By Juliana Rios 
El gobierno de Estados Unidos ha marcado un giro radical en su política sanitaria al publicar un extenso informe oficial que cuestiona la validez científica y ética de los tratamientos médicos para la disforia de género en menores de edad. La medida forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por la administración de Donald Trump, en un tema que ha reavivado tensos debates sociales, médicos y políticos a nivel nacional.
Una revisión sin precedentes
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer un informe técnico de 409 páginas titulado “Tratamiento de la Disforia de Género Pediátrica: Revisión de Evidencia y Mejores Prácticas”. Este documento fue elaborado por mandato de la Orden Ejecutiva 14187, firmada por el presidente en enero de este año, con el propósito explícito de evaluar científicamente la eficacia y los riesgos de las intervenciones médicas en menores que experimentan disforia de género.
El informe sostiene que los tratamientos actuales como los bloqueadores de la pubertad, las terapias hormonales y las cirugías de reasignación de sexo carecen de respaldo empírico sólido respecto a sus beneficios a largo plazo. Además, alerta sobre los efectos adversos que pueden derivarse de intervenciones irreversibles en cuerpos aún en desarrollo.
Recomendación: priorizar la terapia psicológica
Frente al enfoque “afirmativo”, adoptado en muchas clínicas y hospitales, el nuevo informe promueve la “terapia exploratoria” como primera línea de atención. Este modelo enfatiza el análisis psicológico profundo de las causas del malestar relacionado con la identidad de género antes de considerar cualquier tratamiento médico. La administración sostiene que esta aproximación es más segura, ética y basada en evidencia científica.
Reacciones polarizadas
La publicación del informe ha generado una ola de reacciones contrapuestas. Sectores conservadores y grupos vinculados a la protección de la niñez han celebrado la medida como un paso hacia una medicina más cautelosa. Por el contrario, organizaciones defensoras de derechos LGBTQ+ y sociedades médicas han expresado su preocupación por las implicaciones del documento, argumentando que podría generar estigmatización, reducir el acceso a tratamientos adecuados y aumentar los riesgos de salud mental en jóvenes trans.
También ha causado controversia la falta de transparencia del proceso. El HHS no ha divulgado públicamente los nombres de los autores del informe ni los criterios utilizados para seleccionar la literatura científica evaluada, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su objetividad.
Restricciones legales en curso
En paralelo al informe, la Orden Ejecutiva 14187 prohíbe el uso de fondos federales para financiar tratamientos de transición de género en personas menores de 19 años. Esta disposición ya enfrenta varios desafíos legales por parte de organizaciones que consideran que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales sobre derechos del niño y acceso a la salud.
Algunos tribunales federales han emitido órdenes temporales bloqueando su aplicación, mientras se resuelven las demandas interpuestas.
Un punto de inflexión en la política de género
Esta serie de decisiones marca un punto de inflexión en la política de salud y derechos civiles en Estados Unidos. La regulación del acceso a tratamientos de afirmación de género para menores podría convertirse en un tema clave en la agenda electoral, en medio de un clima político profundamente dividido.
Mientras el debate continúa, el futuro de miles de jóvenes trans y sus familias permanece incierto, atrapado entre discursos ideológicos, tensiones jurídicas y la necesidad urgente de soluciones médicas informadas, empáticas y seguras.