Aprueban Ley de Identidad de Género en el Edomex

Es la entidad número 16 en contar con esa reforma

Violeta Huerta | El Sol de Toluca

Toluca | Miércoles 21 de Julio del 2021 | — : —

Las y los diputados del Estado de México aprobaron la Ley de Identidad de Género , con el cual se podrá rectificar el nombre y sexo en las actas de nacimiento. Es la entidad número 16 en aprobarla.

A más de siete meses de que la iniciativa fue dictaminada en comisiones, este martes fue votada en el pleno donde la mayoría decidió ir a favor y solo Imelda López del PT votó en contra, mientras que la bancada del PAN se abstuvo.

La reforma podrá que una persona que decida cambiar de género pueda rectificar su acta de nacimiento ante el Registro Civil para que se le anote un nombre y género acorde a su identidad.

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Las reformas al Código Civil son producto de las propuestas de Liliana Gollas Trejo, de Morena, y de la bancada del PRD, quienes durante la sesión destacaron que esa reforma permitió a la comunidad trans acceder a servicios, ser visibilizada y no discriminada.

Al iniciar el último período ordinario de la actual Legislatura, la mayoría en el Congreso local cumplió con su compromiso de aprobar estas reformas al Código Civil del Estado de México, que permitió tramitar la rectificación del acta de nacimiento, sin que eso implícita desconocer hechos o actos realizados con la identidad anterior, ni la extinción, o modificación de las obligaciones de la persona.

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El Estado de México es la entidad número 16 en permitir el cambio de identidad de género en las actas de nacimiento, pues 14 tienen reformas similares, entre ellas: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora y Tlaxcala; mientras Jalisco lo hizo a través de un decreto del gobernador.

Las reformas permiten dar la atribución al Registro Civil de expedir el acta de rectificación, previa anotación al acta primigenia.

Se precisa el procedimiento donde la persona interesada deberá acudir a esa institución y cumplir con los requisitos como: ser mexicana, mayor de edad, presentar su solicitud al oficial del Registro Civil requisitada con copia certificada de su acta primigenia original, una copia fotostática y un comprobante de domicilio.

Ahí deberá expresar su nombre y datos asentados en el acta primigenia, así como los nuevos que solicita. El acta de nacimiento primigenia será resguardada y no se publicará, ni se expedirá constancia, salvo un mandato judicial.

Una vez concluido el trámite el Registro Civil enviará un exhorto a dependencias públicas y privadas para que se realicen modificaciones a los documentos personales de la o el solicitante.

Esta es la segunda reforma a favor de la comunidad LGBT +, pues esta Legislatura también aprobó prohibir las terapias de conversión sexual, aunque aún tiene pendiente reconocer en el Código Civil los matrimonios igualitarios.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Violeta Huerta (2021) Aprueban Ley de Identidad de Género en el Edomex. Sem México. Recuperado el 21 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/aprueban-ley-de-identidad-de-genero-en-el-edomex/

Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Crece el consumo de psicofármacos en mujeres durante la pandemia

AmecoPress | Sem México

— | Jueves 8 de Julio del 2021 | — : —

Si nos fijamos en las diferencias de consumo de sustancias psicoactivas entre hombres y mujeres podemos ver que en prácticamente todas las drogas ellos son más consumidores que ellas. Sin embargo, hay una sustancia donde las mujeres predominan por encima de los hombres. Se trata de los psicofármacos donde en España las féminas llegan incluso a doblar a los varones en su consumo, informa CCAdicciones.

Esta situación se ha visto potenciada además durante los meses de confinamiento. En el artículo de hoy veremos una realidad a veces silenciada, y cómo la pandemia ha hecho que aumente todavía más esta preocupante situación.

Psicofármacos en femenino

Como decíamos en la introducción, las mujeres suponen el doble que los hombres en el consumo de psicofármacos en España.

Según los expertos, los motivos de esto tienen que ver con que ellas son más proclives al diagnóstico de depresión, ansiedad o insomnio, afecciones relacionadas con las fluctuaciones hormonales o la mayor carga social. En consecuencia, esto se traduce en una mayor prescripción de estas sustancias. Y la pandemia de COVID-19 que empezó el año pasado no ha hecho más que potenciar esta situación.

Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco reflejó que durante los meses de confinamiento el consumo de psicofármacos creció en España tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la brecha entre ambos sexos se mantuvo constante duplicando las mujeres con un 15,4% a los hombres con un 7,6%. Esto contrasta con la realidad de otras sustancias durante el confinamiento como el alcohol o el cannabis, los cuales debido a las medidas de reclusión en casa, la limitación del contacto social o el cierre de los locales provocaron una caída en su consumo. Todo lo contrario que con los hipnosedantes y ansiolíticos, cuyo consumo aumentó de forma alarmante durante esos meses.

El impacto de la pandemia

Los datos de los últimos estudios son preocupantes. La Encuesta del Observatorio Español de Drogas y Adicciones reflejó el pasado mes de marzo que la prevalencia de los hipnosedantes y ansiolíticos había crecido. Concretamente, un 2,5% de la población había empezado a consumir benzodiacepinas sin receta y el 5,7% lo había hecho además mezclándolo con alcohol.

Este crecimiento en el uso de psicofármacos va en aumento desde 2012 afectando actualmente a una de cada diez personas que consume diariamente. Estos datos hacen de España el segundo país de mayor consumo de la OCDE, después de Portugal. Y si nos fijamos en las cifras según la adquisición ilegal sin receta, nuestro país se sitúa en primera posición mundial.

Otra tendencia observable que también resulta preocupante hace referencia al perfil del consumidor medio de estas sustancias. Anteriormente, éste se correspondía a mujeres de edad avanzada. No obstante, en los últimos años este perfil se ha ido rejuveneciendo progresivamente. Los motivos de esto son la fácil accesibilidad a este tipo de fármacos, la presión asistencial que potencia la prescripción y dificulta su control y la banalización de su consumo a nivel mediático.

Aumento del consumo y diferencias de género en la COVID-19

En este artículo hemos querido centrarnos en el consumo de psicofármacos de los últimos meses, ya que se sabe que ha habido un aumento del 20% y que un tercio de las personas que ya consumían han aumentado la dosis, o han optado por un medicamento más fuerte, pero lo que ha motivado a este artículo, es que existen diferencias de género y clase en ese aumento, habiendo afectado particularmente a las mujeres. De hecho, la encuesta epidemiológica publicada por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona parece indicar, que las mujeres están consumiendo más, por el tipo de trabajo que realizan (Navarro, 2020).

En muchos casos sus profesiones están vinculadas con los cuidados: el 51.1% de los médicos son mujeres, el 85.1% de los enfermeros son mujeres, el 70% de quienes trabajan en farmacias son mujeres, el 90% de quienes limpian en empresas, hoteles y hogares son mujeres y más del 85% de quienes atienden las cajas en los supermercados son mujeres. Además que, las mujeres siguen soportando la carga de la inmensa mayoría de las responsabilidades del hogar y del cuidado de hijos y familiares, sin olvidar, que no hay nada en el sistema conyugal o legal, que respete el trabajo de la mujer en el hogar como si fuese un empleo (Goodrich, Rampage, Ellman y Halstead, 1989).

Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que el consumo total de tranquilizantes, sedantes, o somníferos ha sido superior en mujeres (27,4% Mujeres – 15,9% Hombres), así como el porcentaje de nuevos consumidores (15,4% Mujeres – 8,8% Hombres).

Además, las personas cuyo salario no permite cubrir las necesidades básicas del hogar parecen estar consumiendo más tranquilizantes y somníferos que las que sí pueden cubrirlas (Salas, Llorens, Navarro y Moncada, 2020).

Se calcula también, que alrededor de uno de cada tres enfermeras, médicas, limpiadoras, gerocultoras y auxiliares de enfermería ha declarado estar consumiendo tranquilizantes, sedantes o somníferos durante la pandemia. En el caso del porcentaje de limpiadoras su consumo se ha duplicado del 16,9% en la pre-pandemia al 34,7% durante la pandemia y en la actualidad, al igual que las auxiliares de geriatría (14,3% al 32,3%); siendo especialmente preocupante, el incremento para auxiliares de enfermería, que prácticamente se ha triplicado (11,6% al 31,6%).

Los enfermeros han aumentado más de tres veces (10,7% al 37,5%) y en el caso de médicas se ha quintuplicado (del 6,9% a 34,7%) (Salas et al., 2020).

Si bien es cierto, que en general las mujeres consumían más psicofármacos que los hombres desde antes de la pandemia, existen estudios que han analizado los factores que podrían estar influyendo en la prescripción como son el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y las expectativas sociales (García, Avilés, Ruiz, Falcón, Alonso y Fuente, 2005), pudiendo dar a entender que, además el malestar emocional de las mujeres podría está en cierto grado medicalizado (Henares, Ruiz y Mendoza, 2018). Por ello es de vital importancia incorporar la perspectiva de género al análisis de la prescripción y el uso de psicofármacos.

Recordemos además, que en España siguen existiendo diferencias en los profesionales que prescriben, sean varones o mujeres que se ven afectados por sesgos implícitos en la sociedad que condicionan, favorecen, o limitan las estrategias de consumo. Por ejemplo, las mujeres consultan más por trastornos depresivos, ansiedad y los hombres por abuso de sustancias y trastornos antisociales de personalidad, pudiendo responder mejor éstos al estrés que reflejan las diferentes expectativas sociales (Vega, Romo, Márquez, Poo, Meneses y Gil, 2004).

El presente articulo es propiedad de Sem México.

AmecoPress (2021) Crece el consumo de psicofármacos en mujeres durante la pandemia. Sem México. Recuperado el 9 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/crece-el-consumo-de-psicofarmacos-en-mujeres-durante-la-pandemia/

Elecciones intermedias las más copiosas y violentas en razón de género: Lorenzo Córdova

*México es un país que no cabe bajo una sola voz, bajo un solo emblema

Ningún partido tuvo por sí mismo la mayoría de la votación emitida 

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Martes 8 de Julio del 2021 | — : —

Las elecciones del pasado 6 de junio fueron la elección intermedia con más alta participación en lo que va del siglo con 49.1 millones de votantes y las más violenta en razón de género expresó Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Mientras Dania Ravel, consejera electoral destacó que la observación electoral en materia de violencia política en razón de género por ser la primera elección en la que se cuenta con una legislación en la materia es fundamental para identificar las áreas de oportunidad.

En el marco de la presentación de las conclusiones preliminares de las organizaciones de la sociedad que contaron con el apoyo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE) administrado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH).

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que, a pesar del contexto sanitario, así como la inseguridad y violencia generalizada que enfrenta el país y las constantes amenazas en contra del Instituto, el pasado 6 de junio se logró la participación más alta en una elección intermedia en lo que va del siglo.

“Con una participación electoral del 52.6 por ciento, las elecciones del 6 de junio demostraron que la mayoría de la ciudadanía asumió un compromiso activo para vivir y recrear su democracia”, destacó.

Reconoció que los retos que se presentaron desde el arranque del proceso electoral y que aún no culmina fueron superados con apego al marco legal y con absoluta imparcialidad.

También destacó que ninguna fuerza política puede dar por asegurado ni el triunfo propio, ni el rechazo de los contrarios en las urnas.  “México es un país que no cabe bajo una sola voz, bajo un solo emblema, ningún partido tuvo por sí mismo la mayoría de la votación emitida”. 

El Consejero Presidente señaló que esta es una razón por la cual el fondo de observación ha funcionado de manera ininterrumpida desde 1994, ya que sus reflexiones contribuyen a elevar el contexto de exigencia tanto de las autoridades electorales como de quienes buscan el respaldo de los votantes en las urnas.

Por su parte el consejero Ciro Murayama explicó que los derechos políticos no sólo se limitan al tema electoral, por lo que estimó necesario avanzar en el fortalecimiento de instituciones coadyuvantes, a la par que llamó a la reflexión sobre la pertinencia de la autonomía del propio INE, así como de la llamada austeridad republicana en el ejercicio de derechos.

La Consejera Claudia Zavala expuso sus inquietudes sobre los diversos temas que se abordaron como es el caso de las acciones afirmativas en especial por la simulación que se presentó, así como en el tema de la participación de las personas que residen fuera del país en las candidaturas. Confió en que estas observaciones puedan implementarse de mejor manera.

Durante tres días cada una de las organizaciones presentará a las y los consejeros electorales sus conclusiones sobre diversos temas iniciando con Experiencias de participación política y electoral de mujeres, pueblos indígenas, ciudadanos en el exterior y ciudadanos privados de libertad.

En el primer día presentaron sus conclusiones preliminares las organizaciones: Borde Político A.C., Desarrollo Autogestionario, A.C., Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo A.C., Documenta, análisis y acción para la justicia social, A.C., Fundación Zícaro, A.C., Eco-ciudadanía del Futuro, ECOCIF A.C., Gente Diversa de Baja California, A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. y Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C.

En el segundo día se conocerán los resultados sobre las experiencias de la participación política y electoral de ciudadanos con discapacidad y jóvenes, y seguimiento de procesos de selección de candidatos y campañas electorales.

En el tercer día se verán los enfoques transversales y experiencias regionales con lo que concluirá la presentación preliminar de los resultados que se obtuvieron. Cada una de estas organizaciones contó con el apoyo económico y asesoramiento técnico de parte del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021.

El presente articulo es propiedad de Sem México

Elda Montiel (2021) Elecciones intermedias las más copiosas y violentas en razón de género: Lorenzo Córdova. Sem México. Recuperado el 6 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/elecciones-intermedias-las-mas-copiosas-y-violentas-en-razon-de-genero-lorenzo-cordova/

Aprueban paridad de género en gabinete de gobierno de Hidalgo

Avalan generar  políticas y protocolos específicos para prevenir el acoso laboral

Ignacio García | Sem México

Pachuca, Hidalgo | Jueves 24 de Junio del 2021 | — : —

Por unanimidad, los diputados del Congreso local aprobaron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para garantizar el principio de paridad de género en los puestos públicos del gobierno estatal, para que sean incluidas las mujeres en igualdad de condiciones.

El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salvador Sosa Arroyo, refirió que esta reforma fue presentada por diferentes diputadas en el pleno legislativo, las cuales fueron discutidas e integradas en la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que fueron aprobadas y que obliga al gobernador del estado a elegir su gabinete bajo el principio de paridad de género.

De acuerdo con el legislador morenista, en la reforma los espacios públicos que estén vacantes en la administración pública estatal deberán ser contemplados bajo la paridad de género, en tanto que cuenten con el perfil de idoneidad y experiencia para desempeñarse en sus distintos encargos.

En la misma modificación avalada también se contempló que se generen políticas y protocolos específicos para prevenir el acoso laboral, principalmente para las mujeres, además de que no podrán formar parte de la administración pública estatal aquellas personas que hayan incurrido en alguna moratoria de pago de pensión familiar.

Por su parte, la diputada local independiente Areli Miranda Ayala refirió que esta modificación brinda espacios necesarios para que las mujeres puedan participar de forma más activa en la administración pública, que forma parte de una de las necesidades que se requieren en el gobierno estatal.

En la actualidad de las 18 secretarías estatales, sólo cuatro son ocupadas por mujeres, por lo que se encuentra lejos de la paridad de género, aunado a que dos de estos puestos son de encargadas de despachos pero no son titulares de las secretarías de Cultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Ignacio García (2021) Aprueban paridad de género en gabinete de gobierno de Hidalgo. Sem México. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/aprueban-paridad-de-genero-en-gabinete-de-gobierno-de-hidalgo/

Trazan ruta para mejorar la integración de mujeres migrantes en el sur de México

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Tapachula | Jueves 24 de Junio del 2021 | — : —

Especialistas en género y migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentaron hoy un informe con 42 recomendaciones que, de ser aplicadas, permitirán una más adecuada integración económica, laboral y social de las mujeres migrantes en dos corredores migratorios fundamentales del estado de Chiapas, en el sur de México.

En el documento titulado “Procesos de Participación Económica, Laboral y Social de Mujeres Migrantes en Chiapas, México”, las expertas sostuvieron que actualmente en Chiapas, estado mexicano fronterizo con Guatemala, hay una incipiente feminización de la migración y una creciente movilidad activa e independiente de las mujeres que ha ido cobrando visibilidad debido a múltiples causas.

“Los factores que impulsan la migración de mujeres en América Central y el Caribe son diversos y oscilan entre la búsqueda de mejores oportunidades, reunificación familiar, el intento de evitar o salvaguardarse de la violencia que acontece en sus comunidades o al interior de sus familias, sumado a la discriminación y la violencia por motivos de género, tan preocupante para nosotras”, dijo Michele Klein Solomon, Directora Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en la presentación del estudio.

La investigación recuerda que, durante décadas, la migración de carácter internacional por Chiapas fue percibida como un proceso protagonizado por hombres adultos, mientras que las mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes, estaban inmersos en procesos migratorios de manera regular en los que, mayoritariamente, se buscaba la reunificación familiar.

Una de las principales aportaciones del diagnóstico es que logra visibilizar de manera importante los desafíos que tienen ante sí las mujeres migrantes al tratar de integrarse socioeconómicamente en las comunidades del sur de México. El género, la condición de estancia migratoria, edad, nacionalidad y la posición que ocupan dentro de la estructura familiar que acompaña o que permanece en lugares de origen son elementos que condicionan a las mujeres.

También hace un llamado a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en materia de protección de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar con énfasis en la población migrante, mediante capacitaciones, mesas de trabajo, e intercambios de experiencias en la materia.

También se presentan veinticuatro recomendaciones generales, entre las que destacan la necesidad de difundir las rutas de atención para servicios relacionados con la violencia sexual o basada en género; la promoción del acceso a servicios de guarderías públicas y escolarización formal de niños, niñas y adolescentes migrantes que acompañan a sus madres y familias; y la creación y operación de un observatorio laboral regional con enfoque de género.

Otros ámbitos los que hay recomendaciones son en cuanto al trabajo remunerado en el hogar, en lo relativo a la atención a las mujeres extranjeras empleadas en los sectores de comercio y servicios, las que trabajan en el sector privado, las autoempleadas, y las dedicadas al emprendimiento. Al estudio contribuyeron 34 participantes, entre ellos ayuntamientos y representantes de ventanillas informativas para personas migrantes de los municipios del corredor Centro y Pacífico de Chiapas, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, representantes consulares y de la sociedad civil, y agencias de la ONU.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

—— (2021) Trazan ruta para mejorar la integración de mujeres migrantes en el sur de México. Sem México. Recuperado el 24 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/trazan-ruta-para-mejorar-la-integracion-de-mujeres-migrantes-en-el-sur-de-mexico/

Debe poder judicial conducir los procesos con perspectiva de género

* Lanzan iniciativa abogadas feministas, denuncian maltrato y discriminación contra demandantes

* Estereotipos y roles de género imperan en el imagonario del personal de justicia civil y familiar

Lorena Vaniezcot | Sem México

Oaxaca | Jueves 17 de Junio del 2021 | — : —

Discriminación por ser mujeres, racismo, regaños y sentencias a modo son algunos ejemplos del trato diferenciado que las demandantes reciben en procedimientos civiles y familiares, como resultado de las cargas de género personales de quienes imparten justicia en México y que son sistematizados, detectados y denunciados por abogadas feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y la niñez, mismas que publicaron esta semana en un manifiesto en el que exigen a esas autoridades emplear la perspectiva de género y evitar la violencia institucional.

El amplio manifiesto refiere que existe un discurso de protección y respeto a los derechos de mujeres, niñas y niños en todas las instancias de impartición de justicia del país, pero que pocas veces se aterriza en la conducción y resolución de los procesos que exigen de la aplicación de estándares de derechos y de obligaciones reforzadas para los Estados.

En ese sentido, Erika Lilí Díaz Cruz, abogada feminista e impulsora de procesos de aprendizaje en materia de género en Oaxaca, explica a SemMéxico las razones del desplegado publicado esta semana, acciones ejercidas por personas de los tribunales de justicia civil y familiar que constituyen violencia institucional una de las modalidades de la violencia de género contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en vigor desde hace 14 años. Hecho que también da cuenta el desplegado.

Las abogadas feministas y defensoras señalan que la perspectiva de género “se encuentra lejos de ser una realidad en la administración de justicia cuando: las mujeres son cuestionadas y sancionadas más severamente que sus contrapartes varones. 

En ese sentido Díaz Cruz da ejemplos de lo que como profesionales del Derecho pueden constatar y asegura que cuando una mujer que pelea la custodia de sus hijos e hijos es severamente juzgada si ya tiene otra pareja, lo que no ocurre con los hombres. También han observado que si son ellas las demandadas, juezas y jueces les dan un trato que no les favorece y terminan por negarles la guarda y custodia de sus hijos.

A diferencia de los hombres, explicó la especialista, las mujeres difícilmente llevan a sus hijos para ser escuchados por los tomadores de decisiones, algo en lo que los hombres no reparan, a ellos no les importa que sus hijos sean escuchados para narrar lo que han vivido en sus hogares.

Una segunda observación planteada en el manifiesto señala: Los juzgados y tribunales toleran y reproducen las expresiones violentas y discriminatorias en razón de género expresadas por las contrapartes en escritos y audiencias.

Díaz Cruz, quien dirige la organización no gubernamental Lunas del Sur, cuando las mujeres exponen sus casos, los y las secretarias judiciales se atreven a señalar a las mujeres que “fueron ellas quienes escogieron a sus maridos” de los cuales ahora piden separarse, generalmente por violentadores. Es una forma de ir coaccionando moralmente a las mujeres para que firmen acuerdos que muchas veces ellas consideran injustos.

Esas acciones son discriminatorias y van acompañadas de una serie de cuestionamientos como “pero si usted también tomaba cerveza”, “o la vieron con otro”, cuestionamientos que no deberían hacerse porque lo que se juzga es “si eres una buena madre o una buena mujer” y no se respetan los derechos humanos de las mujeres y, peor aún, estos cuestionamientos no ocurren con los hombres.

Cuando las mujeres exigen al personal de los juzgados, sean secretarios, secretarias, jueces o juezas, “el trato es más duro con ellas, no hay ningún tipo de gracia. Para el personal de los tribunales, en su lógica, lo que las mujeres deben hacer es permanecer calladitas (porque así se ven más bonitas) como dice el popular dicho.

En el manifestó se cuestiona la falta de suficiente personal pericial capacitado en perspectiva de género, esto, agrega la entrevistada, provoca que se invisibilicen los diferentes tipos de violencia que las mujeres sufren en el ámbito familiar “como es la violencia sexual que no se concibe porque son pareja o los casos más cruentos como el feminicidio”.

Para las abogadas feministas como Díaz Cruz este conocimiento sobre como juzgar con perspectiva de género debería ser una realidad y no un cliché o algo que está de moda. La perspectiva de género les permitiría analizar el fenómeno que están estudiando, sin extraerlo de su contexto. Porque si una mujer demanda la custodia de sus hijos e hijas, luego de haber salido sola de su casa ante la violencia machista que vivía en su casa, hemos encontrado cuestionamientos como “señora, pero si usted los dejó, abandonó la casa familiar”

Y no se diga, agrega, en los casos de violencia cibernética, donde las mujeres son severamente cuestionadas “por haber dado al victimario la contraseña de sus cuentas o porque les permitieron tomar fotografías íntimas”, extraen de su visión el contexto de que esa mujer confiaba en la persona que después se convirtió en su victimario.

Cuando las abogadas feministas cuestionamos estos tratos también “nos regañan, minimizan nuestros cuestionamientos aduciendo que ellos están debidamente capacitados y que nosotras no sabemos nada”.

En el manifiesto también se considera que los centros de convivencias se mantienen ajenos a las violencias que sufren las mujeres en el marco de las mismas. Con frecuencia se coacciona a las mujeres para que “mejoren” la comunicación y convivencia con los agresores, so pena de ser reportadas como “obstaculizantes” ante los órganos jurisdiccionales. 

Son insistentes en plantear que las mujeres deben “cumplir con su rol de género, asumiendo una conducta pasiva, “silenciosa” y “decente”, no deben llorar, ni ser arrebatadas ni exigir sus derechos, porque entonces son regañadas con severidad y cuando son los hombres los que asumen conductas agresivas y hasta manotean en los escritorios, la o el juez solo es dice “por favor apártese”, dice Díaz Cruz.

Para las abogadas feministas también hay otro elemento en el que es clara la asuencia de perspectiva de género pues se mantienen prácticas discriminatorias hacia las mujeres, las cuales se agravan, en muchas ocasiones por otras condiciones, como ser mujeres indígenas o afrodescendientes.

En ese sentido, la abogada oaxaqueña dice que impera el racismo y el clasismo. Muchas veces hasta a las abogadas nos cuestionan la forma de vestir y si la demandante de pensión alimenticia y habla alguna lengua indígena y exige un traductor hemos escuchado respuestas como: “aguarde, la atenderé allá afuera”.

En alguna ocasión una funcionaria de un Centro de Justicia para Mujeres, incluso, se quejó conmigo porque señalaba que algunas de las usuarias de origen indígena “no sabían ni siquiera usar el shampoo”,  o se quejan porque supuestamente “no quieren bañarse”, es decir, no sólo las discriminan en el tribunal sino también en los lugares donde se suponen las cuidan y protegen de sus agresores. Es común que sus derechos colectivos como sus propias costumbres sean juzgadas o sacadas de su contexto sociocultural.

Otro planteamiento es que se fomentan prácticas patriarcales en la que, jueces y magistrados «regañan» o «dan consejos» personales a las víctimas de violencia de género.

Díaz Cruz dice que ha sido testigo de cómo cuando una mujer explica la forma en que ha vivido violencia son interrumpidas por los jueces o juezas quienes les pretenden explicar cómo es el ciclo de la violencia y al final les terminan diciendo que “ellas aguantaron, que tomaron parte de lo que estaban viviendo” y es que a decir de la pareja “practicaban sexo salvaje, pero un día ya no le gustó y por eso lo denunció”. 

Otra de las exigencias de las abogadas feministas es porque aseguran existe ausencia de sensibilización de personas juzgadoras de lo familiar, quienes no permiten a las mujeres expresarse sobre lo que han vivido al lado de sus agresores, restándole importancia y acentuando que eso no es relevante.

Por ejemplo, muchas mujeres viven violencia todos los días de su vida y demandan separarse porque su pareja las engañó. En el proceso familiar los jueces tienen la facultad de llamar a ambas partes sin la asistencia de sus defensoras, su consigna es persuadirlas de que lleguen a un convenio o que restablezcan su relación, pero lo hacen sin escuchar a las mujeres, ellas quieren expresar toda la violencia que vivieron con su pareja y la respuesta es “usted vino aquí porque su pareja la engañó y eso ya no es delito”.

Y si cuando vivió con usted, él no golpeó a sus hijos, esa es razón para que usted no pueda impedir que los vea. La negación de los hechos es resultado de no mirar el contexto social y de juzgar sin perspectiva de género.

Los y las juezas lo que tienen que hacer es cumplir con la ley, tiene la facultad de poder allegarse de personal de trabajo social para cerciorarse si lo que dicen las partes es verdad y esto se hace mediante visitas sorpresa, eso les permitiría no apegarse solo a los dichos y podrían tener una visión distinta.

La perspectiva de género, continúa Díaz Cruz, permitiría incluso a las juezas mirarse a ellas mismas desde otra condición de trabajo. Recientemente se lo planteé a una jueza, eran más de las 10 de la noche y no acababa de desahogar la audiencia, yo le comenté que ya era tarde y que mi hija estaba afuera sin comer, ella me respondió “yo no he visto a mis hijos desde en la mañana”. Si esa jueza tuviera perspectiva de género no se sobreexplotaría, pero en realidad lo que quiere volver a hacer otra audiencia, quieren terminar cueste lo que cueste.

Las abogadas feministas plantean también en su pronunciamiento que se exige a las víctimas de violencia de género que comprendan las deficiencias del sistema, como: la escasez de personal, la falta de recursos, la ausencia de servicios periciales con perspectiva de género, el maltrato y las malas condiciones de las empleadas de la fiscalía o de los juzgados.

Además, como ya se explicó, se desestima la gravedad de las violencias expuestas por las mujeres y no se asume la obligación de protección inmediata e inminente ante situaciones urgentes, como la emisión de órdenes de protección. 

Como parte de las acciones emprendidas bajo los #JusticiaConNosotras #ProcesosConPerspectivaDeGenero #NoMasViolenciaInstitucional #NoMasJusticiaPatriarcal y #10AñosDDHH iniciaron en su cuenta de Facebook de Justicia con Nosotras el denominado Muro de la ignominia.

Este desplegado que apareció el pasado lunes fue firmado por : Tania Francisca Felipe Aquino, Beatriz Hernández Bautista, Yesica Azucena Díaz Cruz, Cecilia Valencia Canul, Yuli Andrea Pliego Pérez, Mariana Gil Bartomeu, Diana Mora López, Brenda Denisse Rentería Cervantes, Myrnha Gisel Mateos, Ana Karen Aguilar Pérez, Amaranta Viridiana Valgañon Salazar, Herma Elena Araujo Justo, Araceli Magdalena Olivos Portugal, Erika Carbajal Morales, Eugenia Mata, Nora Martínez Lázaro, Armando de la Cruz, Blanca Estela Avendaño Ramírez , Xochiquetzal Rodríguez Aguirre, Mercedes Arteaga García, José Juan Julián Santiago, Miriam Ivonne Quintero Cortés, Julieta Bautista Mendoza , Mirna Godinez Rasgado, Nelly Martínez Echartea, Alma Patricia Ramírez Almanza, Yara Olivia Vergara Bustamante, Brenda Jazmín Ibarra Cervantes, Leticia Domínguez Bautista, Noemí Agapito Confesor, María Nela Cuautle Hernández, Juliana Acevedo Ávila, Abigail Vasconcelos Castellanos, María del Rosario Martínez Miguel, Bertha Maciel García, Siria Yuritzi Oliva Ruiz, Dafne Estefanía Gómez Gómez, Nancy Salmerón Vargas, Marcela Villalobos Andrade, Marcos Edgar Zavala Cruz, Ana Gabriela Mora Casian, Luis Alberto Muñoz López, Artemisa Cabrera Luque, así como la activista Susana Ramírez Hernández y organizaciones y colectivas

SEM/sj

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Lorena Vaniezcot (2021) Debe poder judicial conducir los procesos con perspectiva de género. Sem México. Recuperado el 17 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/debe-poder-judicial-conducir-los-procesos-con-perspectiva-de-genero/

Victoria electoral de las mujeres en los comicios, marcada por la violencia política de género

  • La violencia  continúa al asumir el cargo: Observadores y Borde Político
  • Proceso electoral empañado por las amenazar y los secuestros en línea de género, con pocas denuncia de las agresiones

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Miércoles 16 de Junio del 2021 | — : —

La gran participación y victoria de las mujeres en el proceso electoral fue evidente, ya que por primera vez se eligieron 6 mujeres gobernadoras, pero también fue un proceso empañado por la violencia política de género desde feminicidios, amenazas, discursos discriminatorios y afectación de propaganda, las cuales no se denuncian, expresó Mariana Briones de la Asociación Borde Político. 

En el marco de la presentación ante la prensa de las conclusiones de 10 asociaciones apoyadas por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 (FAOE), administrado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH).

Mariana Briones resalto la importancia de continuar el seguimiento ya que la violencia política en razón de género continúa cuando asumen el cargo para que lo dejen, y el principal problema son los casos que no se denuncian a los que calificó de “cifra negra”, pues acabado el proceso les siguen llegando denuncias.

Destacó la implementación del chatbot Ela Alerta para que las mujeres candidatas realizaran denuncias, que permitió el inició de 40 reportes de violencia política en razón de género a candidatas, de las cuales 26 concluyeron ante autoridades electorales, es decir un 65 por ciento.  De las 5 denuncias penales iniciadas se concluyeron 3 casos.

María del Carmen Gutiérrez de la Fundación Zícaro A.C. al promover una red de mujeres observadoras en zonas rurales para informar y capacitar a la ciudadanía sobre la importancia del voto libre e informado, logró identificar las dificultades que prevalecen en las zonas menos comunicadas del país y las presiones que existen hacia las mujeres.

Entre sus hallazgos el día de la votación esta que funcionarios de casillas acompañaban a las personas analfabetas, y que en las comunidades rurales se amenazaba a la población con quitarlos de los programas sociales.

Del colectivo Dinamismo Juvenil en voz de Edgar Eduardo Martínez propone que sea requisito elaborar propuestas concretas para lograr registros como candidaturas; respetar la paridad de género promoviendo mujeres con trayectoria social o política propia comprobable.

Destacó que los partidos priorizaron a los hombres al nombrarlos para candidaturas propietarias y como suplentes a las mujeres.

También propusieron penalizar a los partidos políticos que utilicen programas sociales y encontraron que se centran las campañas en las ciudades más que en las comunidades, y que existe desinformación de quienes son los candidatos y más de sus propuestas, pues la mayoría se centró en campañas de desprestigio a sus adversarios.

Reconocieron que a pesar de ser elecciones intermedias tuvieron una afluencia del 52. 67 por ciento a pesar del contexto de pandemia y violencia.

Jóvenes reconocen importancia del voto, lamentan que los partidos los ignoren

Servicios a la Juventud A.C. enfocó su observación en los jóvenes, lo que le permitió conocer que más del 45 por ciento de esta población reconoce la importancia del voto para tener un mejor gobierno y considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 

La organización enfatizó la importancia de atender a este sector de la sociedad considerando que representa a uno de cada tres ciudadanos llamados a las urnas el 6 de junio y el evidente sentimiento que prevalece en ellos de ser ignorados por los partidos políticos en la toma de decisiones. 

Candidatos sin propuestas para la población con discapacidad

Entre las conclusiones de la asociación Los Dos Mexicos, se encontró que la población con alguna discapacidad no estuvo en el centro de las propuestas de los candidatos que participaron en la contienda, además de que la falta de información sobre los derechos y acciones afirmativas que se implementaron para este proceso no eran conocidas. 

De las 72 candidaturas a diputaciones federales que se postularon bajo esta acción afirmativa, sólo cuatro resultaron electas y siete más habrán de llegar al Congreso como plurinominales lo que, a pesar de ser un avance, sigue sin ser representativo de esta población. 

Por lo que las autoridades electorales deben regular los criterios y perfiles de las candidaturas de las personas con discapacidad para que realmente sean representativas las o los diputados que lleguen al Congreso,

En opinión de Gabriel Funes de Sociedad en Movimiento, A.C. concluyó que durante la Jornada Electoral se garantizaron los protocolos de inclusión y participación de las personas con alguna discapacidad como funcionarios de casilla, no con la profundidad que se requiere, pero la hubo, por lo que consideró que aún quedan áreas de oportunidad sobre todo en su participación para emitir su voto. 

Autoridades y organismos electorales deberán implementar de manera eficaz las acciones afirmativas, tanto en los partidos políticos como en las medidas que impidan prácticas fraudulentas de simulación y suplantación de autoadscripciones indígenas, Cecilia Paz de Eco ciudadanía del Futuro (Ecocifo).

Sera necesario que se reconozcan también las figuras de legisladores migrantes tanto en la Cámaras de Diputados como en la de Senadores Daniel Tatcher de iniciativa PCD Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del dialogo A.C.

De acuerdo a Documenta, como resultado de la primera prueba piloto para que ejerzan su voto las personas privadas de su libertad en prisión preventiva se logró que 898 personas ejercieran su voto, es decir, el 95 por ciento de participación con respecto a la propia lista nominal. Chihuahua, Estado de México, Sonora y Veracruz son los que tuvieron mayor participación

Cabe recordar que es la prueba piloto se realizó en cinco centros penitenciarios ante la necesidad de mejorar el modelo de cara a los comicios de 2024 en donde se deberá garantizar este derecho plenamente.

Interés de los connacionales en el extranjero en los comicios

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. orientó su observación a la medida afirmativa enfocada a la integración de los mexicanos residentes en el extranjero en las candidaturas, en donde se pudo apreciar la simulación en el cumplimiento de las cuotas y la necesidad de contar con un registro de electores permanentes que permita una participación más amplia. 

Por su parte, la asociación Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. impulsó el proyecto embajadores de la democracia para que los propios connacionales que viven fuera del país puedan ser observadores y comprobar que en México el fraude electoral está prácticamente erradicado.

Derivado de este trabajo, la asociación logró confirmar el interés de los connacionales de participar a pesar de las dificultades que reportan principalmente para obtener su credencial y registrarse para votar. 

Héctor Díaz Santana, Presidente del Comité Técnico de Evaluación del FAOE, destacó la importancia de la observación electoral para conocer la historia del desempeño político, social e institucional durante los comicios de este año. 

En este sentido reiteró el compromiso de CAPEL para que las conclusiones que presenten estas 10 primeras organizaciones sean sistematizadas con el objetivo de contribuir a la mejora de la institucionalidad electoral. 

Ante los medios de comunicación, cada una de las asociaciones de observación electoral presentaron sus respectivos hallazgos, los cuales se prevé sean entregados durante los próximos días al Instituto Nacional Electoral (INE).

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Elda Montiel (2021) Victoria electoral de las mujeres en los comicios, marcada por la violencia política de género

Los obstáculos de acceso a la justicia anulan los Derechos Humanos en México

*Y a pesar del avance, millones de mujeres viven desigualdad y violencia: Dulce María Sauri Riancho

Analizan diputados y diputados la reforma constitucional  de 2011 

 Libertad López | Sem México

Ciudad de México | Viernes 11 de Junio del 2021 | — : —

A pesar del avance en derechos humanos en México, el gran reto es el acceso a la justicia y el pleno reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, se planteó ayer en la Cámara de Diputados en mesa de análisis. Y se advirtió que sin recursos para los órganos que han de operarlos, sólo quedarán en el papel.

Ahí la presidenta de la cámara, Dulce María Sauri afirmó  que en el caso del reciente proceso electoral, se tienen que analizar con todo cuidado sus resultados, “porque si bien se aplicó el principio de paridad en las candidaturas, las y los electores del país eligieron predominantemente a hombres en determinadas regiones de México”.

La ex gobernadora de Yucatán, moderó  la Primera Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, organizada por los órganos directivos de la Cámara de diputadas y diputados. En la jornada, de varias sesiones, participaron  funcionarias federales y especialistas quienes examinaron  avances y retos de la protección de los derechos fundamentales.

Por su parte la embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, Subrayó que la adopción de una política de cero tolerancia al acoso laboral y de género, ha significado que México promueva candidaturas de mujeres a puestos internacionales importantes; ahora hay más embajadoras, dijo.

Agregó que “a 10 años de publicada –la reforma constitucional – y frente a la gran tarea que representa instrumentar una reforma de esta magnitud, el Gobierno de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúan incorporando progresivamente la perspectiva de derechos humanos en todos sus programas y normativas.

Se analizó la primera década de  la más grande reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, como los  numerosos obstáculos para ejercerlos, entre ellos la falta de recursos; la debilidad de algunas instituciones, como la CNDH y la falta de acceso a la justicia. Se necesita  presupuesto para hacerlos efectivos tanto como  la promoción de sus contenidos para el conocimiento de  la población.

Esta reforma, que transformó a la Constitución, incluyó claramente los derechos humanos  para  mujeres y para  hombres.

La diputada Sauri Riancho afirmó que hay  obstáculos para ejercerlos a plenitud por razón de género y las medidas para poderlos hacer efectivos tienen que ser adoptadas, “y a eso es lo que, en particular, la llamada Legislatura de la Paridad se ha dedicado en los últimos tres años”. 

Luego afirmó  que el gran problema es el acceso a la justicia para que se pueda hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y ahí agregó que  en el caso del reciente proceso electoral, se tienen que analizar con todo cuidado sus resultados, “porque si bien se aplicó el principio de paridad en las candidaturas, las y los electores del país eligieron predominantemente a hombres en determinadas regiones de México”.

En su intervención el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, adelantó, tras las elecciones que “aún sin mayorías calificadas”, hay que poner a discusión y debate, que los derechos humanos son el único campo en el que el consenso es necesario, absoluto y obligatorio. 

Narró que esta Legislatura hizo reformas constitucionales para fortalecer los derechos humanos, por lo que siguen  las comunicaciones de la Suprema Corte que indican la ruta y senderos sobre los temas que se deben trabajar.  Y anunció: “En la siguiente Legislatura deberemos trabajar muchos temas de la agenda de derechos humanos, como la autonomía personal a la solidaridad, la dignidad, el cuidado y la satisfacción de derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; del medio ambiente, la paz y el desarrollo sostenible”.

Es una agenda muy progresista, dijo, que implicará acuerdos entre las fuerzas políticas. “Tenemos las bases, pero en los próximos años será necesario redoblar esfuerzos para que la dignidad humana, pilar de toda sociedad, esté al alcance de todos”.

Igualdad 

En el hilo de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres, Sauri Riancho consideró que  el avance que representa el número de gobernadoras, eso no puede oscurecer el hecho de que para millones de mujeres en el país, lo fundamental para el ejercicio de sus derechos humanos, es el acceso a la justicia, lo que muestra  los elevadísimos grados de dificultad para ejercer los derechos humanos.

Y es verdad que tantas gobernadoras  casi va en igualdad al número de “quienes hemos tenido el honor de gobernar una entidad en la República desde 1979; se habla de 42 años, se va casi a duplicar el número”, y el problema es cuanto se refleja en todas las mujeres la llegada a posiciones de poder.

La diputada Sauri Riancho mencionó que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, tiene que ser muy consciente de que se requieren recursos para poder realizar las funciones que la Constitución y las leyes reglamentarias le asignan a las instituciones responsables de tutelar los derechos humanos de las y los mexicanos. 

El seminario fue organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Seguir fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo 

Invitada a hablar de derechos humanos, cuando su tarea es vigilar al funcionariado,  la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, opinó  que la construcción de un Estado donde se respeten a plenitud los derechos humanos, exige que “evaluemos permanentemente el resultado de nuestras políticas públicas y el alcance de nuestro marco jurídico y normas”, para ella con las reformas de 2011, nació un nuevo bloque de constitucionalidad que “siempre favorecerá la protección más amplia de las personas, velando por el principio pro persona”. 

Luego sostuvo que  el desafío es seguir construyendo y fortaleciendo los derechos humanos en diálogo y no en  enfrentamiento entre Estado y sociedad. Reconoció que no se ha consolidado  un servicio público que asuma, respete y promueva los derechos fundamentales, como parte esencial de la ética pública y garantía de  un buen gobierno.

Derechos humanos con perspectiva de género 

La embajadora emérita  Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, refirió que la Cancillería adoptó una política exterior que amplía y fortalece los derechos humanos con perspectiva de género y afirmó  que México adoptó una política exterior feminista, lo que lo colocó como el primer  país en América Latina con esa política, luego adoptarla en Francia, Canadá, Noriega y Suecia. 

Explicó que  la política exterior feminista tiene un papel internacional de liderazgo en temas de la agenda multilateral, política exterior regional y bilateral, con impacto en la igualdad sustantiva de género; camina bajo el eje de paridad en cargos y una reforma organizacional para lograr la equidad en el ámbito profesional.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores se trabaja, colectivamente, para crear un espacio laboral sin acoso ni violencia por motivos de género. Esta política de cero tolerancia al acoso laboral y de género, ha significado que México promueva candidaturas de mujeres a puestos internacionales importantes; ahora hay más embajadoras 

La ex secretaria general de la Comisión Interamericana de Mujeres expresó que  preocupa que las mujeres de poblaciones originarias desconocen sus derechos en materia de lucha contra la violencia, de herencia, escolar y social. “Aquí tenemos un problema muy fuerte y los parlamentarios pueden contribuir a que se vaya eliminando”, puso como ejemplo que continúan casos como la venta de niñas y sugirió que aquí los parlamentos podrían hacer que se cumplan los  tratados internacionales, que constitucionalmente permiten y obligan aplicarlos, en virtud de la reforma de 2011.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

 Libertad López (2021) Los obstáculos de acceso a la justicia anulan los Derechos Humanos en México. Sem México. Recuperado el 11 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/los-obstaculos-de-acceso-a-la-justicia-anulan-los-derechos-humanos-en-mexico/

Violencia machista expulsa a estudiantes y académicas de instituciones educativas

Aline Espinosa Gutiérrez | Desinformémonos

—– | Viernes 11 de Junio del 2021 | — : —

Las distintas violencias que enfrentan las mujeres en los recintos escolares (que también son centros de trabajo) son poco visibilizadas y atendidas, lo que las orilla a desistir de la carrera, tener menos oportunidades de trabajo e incluso cometer suicidio, coincidieron académicas y estudiantes de diversas universidades mexicanas. 

Durante el conversatorio “Participación y derechos de las mujeres frente a la violencia en la educación y el trabajo” –organizado por el colectivo “Cineastas Unidas”–, las académicas y estudiantes provenientes de universidades como la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad del Istmo (Unistmo) y la Universidad Autónoma de Yucatán, explicaron que en las aulas prevalece una “pedagogía machista”, en particular en las áreas de las ciencias y matemáticas, que posiciona a las mujeres en un plano menor que el hombre. Esto repercute en que los profesores y los estudiantes no vean a sus compañeras como iguales y, después, las agredan. 

De acuerdo con las académicas y estudiantes, entre las principales violencias que enfrentan en el ámbito escolar está recibir menor remuneración laboral que sus pares hombres, el robo de la propiedad intelectual e ideas, no tener horarios definidos de trabajo, recibir chantajes por medio de fotografías o videos y propuestas sexuales a cambio de obtener una beca o un cargo, limitación en la libertad de expresión y de participación, acoso, hostigamiento, abuso sexual y violencia sexual. Los principales agresores son los directivos, profesores o personal masculino de las instituciones. 

Ejemplo de ello, agregaron, es el caso de la exdocente de administración pública de la Universidad del Istmo (Unistmo) de Oaxaca, Virginia Illescas Vela. Esta profesora fue despedida por la institución educativa luego de que acompañó a denunciar ante la Fiscalía de Justicia de esta entidad a víctimas de violencia sexual ejercida por parte de profesores, ya que la universidad no había ejercido ninguna acción contra los agresores a pesar de que las alumnas habían declarado sus vivencias en varias ocasiones. 

Virginia Illescas relató que hasta ahora no ha sido notificada legalmente por la universidad sobre su destitución formal, sin embargo, después de apoyar a las alumnas le dejaron de pagar desde noviembre de 2020 bajo el argumento de que “había realizado cursos en otra institución educativa”. Illescas considera que su despido es una forma de represión y control para que las y los profesores se abstengan de apoyar a las estudiantes. 

Actualmente, dijo, hay dos profesores vinculados a proceso por el delito de abuso sexual y hostigamiento sexual en la Fiscalía oaxaqueña, y la Unistmo no ha querido reinstalarla, le quitó el seguro médico, no ha ejercido acciones contra el resto de los agresores y despidió a los que están involucrados en las denuncias para “deslindarse de responsabilidades de no atender los casos de las alumnas desde antes”. 

Este suceso, relataron las académicas y estudiantes, refleja la ausencia o poca ayuda que dan las universidades a las alumnas, en consecuencia, son ellas mismas las que generan espacios libres de violencia, redes de apoyo, buscar asesoría jurídica y exigir justicia para sus casos por su propia cuenta. Estas acciones ya se llevan a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán, toda vez que, de acuerdo con la estudiante Rosa Elena Cruz, los módulos de atención y protocolo desarrollados hasta ahora no generan ninguna solución para detener las agresiones.  

En la Universidad de Yucatán, además, un grupo de estudiantes formaron un proyecto estudiantil para luchar contra el acoso en las aulas y realizar actividades simbólicas, una de ellas fue un “tendero de las violencias” en el que registraron 550 casos de agresiones, algunos de ellos hacían referencia a abuso sexual por parte del personal de la institución, profesores o directivos. 

“Hicimos este tendero como prevención y decirle a la universidad que este es un diagnóstico de la violencia que ocurre en sus aulas y la gente no denuncia porque no hay herramientas. Algunos casos sí obtuvimos resultados efectivos, llegaron a la denuncia y se despidió al agresor”, declaró Elena Cruz. 

La violencia en los espacios educativos, coincidieron las universitarias, es peor para las profesoras o estudiantes de comunidades indígenas, ya que en sus aulas se les discrimina por su etnia, son violentadas sexualmente y sus familias no les permiten ir a la escuela porque las obligan a cuidar de la casa, de sus hermanos o padres, cocinar y demás actividades. Esta discriminación y violencia orilla a las indígenas a no seguir con sus estudios. 

Ante este contexto, concluyeron, es importante que se cambie la “pedagogía machista” que abunda en las aulas para impulsar un cambio cultura de no violencia contra las mujeres; se impulsen protocolos contra violencia de género en las universidades y módulos de atención que sean efectivos; y las alumnas continúen promoviendo estos proyectos estudiantiles que buscan visibilizar las agresiones contra ellas e insistir porque se reconozca a las mujeres al igual que los hombres. 

En este evento también participaron, la docente de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Iska Rojas; y la académica de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, Rosa Xochiteotzin Salazar Pérez. 

Este material se comparte con autorización de CIMAC Noticias

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Aline Espinosa Gutiérrez (2021) Violencia machista expulsa a estudiantes y académicas de instituciones educativas. Desinformémonos. Recuperado el 11 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/violencia-machista-expulsa-estudiantes-y-academicas-de-instituciones-educativas/