By Edith Loyola 
Un juez federal en Seattle bloqueó de manera temporal la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en Estados Unidos.
De acuerdo con el juez John C. Coughenour, del distrito federal, la orden es “claramente inconstitucional”. Esta afirmación fue reportada por ABC News, donde el magistrado expresó:
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el asunto presentado sea tan evidente como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”, señaló Coughenour, quien ocupa su cargo desde 1981, tras ser designado por el expresidente Ronald Reagan.
La Enmienda 14 como fundamento clave
El fallo se basa en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que estipula que cualquier persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar la situación migratoria de sus padres. Este principio, ampliamente reconocido, ha sido uno de los pilares fundamentales del sistema legal estadounidense.
Por el contrario, el decreto firmado por Trump apenas unas horas después de asumir la presidencia pretendía establecer que los hijos de migrantes indocumentados, así como aquellos cuyos padres cuentan con un estatus legal temporal –como visas de trabajo–, no tendrían derecho a obtener la ciudadanía estadounidense..
En términos prácticos, la implementación de esta orden impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a estos niños, y dificultaría que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos. Como consecuencia, se verían severamente limitados en su acceso a derechos básicos y en su capacidad para integrarse legalmente en el mercado laboral.
La respuesta de los estados y la intervención judicial
Frente a esta medida, 22 estados liderados por administraciones demócratas presentaron demandas para detener la aplicación del decreto. Inicialmente, 18 estados interpusieron sus denuncias el martes, mientras que otros cuatro se sumaron posteriormente para solicitar específicamente la intervención de la corte federal.En relación con estas demandas, el juez Coughenour dictaminó que la orden no puede ser aplicada, estableciendo una suspensión por un periodo de 14 días. Por lo que durante este tiempo, podrían presentarse recursos legales en un intento por revertir el fallo, según lo detallado por el periódico The Seattle Times.