La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre amenazas a la autonomía judicial tras la reforma en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación ante la reciente reforma al Poder Judicial en México, la cual introduce la elección popular de jueces. 

Durante una audiencia en Washington, el organismo internacional afirmó que “monitoreará” la implementación de esta reforma para asegurar que se mantenga la independencia judicial, uno de los principios fundamentales del sistema interamericano de derechos humanos.

En este sentido, Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, advirtió que “tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”. Esta declaración subraya el temor de la CIDH ante la posibilidad de que el proceso electoral influya en la autonomía de los jueces, afectando así la imparcialidad judicial.

Cabe recordar que la audiencia fue convocada tras una queja presentada por jueces y trabajadores del Poder Judicial, quienes manifestaron su rechazo a la reforma promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, misma que también cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. 

De acuerdo con las autoridades mexicanas, esta medida busca que los ciudadanos participen directamente en la elección de los jueces, argumentando además que la reforma fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, garantizando su constitucionalidad.

No obstante, el personal judicial ha expresado su desacuerdo, señalando lo que consideran una injerencia del Ejecutivo en la esfera de la justicia. En este contexto, denuncian que el partido oficialista impulsará a sus propios candidatos para las elecciones de jueces previstas para comenzar en 2025, lo que a su juicio, comprometería la imparcialidad del sistema judicial.

Al respecto, Pochak declaró que “la Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, luego de escuchar tanto al Gobierno como a los demandantes en la audiencia.

De igual manera, la relatora subrayó que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos”, como la meritocracia y la independencia de los jueces. Además, alertó que, a la luz de experiencias previas en otros países, se han evidenciado riesgos de “mayor deslegitimación del sistema judicial” cuando se permite la elección de jueces a través de votación popular.

Ante este panorama, Pochak aseguró que la CIDH mantendrá “un monitoreo constante” sobre la implementación de la reforma y que el organismo pretende sostener un “diálogo permanente con el Estado”. Según explicó, México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos, lo que refuerza la expectativa de una colaboración abierta entre ambas partes.

Por su parte, el comisionado Carlos Bernal fue más enfático al expresar su descontento, calificando la reforma judicial como “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo”. En su opinión, esta medida representa un intento del Gobierno por “desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”, cuestionando abiertamente si “no es sospechoso que un Gobierno que arrasa en las urnas quiera también la elección popular de los jueces”.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió defendiendo la reforma durante su conferencia de prensa matutina, cuestionando la rapidez con la que la CIDH atendió esta audiencia.