Impunidad en agresiones sexuales a las mujeres en el gobierno de Alejandro Murat, revelan estadísticas: Consorcio Oaxaca

Niñas y adolescentes menores de 18 años las principales víctimas

Micaela Márquez | Sem México

Ciudad de México | Julio del 2021 | — : —

En el estado de Oaxaca existe impunidad para sancionar la violencia de género y en particular la violencia sexual denuncio Yessica Sánchez Maya de la organización Consorcio Oaxaca tras señalar que las principales víctimas son las niñas y adolescentes menores de 18 años.

En un recuento de los delitos sexuales que registra esta organización en la Plataforma de Violencia Feminicida, se han documentado 372 casos de delitos sexuales durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa, del 1º de diciembre del 2016 al 6 de julio del 2021.

De acuerdo a las estadísticas que publican en las notas periodísticas de la entidad, en 223 casos fueron violación, es decir, el 60 por ciento del total. Abuso sexual se registran 120 casos, el 32 por ciento del total; y 27 casos fueron identificados como acoso Sexual, un 7 por ciento del total.

La defensora de los derechos humanos resaltó que las principales víctimas de los delitos sexuales son las niñas y adolescentes menores de 18 años. Mientras que los casos de abuso y acoso sexual disminuyen conforme aumenta la edad de las víctimas.  

Sin embargo, afirmó que en general en los casos de violación existen víctimas de todos los rangos de edad. El rango de edades en donde se registró un delito sexual va desde los 2 años de la víctima más joven hasta 88 años en la víctima de mayor edad.

Además, dijo que “este tipo de delitos dejan fuertes secuelas en las mujeres que la padecen. Además de lesiones físicas y psicológicas también, por falta de información o rapidez en el procedimiento, puede terminar con embarazos no deseados, de los cuales muchas veces las mujeres se sienten culpables.

Respecto a los agresores dijo que les fue posible identificar que la relación con la víctima fue identificada como compañero de trabajo, colaborador, patrón o profesor de la víctima.  En 98 del total de casos, de este número, el 50 por ciento tenía un vínculo de confianza o sentimental (amigo, pareja, expareja, padrastro, concubino, novio, exnovio, vecino).

En el 26 por ciento de esos casos la relación del agresor con la víctima es familiar (parentesco directo o político) y en el 24 por ciento de los casos restantes, la relación del agresor con la víctima es laboral o de estudios.

Se identificó además que la ocupación de los agresores cinco son las más frecuentes en la mayoría de los casos profesores, 15 casos; campesinos 10 casos, taxistas 9 casos y mototaxistas 7 casos y policías 5 casos.

Sánchez Maya destacó que “la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que aparece en las estadísticas que presentamos y ello se debe a que en muchos casos las víctimas, sean niñas, jóvenes o mujeres adultas callan por vergüenza, temor o porque les hacen creer que ellas lo provocaron. Cuando piden ayuda, no les creen y cuando son instituciones sabemos que las vuelven a victimizar”

Como ejemplo menciono el caso de César Chávez quien fue acusado penalmente por el delito de violación a quien se le ejecutó la orden de aprehensión en el 2016 y fue liberado en el 2018 por parte del Juez Cuarto de lo Penal, bajo argumentos estereotipados, prejuicios, burla y re victimizando a la víctima, y el litigio aún no termina.

El presente articulo es porpiedad de Sem México

Micaela Márquez (2021) Impunidad en agresiones sexuales a las mujeres en el gobierno de Alejandro Murat, revelan estadísticas: Consorcio Oaxaca. Sem México. Recuperado el 22 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/impunidad-en-agresiones-sexuales-a-las-mujeres-en-el-gobierno-de-alejandro-murat-revelan-estadisticas-consorcio-oaxaca/

Corte de Caja: violencia en el proceso electoral, 611 agresiones a mujeres, 36 por ciento del total

Hasta el 21 de junio, 21 asesinadas,  836 juicios de delitos en razón de género, sólo 67 hombres sancionados 

En positivo, 6 gobernadoras, 317 diputadas locales, 246 diputadas federales, en medio de ambientes de miedo

Sara Lovera, 1ª. Parte | Sem México

—— | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —

Al 21 de junio los datos de violencia en las elecciones federales y locales son  alarmantes 265 víctimas mortales,  de candidatos y candidatas, sus colaboradores y familiares, 21 mujeres; del total de agresiones, mil 66, 36 por ciento mujeres por  violencia electoral y de género; 836 juicios por violencia política de género y sólo 67 funcionarios inscritos en el registro Nacional de Personas Sancionadas en esa materia.

Ante ello la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó en su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sobre el “alto nivel de violencia política” durante las recientes elecciones  en México y pidió al gobierno no banalizar el problema.

Aunque el análisis fino de la consultora  Etellekt está por publicarse, algunas informaciones destacan, como que  fueron asesinadas 55 personas entre familiares y equipos de trabajo de las y los aspirantes a  un puesto de representación popular.

Que la violencia fue en todo el territorio nacional, pero destacan 13 entidades que superaron el 25 por ciento del volumen global, como Zacatecas con el 70 por ciento, Yucatán con el 58 por ciento o Baja California con el 53 por ciento. Además Etellek sostiene que las agresiones a candidatos provinieron de las autoridades gobernantes en municipios, en este sentido, la mayoría provino de gobiernos en manos del partido gobernante Morena.

Denuncias documentadas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió 836 juicios por violencia política de género y cuestiones relacionadas con la paridad en la contienda electoral del 22 de septiembre de 2020 al 6 de junio pasado. De ellos  69 casos más que en los procesos electorales anteriores inmediatos, pues de noviembre de 2016 a 2020 se resolvieron 767 sentencias por violencia política de género.

Paralelamente y en positivo, muy publicado en los medios y discutido, el hecho de que  7 entidades  del país, al final de este año  serán gobernadas por mujeres, seis gobernadoras electas  y la jefa de gobierno de la ciudad de México.

También en positivo habrá 246 diputadas federales, 317 diputadas locales, unos 900 ayuntamientos encabezados por mujeres; además 60 diputaciones de mayoría relativa y 31 plurinominales para candidatos indígenas, afromexicanos/as, con alguna discapacidad y para la comunidad LGTB+. 

La información del Instituto Nacional Electoral, registró que 67 funcionarios quedaron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.  No obstante en  10 de los 32 congresos locales las mujeres serán mayoría; en el resto tendrán una representación de entre 43 por ciento  y 48 por ciento. Calificó,   30 congresos  del país  serán paritarios. No obstante un análisis más fino, indica diversos resultados, tanto que habrá entidades sólo con 6 diputadas o una. 

Datos

SANCIONES

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por violencia política de generó, en contra de la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, por la difusión de dos spots de campaña. Ordenó realizar una disculpa pública en los tiempos del partido, publicar un extracto de la sentencia en sus redes sociales, y tomar un curso en materia de violencia política contra las mujeres.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvieron que el presidente municipal Ariel Osbaldo Ramos González ejerció violencia política en razón de género contra de Alejandra Jacqueline Barragán Corres, quien se desempeña como Regidora de Hacienda de esa localidad. Impusieron una multa por 4 mil 481 pesos, dar vista al Congreso del Estado de Oaxaca, para que inicie en su contra el procedimiento de revocación de mandato correspondiente. Y al INE para incorporarlo Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) confirmaron la existencia de violencia política en razón de género atribuida a Alfredo Juárez Constantino, hijo del entonces presidente municipal de Matías Romero Avendaño, en contra de una regidora. “En el estudio de este asunto se advirtió que el denunciado amenazó a la actora con el objetivo de invisibilizarla, someterla a acatar las decisiones de su padre, al grado que la afectada tuvo que desplazarse del municipio por el temor fundado a sufrir una afectación mayor en su esfera de derechos o su familia”.

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato sancionó a José Luis Montoya Vargas, síndico de Morena en el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, será suspendido por violencia política en contra de la senadora panista Lilly Téllez, a quien llamó “imbécil y frígida”. También determinó que inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, y deberá ofrecer una disculpa pública, así como abstenerse de emitir cualquier tipo de expresión estereotipada. 

El TEPJF revocó la convocatoria del INE para designar la presidencia del OPLE Jalisco y le ordenan emitir una nueva en donde se convoque solo a mujeres.

DENUNCIAS

  1. Maruca Méndez Méndez, quien ganó la elección para la alcaldía de Mitontic, Chiapas, municipio que se rige por usos y costumbres, teme que no la dejen gobernar y se repita la historia de otras mujeres que obtuvieron un puesto, pero no tomaron posesión por violencia de género.
  2. Sonia Eloina Hernández Aguilar, presidenta electa del municipio de Suchiate, denunció que fue amenazada de muerte tras obtener el triunfo el 6 de junio.
  3. Laura Beristaín, presidenta del Municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, denunció persecución política por parte del Gobierno del Estado, y candidata de Morena, acusó al Gobernador de homofobia y misoginia.
  4. La jueza Érika María Rodríguez enfrenta una batalla legal para cambiar la Constitución de Oaxaca, pues, aunque en el Congreso local se le eligió para ser Magistrada del Tribunal de Justicia, el Gobernador Alejandro Murat nombró a un hombre en el cargo.

El presente artículo es propiedad de Sem México.

Sara Lovera, 1ª. Parte (2021) Corte de Caja: violencia en el proceso electoral, 611 agresiones a mujeres, 36 por ciento del total. Sem México. Recuperado el 25 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/corte-de-caja-violencia-en-el-proceso-electoral-611-agresiones-a-mujeres-36-por-ciento-del-total/

Abuso sexual en transporte público: Van 92 detenidos en 2021 en CDMX

Abuso sexual en transporte público: Van 92 detenidos en 2021 en CDMX
La fiscal Ernestina Godoy hizo un llamado a las mujeres a denuncias si son víctimas de acoso o abuso sexual en el transporte público.

Monserrat Vargas | Publímetro

—– | Viernes 25 de Junio del 2021 | — : —

En lo que va del año 2021, se han vinculado a proceso a 194 agresores sexuales que fueron detenidos en flagrancia en el espacio público, 92 de ellos fueron acusados por el delito de abuso en el transporte público.

Durante el Informe de Avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy informó que a 17 agresores sexuales también fueron detenidos por acoso en el transporte público.

Además, de enero a mayo del 2021, 85 agresores fueron vinculados por cometer delitos contra las mujeres en vía pública, de los cuales hubo 15 señalados por acoso y 70 por abuso.

“Las mujeres que son agredidas caminando o en el transporte público están pidiendo auxilio de nuestros policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahora –como nunca– nuestros compañeros policías están acudiendo al llamado”, destacó la fiscal.

Y agregó: “Si alguien las agrede en el Metro, en la calle, en la combi, y en el microbús y en el Metrobús, acérquense a un policía, ténganle confianza porque están respondiendo nuestros compañeros policías”.

Repuntan seis delitos

En el reporte de la incidencia delictiva de delitos contra las mujeres se observa el alza en denuncias de seis delitos: violación, abuso sexual, acoso sexual, contra la intimidad sexual, violencia familiar y trata de personas.

De acuerdo con Ernestina Godoy el aumento en las denuncias sería atribuible al empoderamiento de las mujeres y la confianza en las autoridades.

“En la Fiscalía, hemos abierto las puertas a las mujeres; todos los días atendemos víctimas, investigamos sus casos y cada vez llevamos a más agresores ante los Jueces”, enfatizó.

En tanto, en el caso de feminicidio y homicidio doloso, resaltó que hubo una disminución del 15.6% y 9.8%, respectivamente.

Asimismo, explicó que las lesiones dolosas y el secuestro también se redujeron en 9.9% y 75%, respectivamente.

El presente artículo es propiedad de Publímetro.

Monserrat Vargas (2021) Abuso sexual en transporte público: Van 92 detenidos en 2021 en CDMX. Publímetro. Recuperado el 25 de Junio del 2021 en : https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/06/25/abuso-sexual-en-transporte-publico-van-92-detenidos-en-2021-en-cdmx.html?outputType=amp

Marido influyente en Acapulco, hace acusar y detener a quien sólo se divorció por maltrato

  • Policía sin orden lleva a los separos a Mayra Martínez de 48 años
  • Ella solicita  atención de la Secretaría de la Mujer e imparcialidad de las autoridades de Guerrero

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Martes 8 de Junio del 2021 | — : —

A pesar de que ya denuncio a su ex marido en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar (doloso) del distrito judicial Tabares de Acapulco, Guerrero, Mayra Martínez de 48 años de edad fue sacada de su domicilio el sábado 4 de junio por un policía sin presentar ninguna orden, más que tener el encargo de su jefe, porque es amigo de Daniel Zubillaga Luna, el agresor, y fue llevada a los separos donde le pidieron 800 pesos para dejarla salir.

Después de cerca de 20 años de matrimonio y ser maltratada física, económica y psicológicamente y haber procreado una hija de 19 años y un hijo de 17 años, finalmente Mayra Martínez decide divorciarse, trámite que ella pago y cuya sentencia salió a su favor, pero el ya ex marido se niega a dar la pensión, la indemnización y menos la parte que le toca de los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Este lunes mientras estaba en la agencia Tabares de Acapulco, se le acercó un policía y la llamó por su nombre para entregarle la notificación de una denuncia en su contra levantada por Daniel Zubillada Luna con fecha del 15 de mayo, según dijo el policía, y la amenazó que se atuviera a las consecuencias por no haber recibido la notificación.

A Mayra le resulto sospechoso que no le hubieran comentado nada al respecto las autoridades de la agencia de Tabares, por lo que no quiso firmar la notificación.

También supo, por el mismo policía que el saco de su domicilio que su esposo es amigo del Coordinador de la Policía y por eso hizo la diligencia.   

Antes de que el policía la sacara del domicilio, Mayra fue golpeada por su marido, anteriormente, hace cuatro años la golpeo y le provoco fractura en la mandíbula por lo que tuvo que ser hospitalizada, pero a petición de los hijos le otorgo el perdón al marido.

Actualmente se encuentra en un domicilio desconocido en espera que la apoyen en el Instituto de la Mujer en Guerrero para recibir atención psicológica y albergue pues no cuenta con redes de apoyo porque nadie la quiere apoyar por temor a su esposo, por ser un hombre violento y peligroso.

Debido a la denuncia interpuesta por violencia familiar se inició la carpeta de investigación 12030270100947300521 en contra de Daniel Zubillaga Luna.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Marido influyente en Acapulco, hace acusar y detener a quien sólo se divorció por maltrato. Sem México. Recuperado el 8 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/marido-influyente-en-acapulco-hace-acusar-y-detener-a-quien-solo-se-divorcio-por-maltrato/

Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018, se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía, donde fue rociada con gas pimienta, además de recibir golpes y empujones

Lado B

Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera | Lado B

—– | Lunes 21 de Mayo del 2021 | — : —

Cerca de medianoche, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twiter un escueto comunicado de dos párrafos anunciando que: «se investigará el proceder del personal de la institución».

Este viernes 21 de mayo la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada en San Andrés Cholula el 15 de mayo de 2018, dio una rueda de prensa afuera de la casa donde la joven vivía y fue privada de la vida, para denunciar omisiones y atropellos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Poco después de las 9:30 de la mañana llegaron la mamá y el papá de Zyanya, su hermano y hermana, con integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y Carlos Olvera y Ximena Ugarte, quienes asesoran jurídicamente el caso. También estaba la señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, asesinada en junio de 2010 y cuyo caso asentó un precedente para la tipificación de feminicidios.

La casa donde vivía la joven de 26 años de edad, en San Andrés Cholula, está bajo resguardo de la FGE por estar dentro de una investigación. Sin embargo, el jueves un agente del Ministerio Público se comunicó con la familia para avisarle que habían habido una audiencia con los dueños, en la cual se resolvió que la vivienda se dejaría de custodiar y se entregaría a los propietarios en un lapso de 72 horas.

Durante la rueda de prensa, su mamá, Patricia Becerril, denunció que desde el principio la FGE ha sido omisa, negándose a investigar el caso como feminicidio y manejando la versión de suicidio.

Los asesores jurídicos dijeron que es necesario que la casa siga resguardada pues aún se deben hacer varias pruebas periciales, y denunciaron que la Fiscalía solamente recabó cinco pruebas de las cerca de 80 que había en la escena del crimen. 

Es importante que la casa no sea entregada aún pues faltan los peritajes independientes que la defensa de Zyanya Estefanía pidió, además de la reconstrucción de los hechos que todavía no se hace, señalaron.

Al finalizar, la señora Irinea Buendía dijo que en el estado de Puebla no ha habido justicia para Zyanya, y enfatizó que ha sido la propia Fiscalía quien ha tratado de “tapar la cloaca” de todos los atropellos por la falta de justicia para la joven. Pero, agregó, que eventualmente “le va a brotar en la cara por todas las omisiones que ha hecho”.

“No buscamos otra cosa más que justicia”, agregó Irinea.

La señora Paty pidió una reunión con el Fiscal, y ante la negativa de recibirla junto con la señora Irinea Buendía se trasladó a la sede de la Fiscalía en la 31 poniente alrededor de las 4 de la tarde.

La agresión en Fiscalía

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía

Foto: Olga Valeria Hernández

“Es que ustedes llegaron agresivamente”, dice el agente ministerial Martín Torres Medina a Irinea Medina, una señora adulta mayor, que usa bastón, y que acompaña, al igual que otras personas defensoras de Derechos Humanos, a la familia de Zyanya Figueroa, víctima de feminicidio. 

Ese mismo agente ministerial, minutos antes empujó con su cuerpo y antebrazo a varias mujeres cuando atravesaron la reja de la Fiscalía General del Estado. Y mientras empujaba con la izquierda, con la derecha empuñaba una macana. Unos 15 minutos después, también fue él quien lanzó gas pimienta a las manifestantes para evitar que se encadenaran a la reja como forma de protesta pacífica. 

El gas alcanzó también a las personas defensoras, a personas que estaban ahí para presentar una denuncia, a algunas feministas que acuerpaban la manifestación y a la prensa.

La familia y demás manifestantes, entre ellos integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, llegaron a la Fiscalía a eso de las 16 horas para exigir una respuesta por parte del Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, sobre la entrega o liberación de la casa donde fue encontrado el cuerpo de Zyanya.

Desde el inicio, y con el antecedente de las omisiones por parte de la Fiscalía, la intención de las familias era encadenarse a la reja. En los videos puede verse que cuando algunas personas comienzan a cruzar la reja, policías y agentes ministeriales se lanzan para impedir el paso y cerrar la entrada. 

Ximena Ugarte, la defensora de DDHH, queda con la mitad de su cuerpo adentro mientras dos policías intentan sacarla. La señora Buendía está junto a ella, totalmente fuera, al pie de la escalera. Los familiares que lograron entrar antes intentan ayudar para que dejen de empujar y abran la reja. Ahí empieza el caos. 

También en los videos se ven claramente los movimientos de los policías y agentes en contraste a los de quienes se manifiestan. Ellos empujan, algunos encapsulan a miembros de la familia Figueroa. Los defensores y las feministas comienzan a gritar para que les dejen pasar, para que no les toquen, alertan sobre golpes a la familia. A la propia abogada Ugarte con un empujón le lastiman el brazo. 

El agente ministerial Martín Torres, el que roció el gas pimiento, tiene la macana en mano, mientras que el resto de policías, a pesar de repetir una y otra vez a los y las manifestantes que se retiren, y que no les están tocando, tensan sus manos sobre sus respectivas macanas y no le dan espacio a las mujeres que ya se encuentran por dentro, pegadas a la reja. 

Uno de los policías graba a quienes se manifiestan, pero cuando las feministas, familiares y activistas le preguntan sus nombres y cargos a cualquiera de ellos, la mayoría esconde su identificación entre la ropa. No es visible cuando Martín Torres se deshace de la macana, pues cuando la señora Buendía lo encara de frente, y a su alrededor le exigen su nombre, ya no la tiene, alega que su nombre está en su identificación mientras la levanta pero luego la voltea para que no se pueda leer. 

Unos 15 minutos después las mujeres pegadas a las rejas comenzaron a rodearse con una cadena para quedar atadas a los barrotes. En ese momento fue que de nuevo vino una ola de empujones y, desde una tercera línea, Torres Molina roció directamente con gas pimienta a un joven y las mujeres en la reja, aunque el líquido llegó también a algunos policías y periodistas. 

Después, Torres guarda el pequeño bote en su bolsillo para seguir con los empujones. Sí, el mismo funcionario público que minutos antes acusaba frente a cámaras de medios y civiles que aquellas personas manifestantes desarmadas, habían entrado con agresividad. 

“Es mucho pedir que seamos escuchados”

La familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril se manifestó afuera del domicilio donde la joven fue víctima de feminicidio, y después en la Fiscalía
Foto: Olga Valeria Hernández

Un poco después de esa agresión, el personal de la Fiscalía se resguardó en el edificio, lo que dio oportunidad para que algunos familiares, defensores y activistas hicieran sus denuncias y exigencias a través de un micrófono y una bocina. 

“Estamos encadenadas hasta que nos reciban, hasta que se haga justicia del caso Zyanya y de todos las mujeres asesinadas de forma violenta en este estado, ¡no nos van a callar! ¡ni una más!», gritó la abogada Ugarte. 

Por su parte, Patricia Becerril, denunció que desde el inicio la investigación no fue iniciada como feminicidio, a pesar de que está dictado en los protocolos, y en su lugar, sólo sentenciaron el caso como suicidio. 

“Nosotros en su momento no teníamos porque saber que toda muerte violenta de una mujer tenía que ser investigada con perspectiva de género y debida diligencia, no simplemente decir [que] se suicidó y váyanse a su casa. Han sido tres años de constante lucha y dolor contenido, de una rabia que ya no cabe más, ¿es mucho pedir, señor fiscal general, que seamos escuchados?”

El abogado del OCNF Rodolfo Domínguez, sentenció: ¿Por qué nos tenemos que ir con las gargantas dolidas, con los ojos llorosos solo por pedir justicia? Esta es una Fiscalía corrupta, omisa, negligente y ahora violenta».

Domínguez también recalcó que trajeron peritos especializados a Puebla para ayudar a la investigación pero que el personal de la Fiscalía “se burló de ellos”, además de que los ministerios públicos no los han atendido y los han ignorado señalar que el cuerpo de Zyanya tenía 20 lesiones por lo que hay inconsistencias en la necropsia que no concuerdan con la teoría del suicidio

Casi a las 7 de la noche llegaron más personas a la Fiscalía, convocadas a través de redes para acompañar y acuerpar la manifestación. Conformadas principalmente por mujeres feministas, ayudaron a cerrar parte del Boulevard 5 de mayo para generar más presión a las autoridades ante la falta de respuesta a su petición de diálogo con el Fiscal. 

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Foto: Marlene Martínez

Media hora más tarde comenzó a llover y tanto las mujeres encadenadas como algunas otras personas se resguardaron bajo dos carpas que habían instalado momentos antes, previendo el mal clima. 

A las 8:30 se presentaron Ulises Ramos, fiscal especializado en DDHH y Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género cometidos en contra de mujeres, para tomar la denuncia sobre los hechos de agresión por parte del personal de la Fiscalía y se comprometieron a acompañar a las y los manifestantes para interponer la queja formal e iniciar el procedimiento interno.

Casi a las 9 de la noche, los familiares de Zyanya y sus abogados entraron finalmente a la Fiscalía acompañados de Avendaño y Ramos para dialogar, pero sin certeza de encontrarse también con el Fiscal General. Después de eso, el resto de personas manifestantes comenzó a retirarse.

Por la noche, pasadas las 10, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. hizo un llamado a las autoridades estatales a respetar «el derecho a la manifestación pacífica, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos».

El presente articulo es propiedad de Lado B.

Aranzazú Ayala y Ámbar Barrera (2021) Reclaman por feminicidio y reciben agresión de ministeriales en Fiscalía. Lado B. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/05/reclaman-por-feminicidio-y-reciben-agresion-de-ministeriales-en-fiscalia/

Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones

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 Sandra De Los Santos Chandomi  | Cima Noticias

Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Lunes 24 de Mayo del 2021 | — : —

Después de cinco días de permanecer privadas de su libertad, las 74 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron detenidas durante el operativo policiaco realizado el pasado 18 de mayo en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, obtuvieron su libertad de manera condicional.

El resto de los detenidos, 19 hombres, tendrán su audiencia mañana martes 25 de mayo según informaron familiares de los estudiantes, quienes siguen demandando que sus hijos que siguen presos sean liberados.

En un comunicado de prensa, el Poder Judicial del Estado informó que vinculó a proceso a 74 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, determinando como Medida Cautelar la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), además determinó restricciones para los vinculados que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación.

Durante el fin de semana hubo pronunciamientos de parte de organismos internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional demandando al gobierno de Chiapas que el proceso de las y los estudiantes se realizara con perspectiva de género y multiculculturalidad.

Las y los estudiantes fueron detenidos después de haber realizado seis días de protestas en la que demandaban que el examen de admisión a la institución se hiciera por cuadernillo de manera presencial y no en línea debido a que muchos jóvenes por ser de comunidades rurales tienen problemas de acceso a internet.

Las estudiantes denunciaron que durante su detención hubo abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza así como violencia de tipo sexual al haber sido obligadas a quitarse la ropa delante de sus compañeros y policías y haber sufrido tocamientos durante el operativo.

El magisterio federalizado había anunciado una serie de movilizaciones para esta semana, hasta ahora no ha señalado si se han suspendido debido a la liberación de manera condicional de las jóvenes estudiantes.

Ante ello, las “Académicas en Acción de Crítica”, ” y otras organizaciones, expresaron su apoyo a las y los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” en Chiapas y exigieron “que pare la represión en contra de esta comunidad, derivada de haber exigido un examen presencial de ingreso a esa escuela considerando que viven en localidades rurales e indígenas con alto grado de marginación y con escaso o nulo acceso a computadoras e internet en sus comunidades de origen; recursos que se les exigen para presentar un examen de admisión”.

Consideraron que el uso de la fuerza y detención de las y los estudiantes fue injustificado y desproporcionado y por ello, exigieron que  libere a los estudiantes que permanecen presos y se retiren  todos los cargos contra  las estudiantes que ya han sido liberadas, se garantice que no queden con antecedentes penales, y se les repare el daño causado por la violencia institucional. 

“Manifestamos nuestro repudio a la violencia y tortura sexual denunciada por las estudiantes detenidas, y recordamos que México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres de Atenco vs México, que reconoció que la represión y tortura sexual en estas condiciones es una forma de control social e intimidación, que en el presente caso se agrava por tratarse de jóvenes que exigen su derecho a la educación. Exigimos por tanto una investigación a fondo de esta violación a sus derechos humanos y el castigo a todos los responsables en la cadena de mando”, concluyeron en el comunicado.

*Este artículo fue retomado del portal Aquínoticias

SSCH/LGL

El presente artoculo es propiedad de Cima Noticias.

 Sandra De Los Santos Chandomi  (2021) Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones. Cima Noticias. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/24/liberan-de-manera-condicional-a-74-mujeres-normalistas-de-chiapas-mientras-que-osc-repudian-agresiones

Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México. Las mujeres que informan a otras para que de manera consciente y segura decidan si desean o no ser madres y las acompañan en sus procesos, son víctimas de distintas agresiones por su labor, como amenazas, agresiones directas hacia ellas o a sus familias, son calificadas como “asesinas” y sufren de ciberataques en los que pueden llegar a difundir sus datos personales o fotografías. 

En ello coincidieron las defensoras y acompañantes de maternidades libres, Vanessa Jimenez de la “Red Necesito Abortar” en Nuevo León; Fátima Alejo de la “Colectiva Colmena Verde” en Veracruz; y Ariadne Song de “Colectiva Abortar Ixtabay” en Quintana Roo, durante el conversatorio “Maternidades Libres”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México con el fin de discutir cómo las acompañantes buscan impulsar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las  mujeres. 

Explicaron que sus principales agresores son los grupos antiderechos y las autoridades de sus entidades. Éstos tergiversan la información de lo que hacen para que la población deslegitime y recrimine su labor de defensa por medio de sus redes sociales o sus espacios de poder en los medios de comunicación, lo que genera aún más agresiones hacia ellas. 

Una acompañante, dijeron, es una mujer que puede ser enfermera, psicóloga, abogada o tener otra profesión en su vida diaria y a la vez trabaja porque más mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y hagan valer sus DH. Además, está informada sobre la legislación de su entidad respecto al aborto, explica a las gestantes que buscan interrumpir sus embarazos las opciones seguras que tienen y proporcionan un espacio de apoyo a quienes desean continuar sus gestaciones. 

Señalaron que ser acompañante no es un delito porque ellas sólo brindan y explican qué es y cómo se puede acceder a una interrupción legal del embarazo y siguen los casos de las mujeres, pero nunca las obligan a nada. “No hay reforma que reconozca de forma pública que por ser acompañantes se nos criminalice. El contexto cambia. Nosotras tenemos el poder de cambiarlo. Tenemos la fortaleza y los DH de nuestro lado”, añadió la defensora Vanessa Jiménez. 

Aunque dijeron, lo anterior debería conocerse como lo que en realidad hace una acompañante, no es así. La desinformación existente en las poblaciones del país, en particular en sus estados fomenta por ejemplo, que las defensoras de Veracruz tengan que realizar su labor en total secrecía porque el derecho a decidir está restringido y sus leyes “protegen la vida desde la concepción”. 

De acuerdo con la defensora Fátima Alejo, “la vida se defiende desde la concepción hasta la muerte natural” en el artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y se considera que “comete delito de aborto quien interrumpe su embarazo en cualquiera de sus etapas” y se sanciona “con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”, según los artículos 149 y 150 del Código Penal de este estado. 

Este mismo Código Penal, específica en su artículo 154, que el aborto sólo es legal en 4 causales cuando “por violación, imprudencial o culposo, peligro de muerte, alteraciones graves en el producto e inseminación artificial no consentida”.

En Quintana Roo, las defensoras son calificadas por sus autoridades como “vándalas” o dicen “que son compradas por los partidos políticos”, además hacen apología de usar la violencia contra ellas. “Tomamos las instalaciones del Congreso por 95 días en medio de la pandemia para seguir exigiendo la despenalización del aborto en esta entidad. Los grupos antiderechos ubicaron nuestras redes sociales, dónde vivíamos, y prendieron fuego a la casa de una compañera con sus hijos adentro”, dijo Ariadne Song. 

Según el artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, el aborto es posible cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando la gestación sea resultado de una violación, que haya sido denunciada antes en el Ministerio Público; cuando a juicio de 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas; cuando a juicio del médico sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre”. 

Las mujeres o personal médico que interrumpa un embarazo fuera de estas causales será penado de 6 meses a 2 años en prisión, la sanción es mayor si el procedimiento se hiciera sin el consentimiento de la gestante, según los artículos 93 y 94 del Código Penal de Quintana Roo.

En el caso de Nuevo León la agresión más recurrente son los ciberataques por los grupos antiderechos, ya que éstos piensan que su labor es ilegal debido a que en 2019, el Congreso de este estado aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución de su estado, que reconoce “el derecho a la vida desde la concepción”. 

Este cambio, añadió Vanessa Jiménez, no debe representar un obstáculo para el acceso al aborto legal para las causales que ya existen en su entidad: peligro de muerte, riesgo a la salud, y si el embarazo es producto de violación. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud se han realizado 2 mil 612 interrupciones legales del embarazo en lo que va del 2021 en México. Las entidades con más registros son la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Michoacán. 

Frente a estos contextos, añadieron, crean redes de apoyo y de comunicación con más mujeres de sus entidades a través de las diversas movilizaciones como las “Mareas Verdes”, desarrollan cursos y pláticas sobre aborto para la ciudadanía, utilizan sus redes sociales y se articulan con más defensoras de otros estados con el fin de minimizar los riesgos de los que pueden ser víctimas. 

21/AEG/LGL

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Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Defensoras que acompañan a mujeres para ILE, son agredidas por esta labor. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/defensoras-que-acompanan-a-mujeres-para-ile-son-agredidas-por-esta-labor

En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica

Jaime Guerrero | CIMAC Noticias

Martes 18 de mayo de 2021

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, su asesor jurídico y su escolta, J. R. M. M. y J. A. H., como probables responsables del delito de desaparición de personas en agravio de la activista México-Británica, Claudia Uruchurtu Cruz.

La defensora desapareció el pasado 26 de marzo de 2021 en la jurisdicción de Asunción Nochixtlán, tras participar en una protesta contra la munícipe.

De acuerdo con los hechos plasmados en el expediente penal 203/2021, el pasado 26 de marzo de 2021, Uruchurtu Cruz fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

La investigación se realizó con perspectiva de género para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y víctimas indirectas, aseguró la Fiscalía.

Los trabajos estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), así como la Secretaría de Gobernación que dio intervención a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a fin de realizar las acciones de búsqueda y localización pertinentes.

El pasado 7 de mayo la Fiscalía General del Estado dio cumplimiento al mandato judicial girado en contra de las personas probables responsables, logrando su aprehensión y presentación ante el Juez de la causa.

Proceso de vinculación de la presidenta municipal de Nochixtlán

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la

FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M. M. y J. A. H., a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de otorgar cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

Respecto a la localización de Uruchurtu Cruz, la FGEO no descarta ninguna de las líneas de investigación contenidas en la teoría del caso para dar con su paradero.

Reiteró su compromiso de procurar el acceso pleno a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo en el proceso resarcitorio del daño.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un testigo protegido -involucrado en el caso- señaló que Victoria Huerta, daría la orden de asesinar a la activista México-Británica Claudia Ururchurtu Cruz, desaparecida el pasado 26 de marzo.

En su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, declaró sin que mediara pregunta de por medio del caso, que un participante, acogido en la figura de testigo protegido, aportó información y reveló que la defensora fue asesinada por la presunta orden de Victoria Huerta.

“Un participante, como testigo protegido, da conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta municipal (Lizbeth Victoria Huerta) del partido Morena”, confesó López Obrador.

Frente a ese caso, aseguró que la instrucción es aplicar la ley, sea quien sea, en alusión a la presidenta municipal de Nochixtlán emanada de Morena.

López Obrador aseguró que su proyecto de gobierno no llegó al poder para eternizar la corrupción y la impunidad.

*Este artículo fue retomado del portal pagina3.mx

21/JG/LGL

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Guerrero, J. (2021). En prisión y vinculada a proceso, presidenta Municipal de Nochixtlán, por desaparición de defensora México-Británica. CIMAC Noticias. Recuperado el 18 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/18/en-prision-y-vinculada-a-proceso-presidenta-municipal-de-nochixtlan-por-desaparicion-de-defensora-mexico-britanica

Desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Mactumatzá en Chiapas

Redacción | Desinformémonos

Martes 18 de mayo de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. Policías antimotines desalojaron con gases lacrimógeneos a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá que iniciaron una jornada de bloqueos en Chiapas. Los normalistas exigen que la aplicación y obtención de fichas para el nuevo ingreso sea de manera presencial, pues muchos no cuentan con los recursos para realizar el proceso por internet.

Los policías estatales desalojaron con gases a los estudiantes que bloqueaban el Libramiento Norte Poniente de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del tramo conocido como el crucero de La Coca. Allí, los estudiantes se defendieron con piedras, palos y cohetones, pero fueron replegados a la Normal ubicada a menos de 700 metros del lugar.

Además de en La Coca, los estudiantes fueron desalojados del bloqueo que instalaron en la salida poniente de la capital del estado, conocido como el tramo de La Pochota; y de la toma la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, en la autopista que va hacia San Cristóbal de Las Casas.

Puede ser una imagen de una o varias personas, personas de pie y carretera
Foto: FECSM 1935

“Quieren hacer el examen de admisión de manera virtual y nosotros exigimos que sea presencial; si ya autorizaron las campañas políticas y las clases presenciales, no existe justificación para que sea virtual”, explicó uno de los normalistas el pasado 12 de mayo.

La Secretaría de Educación informó que por segundo año consecutivo el proceso de admisión se realizaría de manera virtual, por lo que muchos de los normalistas “no pudimos acceder al sistema”, señalaron.

“No es lo que queremos, porque vienen personas de bajos recursos que no tiene posibilidad de tener un celular o una tablet”, agregaron los normalistas, quienes denunciaron que las autoridades han ignorado sus demandas y respondido con represión.

Con información de Proceso y Portavoz Chiapas

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Redacción (2021). Desalojan con gases lacrimógenos a normalistas de Mactumatzá en Chiapas. Desinformémonos. Recuperado el

En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones

Erika Lozano | Desinformémonos.

Jueves 13 de mayo de 2021

Fotos: Eber Huitzil

Ciudad de México | Desinformémonos. Tras realizar asambleas en los cuatro barrios de la comunidad, y a pesar del ataque a la Casa comunal, además de las amenazas contra concejales, cometidas por integrantes de distintos partidos políticos, este miércoles se renovó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán.

Después de que el fin de semana, candidatos y personas afines al al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista, además de trabajadores del Ayuntamiento de Nahuatzen, destruyeron dos vehículos, así como el archivo del gobierno comunal e intentaron agredir con palos a comuneros del Consejo Indígena de Nahuatzen la mañana del sábado, “fue complicado invitar a la comunidad a participar en las asambleas”, aseguró el vocero del Consejo saliente, Efraín Avilés en entrevista telefónica con Desinformémonos. Durante las asambleas realizadas este miércoles, candidatos de partidos políticos amenazaron a personas de la comunidad y las llamaron a no participar, señaló Avilés.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

La destrucción de la Casa ocurre después de una asamblea donde se decide continuar con el proceso de la renovación del Consejo, estas agresiones se dan en el marco de las elecciones, ya que los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, Morena y PES, se unieron contra los consejos con el “interés de impedir el ejercicio de autonomía en la comunidad”, denunció una integrante de la Red Solidaria de Michoacán, que por cuestiones de seguridad omite su nombre.

En la comunidad no hay garantías de seguridad pública y ha habido una simulación con respecto al acceso a la justicia, aseguró la defensora, y añadió, que los ataques recientes son una continuación de un patrón de criminalización en una zona donde existen muchas comunidades que se han organizado para ejercer su derecho a la libre determinación. Reiteró que el poder ejecutivo tiene responsabilidad, ya que tiene conocimiento de lo que ocurre en la región y no actúa en consecuencia.

La integrante de la Red también denunció que recientemente se han repartido volantes en la comunidad donde la Fiscalía local criminaliza a integrantes del Consejo y asegura que tienen órdenes de aprehensión. “El gobierno estatal y la secretaría de gobierno quieren plantear que lo que ocurre en Nahuatzen es un conflicto intercomunal y no se cuestiona si se están respetando los derechos humanos”, denunció la activista y añadió que desde el 2015, cuando Nahuatzen declaró su autonomía, ha habido distintos intentos de desarticular a la comunidad a través de la violencia. Actualmente la comunidad se encuentra en un proceso jurídico para que el Instituto Nacional Electoral reconozca sus atribuciones como gobierno comunal y les otorguen el presupuesto correspondiente, señaló la defensora.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

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Lozano, E. (2021). En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/en-nahuatzen-renuevan-consejo-ciudadano-indigena-a-pesar-de-agresiones/