Un juez de Bolivia emitió este viernes una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien no se presentó por segunda ocasión a la audiencia en la que debía decidirse un pedido de prisión preventiva. Esta solicitud está relacionada con un caso de trata de menores que involucra hechos ocurridos durante su mandato (2006-2019).
“Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)”, declaró Nelson Rocabado, juez de Tarija, durante una audiencia pública transmitida por el canal estatal de televisión.
En octubre de 2024, la fiscalía ya había emitido una primera orden de detención como parte de la investigación preliminar, buscando que Morales acudiera al Ministerio Público a declarar. Sin embargo, la nueva orden busca asegurar su presencia ante el juez a cargo del proceso.
Declarado rebelde y suspensión del juicio
Durante la audiencia, el juez también declaró a Morales como “rebelde”, lo que representa un obstáculo significativo para el avance del caso. Al respecto, Sandra Gutiérrez, fiscal encargada del caso, explicó que esta declaración implica la suspensión del juicio hasta que el acusado comparezca ante la justicia.
“Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca”, detalló Gutiérrez al término de la audiencia, subrayando la gravedad del incumplimiento por parte del expresidente.
Asimismo, como parte de las medidas dictadas, el juez ordenó el congelamiento de bienes del acusado y prohibió su salida del país. Con el objetivo de evitar que Morales eluda la justicia mientras continúa el proceso.
Rechazo de informes médicos
Es importante señalar que la audiencia, originalmente programada para el pasado martes, no pudo realizarse por la ausencia del acusado. Los abogados defensores de Morales argumentaron que este enfrentaba problemas de salud, respaldados por certificados médicos que indicaban diagnósticos de bronconeumonía y bradicardia.
Sin embargo, al evaluar los documentos presentados, el juez los rechazó, argumentando que no constituyen impedimentos jurídicos válidos para justificar su inasistencia. Sobre este punto, la fiscal Gutiérrez enfatizó que “los documentos médicos presentados por la defensa y evaluados por el juez no son impedimentos jurídicos valederos”.
Acusaciones y contexto del caso
De acuerdo con la fiscalía, los hechos investigados se remontan a 2015, cuando Morales, siendo presidente, habría iniciado una relación con una menor de 15 años. El expediente señala que los padres de la joven habrían aceptado esta relación como parte de un posible intercambio de favores políticos. Un año después, de dicha relación habría nacido una hija.”.
Además, el Ministerio Público sostiene que los padres de la menor inscribieron a la joven en la “guardia juvenil” liderada por Morales con el objetivo de obtener beneficios y ascender políticamente, “a cambio de su hija menor”, como se indica en el expediente.
Por su parte, Morales ha negado las acusaciones y asegura que el caso ya fue desestimado en 2020, cuando se lo investigó bajo el delito de estupro, que abarca el acceso carnal con menores entre 14 y 18 años. No obstante, la fiscalía recalificó la acusación actual, enfocándola en un presunto delito de trata de personas, el cual contempla penas de entre 10 y 15 años de prisión en caso de condena.
Estrategias de protección
A pesar de la orden judicial, la aprehensión de Morales no se ha concretado, ya que el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, una región que constituye su principal bastión político. Allí, cuenta con el respaldo de sus seguidores, quienes han implementado un sistema de seguridad para protegerlo.
“La seguridad del hermano Evo, en este momento, está a cargo de más de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas”, declaró Vicente Choque, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los aliados más cercanos del exmandatario. Lo que complics la ejecución de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades.
Acusaciones de persecución política
Desde el inicio del proceso, Morales ha sostenido que es víctima de una “brutal guerra jurídica” promovida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado y actual presidente. En ese contexto, Morales acusa al gobierno de intentar “proscribirlo” de la contienda electoral. Sin embargo, en noviembre pasado, la justicia boliviana dictó restricciones que limitan la reelección por más de dos mandatos consecutivos, dificultando sus aspiraciones políticas.