México sin ambición para atender la crisis climática

Boletín de prensa CEMDA

15 de diciembre de 2020

De cara a la COP26 México presenta contribuciones nacionalmente determinadas sin mayor ambición, lo que sumado a la extinción del Fondo para el Cambio Climático y la reducción de presupuesto para el tema, muestran su falta de compromiso ante la crisis climática.

México se mantiene en un escenario que nos llevaría a un incremento de más de 3o C, poniendo en riesgo el futuro de niñas, niños y jóvenes.

El pasado 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el que se estableció la meta global de estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de 2o C e idealmente de 1.5o C en la temperatura planetaria. Para celebrar dicho aniversario, la Presidencia de la COP 26, encabezada por el Reino Unido, llamó a la Cumbre de Ambición Climática para invitar a los países de la Convención a anunciar sus nuevas metas en materia de reducción de emisiones principalmente. Algunos países de América Latina que presentaron nuevas metas fueron Argentina, Colombia, además de la reafirmación de los compromisos presentados por Costa Rica, evento en el que México brilló por su ausencia.

Por otra parte, en el contexto nacional, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), se reunió el día de ayer para aprobar la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), éste último con un año de retraso. Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México NO anunció nuevas metas o metas más ambiciosas, sino que “reafirmó” las metas que estableció hace 5 años, esto es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro.

Lo anterior, no sólo deja ver la falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que también constituye un enorme retroceso en materia de cambio climático, ya que se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de París, reconocido también en nuestro marco constitucional, y razón por la cual precisamente se crearon los ciclos de revisión de las NDCs cada 5 años.

Todo lo anterior, sin dejar de mencionar la falta de cumplimiento al marco legal existente a nivel nacional en la materia Ley General de Cambio Climático (LGCC)), además de que México estará fuera de la posibilidad de contribuir con la estabilización de 2oC de temperatura y mucho más lejos de los 1.5o C, obligación derivada de la LGCC, que incorpora el contenido del Acuerdo de París ratificado por México.

A este contexto se suman acciones como la extinción del Fondo para el Cambio Climático; la reducción en la asignación de presupuesto para el Anexo Transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático -que para 2021 representa solo el 1.1% del presupuesto total de país, del cual 75.3% se destina a transporte de gas natural, lo que impacta negativamente en el cambio climático-; y el impulso de la política energética basada en fuentes fósiles en detrimento de la transición energética justa, fin al que se dirige 11.6% de los recursos del presupuesto de egresos de la federación del próximo año.

En este escenario, México deja de estar en la línea frontal de combate al cambio climático y se convierte en uno de los países con NULA ambición, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos humanos de su población presente y futura. Aunado a ello, nuestro país no ha presentado una propuesta para dar cumplimiento a los laxos compromisos que actualmente tiene, poniendo todo su esfuerzo y recursos en acciones y políticas contrarias a ellos.

La situación anteriormente expuesta, confirma la falta de interés del gobierno mexicano en la agenda climática y la falta de responsabilidad ante los impactos que el propio país está viviendo a causa de huracanes como ETA, el cual afectó severamente a regiones aledañas, así como al sur del país y que, paradójicamente, amenaza la propia infraestructura de la Refinería 2 Bocas, proyecto energético prioritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto evidencia la gran vulnerabilidad frente al cambio climático a la que están expuestos el territorio nacional, el medio ambiente, la economía y las personas en México.

Con este tipo de acciones, el gobierno de México adquiere una deuda climática histórica con toda su población; particularmente, con la juventud y la niñez de este país, las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por los efectos del cambio climático y ante los cuales no ha habido una respuesta oportuna y eficaz.

Contactos:

Organizaciones firmantes:

  • Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. CEMDA
  • Ciudadanos por un Clima Vivible / Citizens’ Climate Lobby
  • Greenpeace México A.C.
  • Fundación para la investigación de la calidad del aire A. C. (Redspira)
  • Cambio de Ruta, A.C.
  • Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C. (CERCA)
  • Iniciativa Climática de México A.C.
  • Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente A.C.
  • Representada por el Presidente del Consejo Directivo, Raúl Asís Monforte González
  • Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. (FOTCA)
  • Alianza Mexicana contra el Fracking
  • Fundación Tláloc
  • Extinction Rebellion México

“El presente artículo es propiedad de CEMDA, encontrado en Inforural

CEMDA. (2020). México sin ambición para atender la crisis climática. Recuperado de https://www.inforural.com.mx/mexico-sin-ambicion-para-atender-la-crisis-climatica/

Violaciones a derechos humanos en servicios de salud mental en México

Norma Isela Vásquez Lázaro, SemMéxico

01 de diciembre de 2020

  • Lo que no se documenta no existe para el debate público
  • ¿Por Razón Necesaria? informe del programa Discapacidad y Justicia

SemMéxico, Reflexión 24, Toluca, Estado de México, 01 de diciembre 2020.-La salud mental en México es un tema abandonado por las políticas públicas, invisible y relegado al ámbito médico, en donde se ha perpetuado un enfoque predominantemente clínico que deja de lado la importancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, situación que, a su vez, ha propiciado la falta de información, transparencia y rendición de cuentas vitales para el ejercicio pleno de los derechos, comentó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora de programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C, al presentar el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.

Por su parte, Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad, aseveró que lo no documentado no existe para el debate público, no está visible, es decir este informe habla sobre los problemas que hay en el marco normativo tanto nacional como internacional; un segundo aspecto es el marco institucional, aprender sobre fragmentación y problemas del financiamiento, pero, sobre todo, refleja la situación de las personas que están dentro del sistema de Salud Mental.

Agregó, le sorprendió leer sobre las terapias electroconvulsivas (TEC) que en la mayoría de países no se cuentan con el consentimiento, sobre los casos de esterilización forzada, de castración química, problemas de tortura y malos tratos.

Detalló que un aspecto importante de este informe es proponer una hoja de ruta para transformar esta realidad, hay varias ideas que son vitales como la reorganización de los servicios, repensar el marco normativo, poner atención en las determinantes sociales, como la pobreza, la inequidad, la violencia, el consumo de drogas, combatir el estigma y discriminación.

Propone la formación de los recursos humanos en derechos humanos, así como el mejoramiento en general del sistema de rendición de cuentas y monitoreo.

Al respecto, Sheinbaum comentó que la salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirse en un asunto comunitario, desde la fundación, en 1910, del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.

Dijo que distintos países de la región han caminado hacia las reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.

Explicó que se trata de un informe que, a través de la sistematización de las quejas, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional revela las terribles condiciones de violencia estructural y violaciones a derechos de personas usuarias de estos servicios bajo el argumento del personal de atención a la salud mental de que se realizan “por razón necesaria (PRN)”, como versa en diversos expedientes.

La investigación ofrece un amplio análisis sobre la situación de hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—, todos ellos, centros donde se brindan servicios a la salud mental y en los que se puede alojar a personas en contra de su voluntad.

Destacó que entre los mayores problemas está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la asignación raquítica de presupuesto, la falta de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a derechos en sus inmediaciones, la normalización de prácticas que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida de personas usuarias, así como la perpetuación de un modelo fallido y violatorio de derechos.

De acuerdo a los resultados, se tiene que en estos lugares, el común de las personas usuarias se encuentran en privación ilegal de la libertad, aislamiento y segregación social, rompimiento de vínculos familiares, restricciones al contacto con el mundo exterior y medios de comunicación, criminalización, estigma, violencia, medicalización excesiva, mala atención médica, castigos como recursos “disciplinarios”, malos tratos y tortura.

En este informe se ofrece una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, Congresos estatales, Secretaría de Salud, organismos públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal de los centros que brindan atención a la salud mental, con la finalidad de iniciar un proceso de transformación del sistema de salud mental, que esta vez coloque al centro a las personas y considere el respeto de los derechos humanos para todos y todas.

Algunas de las recomendaciones que se encuentran dentro del informe son:

  • Una reforma a la Ley General de salud, teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
  •   Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
  • Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
  • Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud en derechos humanos.
  • Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un sistema de rendición de cuentas

SemMéxico, Reflexión 24, Toluca, Estado de México, 01 de diciembre 2020.-La salud mental en México es un tema abandonado por las políticas públicas, invisible y relegado al ámbito médico, en donde se ha perpetuado un enfoque predominantemente clínico que deja de lado la importancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, situación que, a su vez, ha propiciado la falta de información, transparencia y rendición de cuentas vitales para el ejercicio pleno de los derechos, comentó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora de programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C, al presentar el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.

Por su parte, Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad, aseveró que lo no documentado no existe para el debate público, no está visible, es decir este informe habla sobre los problemas que hay en el marco normativo tanto nacional como internacional; un segundo aspecto es el marco institucional, aprender sobre fragmentación y problemas del financiamiento, pero, sobre todo, refleja la situación de las personas que están dentro del sistema de Salud Mental.

Agregó, le sorprendió leer sobre las terapias electroconvulsivas (TEC) que en la mayoría de países no se cuentan con el consentimiento, sobre los casos de esterilización forzada, de castración química, problemas de tortura y malos tratos.

Detalló que un aspecto importante de este informe es proponer una hoja de ruta para transformar esta realidad, hay varias ideas que son vitales como la reorganización de los servicios, repensar el marco normativo, poner atención en las determinantes sociales, como la pobreza, la inequidad, la violencia, el consumo de drogas, combatir el estigma y discriminación.

Propone la formación de los recursos humanos en derechos humanos, así como el mejoramiento en general del sistema de rendición de cuentas y monitoreo.

Al respecto, Sheinbaum comentó que la salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirse en un asunto comunitario, desde la fundación, en 1910, del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.

Dijo que distintos países de la región han caminado hacia las reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.

Explicó que se trata de un informe que, a través de la sistematización de las quejas, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional revela las terribles condiciones de violencia estructural y violaciones a derechos de personas usuarias de estos servicios bajo el argumento del personal de atención a la salud mental de que se realizan “por razón necesaria (PRN)”, como versa en diversos expedientes.

La investigación ofrece un amplio análisis sobre la situación de hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—, todos ellos, centros donde se brindan servicios a la salud mental y en los que se puede alojar a personas en contra de su voluntad.

Destacó que entre los mayores problemas está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la asignación raquítica de presupuesto, la falta de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a derechos en sus inmediaciones, la normalización de prácticas que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida de personas usuarias, así como la perpetuación de un modelo fallido y violatorio de derechos.

De acuerdo a los resultados, se tiene que en estos lugares, el común de las personas usuarias se encuentran en privación ilegal de la libertad, aislamiento y segregación social, rompimiento de vínculos familiares, restricciones al contacto con el mundo exterior y medios de comunicación, criminalización, estigma, violencia, medicalización excesiva, mala atención médica, castigos como recursos “disciplinarios”, malos tratos y tortura.

En este informe se ofrece una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, Congresos estatales, Secretaría de Salud, organismos públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal de los centros que brindan atención a la salud mental, con la finalidad de iniciar un proceso de transformación del sistema de salud mental, que esta vez coloque al centro a las personas y considere el respeto de los derechos humanos para todos y todas.

Algunas de las recomendaciones que se encuentran dentro del informe son:

  • Una reforma a la Ley General de salud, teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
  •   Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
  • Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
  • Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud en derechos humanos.
  • Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un sistema de rendición de cuentas

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Vásquez Lázaro, N. (2020). Violaciones a derechos humanos en servicios de salud mental en México. SemMéxico. Recuperado el 02 de diciembre de 2020, de https://www.semmexico.mx/?p=29252

Luego de 15 años, desplazados por “Stan” siguen en la incertidumbre

Fernando Camacho Servin, La Jornada

01 de septiembre de 2020, 19:31

Tres mujeres que habitan en el fraccionamiento San Jorge, ubicado en la ciudad de Tapachula, se manifestaron en el Zócalo capitalino. Foto Fernando Camacho

A 15 años del paso del huracán Stan por Chiapas, la situación legal de diversos fraccionamientos en donde fueron reubicados los pobladores de colonias destruidas por la crecida de los ríos sigue estando en la incertidumbre, pues los cuatro gobernadores que ha habido desde entonces en dicha entidad no han terminado de pagar el costo de las nuevas casas. 

Este martes, en el contexto del segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tres mujeres que habitan en el fraccionamiento San Jorge, ubicado en la ciudad de Tapachula, se manifestaron en el Zócalo capitalino para pedir la intervención del mandatario federal en la resolución de este conflicto. 

Evodia Vázquez Antonio, presidente de la Asociación Civil Fraccionamiento San Jorge, explicó que luego de la devastación generada por el huracán Stan en varias unidades habitacionales de Tapachula en 2005, el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía compró cerca de 90 casas para reubicar a unas 450 familias damnificadas. 

Sin embargo, el mandatario estatal no terminó de cubrir el pago por las viviendas –que oscila entre los 40 y los 70 millones de pesos–, lo cual le impide a los habitantes de las casas el poder escriturarlas a su nombre y eventualmente heredarlas. 

María del Rosario Vilches Villaluz, una de las afectadas por esta situación, recordó que las viviendas que se perdieron por el huracán –algunas de ellas vendidas por organismos estatales como el Fovissste—estaban construidas sobre zonas de riesgo, como márgenes de ríos, sin que las autoridades impidieran esta irregularidad. 

La mujer lamentó que cientos de familias –muchas de ellas integradas por personas de la tercera edad—aún no tienen certeza jurídica sobre el inmueble en donde habitan, y aunque se han movilizado durante 15 años para pedir que el gobierno estatal termine de pagar el costo de las nuevas viviendas, ello no ha ocurrido. 

Por su parte, Irma Vázquez de León, también integrante de la Asociación Civil Fraccionamiento San Jorge, subrayó que este conflicto no ha podido solucionarse no sólo porque la administración de Salazar Mediguchía dejó inconcluso el pago total de las casas, sino también porque han sido omisos al respecto los tres mandatarios que lo sucedieron: Juan Sabines, Manuel Velasco y Rutilio Escandón. 

“Sólo queremos que el Presidente nos dé cinco minutos para explicarle lo que está pasando. Sabemos que él tiene muy buen corazón y nos puede ayudar”, señalaron las mujeres, quienes este martes trataron de llamar la atención de diversos invitados al informe presidencial para conseguir atención a su problema.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Camacho Servin, F. (2020). Luego de 15 años, desplazados por “Stan” siguen en la incertidumbre. La Jornada. Recuperada el 02 de septiembre de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/09/01/a-15-anos-sigue-incertidumbre-entre-personas-reubicadas-por-2018stan2019-6295.html

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Gobierno aumenta recursos para el Tren Maya y los reduce para Refugios

Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias

Ciudad de México, 28 de agosto de 2020

CIMACFoto: Samantha Bushman

Ciudad de México. Este año el presupuesto destinado a la operación de Refugios y Centros de Atención Externa para mujeres víctimas de violencia representó 0.3 por ciento del total del gasto público para la igualdad; en contraste, los recursos para el Tren Maya aumentaron 13 veces.

Esta es una de las conclusiones del informe “De los discursos a los hechos”, realizando por la Red Nacional de Refugios, donde se detalla la falta de políticas de gobierno para atender la violencia contra las mujeres antes, durante y después de la pandemia de COVID-19.

En el documento se explica que este 2020 los subsidios a Refugios, que se incluyen en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, fueron 405 millones de pesos, lo que representa 0.3 por ciento del total del Anexo 13, de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación que concentra todos los programas dirigidos a cerrar las brechas de desigualdad. 

El monto para atender la violencia de género por medio de estos centros es mínimo considerando el incremento de casos de violencia familiar durante la emergencia sanitaria. En este año la Red ha documentado un aumento en los casos de mujeres que requieren un lugar seguro para vivir.

Por ejemplo, en los 5 primeros meses de la pandemia, los Refugios y sus Centros de Atención Externa tuvieron un aumento en las atenciones de 68 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 2019. Esta situación se puede incrementar tras el regreso a la nueva normalidad, señala el informe elaborado por la directora de la Red, Wendy Figueroa Morales y la consultora Cecilia Toledo Escobar.

En este análisis se critica que ante los escasos recursos que la Cámara de Diputados asignó este año a los derechos de las mujeres y las niñas, se suma la ausencia de políticas públicas para erradicar las violencias, y además durante la crisis generada por la pandemia el gobierno decidió profundizar la austeridad republicana en el gasto público.

También se menciona que el 18 de febrero del 2020 oficialmente se notificó que el presupuesto etiquetado de “Subsidios para Refugios y Centros de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia” pasó de la Secretaría de Salud (Ramo 12), en donde había estado desde hace años, al Indesol (Ramo 20), quien desde ese momento ha sido la instancia encargada del presupuesto a través del “Programa presupuestario de apoyo para Refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género sus hijas e hijos”.

A pesar de que en el decreto de austeridad publicado en marzo por el gobierno federal se incluyeron los Refugios como servicios esenciales, esto no se retomó en el decreto publicado en abril y por tanto no se consideró como uno de los programas prioritarios. Con esta contracción, en el informe se menciona que “lo que no se nombra no existe”, por ello la Red Nacional de Refugios junto con Amnistía Internacional México y Equis Justicia para las Mujeres solicitaron al gobierno dar claridad al respecto.

En este escenario, mientras los Refugios recibieron un magro presupuesto, los recursos asignados a la construcción del Tren Maya son de 2 mil 500 millones de pesos y para 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende solicitar al Congreso la autorización de un presupuesto de 26 mil 730 millones de pesos, es decir, 9.7 veces los recursos asignados, y que representa un incremento nominal de más de 900 por ciento.

Por otro lado, al revisar los recursos que se aprobaron para el Anexo 13, la Red detalla que los programas con mayor peso, al recibir una bolsa más grande, fueron el de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, con 38 por ciento del total del gasto para la igualdad; le siguió el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con 12 por ciento, y “Sembrando Vida”, con 8 por ciento.

Sin embargo, son programas de transferencias directas en donde se otorga dinero a las personas beneficiarias para acceder a servicios de educación, de salud, medicamentos, etcétera, y no garantizan beneficios específicos para las mujeres y sus derechos.

A pesar de los índices de violencias contra las mujeres, niñas y niños, así como la agudización de las desigualdades que ha traído la enfermedad de COVID-19, la postura del gobierno ha sido solicitar incrementos para el aeropuerto de Santa Lucía y la construcción del Tren Maya, criticó en su informe la Red Nacional de Refugios.

20/AGM/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias

García Martínez, A. (2020). Gobierno aumenta recursos para el Tren Maya y los reduce para Refugios. CIMAC Noticias. Recuperada el 31 de agosto de 2020, de https://cimacnoticias.com.mx/2020/08/28/gobierno-aumenta-recursos-para-el-tren-maya-y-los-reduce-para-refugios

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Piden a Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental al proyecto Tren Maya

Boletín de Prensa CEMDA, Inforural

24 de agosto de 2020

El proyecto incurre en las violaciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para ser rechazado.

Organizaciones sociales, individuos, instituciones acádemicas y expertos han emitido comentarios respecto de los graves impactos ambientales que tendrá sobre la región.

Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en la defensa y protección del medio ambiente enviaron el pasado viernes una carta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, solicitándole que la dependencia a su cargo niegue la Autorización de Impacto Ambiental al proyecto de desarrollo Tren Maya puesto que incurre en los tres incisos previstos en la legislación ambiental según los cuales debe negarse la autorización solicitada.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de impacto ambiental, obtener una Autorización de Impacto Ambiental es condición sine qua non para el inicio de una obra. El promovente del proyecto, en este caso, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V, ingresó el pasado mes de junio la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Semarnat a fin de obtener la citada Autorización.

Sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) Tren Maya Fase 1 Palenque-Izamal adolece de una serie de irregularidades previstas en la ley, según las cuales la autoridad debe negar dicha autorización.

En el primer inciso del artículo 35, la LGEEPA establece que la solicitud debe negarse cuando “a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables […]”. Al respecto, el proyecto Tren Maya contraviene las disposiciones normativas en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP) puesto que el trazo atraviesa por cuatro de ellas y, de acuerdo con el área de influencia del proyecto, impacta sobre otras dos áreas de protección, a saber, la Reserva Ecológica Cascadas de Reforma y el sitio Ramsar Humedales La Libertad, los cuales se omite mencionar en la MIA. Además, los impactos del proyecto contravienen los Decretos y Programas de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Los Petenes, Área Natural Protegida Denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes y Área Natural Protegida Municipal Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.

En lo que toca al inciso b), el cual menciona los casos “en que la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción […]”, como ha sido señalado por expertos en la materia[1] e incluso como se reconoce en la propia MIA presentada por Fonatur[2], el proyecto afectará especies de flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo, incluyendo mamíferos como el mono aullador, el grisón, el puma yaguarundii, el ocelote, el tigrillo y el mico de noche.[3] Asimismo, en la región se encuentra el jaguar (panthera onca), especie emblemática de México, también en peligro de extinción, cuya protección es de tal importancia que ha sido motivo de iniciativas regionales como el Corredor Biológico Mesoamericano y se encuentra en la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De igual forma, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo considera un felino cuya conservación es prioritaria.

Con respecto al inciso c), el cual habla sobre “falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad […]”, es importante señalar que Fonatur únicamente otorgó a Semarnat y a las comunidades información específica respecto a la rehabilitación y construcción de vías férreas para el Tren, sin mencionar que el proyecto implicará un reordenamiento territorial, la construcción de polos de desarrollo, así como varias obras asociadas y complementarias, las cuales tendrán un impacto negativo directo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la forma de vida de las comunidades.

En la misiva se recuerda al titular de Semarnat que la región por la que pretende atravesar el Tren Maya es una de las de mayor biodiversidad de México, integrada por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, dentro la cual se encuentra la mayor dotación de selva tropical del país con una gran diversidad biológica, climática, de suelos y cultural. También cuenta con grandes extensiones costeras, de bosques y selvas.

Asimismo, la Península de Yucatán se caracteriza por tener una topografía muy suave, con fallas y fracturas geológicas, cuyas características producen el medio kárstico y originan la recarga del acuífero, única fuente de abastecimiento de agua. En este sentido, las obras de construcción tanto directamente relacionadas con el proyecto, como las asociadas al mismo, constituyen un grave riesgo de contaminación del subsuelo y, por lo ya explicado, de contaminación de la fuente principal de agua de la que se abastecen las personas en esta región.

Los firmantes ratifican la solicitud de que el proyecto de desarrollo Tren Maya NO obtenga por parte de Semarnat la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental para poder iniciar obras, atendiendo a que la misión de esta dependencia es asegurar el cumplimiento efectivo de una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable, objetivo que claramente contraviene el Tren Maya, por ser un proyecto que plantea un modelo de desarrollo depredador de los ecosistemas, violando con ello el derecho constitucional a un medio ambiente sano.

Postura https://www.cemda.org.mx/postura-del-centro-mexicano-de-derecho-ambiental-respecto-al-proyecto-tren-maya/

Ver Acuse

Atentamente:

Organizaciones:

  • Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
  • Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
  • Capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad
  • CartoCrítica. Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
  • Centro para la Diversidad Biológica
  • Centro de Estudios de la Región Cuicateca –Oaxaca (CEREC)
  • Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
  • Colectivo apícola los Chenes
  • Colectivo Tres Barrios
  • La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
  • Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX)
  • Eco Maxei Querétaro A.C
  • Fundación Flor y Canto AC.
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
  • La Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.
  • Maíz y CNPA MN
  • Partido Comunista de México – Campeche
  • Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
  • Salva la Selva
  • Reforestación Extrema, A.C.
  • Resistencia Civil de Candelaria Campeche
  • Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
  • Wildlands Network Programa México
  • Título personal:
  • Aida Luz López, Grupo Intercolegial de Ecología Política UACM
  • Alberto Athié
  • Alma Cristina
  • Balam Xiu
  • Carlos Beas Torres
  • Esperanza Muñoz, Investigadora INAH
  • Flor Mercedes Rodríguez, Académica UACM
  • Fedra Oralia Torres González
  • Hortensia de Vega Nova, INAH.
  • Luis Miguel Robles Gil y Rosa Odavia Ángeles C.
  • Ma. Antonieta Bocanegra Aguilar
  • Manuel May Castillo, Maya e investigador de la Universidad de Munich
  • María Matilde Salazar Rodríguez
  • Mercedes Lu, Ph.D.
  • Paco Remolina Suarez
  • Paul Hersch Martínez, Instituto Nacional de Antropología e Historia
  • Perla Miranda Garcés, Arquitecta, Facultad de arquitectura, UNAM
  • Ricardo Javier Suárez Estrada
  • Ricardo Martínez
  • Rosa María Garza Marcué. INAH
  • Verónica Ruiz Lagier. DEAS-INAH

[1] Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., publicó un estudio denominado El tren maya ¿Por qué están tan preocupados los biólogos? Visible en:https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2019/2019-06-20-Reyes-et-al.-El-Tren-maya.pdf?fbclid=IwAR2mtOFkmq6t5oO4GMO2XyNfwQn9L1Uc_GvFt6d8jMAFdUBWXnnWH9lsCyk#:~:text=El%20tren%20maya%20%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20est%C3%A1n%20tan%20preocupados%20los%20bi%C3%B3logos%3F,CASANDRA%20REYES%20GARC%C3%8DA&text=Sin%20embargo%2C%20se%20desconoce%20el,de%20la%20Bi%C3%B3sfera%20de%20Calakmul

[2] Fonatur Tren Maya, S.A de C.V. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) Tren Maya Fase 1 Palenque-Izamal Capítulo 5. Pp.45-59.

[3] Mono aullador (Alouatta villosa, En peligro de extinción (P) NOM-059); el grisón (Galictis vittata, Amenazada (A) NOM-059); el puma yaguarundii (Herpailurus yagouaroundi, Amenazada (A) NOM-059); el ocelote (Leopardus pardalis, En peligro de extinción (P) NOM-059); el tigrillo (Leopardus wiedii, En peligro de extinción (P) NOM-059) y el mico de noche (Potos flavus, Protección especial (Pr) NOM-059).

“El presente artículo se encontró en Inforural

CEMDA. (2020). Piden a Semarnat negar la Autorización de Impacto Ambiental al proyecto Tren Maya. Inforural. Recuperado el 24 de agosto de 2020, de https://www.inforural.com.mx/piden-a-semarnat-negar-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-al-proyecto-tren-maya/

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Fiscalía de Chiapas construyó delito para detener a indígenas tzeltales

Mariana Morales Velázquez, CIMAC noticias, Desinformémonos

20 de agosto de 2020

Foto: Mariana Morales Velázquez

La Fiscalía General de Chiapas creó una serie de evidencias para detener y acusar a mujeres tzetales de los Altos de Chiapas de encabezar una supuesta red de trata de menores de edad con fines de explotación laboral; la realidad, es que era una familia numerosa y pobre, que dejó la comunidad Chigtón para vivir y vender ámbar en los andadores turísticos de San Cristóbal de las Casas.

En conferencia de prensa este miércoles, Patricia Arcil Santos, representante de la “Colectiva La Cereza”, una organización que revisa los casos de mujeres presas en Chiapas, informó que revisó las tres carpetas de investigación que la Fiscalía del estado usó para acusar a estas indígenas, encontró oficios inventados, testigos que nunca se presentaron a ratificar su declaración, abogados de la Fiscalía que no dieron asesoría a las indígenas y un apoyo incondicional del DIF estatal para separar a estas niñas y niños de sus madres hoy encarceladas.

Tras leer los expedientes, la abogada concluyó que fue fabricación del delito para buscar culpables, “la fabricación de delitos que sirven para criminalizar familias indígenas”, señaló.

Esta historia inició cuando las autoridades buscaban al niño Dylan Esaú Pérez, quien desapareció en San Cristóbal de las Casas el 21 de julio de este 2020. La Fiscalía informó que mientras buscaban a este menor de edad descubrieron una supuesta red de trata de personas que operaba en San Cristóbal de las Casas, culparon a tres mujeres indígenas quienes dijeron, ponían a vender artesanías a 23 niñas y niños, pero Patricia Arcil muestra que la realidad era otra.

Una de las detenciones por la supuesta red de trata fue contra el indígena Adolfo Gómez Gómez. El 15 de julio, mientras vendía ámbar en las calles de San Cristóbal, horas más tarde su ex esposa, Josefa Sánchez, se enteró de esta detención y lo buscó en la Fiscalía de Justicia Indígena, pero al llegar también la detuvieron.

Cuando la abogada Patricia Arcil revisó los expedientes, encontró que las acusaciones que señalaron que Adolfo conocía a la mujer que se había llevado a Dylan, se presentaron después que lo detuvieron.

La primera acusación es una declaración no ratificada, la otra viene de un policía antisecuestro que dice haber vigilado a Adolfo, y la última, es un oficio inventado en el que vecinos acusan al indígena de andar con varios niños que no son sus hijos.

La abogada también descubrió que ni Adolfo ni Josefa, ya presos en el penal estatal de San Cristóbal de las Casas, fueron asistidos por un abogado de oficio. Lo que sucedió después, fue la detención de las tres indígenas a quienes la Fiscalía presentó ante los medios de comunicación como integrantes de una red de trata de menores de edad.

Estas tres mujeres eran María Hortencia Gómez Sánchez, hija de Adolfo, Maribel Gómez y Juana Montejo, ambas nueras de Adolfo, todas fueron detenidas en la casa donde vivían con 23 menores de edad, algunos hijos de ellas y otros de los detenidos, Adolfo y Josefa. Actualmente las y los niños se encuentran resguardados en el DIF estatal en Tuxtla Gutiérrez.

Mientras esta detención sucedía, a Adolfo lo asesinaron en la cárcel “porque no pagó una cuota que le pedían otros reclusos”, aseguró su hija durante la conferencia Enereida Gómez Sánchez, quien narró que lo peor sucedió cuando iban a enterrarlo porque ese mismo día, agentes de la Fiscalía regresaron a la vivienda y se llevaron el refrigerador, cilindro de gas, estufa y una caja de ámbar que con esfuerzo habían comprado.

Enereida afirmó que sí trabajan vendiendo artesanías, pero no explotan a sus hijos e hijas, “llevamos a los hijos de acompañantes porque vivimos al día, somos pobres pero honrados, eso de que los ponemos a trabajar es una mentira”.

Por su parte, el padre de Juana (una de las detenidas), Roberto Montejo, dijo que por más que han presentado las actas de nacimiento de siete menores de edad que son sus nietos, el DIF no se los quiere entregar.

“La licenciada María Cruz no los quiere entregar porque no cree que somos abuelos”, dijo decepcionado. Por ahora, la abogada Patricia Arcil dijo que el caso fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que junto a otras organizaciones como Melel Xojobal A.C y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pugnan para que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República pues tras la fabricación del delito estas mujeres siguen en la cárcel.

Publicado originalmente en CIMAC Noticias

“El presente artículo se encontró en Desinformémonos

Morales Velázquez, M. (2020). Fiscalía de Chiapas construyó delito para detener a indígenas tzeltales. Desinformémonos. Recuperado el 21 de agosto de 2020, de https://desinformemonos.org/fiscalia-de-chiapas-construyo-delito-para-detener-a-indigenas-tzeltales/

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Exigen suspender megaplanta de gas que se construye en Tecate

Antonio Heras, corresponsal La Jornada

Baja California, 05 de agosto de 2020, 16:36

Imagen de la planta de Gas. Tomada de su portal de internet

Mexicali. La Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate advirtió sobre la construcción de una planta de gas para servicio doméstico porque pone en riesgo a la población, toda vez que carece de dictamen municipal de seguridad para su instalación y operación.

Los activistas advirtieron que la empresa Rivera Gas incumplió con los requisitos básicos y de seguridad para instalar una planta de almacenamiento con tres tanques con capacidad de 750 mil litros en el área denominada “El Paso del Águila” de este municipio fronterizo de Baja California.

Adriana González May, representante de esta asociación civil, exigió al gobierno de Tecate la suspensión de la construcción de la obra que se realiza en un predio cercado por la compañía gasera.

La activista social advirtió que está claro que esta compañía no cumplió con los requisitos indispensables que establece el Reglamento Municipal para construir dichas instalaciones y además consideró que ´pone en riesgo la integridad de los residentes” de la zona.

González May instó al director de Administración Urbana de Tecate, Hugo Esteban Briseño Alcantar, a hacer cumplir con el Reglamento Municipal de Edificación ya que hay obreros que construir lo que llamaron una mega planta de Gas LP.

La asociación presentó primero  una queja ciudadana ante el ayuntamiento de Tecate para solicitar información sobre el cumplimiento de los permisos municipales.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tecate, Oscar Javier Camacho Gutiérrez, respondió por escrito que “no se encontró expediente alguno a nombre de la empresa Hidrocarburos del Noroeste S.A de C.V. (Rivera Gas)” sobre estudios de factibilidad de Servicios, factibilidad de Proyecto ni del Certificado de Medidas de Seguridad para el predio que se ubica en el kilómetro 141 de la carretera federal Tijuana-Mexicali.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Heras, A. (2020). Exigen suspender megaplanta de gas que se construye en Tecate. La Jornada. Recuperado el 06 de agosto de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/05/exigen-suspender-megaplanta-de-gas-que-se-construye-en-tecate-6288.html

En 2019, el año con mayor cifra de ambientalistas asesinados en el mundo

Angélica Enciso L., La Jornada

29 de julio de 2020, 08:34 am

José Lucio Bartolo (izquierda), integrante de los consejos Nacional del Gobierno y Nacional Indígena, y Modesto Verales Sebastián (derecha), promotor de ambas organizaciones, asesinados en mayo de 2019 en el municipio de Chilapa, Guerrero. Foto cortesía del CNI / archivo

Durante 2019 se presentó el mayor número de defensores ambientales asesinados en el mundo, con 212 homicidios. México ocupa el cuarto lugar con 18 casos, precedido de Colombia, Filipinas y Brasil, informó la organización Global Witness. Desde marzo, cuando comenzó en el país  la pandemia de Covid-19, han ocurrido seis asesinatos,

La organización señaló que durante años los defensores del medio ambiente han estado en primera línea en la defensa contra las causas y los impactos del colapso climático. Han desafiado los aspectos perjudiciales de las industrias que arrasan bosques, humedales, océanos y zonas de biodiversidad. Los gobiernos y empresas no son capaces de protegerlos.

En el informe Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, indicó que en promedio cuatro defensores han sido asesinados cada semana desde diciembre de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. Hay un alto número de personas que han sido silenciadas con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.

Destacó que tan sólo en Colombia y Filipinas ocurrió alrededor de la mitad de las muertes, 64 y 43, respectivamente. Consideró probable que a nivel mundial, el número real de homicidios haya sido mayor, ya que normalmente los casos no son documentados.

Agregó que la minería es la industria con más responsabilidad, está relacionada con el asesinato de 50 personas durante el año pasado.  Las comunidades que se opusieron a proyectos intensivos en carbono en la producción de petróleo, gas y carbón enfrentaron amenazas permanentes, con el fin de allanar el camino para productos como el aceite de palma y el azúcar. Además se documentaron 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, un aumento de más del 60 por ciento respecto a un año previo.

Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial.

Hay una “tendencia desproporcionada” de atacar a comunidades indígenas por defender sus derechos y territorios, a pesar de que las investigaciones demuestran que éstas, junto con las comunidades locales manejan bosques que contienen el carbono equivalente a, al menos, 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.

Raquel Cox encargada de campañas de la organización indicó que Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial. Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son quienes se oponen a esto.

Caso de México

Citlalli Hernández, coordinadora de los procesos de tierra y territorio de Serapaz, sostuvo que en México el territorio está en disputa, “para las comunidades indígenas es donde realizan su vida comunitaria, tradiciones, cultura, lengua.  Las empresas lo ven como el sitio donde hay recursos para extraer”. Hay zonas como Michoacán donde el crimen organizado tala hasta un pequeño árbol para hacer huacales o se siembra amapola en territorios indígenas de Chihuahua.

Recordó que desde 2006  comenzaron a crecer las amenazas y asesinatos contra los defensores ambientales. Mencionó que el actual titular de Semarnat, Victor Toledo, documentó  más de 500 conflictos socioambientales, aunque se desconoce cuántos se han solucionado.

Por su parte, Manuel Celaá, también de Serapaz, explicó que desde que desde marzo, cuando empezó en México la pandemia de covid ha habido seis asesinatos. Se trata de Antonio Montes Enríquez, en Chihuahua, líder indígena y activista contra la tala ilegal; Eugui Roy Martínez Pérez, en Oaxaca, estudiante de biología y defensor ambiental; Adán Vez Lira,  en Veracruz activista ambiental; Juan Zamarron Torres, en Chihuahua defensor de los bosques; Isaac Medardo Herrera Avilés en Morelos, defensor reserva natural de los venados; Paulina Gómez Palacio, en San Luis potosí, Defensora del territorio Wirikuta.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Enciso, A. (2020). En 2019, el año con mayor cifra de ambientalistas asesinados en el mundo. La Jornada. Recuperado el 29 de julio de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/29/en-2019-el-ano-con-mayor-cifra-de-ambientalistas-asesinados-en-el-mundo-5739.html

Por corrupción en caso Duarte, asociación civil Tojil acusa al gobierno federal ante la CIDH

Noé Zavaleta, Proceso

Xalapa, 20 de julio de 2020

Unos 80 empresarios reclaman el pago de adeudos generados durante la gestión de Javier Duarte . Foto: Especial
Unos 80 empresarios reclaman el pago de adeudos generados durante la gestión de Javier Duarte. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).- La asociación civil Tojil –que en maya significa “lo justo o lo correcto”– presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado mexicano por corrupción en el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el reclusorio norte y ya casi cumple la mitad de la sentencia de nueve años que le fue impuesta.

Tojil presentó la denuncia ante la negativa de la Fiscalía General y el Poder Judicial del estado para reconocer su carácter de víctima en el caso, lo cual –subrayó– violenta sus derechos humanos.

“La CIDH tiene la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana uno de los precedentes más relevantes para combatir la impunidad en casos de corrupción”, expresó en un comunicado.

Lo que la asociación civil pretende es abrir la puerta para sentar un precedente internacional de combate a la corrupción que beneficie a todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), según dijo.

El caso inició en 2018, cuando Estefanía Medina y Adriana Greaves, abogadas y defensoras de derechos humanos, presentaron una denuncia en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que fueran investigados por posibles sobornos en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, que derivaron en la negociación de una mínima pena, pese a que tenía graves acusaciones por lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionadas con posibles actos de corrupción.

“En ese entonces, la Fiscalía General de la República negó a Tojil su derecho a colaborar como víctimas en la investigación y, pese a que un juez de Amparo determinó reconocerles ese carácter, la Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que les fuera revocado, y le concedió la razón”.

Ahora la CIDH deberá resolver sobre su admisión, que de ser favorable llevará el caso mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo un gran precedente sobre la defensa de violaciones a derechos humanos en casos asociados a gran corrupción.

Las cofundadoras de Tojil advirtieron que, si este asunto se logra llevar a la máxima sede internacional y se genera una sentencia favorable, se trataría del precedente internacional más importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, acorde con los estándares de la propia Comisión y el derecho internacional.

En Veracruz, el legado de desastre financiero y de sangre del exgobernador Javier Duarte puede contarse así: casi 10 mil homicidios dolosos ocurridos en su sexenio; más de 3 mil 600 desaparecidos; recursos financieros reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 33 mil millones de pesos; el Congreso local exhibiendo un desfalco superior a los 70 mil millones en organismos autónomos, Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y deudas no pagadas al sector empresarial.

“El presente artículo es propiedad de Proceso

Zavaleta, N. (2020). Por corrupción en caso Duarte, asociación civil Tojil acusa al gobierno federal ante la CIDH. Proceso. Recuperado el 21 de julio de 2020, de https://www.proceso.com.mx/639029/por-corrupcion-en-caso-duarte-asociacion-civil-tojil-acusa-al-gobierno-federal-ante-la-cidh