By Juliana Rios 
En un giro inesperado de la política antidrogas, el Gobierno colombiano ha anunciado el regreso del uso del glifosato para la erradicación forzada de cultivos de coca. Esta decisión, comunicada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha generado una fuerte controversia no solo por su impacto ambiental y social, sino también por las contradicciones internas dentro del propio Ejecutivo, que ha hecho de la sustitución voluntaria uno de sus pilares.
Un cambio de enfoque sin aviso
El ministro de Defensa sorprendió a la opinión pública al declarar que se reactivarán las fumigaciones aéreas con glifosato en zonas donde la erradicación manual no ha sido viable. La decisión fue presentada bajo una condición aparentemente conciliadora: solo se llevará a cabo con el consentimiento de las comunidades afectadas. Sin embargo, esta afirmación ha generado más preguntas que respuestas, pues no se ha especificado cómo se garantizará ese consenso en territorios marcados por la presencia de economías ilegales y estructuras armadas.
Mientras tanto, desde la Presidencia no ha habido un pronunciamiento oficial en respaldo de esta política. Por el contrario, fuentes del alto Gobierno aseguran que el presidente no fue informado con antelación sobre la reactivación del programa, lo que alimenta versiones sobre un posible distanciamiento o descoordinación entre la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa.
Promesas vs. decisiones
Durante su campaña y en reiteradas ocasiones desde que asumió el poder, el presidente Petro había manifestado su rechazo al uso del glifosato, calificándolo como un mecanismo dañino para la salud humana, el medioambiente y la relación del Estado con las comunidades rurales. La sustitución voluntaria de cultivos, junto con programas de desarrollo alternativo, había sido presentada como una base ética y política de su estrategia de seguridad rural.
El viraje actual no solo contraviene esa narrativa, sino que pone en tensión los compromisos adquiridos con múltiples sectores sociales, especialmente con campesinos e indígenas que han apostado por modelos de transición hacia economías lícitas.
¿Fumigación “concertada” o contradicción estratégica?
La idea de aplicar el glifosato “con el consentimiento de las comunidades” ha sido planteada como un intento de humanizar una política tradicionalmente rechazada en los territorios. Sin embargo, líderes rurales y expertos cuestionan la viabilidad real de esa concertación en contextos donde el Estado tiene poca presencia institucional y donde el temor a represalias limita la posibilidad de un diálogo genuino.
Además, persisten dudas sobre si este mecanismo puede implementarse sin vulnerar derechos fundamentales ni revivir conflictos históricos entre el aparato estatal y las poblaciones que dependen, por necesidad, del cultivo de hoja de coca.
¿Ruptura o improvisación?
Lo que está en juego no es solamente la forma de enfrentar el narcotráfico, sino la coherencia de un proyecto político que prometió transformar el enfoque de la seguridad rural. La falta de coordinación entre distintas esferas del poder ejecutivo pone en entredicho la solidez de esa transformación y abre interrogantes sobre quién está marcando realmente la ruta en la lucha contra las drogas.
A pesar del silencio desde los círculos más cercanos a la Presidencia, el mensaje que recibe el país es el de un Gobierno que aún no logra articular una voz unificada en temas sensibles. En medio de ese ruido, los territorios siguen siendo el escenario donde se disputa el verdadero impacto de las decisiones tomadas desde Bogotá.