By Natalia Rueda 
Las autoridades están llevando a cabo una investigación sobre el albergue “Unidas por Amor”, situado en Chihuahua, México, en relación con denuncias de tráfico de personas y abuso infantil. El Instituto Estatal de la Mujer (FEM) ha iniciado un proceso oficial para esclarecer estos hechos, lo que ha generado un fuerte interés público y preocupación sobre la situación en el albergue. En este contexto, el pasado 7 de noviembre, las fuerzas de seguridad realizaron un cateo en las instalaciones del centro, donde fueron incautados equipos electrónicos como computadoras y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a un análisis más profundo para determinar su relación con las investigaciones en curso.
Impacto en los jóvenes en riesgo
El cierre del albergue ha generado inquietud sobre las implicaciones legales de esta decisión, especialmente en lo que respecta a la evacuación de los menores que residían allí. Se han recibido reportes sobre traslados forzados de los jóvenes, quienes aparentemente no fueron informados con antelación sobre el desalojo. Esta situación ha provocado que algunos de los residentes se sientan víctimas de una injusticia, temiendo que el abrupto cambio de entorno les arrebate el sentido de pertenencia y comunidad que habían formado en el albergue.
En particular, jóvenes como Ashley Torres, de 17 años, y María Yorley Ruiz Hernández, de 14 años, aprovecharon el caos generado durante el proceso de traslado para escapar. La comunidad se encuentra a la espera de mayores esclarecimientos sobre los motivos detrás de las acciones de las autoridades y sobre las condiciones en las que se están trasladando a los menores involucrados.