By Natalia Rueda 
Pemex, la emblemática petrolera estatal de México, enfrenta su crisis financiera más severa en décadas. Con una asombrosa deuda de 100 mil millones de dólares, una caída continua en la producción de petróleo y problemas de gestión que han plagado a la empresa durante años, la situación de Pemex se ha convertido en una preocupación importante tanto para la economía de México como para el futuro energético.
La deuda: un problema difícil de manejar
Los problemas financieros de la empresa se ven agravados por una deuda pendiente de 20.5 mil millones de dólares con proveedores y contratistas, una consecuencia directa de la ineficiencia de Pemex y años de mala gestión. A pesar de los esfuerzos por reestructurar y mejorar sus operaciones, Pemex ha luchado por recuperar su equilibrio, sin un camino claro hacia la solvencia. La creciente carga financiera está obligando al gobierno mexicano a enfrentar la dolorosa realidad de un sector energético que es cada vez más difícil de gestionar.
La intervención del gobierno
En medio de la crisis, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha reconocido la gravedad de la situación y ha prometido que, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, la deuda de Pemex se pagará en marzo de 2025. En una declaración pública realizada a fines de 2024, Sheinbaum aseguró que el gobierno tiene los recursos para cubrir las deudas inmediatas de la empresa, aunque los detalles sobre cómo se desarrollará este proceso siguen siendo escasos.
Este anuncio forma parte de un plan más amplio para reducir los gastos operativos de Pemex y abordar sus crecientes obligaciones financieras. Sin embargo, el camino por delante sigue siendo incierto, ya que la empresa continúa lidiando con la disminución de la producción de petróleo y las ineficiencias internas que han contribuido a su colapso financiero.
La administración de Sheinbaum ha expresado abiertamente su compromiso de recuperar el control total sobre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de restaurarlas a su papel original como entidades públicas que sirven al interés nacional. Esta política es central para la agenda más amplia de la administración de fortalecer la soberanía energética de México, que también ha llevado a propuestas de reformas legales que reformularían la forma en que operan Pemex y CFE.