Una jueza federal ordenó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial realizada el 15 de septiembre. La jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno Distrito con sede en Veracruz, otorgó una suspensión definitiva que frena la reforma hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo interpuesto en su contra.
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo judicial, la separación de poderes es fundamental para garantizar la independencia de los jueces. En este sentido, se subraya que los sistemas políticos deben implementar procedimientos estrictos tanto para el nombramiento como para la destitución de jueces.
Al respecto, se mencionó que “si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos, se violaría el artículo primero constitucional”. La jueza explicó que esto conduciría a un “estado totalitario en que los individuos son un fin para beneficio y desarrollo del estado, y no el estado es el medio para garantizar los derechos de los gobernados”.
Como resultado de este análisis, Juárez Salas determinó que era procedente otorgar la suspensión definitiva con efectos restitutorios. En consecuencia, el presidente y el director del DOF deberán eliminar la publicación del Decreto de Reforma Constitucional que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2024.
Cabe recordar que el decreto antes mencionado, incluía reformas, derogaciones y adiciones a varias disposiciones de la Constitución en materia de reformas al Poder Judicial Federal. Entre ellos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, la publicación ocurrió en medio de protestas encabezadas por trabajadores del Poder Judicial, quienes mantienen un paro de labores desde el 21 de agosto en rechazo a esta reforma.
La jueza concluyó que “como quedó establecido, resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios”. Lo cual, implica que la publicación del decreto deberá ser eliminada hasta que se resuelva el juicio de amparo de forma definitiva.