By Edith Loyola 
Yuritzi Hernández de la Rosa, sentenciada a 95 años de prisión por el secuestro y homicidio de Liliana, una joven madre de dos niñas, permanece en libertad bajo vigilancia electrónica. Este beneficio, concedido antes de la sentencia condenatoria, fue solicitado por su defensa bajo el argumento de motivos personales, lo que ha generado indignación al contrastar con la gravedad del delito y la pena dictada.
De acuerdo con Patricia Schiaffino, asesora legal de la familia de la víctima, la jueza de control María Vázquez Viana aprobó el cambio de medida cautelar a petición de la Coordinación de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
“El argumento fue que su mamá, de 64 años, tenía cáncer terminal y su hija, una menor de 15 años que estaba en depresión, necesitaban de sus cuidados”, lo que llevó a que la medida fuera modificada, explicó la defensora.
Los hechos que llevaron a la condena
El caso comenzó el 25 de septiembre de 2022, cuando Liliana fue secuestrada mientras atendía su negocio en la colonia Lomas de Cristo, Texcoco. Durante dos semanas, su familia recibió llamadas de negociación con exigencias económicas. Estas continuaron hasta el 12 de octubre, cuando las autoridades, como parte de un operativo de pago controlado, lograron la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el delito.
“Entre ellos estaban elementos de seguridad pública y el mejor amigo de la víctima. Algunos ya tienen sentencias que alcanzan los 110 años de prisión”, informó Schiaffino.
Mientras que, el 16 de noviembre de 2022, Yuritzi Hernández fue aprehendida en cumplimiento de una orden de aprehensión, tras ser identificada como partícipe activa en los delitos de secuestro y homicidio. En ese momento, las autoridades determinaron prisión preventiva justificada como medida cautelar, lo cual aseguraba su reclusión mientras se desarrollaba el proceso penal.
La modificación de las medidas cautelares
A pesar de las circunstancias iniciales, el 10 de febrero de 2023, la Fiscalía solicitó cambiar la medida cautelar de Hernández a libertad condicionada bajo vigilancia electrónica. Dicha solicitud incluyó argumentos como la necesidad de que Hernández cuidara de su madre, diagnosticada con cáncer terminal, y de su hija adolescente, quien atravesaba un cuadro de depresión.
Como consecuencia, en marzo de 2023, la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo autorizó su salida bajo estas condiciones, permitiéndole permanecer en libertad mientras se resolvía el caso.
Posteriormente, el 8 de noviembre, el juez Gildardo Fernández Cázares dictó una sentencia condenatoria de 95 años de prisión contra Hernández, junto con una multa de 1.4 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de la condena, la medida cautelar de libertad con brazalete electrónico no fue revocada de forma automática.
“Hasta entonces, la Fiscalía pidió nuevamente el cambio de medida cautelar a prisión preventiva; sin embargo, el juez se lava las manos porque no quiere ni siquiera señalar día y fecha para una audiencia de revisión”, cuestionó la asesora legal sobre lo antes mencionado.
La solicitud de revisión y sus implicaciones
Tras la emisión de la sentencia, los representantes de la familia de Liliana solicitaron una audiencia para revisar las medidas cautelares y determinar si Hernández debe cumplir la condena en prisión.
Según indicó Schiaffino, el juez no ha establecido una fecha para la audiencia, prolongando la situación de incertidumbre en torno al cumplimiento de la sentencia. Al respecto, añadió: “Como están las cosas en el Poder Judicial, se va a pasar dos años de juicio de amparo, más seis meses de apelación. Entonces, ¿dónde está la justicia?”.
Impacto en los familiares de Liliana
Es importante mencionar que el caso también dejó profundas repercusiones en la familia de la víctima. Liliana, quien falleció durante el secuestro, dejó a dos hijas menores de edad, de tres y 13 años, que actualmente están al cuidado de otros familiares.
“Mi víctima dejó a una niña de tres años y a otra de 13 en la orfandad, y eso no le importó a la Fiscalía”, señaló Schiaffino. Además, subrayó la importancia de resolver este caso: “¿Para qué nos sirve una sentencia de 95 años si la responsable sigue libre?”, concluyó.