Norma Isela Vásquez Lázaro, SemMéxico
01 de diciembre de 2020
- Lo que no se documenta no existe para el debate público
- ¿Por Razón Necesaria? informe del programa Discapacidad y Justicia
SemMéxico, Reflexión 24, Toluca, Estado de México, 01 de diciembre 2020.-La salud mental en México es un tema abandonado por las políticas públicas, invisible y relegado al ámbito médico, en donde se ha perpetuado un enfoque predominantemente clínico que deja de lado la importancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, situación que, a su vez, ha propiciado la falta de información, transparencia y rendición de cuentas vitales para el ejercicio pleno de los derechos, comentó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora de programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C, al presentar el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.
Por su parte, Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad, aseveró que lo no documentado no existe para el debate público, no está visible, es decir este informe habla sobre los problemas que hay en el marco normativo tanto nacional como internacional; un segundo aspecto es el marco institucional, aprender sobre fragmentación y problemas del financiamiento, pero, sobre todo, refleja la situación de las personas que están dentro del sistema de Salud Mental.
Agregó, le sorprendió leer sobre las terapias electroconvulsivas (TEC) que en la mayoría de países no se cuentan con el consentimiento, sobre los casos de esterilización forzada, de castración química, problemas de tortura y malos tratos.
Detalló que un aspecto importante de este informe es proponer una hoja de ruta para transformar esta realidad, hay varias ideas que son vitales como la reorganización de los servicios, repensar el marco normativo, poner atención en las determinantes sociales, como la pobreza, la inequidad, la violencia, el consumo de drogas, combatir el estigma y discriminación.
Propone la formación de los recursos humanos en derechos humanos, así como el mejoramiento en general del sistema de rendición de cuentas y monitoreo.
Al respecto, Sheinbaum comentó que la salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirse en un asunto comunitario, desde la fundación, en 1910, del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.
Dijo que distintos países de la región han caminado hacia las reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.
Explicó que se trata de un informe que, a través de la sistematización de las quejas, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional revela las terribles condiciones de violencia estructural y violaciones a derechos de personas usuarias de estos servicios bajo el argumento del personal de atención a la salud mental de que se realizan “por razón necesaria (PRN)”, como versa en diversos expedientes.
La investigación ofrece un amplio análisis sobre la situación de hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—, todos ellos, centros donde se brindan servicios a la salud mental y en los que se puede alojar a personas en contra de su voluntad.
Destacó que entre los mayores problemas está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la asignación raquítica de presupuesto, la falta de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a derechos en sus inmediaciones, la normalización de prácticas que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida de personas usuarias, así como la perpetuación de un modelo fallido y violatorio de derechos.
De acuerdo a los resultados, se tiene que en estos lugares, el común de las personas usuarias se encuentran en privación ilegal de la libertad, aislamiento y segregación social, rompimiento de vínculos familiares, restricciones al contacto con el mundo exterior y medios de comunicación, criminalización, estigma, violencia, medicalización excesiva, mala atención médica, castigos como recursos “disciplinarios”, malos tratos y tortura.
En este informe se ofrece una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, Congresos estatales, Secretaría de Salud, organismos públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal de los centros que brindan atención a la salud mental, con la finalidad de iniciar un proceso de transformación del sistema de salud mental, que esta vez coloque al centro a las personas y considere el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Algunas de las recomendaciones que se encuentran dentro del informe son:
- Una reforma a la Ley General de salud, teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
- Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
- Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud en derechos humanos.
- Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un sistema de rendición de cuentas
SemMéxico, Reflexión 24, Toluca, Estado de México, 01 de diciembre 2020.-La salud mental en México es un tema abandonado por las políticas públicas, invisible y relegado al ámbito médico, en donde se ha perpetuado un enfoque predominantemente clínico que deja de lado la importancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, situación que, a su vez, ha propiciado la falta de información, transparencia y rendición de cuentas vitales para el ejercicio pleno de los derechos, comentó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora de programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C, al presentar el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.
Por su parte, Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad, aseveró que lo no documentado no existe para el debate público, no está visible, es decir este informe habla sobre los problemas que hay en el marco normativo tanto nacional como internacional; un segundo aspecto es el marco institucional, aprender sobre fragmentación y problemas del financiamiento, pero, sobre todo, refleja la situación de las personas que están dentro del sistema de Salud Mental.
Agregó, le sorprendió leer sobre las terapias electroconvulsivas (TEC) que en la mayoría de países no se cuentan con el consentimiento, sobre los casos de esterilización forzada, de castración química, problemas de tortura y malos tratos.
Detalló que un aspecto importante de este informe es proponer una hoja de ruta para transformar esta realidad, hay varias ideas que son vitales como la reorganización de los servicios, repensar el marco normativo, poner atención en las determinantes sociales, como la pobreza, la inequidad, la violencia, el consumo de drogas, combatir el estigma y discriminación.
Propone la formación de los recursos humanos en derechos humanos, así como el mejoramiento en general del sistema de rendición de cuentas y monitoreo.
Al respecto, Sheinbaum comentó que la salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirse en un asunto comunitario, desde la fundación, en 1910, del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.
Dijo que distintos países de la región han caminado hacia las reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.
Explicó que se trata de un informe que, a través de la sistematización de las quejas, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional revela las terribles condiciones de violencia estructural y violaciones a derechos de personas usuarias de estos servicios bajo el argumento del personal de atención a la salud mental de que se realizan “por razón necesaria (PRN)”, como versa en diversos expedientes.
La investigación ofrece un amplio análisis sobre la situación de hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—, todos ellos, centros donde se brindan servicios a la salud mental y en los que se puede alojar a personas en contra de su voluntad.
Destacó que entre los mayores problemas está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la asignación raquítica de presupuesto, la falta de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a derechos en sus inmediaciones, la normalización de prácticas que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida de personas usuarias, así como la perpetuación de un modelo fallido y violatorio de derechos.
De acuerdo a los resultados, se tiene que en estos lugares, el común de las personas usuarias se encuentran en privación ilegal de la libertad, aislamiento y segregación social, rompimiento de vínculos familiares, restricciones al contacto con el mundo exterior y medios de comunicación, criminalización, estigma, violencia, medicalización excesiva, mala atención médica, castigos como recursos “disciplinarios”, malos tratos y tortura.
En este informe se ofrece una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, Congresos estatales, Secretaría de Salud, organismos públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal de los centros que brindan atención a la salud mental, con la finalidad de iniciar un proceso de transformación del sistema de salud mental, que esta vez coloque al centro a las personas y considere el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Algunas de las recomendaciones que se encuentran dentro del informe son:
- Una reforma a la Ley General de salud, teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
- Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
- Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
- Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud en derechos humanos.
- Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un sistema de rendición de cuentas
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Vásquez Lázaro, N. (2020). Violaciones a derechos humanos en servicios de salud mental en México. SemMéxico. Recuperado el 02 de diciembre de 2020, de https://www.semmexico.mx/?p=29252
