

SEM/sj

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Lorena Vaniezcot (2021) Debe poder judicial conducir los procesos con perspectiva de género. Sem México. Recuperado el 17 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/debe-poder-judicial-conducir-los-procesos-con-perspectiva-de-genero/

Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones

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 Sandra De Los Santos Chandomi  | Cima Noticias

Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Lunes 24 de Mayo del 2021 | — : —

Después de cinco días de permanecer privadas de su libertad, las 74 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron detenidas durante el operativo policiaco realizado el pasado 18 de mayo en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, obtuvieron su libertad de manera condicional.

El resto de los detenidos, 19 hombres, tendrán su audiencia mañana martes 25 de mayo según informaron familiares de los estudiantes, quienes siguen demandando que sus hijos que siguen presos sean liberados.

En un comunicado de prensa, el Poder Judicial del Estado informó que vinculó a proceso a 74 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, determinando como Medida Cautelar la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), además determinó restricciones para los vinculados que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación.

Durante el fin de semana hubo pronunciamientos de parte de organismos internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional demandando al gobierno de Chiapas que el proceso de las y los estudiantes se realizara con perspectiva de género y multiculculturalidad.

Las y los estudiantes fueron detenidos después de haber realizado seis días de protestas en la que demandaban que el examen de admisión a la institución se hiciera por cuadernillo de manera presencial y no en línea debido a que muchos jóvenes por ser de comunidades rurales tienen problemas de acceso a internet.

Las estudiantes denunciaron que durante su detención hubo abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza así como violencia de tipo sexual al haber sido obligadas a quitarse la ropa delante de sus compañeros y policías y haber sufrido tocamientos durante el operativo.

El magisterio federalizado había anunciado una serie de movilizaciones para esta semana, hasta ahora no ha señalado si se han suspendido debido a la liberación de manera condicional de las jóvenes estudiantes.

Ante ello, las “Académicas en Acción de Crítica”, ” y otras organizaciones, expresaron su apoyo a las y los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” en Chiapas y exigieron “que pare la represión en contra de esta comunidad, derivada de haber exigido un examen presencial de ingreso a esa escuela considerando que viven en localidades rurales e indígenas con alto grado de marginación y con escaso o nulo acceso a computadoras e internet en sus comunidades de origen; recursos que se les exigen para presentar un examen de admisión”.

Consideraron que el uso de la fuerza y detención de las y los estudiantes fue injustificado y desproporcionado y por ello, exigieron que  libere a los estudiantes que permanecen presos y se retiren  todos los cargos contra  las estudiantes que ya han sido liberadas, se garantice que no queden con antecedentes penales, y se les repare el daño causado por la violencia institucional. 

“Manifestamos nuestro repudio a la violencia y tortura sexual denunciada por las estudiantes detenidas, y recordamos que México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres de Atenco vs México, que reconoció que la represión y tortura sexual en estas condiciones es una forma de control social e intimidación, que en el presente caso se agrava por tratarse de jóvenes que exigen su derecho a la educación. Exigimos por tanto una investigación a fondo de esta violación a sus derechos humanos y el castigo a todos los responsables en la cadena de mando”, concluyeron en el comunicado.

*Este artículo fue retomado del portal Aquínoticias

SSCH/LGL

El presente artoculo es propiedad de Cima Noticias.

 Sandra De Los Santos Chandomi  (2021) Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones. Cima Noticias. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/24/liberan-de-manera-condicional-a-74-mujeres-normalistas-de-chiapas-mientras-que-osc-repudian-agresiones

Frena el juez Juan Gómez Fierro la Ley de Hidrocarburos

Plataformas petroleras en la sonda de Campeche.
Plataformas petroleras en la sonda de Campeche. Foto Marco Peláez / Archivo

Eduardo Murillo, César Arellano e Israel Rodríguez | La Jornada

Martes 11 de mayo del 2021

Ciudad de México. El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una nueva suspensión, con efectos generales, que impide aplicar la Ley de Hidrocarburos, esto al admitir a trámite un amparo promovido por empresas distribuidoras de combustibles al considerar que la nueva legislación otorga a Petróleos Mexicanos una ventaja desleal.

La interrupción provisional en la aplicación del artículo 57 de la ley es el resultado de 54 amparos interpuestos hasta ahora en contra de la nueva legislación, sostuvo por su parte Beatriz Marcelino, directora de Grupo Ciita, empresa especialista en el sector energético.

El juicio fue solicitado por diversas compañías, entre ellas Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc , Distribuidora de Combustibles Mil y la particular Dalia Pilar Lamarque Picos en contra de la legislación promulgada apenas el 4 de mayo, la cual regresó a la empresa productiva del Estado el control del mercado de combustibles.

Las razones

Gómez Fierro expuso que “este precepto otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental a la libre competencia económica y concurrencia tutelado por la Constitución, aunado a que este tipo de ventajas también podría abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector”.

El juzgador, quien también ha otorgado suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica y el Patrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dio a su decisión efectos generales, pues argumentó que de lo contrario “se permitiría un trato de privilegio para las quejosas, ya que serían las únicas permisionarias a las que no se les aplican los supuestos de revocación que se encuentran previstos en los artículos transitorios que, en apariencia, resultan ser inconstitucionales”.

Además de dejar sin efectos el artículo 57 –en el que se establece que en caso de encontrar irregularidades o incumplimientos en los permisos la autoridad podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de las instalaciones de un permisionario a fin de garantizar los intereses de la Nación–, la suspensión provisional también tienen efectos en los artículos cuarto y sexto transitorios, por lo menos hasta el viernes próximo, cuando se efectuará la audiencia constitucional del juicio y Gómez Fierro decidirá si se hace de forma definitiva.

Cancelarían 125 permisos para comercialización

Por su parte, Beatriz Marcelino adelantó, además, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene ya previsto cancelar 125 permisos.

“La CRE dio a conocer en su última sesión que tiene un proyecto de acuerdo para la revocación de 125 permisos para distribuir, de los cuales todavía no se han publicado porque se les va a notificar a cada una de las comercializadoras por medio de oficialía de partes electrónica”.

La directora de Grupo Ciita señaló que si la resolución es favorable para los promotores de los juicios de amparo podría llegar a derogarse el artículo 57 de dicha ley, y detalló que hay registro de otros 100 juicios de amparo adicionales, pero que muchos de los permisionarios no los quieren interponer para evitar represalias, esto en un universo de 13 mil gasolinerías, 600 permisos de comercialización y 8 mil regulados para distribuir gas licuado propano y natural.

A su vez, el especialista en temas energéticos y económicos Ramsés Pech Razo, planteó la interrogante: “¿En el caso de haber un amparo o una solicitud de mediación por la parte de los jueces, la CRE y la Secretaría de Energía, de dónde tomarán el recurso para operar cada instalación y quién asumirá los costos de las pólizas y seguros en caso de un accidente?”

Gómez Fierro requirió a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, para que en tres días publique en el Diario Oficial de la Federación el aviso de que la Ley de Hidrocarburos quede temporalmente sin efectos debido a la suspensión.

Murillo, E., Arellano, C., Rodríguez, I. (2021). Frena el juez Juan Gómez Fierro la Ley de Hidrocarburos. La Jornada. Recuperado el 11 de mayo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/politica/frena-el-juez-juan-gomez-fierro-la-ley-de-hidrocarburos/