Ante la creciente ola de violencia que ha azotado a Sinaloa en los últimos cuatro meses, el colectivo Ciudadanos Unidos por Sinaloa presentó ante el Congreso local un documento con tres propuestas clave para frenar la crisis de seguridad y atender a las víctimas.

El documento fue entregado el 30 de enero a María Teresa Guerra Ochoa, diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), con el objetivo de impulsar medidas concretas que garanticen la seguridad y estabilidad de los sinaloenses.

Revocación de mandato para el gobernador

Como primera exigencia, el colectivo planteó la implementación inmediata de la revocación de mandato en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, a pesar de que el mandatario rechaza esta posibilidad bajo el argumento de que existen vacíos legales.

Según con los integrantes del colectivo, esta medida no solo representa un mecanismo de control ciudadano, sino que también permitiría evaluar el desempeño del gobierno.

“Fortalecerá la democracia y permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de evaluación sobre el desempeño gubernamental”, señalaron en el documento.

Reasignación de recursos y un comité de evaluación

Además de la revocación de mandato, los ciudadanos propusieron la reasignación del préstamo de 2 mil 300 millones de pesos que el gobernador solicitó para realizar 36 obras en los 20 municipios del estado.

Lo anterior, debido a que los ciudadanos consideran que hasta el momento, las estrategias del Ejecutivo han sido ineficaces y, lejos de mejorar la situación, agravaron la crisis actual. Por ello, consideran fundamental que el Congreso realice un análisis detallado sobre el destino de estos recursos.

Como parte de esta propuesta, sugirieron la creación de un comité especializado que identifique las áreas prioritarias en materia de seguridad, educación y reactivación económica, con la finalidad de garantizar que los recursos se utilicen en sectores realmente estratégicos.

Fondo de apoyo para víctimas de la violencia

Por otra parte, el colectivo también demandó la creación de un fondo especial destinado a víctimas de desaparición forzada y homicidio, con el propósito de brindar apoyo integral a sus familias.

Este fondo permitiría que los afectados accedan a atención psicológica, apoyos económicos, becas educativas y facilidades fiscales, lo que contribuiría a mitigar las consecuencias económicas y emocionales que enfrentan las familias afectadas.

De acuerdo con los ciudadanos, esta medida resulta indispensable, pues la violencia que golpea a Sinaloa desde septiembre ha dejado a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad económica, emocional y educativa.

“Consideramos imperativo que el Estado asuma su responsabilidad en brindar seguridad y, ante la evidente falta de resultados en este ámbito, solicitamos la creación de un fondo extraordinario para atender integralmente a las víctimas y sus familias”, expresó el colectivo en el documento.

Protestas y manifestaciones en el Congreso

Por último, es importante recordar que como consecuencia del descontento social, miles de ciudadanos han salido a las calles de Culiacán en la última semana para exigir la destitución del gobernador y reclamar el restablecimiento de la paz en el estado.La tensión escaló el jueves cuando manifestantes irrumpieron en una sesión del Congreso estatal, obligando a suspenderla debido a los gritos y reclamos de los asistentes.