Esmeraldas: Derrame, racismo ambiental y la exigencia de remediación urgente

La ciudad de Esmeraldas, ubicada en el norte de Ecuador, es hoy el epicentro de una crisis ambiental que ha despertado la alarma en las comunidades locales y, por consiguiente, en las autoridades. El derrame de petróleo, vinculado a las operaciones de PetroEcuador y SOTE, ha contaminado fuentes de agua potable, lo que ha llevado a numerosos habitantes a demandar acciones inmediatas y efectivas para revertir el daño.

Denuncias y racismo ambiental

Líderes comunitarios y organizaciones sociales han denunciado que la respuesta ante esta emergencia es insuficiente, señalando también que el patrón de atención difiere de lo que se observa en otras regiones del país. Estas denuncias se enmarcan dentro de lo que se ha denominado racismo ambiental, ya que históricamente las comunidades vulnerables, afros e indígenas, han sido las últimas en recibir asistencia y remediación en situaciones de emergencia. Según los afectados, esta situación revela un trato desigual que pone en riesgo la salud y el bienestar de quienes requieren del agua potable para sus actividades diarias. La empresa de agua potable de Esmeraldas advirtió que tenía reservas solo hasta el 19 de marzo.

Ahora, cinco ríos están afectados por la contaminación de crudo. Para la población, estos ríos son trascendentales, porque además de agua proveen de peces, es decir, son fuente de trabajo y subsistencia. El agua negra del crudo, que según el Ministerio de Ambiente, abarca unos 80 kilómetros del río, también ha afectado plantaciones de cacao en la provincia. 

Declaraciones Oficiales y Datos del Ministerio del Ambiente

Ante la creciente presión social, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha emitido comunicados en los que se reconoce la magnitud del derrame y se advierte sobre los riesgos para la salud pública. Las autoridades han informado que, hasta el momento, miles de personas se han visto afectadas por la contaminación del agua, lo que ha motivado la activación de protocolos de emergencia. Si bien las cifras exactas varían según las actualizaciones de los informes técnicos, se estima que al menos 10.000 a 15.000 personas podrían estar en situación de riesgo, lo que exige una respuesta coordinada y urgente.


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El Ministerio ha señalado que se están evaluando de manera continua las áreas impactadas y que se han iniciado estudios de impacto ambiental para determinar el alcance total de la contaminación y las medidas de remediación necesarias. Sin embargo, funcionarios afirman que la situación es compleja y que la recuperación total del ecosistema podría requerir tiempo y recursos considerables.

Según Petroecuador, se han recuperado casi 14.000 barriles de petróleo y agua en camiones cisterna. Una de las mayores prioridades del gobierno es la reanudación de SOTE, para la cual se confirmó el 19 de marzo el reemplazo de la tubería dañada.

El caso de Petroperú y la dimensión regional del problema

La emergencia en Esmeraldas no es un hecho aislado en el contexto regional. Recientemente, se ha registrado un derrame similar en territorio peruano, asociado a Petroperú, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad ambiental de las empresas petroleras en la región y la legitimidad de sus promesas. Este nuevo episodio refuerza la necesidad de establecer protocolos comunes y mecanismos de prevención que permitan una respuesta rápida y efectiva ante estos eventos, evitando que se repitan escenarios que ponen en riesgo la salud de las comunidades y la integridad de los ecosistemas.

Medidas Ambientales

Frente a esta coyuntura, expertos y autoridades coinciden en que la primera prioridad debe ser la contención y remediación del derrame. Entre las medidas ambientales adicionales se encuentran, monitoreo y análisis de la calidad del agua, implementación y fortalecimiento de planes de emergencia que implican de coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta rápida y efectiva, incluyendo la activación de protocolos de salud pública y asistencia a las comunidades afectadas. Este esfuerzo, requiere también de un fortalecimiento de la comunicación entre el Estado, las empresas involucradas y las comunidades, para asegurar que las decisiones se tomen con base en datos técnicos y respeten los derechos ambientales de la población.

Si bien algunas de estas acciones pueden implementarse de forma inmediata, la solución total de la emergencia requerirá de una inversión sostenida y de políticas ambientales interseccionales que prevengan futuros incidentes. La naturaleza de los derrames de petróleo y la complejidad de los ecosistemas afectados hacen que la recuperación sea un proceso a mediano y largo plazo.

Dada la emergencia, distintas organizaciones realizan acciones inmediatas para que los impactos ambientales dejen de escalar. El colectivo @loaecuador es una de las organizaciones que coordina equipos para la protección de la biodiversidad que se ha visto terriblemente afectada. Sin embargo, tal como afirman distintas organizaciones, no cuentan con respaldo o infraestructura desde “la entidad que debe velar por el Ambiente”, por ello se encuentran realizando campañas de donación para poder continuar con las actividades de cuidado ambiental ante esta crisis.

La crisis ambientales de Perú y Ecuador evidencian, tanto la urgencia de respuestas más eficaces ante los derrames de petróleo, como la necesidad de revisar los modelos de intervención que, en ocasiones, reflejan patrones de racismo ambiental. Lo que pone en evidencia el reconocimiento ya hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que dice que proteger los derechos de los pueblos originarios y sus territorios es esencial para un futuro más sostenible para la humanidad. Tal como exigen las comunidades, es imperativo que las autoridades y las empresas involucradas asuman su responsabilidad y trabajen conjuntamente para implementar medidas efectivas que protejan la salud de las comunidades y el equilibrio ecológico de la región.