De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UAM-Xochimilco e INSPIRA (2016), la escuela, los espacios públicos y la familia son los lugares en donde más se presentan casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Actualmente México ocupa el segundo lugar continental en materia de delitos relacionados con la homofobia.
El mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+) no solo celebra las numerosas posibilidades de ser y amar: se trata también de una oportunidad para impulsar agendas de derechos para una comunidad que históricamente ha sido desplazada por los marcos normativos. Tales cuentas pendientes fueron referidas por el Dr. Ricardo Baruch en una sesión de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.
México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas.
Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2018), nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. Además, alrededor del 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias.
La comunidad LGBT+ ha tenido múltiples agendas inspiradas en las condiciones fisiológicas, ideológicas e históricas de cada subgrupo, así como en el contexto de cada lugar y época. Con el episodio conocido como los disturbios de Stonewall (1969) en un pub de Nueva York, dio inicio el movimiento moderno de los derechos de la disidencia sexogenérica, cuya principal consigna era hacia el fin del acoso policiaco.
Diez años después, las primeras marchas del orgullo gay (como se le conocía en la época) en México apostaban por la erradicación de la concepción patológica de la homosexualidad y lo trans. La lucha por los derechos sociales en materia de salud tuvo un punto de inflexión con la aparición del VIH en occidente, pues fue una pandemia que afectó particularmente a varones homosexuales y a mujeres trans.
En la actualidad, las demandas en América Latina se centran en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, entre muchas otras. Dentro de las agendas específicas, las personas intersexuales buscan garantizar los derechos de identidad corporal, mientras que la colectividad trans se ha abocado a impulsar su reconocimiento jurídico y legal.
TRES PASOS ADELANTE, UNO ATRÁS
Si bien cada entidad tiene necesidades particulares, Ricardo Baruch enlistó algunas exigencias claves del movimiento de cara a la marcha virtual de la Ciudad de México de este año (a celebrarse el 26 de junio): reconocimiento legal de las infancias trans, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales.
La discriminación en los servicios sanitarios continúa como un asunto preocupante, específicamente dentro de la comunidad trans. Al no existir una atención adecuada en el sector público, las personas se ven obligadas a buscar alternativas no profesionales, lo que vulnera su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es de acato obligatorio.
La defensa de los derechos se da en diferentes escenarios que van desde el trabajo de la sociedad civil organizada hasta las empresas comprometidas con la causa. No obstante, en Puebla, casos como los asesinatos de Antonio Chamorro (2005) y Agnes Torres (2013) han evidenciado la violencia en contra de los cabecillas de la lucha. En respuesta, la comunidad ha encontrado sinergia en otros movimientos con agendas afines, como los feminismos.
En sus reflexiones finales, Baruch se refirió a la postura antiderechos como un conjunto de actitudes que se valen de un lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas de las disidencias. Advirtió que los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo “no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.
“En México hemos llegado a un punto en el que ya no hay tanto rechazo a las personas LGBTI, siempre y cuando ‘hagan sus cosas en la recámara’. El matrimonio igualitario tiene que ver con ser reconocidas como familias”.
Ricardo Baruch
Este material se comparte con autorización de la Ibero Puebla
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Roberto Pichardo Ramírez (2021) Acceso a la salud y no discriminación, principales demandas de la comunidad LGBT+. Desinformémonos. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/acceso-a-la-salud-y-no-discriminacion-principales-demandas-de-la-comunidad-lgbt/
La reforma constitucional que crea el sistema pendiente en el Senado a 6 meses de su aprobación
Presenta el PRI una iniciativa de reforma hacendaria que dote recursos cada año y sea progresivo
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 20 de mayo, 2021.-La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el Sistema Nacional de Cuidados cuente con recursos económicos suficientes que permitan su operación, para que no quede en letra muerta y quede claro que ésta no puede ser entendida sin considerar los derechos de las mujeres y advirtió que el Sistema no se ha aprobado en el Senado, tras 6 meses desde su aprobación y reforma Constitucional.
El texto de la reforma que presentó la también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, deja en claro que los recursos que se otorguen año con año nunca disminuyan; y que las dependencias y entidades encargadas de poner en marcha al Sistema puedan solicitar aumentos anuales, con base en las necesidades o vicisitudes que adviertan.
Al presentarla en nombre de su grupo parlamentario, la reforma que propone, atiende a la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2020. Ahora se trata de hacerla efectiva. De dotarla de recursos, de trabajar en la ley secundaria, porque Estado está obligado a tomar todas las medidas a su alcance en el corto, mediano y largo plazo, y de manera expedita y eficaz.
La iniciativa, de la que SemMéxico tiene copia, reforma y adiciona los artículos 25 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para garantizar el destino de recursos para hacer efectivo el Sistema Nacional de Cuidados.
Además destacó la diputada que el cuidado como derecho, supone asegurar los estándares y principios de derechos humanos, su carácter universal, indivisible e interdependiente.
El texto de la iniciativa presentada hoy, recuerda que durante la discusión de la reforma constitucional, del 18 de noviembre de 2020, se determinó que el sistema nacional de cuidados no debía generar ninguna estructura orgánica nueva ni compromisos económicos adicionales; si no debían aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno, esto a pesar de que diversos grupos parlamentarios hicieron énfasis en la necesidad de que un sistema de esta naturaleza, dada su complejidad requiere recursos para su correcta implementación. Pese a esta advertencia, porque la dejaría en letra muerta, reconoció que”la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria”.
Pero además, la reforma constitucional, trascendental para la vida de las personas, no la aprobó todavía el Senado de la República. Lo que es de preocupación. Ahora la propuesta, trata de enmendar esa advertencia de que no implicaría gasto adicional. La convertiría en una falacia.
El Sistema Nacional de Cuidados, defendido por el Instituto Nacional de las Mujeres, no podría quedar sólo en palabras. En todos los países del sistema americano, se camina en ese sentido, incluso por las recomendaciones de la CEPAL, tras lo devastadores efectos de la pandemia y la pérdida de empleo de las mujeres. Asunto reconocido y discutido en todos los países.
Uno de los argumentos, que recordó la ex gobernadora de Yucatá es que trabajo de cuidados es uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres al tratar de incorporarse al trabajo remunerado, y en consecuencia, avanzar en su grado de autonomía.
De acuerdo con el INEGI, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres.
Más de un millón tuvo que dejar de trabajar por un ingreso; 84 por ciento salió de la fuerza de trabajo de la denominada población económicamente activa, mientras que 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas, también eran mujeres.
Otro dato por demás contundente, sostuvo la diputada, muestra que de los casi 30 millones de mujeres de 15 años y más, que están fuera de la fuerza laboral, apenas 17 por ciento asegura estar disponible para trabajar, y 80 por ciento señala que tiene otras actividades y/o vive en un contexto que les dificulta trabajar.
La pandemia dejó enormes consecuencias sociales y económicas en el caso de las mujeres, éstas pasan por el estrés, los efectos psicológicos y la fatiga que ha dejado el trabajo de cuidados, como, por ejemplo, cumplir el rol de madre combinado con el de asistentes educativas, cuidar personas enfermas y lidiar con una mayor densidad de trabajo doméstico durante el confinamiento. Todo esto tiene efectos sobre su autonomía económica y su calidad de vida.
La iniciativa implica asegurar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, que consiste en un conjunto de políticas públicas y acciones institucionales que deben coordinarse, no solo en el nivel de la federación, sino también con la concurrencia de los estados, y esta responsabilidad no puede iniciar sin recursos propios, por magros que estos sean.
Argumentó que la aprobación de esta reforma significa un avance importante en materia de derechos humanos, la cual podrá ser perfeccionada con la expedición de su ley secundaria, por lo que se necesita presupuesto suficiente para establecer y ejecutar tales políticas públicas.
Advirtió que no prever una erogación presupuestaria a reformas con tan importante impacto social, genera que el texto constitucional sea letra muerta, ya que la ciudadanía se ve impedida para ejercer dicho derecho ante la falta de mecanismos o instituciones ante quien exigirlo.
En el documento fue enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, resalta que la propuesta tiene en su naturaleza la perspectiva de género, toda vez que son las mujeres quienes se encargan de los cuidados.
Aclaró que, está pendiente la aprobación de esta reforma en el Senado de la Republica, sin embargo, espera cuente con un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios como sucedió en la Cámara de Diputados por ser un tema necesario para la población.
La iniciativa hacendaria está firmada por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y los diputados René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI.
El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora
Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.
Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.
Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.
Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.
Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.
Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.
Lo que llevó a la clausura
Foto: Olga Valeria Hernández
El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.
De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas.
El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.
Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano.
Foto: Olga Valeria Hernández
La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”
En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún.
Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa.
Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.
Vecinos de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo cerraron la carretera en ambos sentidos para exigir que no se otorguen permisos para extracción de agua en la zona
Los integrantes del “Comité en defensa del agua de la calle Guadalupe Victoria, Tlaxcalancingo”, convocaron este lunes a una rueda de prensa e hicieron un cierre de la carretera federal a Atlixco para denunciar las irregularidades y omisiones de las autoridades y la empresa Junghanns, que pretendía perforar un pozo en la comunidad. El cierre duró de mediodía hasta las cuatro de la tarde, cuando terminó el diálogo con los representantes del Ayuntamiento de San Andrés Cholula que llegaron a las dos y media de la tarde.
Foto: Aranzazú Ayala
El conflicto empezó el 26 de abril, cuando vecinos se dieron cuenta que se estaba rascando un pozo profundo en la calle Guadalupe Victoria #211, dentro de una bodega industrial, casi a un costado del periférico. A partir de ahí crearon el Comité y juntaron firmas para exigir, tanto al gobierno como a la empresa, que se clausurara la obra, por lo que fueron personalmente tanto al ayuntamiento de San Andrés Cholula como a la delegación estatal de la Conagua. Pese a que la empresa dijo a los vecinos que tenían todos los permisos correspondientes, el 29 de abril la obra fue clausurada por el ayuntamiento, por no contar con ningún permiso.
El 4 de mayo un representante de Conagua fue a la bodega para hacer una inspección y verificar el estatus del pozo, pero no pudo entrar pues el inmueble estaba clausurado con sellos de Protección Civil.
El mismo día por la noche, el Comité se reunió con la presidencia, y acordaron que la empresa tenía 48 horas para quitar la maquinaria, y que el ayuntamiento tendría que enviar a personal de Protección Civil a que retirara los sellos y Conagua pudiera hacer la inspección. Además, pidieron que se tapara el pozo; para esto tendría que estar también la Conagua y un “pozero” del pueblo, para cerciorarse cuánto se había rascado realmente de profundidad.
Fue hasta el lunes 10 de mayo cuando se pudo hacer la inspección por parte de Conagua, y se encontró que la empresa ya había tapado el pozo. Esto significa que no respetaron el sello de clausura de la bodega, pues entraron pese a que no podían.
El Comité denunció que también esto puede ser una estrategia para evadir una posible multa de Conagua por extraer agua sin tener los permisos correspondientes.
El jueves 13 de mayo se organizó una asamblea vecinal, en la cual decidieron que no quieren que la empresa Junghanns esté en la comunidad. Al día siguiente, los vecinos se reunieron con autoridades municipales, pero no obtuvieron una respuesta concreta de su parte.
Pese a que en teoría la obra sigue clausurada, los vecinos han visto entrar y salir a trabajadores, así como camionetas con garrafones de agua.
En la rueda de prensa los integrantes del Comité reiteraron que no son representados por ningún partido. Además, denunciaron la falta de actuación de las autoridades, y exigieron que todos los permisos que tenga la empresa Junghanns para trabajar en Tlaxcalancingo se cancelen definitivamente y no se otorguen nuevos, ni a esa ni a ninguna otra empresa, para cuidar el agua.
A la rueda de prensa asistieron también como apoyo habitantes de Juan C. Bonilla, quienes desde hace meses están en un plantón afuera de la sede de la empresa Bonafont, la cual clausuraron para denunciar que la extracción hídrica de la compañía ha provocado escasez de agua en los pueblos aledaños.
Al término del evento para medios, los vecinos hicieron una pequeña asamblea donde decidieron cerrar la carretera federal a Atlixco en ambos sentidos, para presionar a las autoridades a darles una respuesta clara.
Foto: Aranzazú Ayala
A las dos y media de la tarde llegaron autoridades y se inició un diálogo entre servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula y el comisionado de la Dirección General del Gobierno del Estado. Cerca de las cuatro de la tarde se reabrió la carretera, después de llegar a acuerdos entre ambas partes. Las autoridades firmaron un documento en el que se comprometieron a no otorgar permisos para la instalación de Junghanns y/o a cualquier otra compañía con el mismo giro, además de designar una unidad de seguridad pública para vigilar la bodega y evitar que se entre a la misma y/o se haga cualquier trabajo en ella.
También se comprometieron a interponer una denuncia penal contra Junghanns por ingresar a la bodega a tapar el pozo cuando todavía estaban los sellos de clausura del ayuntamiento.
Asimismo, las autoridades darán seguimiento ante la Conagua para comprobar que el pozo sea tapado definitivamente, y organizarán un cabildo abierto este martes 18 de mayo para volver a dialogar.
Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo
Elda Montiel SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.
La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.
La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.
En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.
Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.
Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina
Matrimonio igualitario
Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.
Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.
Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.
Identidad de Género
En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.
Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.
Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.
En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans. Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.
Tensiones por la diversidad en América Latina
Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.
En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”. Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.
Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera
Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.
Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay
En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.
Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.
En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.
En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.
La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.
Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.
Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.
Ciudad de México | Desinformémonos. Ejidatarios de Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca, detuvieron los trabajos de rehabilitación del ferrocarril transístmico, pues han demandado a las autoridades que informen sobre el proyecto y realicen una consulta, pero hasta la fecha no los han atendido.
Durante los últimos diez días, los ejidos mixes de Mogoñe Viejo y el Zarzal han expulsado en tres ocasiones a trabajadores del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quienes ingresaron en la zona sin su permiso, señalaron en un comunicado la Asamblea de Comunidades y Colonias del Istmo y Resistencia Civil del Istmo.
Las comunidades expresaron su solidaridad con los comuneros de Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec, quienes realizan un bloqueo carretero por el despojo de tierras que pretenden hacer las autoridades para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
También se solidarizaron con los comuneros de Puente Madera, quienes han denunciado al presidente municipal de San Blas Atempa por imponer una consulta «simulada» para la venta de terrenos para la construcción de un parque industrial.
Exigieron al gobierno federal que respete los derechos de los pueblos, condenaron la imposición de megaproyectos, los cuales «significan despojo y divisionismo para los pueblos de nuestra región».
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Redacción (2021). Comunidad mixe detiene trabajos del Corredor Interoceánico. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/comunidad-mixe-detiene-trabajos-del-corredor-interoceanico/
SemMéxico/Periodistas en Español, Cd. de México, 13 de mayo, 2021.- En las zonas más pobres del Estado de Guerrero, al centro/occidente de México, las niñas son vendidas de forma habitual porque los padres lo consideran «usos y costumbres» y una fuente de ingresos, porque pueden obtener hasta doscientos mil pesos (unos 8290 euros).
Sucede desde hace demasiados años. En la denominada Montaña de Guerrero, en cuanto las niñas rondan los doce años ya son «vendibles». Quienes las compran (porque es ese el término correcto) las pueden convertir en sus esposas o, simplemente, son utilizadas como esclavas para la casa o el campo.
Lógicamente, no se puede hablar de una cifra concreta, ni aproximada, porque las autoridades no tienen interés alguno en controlarlo. Se cree que puede haber hasta trescientas mil criaturas cuyos padres las vendieron al mejor postor.
El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan lo ha denunciado recientemente con el fin de que tanto el gobierno estatal como el federal tomen cartas en el asunto y prohíban totalmente estas transacciones.
Cuentan que, en las comunidades indígenas, la maternidad llega a muy temprana edad, no por decisión propia sino por la costumbre añeja de los padres que logran concertar las alianzas de sus hijos con las hijas. Normalmente hay pago de la dote, que en un principio se le conocía como el ritual de petición de la novia. Con el tiempo esta práctica se ha perdido y mercantilizado.
La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.
Los hombres mandan, ellas obedecen
Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.
A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.
En algunas comunidades acuden a los «sabios», que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.
Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.
Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.
A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.
Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos.
Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres. Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, «le hace quedar mal». Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.
A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen.
Prende la indignación
Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país: a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar; al procurador federal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Oliver Castañeda; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los candidatos que se presentan a las inminentes elecciones de este Estado.
Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».
Dicen entender que el problema es complejo y que, ´por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas. Como lo muestra la evidencia, aseguran, «no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales».
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren dos de cada diez nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de diecinueve años. Guerrero, junto con Chihuahua, comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.
“El presente artículo es propiedad de SemMéxico“
Moreno, C. (2021). En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar. SemMéxico. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=35244
El Consejo Ciudadano Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha brindado apoyo a las madres capitalinas que han presentado algunos problemas durante la pandemia de Covid-19, como la fatiga. De acuerdo con datos del organismo, entre marzo de 2020 y abril de este año se ha brindado apoyo por fatiga emocional a 197 mujeres.
Ante la fatiga pandémica y los nuevos roles que trajo consigo el confinamiento, las madres mexicanas han sabido sobreponerse y ajustar sus necesidades, principalmente de salud mental, comentó el presidente de la institución Salvador Guerrero Chiprés.
“Este agotamiento emocional está relacionado con cuatro factores: las madres o encargadas de la crianza se han visto rebasadas por los roles de educadoras y de cuidadoras, además de enfrentar, en muchos casos, el desempleo y también su papel de esposas”, dijo el presidente del organismo.
Las mujeres que contactaron al Consejo manifestaron sentirse desbordadas, cansadas, desorientadas y sin tiempo para ellas mismas, con un significativo impacto en su estado de ánimo. Los datos indican que una de cada tres madres tiene entre 31 y 45 años de edad, y tres de cada cinco llamadas proceden de la Ciudad de México.
El 58% de las mamás que buscaron ayuda de las y los psicólogos del Consejo manifestaron agotamiento por el cuidado de los hijos, 17% por las atenciones que han dedicado a adultos y 16% por las labores del hogar.
Además, en los primeros cuatro meses de este año 309 mamás han solicitado al Consejo Ciudadano apoyo psicológico para sus hijos, principalmente por ideación suicida, problemas de conducta, adicciones, agresividad, ansiedad y fatiga pandémica.
El 42% de las madres tienen entre 36 y 50 años, y además de la CDMX, llaman del Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Guerrero y Morelos, principalmente.
Se aconsejó crear redes de apoyo para las madres dentro del hogar, como el establecimiento de horarios y roles de cuidado y educación entre todos los integrantes.
El Consejo Ciudadano ofrece apoyo psicológico gratuito, 24/7, a cualquier sitio del país a través de la Línea Mujer y Familia y el Chat de Confianza, ambos con número 55 5533 5533.
Imagen: Cuartoscuro
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México ha enfrentado la pandemia con una carencia de personal de enfermería, que sumado al cierre de guarderías ha puesto al límite la salud física y mental de más de 255 mil mujeres con dobles o triples jornadas, abandonadas por un sistema que desdeña los trabajos de cuidado que sostienen la vida
*Foto de portada: Andrea es enfermera en el Hospital de Perinatología, trabaja en el turno nocturno y sus jornadas son de 12 horas. Desde el inicio de la pandemia se encuentra en área COVID. Por indicaciones de su jefa de área, la mayoría del personal no entra ni sale con uniforme para evitar agresiones como las que sucedieron en los meses pasados hacia el personal de salud / Foto: Greta Rico
El trabajo de cuidados no se paga con dinero, pero “sí lo pagan las mujeres con el cuerpo, con su salud y bienestar”, y ese costo profundo se refleja en sus proyectos de vida y el tiempo que pueden destinar para el descanso y para ellas mismas
Noches de insomnio, nudos que se quedan en la garganta, lágrimas que se esconden de los más pequeños, sudor, dolores de cabeza, mal humor, peleas sin sentido con la pareja. Las cargas del trabajo de cuidados se sienten en el cuerpo, se cobran en las emociones; sobre todo cuando las jornadas de cuidado son dobles, una pagada y la otra invisible. Se siente en el cuerpo cuando estás al frente de la atención de una pandemia global, pero también del cuidado de tus hijos e hijas, a quienes no has podido abrazar.
Sandra y Andrea se suman a las 255 mil 439 enfermeras que, de acuerdo con el Sistema de Administración de Recursos Humanos en Enfermería, son parte del personal de salud en México. Una lo hace en el Hospital La Raza, la otra en el Instituto Nacional de Perinatología. Ellas han leído reportajes e historias que resaltan la valentía y fortaleza del personal de salud, narrativas que colocan a personal médico y de enfermería como “superhéroes”, pero ellas consideran que debajo de esa capa de superheroínas se esconden todas las actividades que deben realizar en casa, la fatiga y los impactos de esas largas jornadas.
Se da por entendido que “las mamás se encargan de los cuidados porque les corresponde y se da de forma natural, lo que impide que veamos que el trabajo en casa es un trabajo arduo y emocionalmente cansado”, así lo explican Margarita Garfias y Jana Vasil’eva, integrantes de la Red Nacional de Cuidados, un grupo diverso que ha puesto sobre el debate público que se trata de un trabajo que no se paga con dinero, pero “sí lo pagan las mujeres con el cuerpo, con su salud y bienestar”, y ese costo profundo se refleja en sus proyectos de vida y el tiempo que pueden destinar para el descanso y para ellas mismas.
Debido al riesgo de contagio en el transporte público, Sandra pidió a su esposo que la lleve y la recoja todos los días para poder hacer el traslado desde Ecatepec hasta el hospital La Raza / Foto: Greta Rico
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El día que Andrea comprendió lo que significaba enfrentar una pandemia global en primera línea de atención, no fue cuando cerraron un piso entero del hospital donde trabaja para atender los casos, tampoco cuando varias de sus compañeras, las más grandes de edad y las que tienen alguna condición de vulnerabilidad frente a la COVID-19, fueron enviadas a casa por decisión federal. Ella sintió en el cuerpo lo que realmente significaba enfrentar una crisis de salud en primera línea, cuando por decreto presidencial del 31 de marzo del 2020, el cuidado de menores de edad no se consideró como un servicio esencial y se cerraron las guarderías.
Cuando se tomó esa decisión, ella apenas cumplía ocho meses siendo mamá de Mateo*, su único hijo. Su embarazo y los primeros meses de su maternidad, los adaptó a su horario laboral nocturno. Esa jornada “de por sí es más cansada”, son turnos de 12 horas en donde hay menos personal atendiendo a las pacientes —las del Hospital de Perinatología son mujeres con embarazos de alto riesgo—; al volver del trabajo ella llevaba a Mateo a la guardería y así recuperaba un poco del sueño perdido. Cuando esa opción no existió, ser enfermera en tiempos de COVID-19, se “volvió horrible”.
Después del desayuno, Andrea prepara la mochila de su hijo con una muda de ropa y algunos juguetes. Su esposo lo lleva a la guardería alrededor de las 9:30 am y ella lo recoge a las 3 pm / Foto: Greta Rico
Considerar el cuidado de las y los menores de edad como no esencial, es dar por hecho que una mujer lo va a hacer. Las doctoras y académicas del Colegio de México, Nathaly Llanes Díaz y Edith Pacheco Gómez Muñoz, en el artículo “Maternidad y trabajo no remunerado en el contexto del COVID-19“, critican esa división que se hizo de las actividades esenciales, pues dejó fuera una gran labor. Ellas le dan sentido a la frase “los trabajos de cuidado sostienen la vida”, al recordar que para vivir en esta sociedad necesitamos cosas que son básicas, por ejemplo, ropa limpia, que alguien debe de lavar, o que alguien nos enseñe a caminar, hablar y escribir.
Si nos guiamos por las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo podemos estimar que el 73 por ciento de las enfermeras de nuestro país son madres, muchas de ellas respondieron a su labor al frente de los servicios de salud, sin poderse apoyar en una guardería para cumplir con su otra labor esencial.
Andrea salía de su casa a las siete de la noche sin vestir el uniforme blanco por el temor de sufrir una agresión, llegaba al hospital a preparar el instrumental y material necesario, tomaba su último trago de agua, se colocaba el equipo de protección, realizaba pruebas PCR, esperaba los resultados, monitoreaba a las pacientes, checaba a los bebés, caminaba de un lado al otro, era la única enfermera del turno en ese piso, que no era de atención COVID. Daban las siete de la mañana, se quitaba el traje, se bañaba, dejaba el hospital, llegaba a casa y su bebé la estaba esperando; preparaba el desayuno, amamantaba, enseñaba a caminar, lavaba la ropa, cambiaba los pañales, ella quería dormir, pero Mateo no, él quería jugar. Cada vez que su hijo dormía, ella instantáneamente “caía rendida tras él, para aprovechar y dormir un poco”.
Al llegar a casa, Andrea suele desayunar con su hijo para pasar un poco de tiempo con él antes de que su padre lo lleve a la guardería / Foto: Greta Rico
Con esa rutina, comenzó un dolor de cabeza que tardó meses en irse, se le olvidaban las cosas y estaba de malas todo el tiempo. La taza que dejó en otro lugar, la leche que se derramó, los trastes que no se lavaban, la junta virtual que no puede posponer, son algunas de las razones por las que todos los días discutía con su pareja, quien no podía asumir el cuidado de Mateo durante las mañanas porque el trabajo le demandaba estar frente a la computadora. Andrea tiene claro, debido a su profesión, que no dormir puede provocar una embolia; además del miedo a contagiarse, ella vivía con el miedo de sufrir una embolia cerebral.
Los efectos de la COVID en la vida, autonomía y economía de las mujeres han sido mapeados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una institución que le recordó a los países que eran las mujeres quienes están en la primera fila de la atención médica, al ser el 85 por ciento del personal de enfermería, que las medidas de confinamiento elevarían las cargas del trabajo de cuidados al interior de las casas y que “al ser las enfermeras las que probablemente estén a cargo de las labores de cuidado en sus hogares, es importante que los sistemas de salud consideren permisos para el personal sanitario, independientemente de su sexo, para ausentarse y cuidar a sus familias”.
Aunque su hijo pasa entre 5 y 6 horas en la guardería, Andrea no logra dormir todo ese tiempo. Cuando Darío se va, ella trata de hacerse cargo de algunas labores domésticas antes de irse a la cama / Foto: Greta Rico
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Un abrazo relaja el sistema nervioso simpático, así se explica la importancia de esa muestra de afecto en términos biológicos, en palabras más simples, ese apretón en el cuerpo disminuye el ritmo cardiaco y, entre otras cosas, controla la ansiedad. Sandra tuvo que renunciar a los abrazos de su hijo de 12 años y de su hija de tres, cuando por la política de rotación de personal que se estableció en La Raza, le tocó estar en el área de terapia intensiva respiratoria durante los primeros meses de la pandemia; cuando la mayoría de quienes se enfermaban de COVID-19 perdían la batalla entre tubos que a ella le tocaba desconectar, y cuando el miedo de contagiar a su familia no la dejaba dormir.
“Una de las situaciones más difíciles fue tener que enseñarles a mi hija y a mi hijo que ya no podían correr para abrazarme cuando llego de trabajar. Ahora nos saludamos con distancia y esperan a que yo me desinfecte para poder acercarse a mí”, dice Sandra / Foto: Greta Rico
En un esquema ideal, imaginado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por cada mil habitantes, deberían existir 8.8 enfermeras. En los tres años que Sandra había trabajado como enfermera antes de la pandemia, México ya tenía una carencia de personal de enfermería, (con una tasa de apenas 2.8 enfermeras por cada mil habitantes), esa escasez de personal se agudizó en los momentos más críticos. Ella era la única enfermera auxiliar del área en su turno. La mitad de la jornada la dedicaba a abastecer de material a las enfermeras intensivistas, la otra mitad a atender directamente a las y los pacientes. Al quitarse el traje de protección se daba cuenta de lo deshidratada que estaba por no tomar agua y sudar tanto y de lo mucho que ya le dolían las piernas.
El miedo de contagiar a su familia, no la dejaba comer dentro del hospital y la obligaba a darse un baño antes de dejar las instalaciones, y a cambiarse de ropa. Los 45 minutos de tráfico que la separaban de su casa, los recorría pensando en cuánto le gustaría abrazar a su familia después de un día lleno de pérdidas, y aunque le “costó mucho que la niña entendiera que ya no puede salir corriendo a abrazar a mami”, desde los primeros días de la crisis, y hasta ahora, el recibimiento que le da su hijo mayor consiste en un beso que le manda con la mano y un proceso de desinfección con una pistola de rayos ultravioleta. Él también la ayuda a desinfectar la bolsa y zapatos que deben quedarse en el patio de la casa; su hija se limita a dar pequeños saltitos cuando la ve llegar.
En medio de la crisis y con las piernas muchas veces acalambradas, lo que Sandra nunca dejó de hacer al volver del trabajo fue revisar las tareas de su hijo, sobre todo porque “las clases en línea y en la tele, no son lo mismo, y siempre está la preocupación de que se atrase”. Con cubrebocas y con una mesita que marca la sana distancia, ella revisa que lo que está en los cuadernos y en la computadora coincida con las guías que le manda por WhatsApp la maestra, y aunque ya no se acuerda de todo, intenta resolver las dudas que quedan después de las clases a distancia.
El hijo mayor de Sandra es quien coordina el recibimiento para que su madre pueda entrar a casa. Además de un tapete desinfectante, la rocía con una pistola aspersora de rayos UV / Foto: Greta Rico
Su doble jornada muchas veces fue (y sigue siendo) simultánea, las clases en línea de su hijo la obligaban a estar al pendiente del celular, para “recordarle de meterse a la clase o que mandaron [un] mensaje; le ponía alarmitas en el celular para que se acordara; escondía el celular en el traje de protección, para poner a escondidas el manos libres para estar en la junta de la escuela”, en la que la maestra sabía que “no podía hablar, pero sí la escuchaba”.
Dedicar las tardes completas a las tareas de cuidado, que también incluyen realizar los ejercicios de terapia de lenguaje con su hija, la “mantenían ocupada y me permitían no recordar toda la tristeza que sentía de ver a las personas morir y escuchar, a quienes podían hablar, despedirse de su familia”. Pero no podía escapar de la tristeza cuando leía los mensajes de los grupos de WhatsApp que crearon entre compañeras y compañeros en los que se comunicaban (y lo siguen haciendo) para preguntar intentar ayudar a una familia que busca información sobre la mejoría de una persona que está internada; aunque ya no está en el área COVID, Sandra aún busca la forma de ayudar a las familias.
El horario de Sandra es de 7 am a 3 pm, sin embargo, contando el tiempo de traslado desde el Hospital La Raza hasta Ecatepec, suele llegar a casa entre 4 y 4:30 pm. Cuando llega a su casa se incorpora a la doble jornada ya que diario tiene que supervisar las tareas de su hijo mayor, quien toma clases a distancia y contrastarlas con las comunicaciones que tiene con las maestras a través de grupos de WhatsApp / Foto: Greta Rico
Como académicas del Colmex, Nathaly Llanes Díaz y Edith Pacheco publicaron el artículo “Maternidad y trabajo no remunerado en el contexto del Covid-19“ en donde exploran cómo dentro de la maternidad, la carga emocional del cuidado “se da por hecho”, y cómo las encuestas de uso de tiempo no consideran la fatiga emocional que genera a las mujeres ejercer estas labores, que continúan siendo distribuidas de maneras desiguales.
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Sandra disfruta su trabajo. Le gusta porque siempre recuerda que la inspiró su madre, quien ejerció la misma profesión, porque creció escuchando las historias de su padre que también fue enfermero. Trabajar en el Hospital le permite tener un horario fijo y pasar tiempo con su familia, y estar al pendiente de todo lo que necesitan. Pero sobre todo lo disfruta porque puede estar en contacto con las personas y ayudarlas, se siente feliz cuando puede dar buenas noticias y cuando “sus pacientes mejoran”. Pero la gravedad y los síntomas que veía en el área de COVID-19 le daban poco espacio para esa sensación.
Desde el inicio de la pandemia Sandra y su familia se mudaron a casa de su mamá. Tanto ella como su esposo trabajan durante el día y con las clases a distancia necesitaban que alguien cuidara y se hiciera cargo de su hijo e hija / Foto: Greta Rico
Sandra leía en las noticias que ella no podía fallar, porque era la heroína de esta parte de la historia, pero la realidad es que ella y sus compañeras muchos días sentían que no podían más. Ella quería dormir, descansar, llorar y, lo más importante, quería que los siguientes no fueran sus papás, ni su esposo. En cada persona que bañaba, o a la que le administraba medicamento, ella imaginaba el rostro de alguien de su familia, también veía a compañeras salir contagiadas, perder a alguien de su familia, todo eso lo recordaba en la noche y aunque el cuerpo pedía un descanso muchas veces el cerebro simplemente no podía apagarse, así que recurrió a “las pastillas naturistas y a los tecitos”.
Lo que más le ayudaba era platicar con sus compañeras. En el hospital se ofreció la posibilidad de recibir una ayuda psicológica, “pero la verdad no te da tiempo como para realmente tomar una terapia o platicar con el psicólogo, (…) toda la jornada andas de acá para allá y yo me apuraba para salir pronto y llegar a mi casa, soy mamá y eso me implica otra jornada completa, aunque ahora me ayuden mis papás (…) me levanto a las 5:30 de la mañana y me voy acostando como a las 12”.
Antes de la pandemia Andrea se estresaba por el estado crítico de los embarazos, pero en este momento los minutos que transcurren más lento durante su jornada, son en los que espera mientras salen los resultados de las pruebas PCR. “Nuestro trabajo ya nunca va a regresar a lo que era, ya no puedes cargar (a las y los recién nacidos) con la misma seguridad y la misma confianza, a mí me gustaba mucho cargar a los bebés”.
“Me sentía tan cansada, antes de llevarlo a la guardería dormía tan poco que sentía que me iba a dar una embolia. Ahora cuando mi niño se va yo puedo dormir por la mañana mientras mi esposo trabaja desde casa”, cuenta Andrea / Foto: Greta Rico
En su casa, la ansiedad no disminuye, en algún punto de la mañana “sentía que [su esposo y ella] estábamos a punto de hervir, sentía que iba a enloquecer”. Para calmarse y para cansar un poco a su hijo salía a caminar dos veces al día, así lo hizo hasta que reabrieron las guarderías, “el primer día que se pudo, llevé a Mateo y pude dormir en la mañana”. La contención emocional que le brindaba el Hospital era en línea, y “no quería estar frente a una pantalla, además a qué hora, (…) esos discursos de la superheroína, justo se olvidan de ese lado, de que después de mi turno de 12 horas como enfermera, tengo otro de 12 horas como mamá”.
Aunque no se conocen, Sandra y Andrea, además de compartir su profesión, comparten la sensación de sentirse abandonadas por el Estado durante la crisis. “No hubo mucha ayuda, incluso se habló de que las enfermeras jóvenes que nos quedamos íbamos a doblar turnos, para suplir al personal que se contagiaba o el que mandaron a casa”. Esa amenaza no se cumplió para ninguna de las dos. En cada Hospital lograron organizarse para protestar contra esa medida, “muchas somos mamás, y sí es nuestro trabajo cuidar a los pacientes, pero ¿a nuestros hijos o nuestros padres quién los iba a cuidar si nos enfermábamos o nos pasaba algo de tanto estrés?”.
La entrada de la casa de la mamá de Sandra está ocupada por múltiples enseres de limpieza, zapatos y desinfectantes / Foto: Greta Rico
Se hicieron promesas, pero no se cumplieron del todo, algunas se condicionaron. Mientras estuvo en el área COVID a Sandra le pagaron un bono en su salario, pero “solo fue por unos meses”. Se anunció un incentivo si el personal renunciaba a sus vacaciones, pero ella no lo hizo, necesitaba unos días para descansar el cuerpo y la mente. Como Andrea no trabaja en un Centro COVID, aunque sí existe un riesgo de contagio por las pacientes que resultan positivas, no puede acceder a ese pago extra.
Ahora estamos en un momento distinto de la pandemia, pero Andrea y Sandra siguen conservando las medidas de precaución, siguen esperando los resultados de las personas que ellas atienden y presentan síntomas, también siguen cuidando de quienes tienen otras enfermedades y otros diagnósticos. “Las enfermeras siempre hemos estado ahí, y seguiremos estando al frente de cualquier crisis de salud, no se nos había visto como ahora, porque no veían lo importante de nuestro trabajo”. Lo dice Andrea como un paralelismo de lo invisible que son todas las jornadas de cuidado que realiza todos los días.
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Esta historia es parte de las Cartografías de Cuidado, un proyecto de periodismo feminista donde mapeamos los trabajos invisibles que sostienen la vida: las labores de cuidado que realizan las mujeres
*Foto de portada: Andrea es enfermera en el Hospital de Perinatología, trabaja en el turno nocturno y sus jornadas son de 12 horas. Desde el inicio de la pandemia se encuentra en área COVID. Por indicaciones de su jefa de área, la mayoría del personal no entra ni sale con uniforme para evitar agresiones como las que sucedieron en los meses pasados hacia el personal de salud / Foto: Greta Rico
Las clases en línea y a través de la televisión son un reto para las comunidades indígenas. Muchas familias no tienen dinero para comprarse una TV ni para recargar el saldo del celular.
Este año de pandemia ha sido un gran reto y también una gran desesperación. Porque, la mera verdad, nadie estaba preparado para esto tan terrible que estamos viviendo. Y los maestros tampoco, claro. No estábamos preparados ni académicamente para dar clases a distancia, ni tampoco tenemos la infraestructura educativa necesaria.
Mire, yo soy de una comunidad de habla mazahua que se llama San Antonio Metepec, en el municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. La comunidad está ahí por una lomería llamada ‘El Cerro de la Luna’, y es una zona donde, por lo regular, no hay buena cobertura telefónica, ni Internet. De hecho, muy pocas personas tienen una televisión. Por eso, lo de las clases por la televisión no ha funcionado. Porque muchas familias no tienen dinero para comprarse una. Y las pocas que sí tienen el aparato, pues los niños prefieren ver caricaturas a estar viendo las clases. Eso es así. Máxime, si los padres tienen que salir a buscar trabajo y los chavos se quedan solos en casa.
El trabajo de su servidor consiste en recorrer las comunidades rurales donde, de plano, muchos padres no tienen acceso a un celular, computadora, o televisión, y les voy dejando hojas impresas con el material didáctico. Luego le pregunto a los niños cuáles son las dudas que anotaron en sus cuadernos y también le pregunto a los padres. Aunque, bueno, los padres tampoco es que puedan ayudar mucho a sus hijos: la mayoría no sabe resolver operaciones matemáticas, ni pueden ayudarles con el desarrollo de la comprensión lectora, porque no saben leer ni escribir. Son analfabetas. Y eso también ha sido un gran problema en esta nueva educación a distancia.
Además, a muchos padres tampoco les interesó esto de la educación a distancia. A algunos porque de plano les valió. Y a otros porque están muy ocupados tratando de ver cómo le hacen para salir adelante en pandemia.
Por eso muchas familias llegan y me dicen: ‘Mire profe, o le pongo saldo al teléfono para las clases del niño, o le doy de comer a mi familia. No podemos hacer más’. Y en esos casos, ¿qué les dices? Yo trato de convencerlos de que tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para que sus hijos sigan estudiando, para que no abandonen la escuela. Pero tampoco puedo reprocharles nada a esas personas, porque muchos no tienen para comer.
Y sí, todos sabemos que es obligación del Estado y del municipio respaldar la educación de la comunidad, del pueblo. Pero, la realidad es que cada uno tiene que buscarse la vida, mijo. Y los maestros también.
Te pongo un ejemplo: nadie nos apoya para hacer los recorridos por las comunidades. Somos nosotros, con dinero de nuestra bolsa, los que asumimos esos gastos. E igual pasa con el servicio de Internet y de teléfono para dar las clases: lo tenemos que pagar los profesores, como también pagamos las hojas y las copias para que los niños hagan sus tareas y estudien.
Lamentablemente, a pesar de todo ese esfuerzo, sí está habiendo muchos niños que dejaron la escuela. Son niños que, en su mayoría, se quedaron solos porque sus padres, agricultores y comerciantes ambulantes, no dejaron de salir a buscar trabajo y a tratar de sobrevivir. Y esto ha provocado que se expongan mucho más al virus, porque por la falta de ventas se tienen que estar moviendo a otras localidades y el riesgo de contagio es mayor. Y claro, muchas de esas personas ya murieron.
Ahí tengo el caso de Jocelyn, una niña mazahua de ocho años que está en segundo grado. Ella perdió a buena parte de su familia. De hecho, solo le quedó la mamá, que apenas va saliendo del virus. Como ya te imaginarás, son niños que se quedan muy lastimados psicológicamente y que, además, se quedan en una incertidumbre todavía mayor porque el sustento de sus casas ya no está.
En casos cómo este, tú como maestro tampoco puedes exigirle nada. Al contrario, tienes que ayudarlos, darles tu solidaridad, ser más comprensivo, y tratar de que vayan haciendo poco a poco las tareas para que no se queden muy rezagados y no terminen por abandonar la escuela.
Ahora, la pandemia no solo ha afectado a los alumnos. También a los maestros nos ha pegado muy duro. Yo mismo, tu servidor, he perdido a veinte integrantes de mi familia por ese maldito virus. ¡Veinte! En un solo día llegué a perder a cuatro de un jalón. Fue algo terrible.
Al menos ya tenemos la vacuna, ¡bendito Dios! Y a las personas de la tercera edad de la comunidad ya se la están aplicando. Aunque eso tampoco es suficiente para regresar a las clases presenciales, como quieren nuestras autoridades. Porque la mayoría de los padres de familia aún no están vacunados, los niños tampoco, y los profesores mucho menos.
La mera verdad, hay mucha preocupación entre los maestros por este tema. Porque claro que queremos volver a la normalidad, pero primero está la salud de uno, de su familia, y también la de los niños. Y pues tampoco se trata de regresar como sea, por mucho que cuando te ven por la calle lo primero que te dicen desesperados los padres es: ‘¿Cuándo regresan las clases? ¡Ya no aguanto más a estos chamacos en casa!’.
No se crea, yo también le tengo miedo al virus, cómo no. Tengo 65 años y uno nunca sabe cómo va a reaccionar el cuerpo a esa edad.
Imagínese, yo empecé a dar clases allá por 1972; soy de la primera generación de maestros indígenas en el Estado de México. En aquel entonces no había pandemia, pero también eran tiempos muy duros. Tenía que ir de comunidad en comunidad a dar clases, y ni carreteras de concreto había. Así que me aventaba kilómetros caminando bajo el sol y el frío para llegar a los pueblitos, donde no había ni luz eléctrica. Y mi infancia no fue mucho más fácil: iba descalzo a la escuelita con un lapicito de un cuartito, que casi ni se podía agarrar. Mis hermanos y yo vivíamos con mi madre en un cuartito, y nos tapábamos del frío con costales porque la cobija no alcanzaba para todos.
He batallado mucho, la verdad. Aunque aún me siento con fuerza para seguir apoyando a los jóvenes. Porque, precisamente, por eso soy maestro: para ayudar a los demás. Y por eso creo que este virus, con todo y que ha traído mucho dolor, nos está enseñando una gran lección: que debemos ser más solidarios y humanos con los que tienen dificultades para salir adelante.
De que aprendamos bien esta lección dependerá el futuro de nuestros jóvenes.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
