By Natalia Rueda 
Villahermosa, Tabasco — En una ola creciente de violencia que ha sacudido al sur de México, el estado de Tabasco se ha convertido en un punto crítico de preocupación. Durante el fin de semana, dos atentados armados en Villahermosa y Jalapa dejaron un saldo trágico de siete muertos y al menos doce personas heridas, reflejando la alarmante escalada de inseguridad que enfrenta la región.
El primer ataque ocurrió en la madrugada del domingo en la zona hotelera de Villahermosa, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un popular club nocturno, conocido como Dbar, y abrió fuego un asistente en particular que no ha sido identificado, sin embargo seis personas perdieron la vida en el acto, mientras que diez más resultaron gravemente heridas. Los sobrevivientes fueron rápidamente trasladados a hospitales locales, donde permanecen en observación.
Una de las personas asesinadas fue Juan Manuel de la Cruz, integrante de Grupo Estilo del Rancho. Las autoridades locales aún investigan el móvil del ataque, aunque hasta el momento no se ha confirmado que estuviera relacionado con alguna actividad criminal específica, como el narcotráfico o extorsiones. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este ataque.
Ataque armado durante una boda
El segundo ataque se registró la noche anterior, el sábado 23 de noviembre, en la comunidad de Jalapa, durante una boda en un casino que terminó en tragedia. Un grupo armado irrumpió en la celebración y asesinó a un hombre no identificado, además de dejar heridas a dos personas más.
Aunque los dos incidentes ocurrieron en diferentes localidades y de manera aislada, la violencia indiscriminada y la brutalidad de los ataques subrayan el desbordamiento de la seguridad en el estado. Las autoridades locales, incluida la Procuraduría General de la República en Tabasco, han declarado que ambas situaciones están siendo investigadas por separado y no parecen tener un vínculo directo.
Delincuencia y críticas del gobierno local
El sentimiento público en torno al tema se ha vuelto cada vez más frustrante, y los residentes acusan a las autoridades federales y estatales de ineptitud y complacencia. Las acusaciones recayeron sobre los funcionarios del gobierno y los militares, y los críticos afirmaron que no son lo suficientemente proactivos para mejorar la seguridad en la región.