By Edith Loyola 
Este jueves, cientos de personas se manifestaron en la Ciudad de México para conmemorar el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La protesta estuvo encabezada por familiares de los desaparecidos, quienes acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de no haber cumplido su promesa de esclarecer el caso antes de concluir su mandato.
“Señor presidente, usted traicionó la confianza que como padres le dimos y le dio la espalda al caso Ayotzinapa por proteger al Ejército”, declaró Hilda Legideño, madre de José Antonio, uno de los normalistas desaparecidos.
La desaparición de Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue interceptado por una mezcla de policías y criminales mientras intentaba tomar autobuses en Iguala, Guerrero, para viajar a la Ciudad de México.
Según lo documentado por las investigaciones, todos los niveles de seguridad —policías municipales, estatales, federales y militares— estuvieron involucrados de alguna manera. Esa noche, los estudiantes fueron cazados, acorralados y desaparecidos. Desde entonces, sus familias han mantenido una lucha incansable por saber qué ocurrió con sus hijos.
Al respecto, en estos 10 años, las investigaciones revelaron que el grupo criminal Guerreros Unidos estuvo posiblemente detrás del secuestro de los estudiantes, en complicidad con las fuerzas de seguridad nacional. Los jóvenes fueron separados en diferentes grupos, asesinados, y, según algunos testimonios, sus cuerpos fueron incinerados.
Desde entonces, solo se han identificado los restos óseos de tres estudiantes: Alexander Mora, encontrado en el río San Juan, y Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez, cuyos fragmentos fueron hallados en la barranca de la Carnicería, cerca de otros sitios clave en la investigación. Los demás estudiantes continúan desaparecidos
Investigaciones y promesas incumplidas
Por su parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó una versión oficial de los hechos, conocida como “la verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en Cocula. Sin embargo, esta versión fue ampliamente desacreditada, tanto por la opinión pública como por organismos internacionales.
Mientras que en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, prometió reabrir el caso y brindar transparencia en la investigación. Por lo que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, pero los familiares aseguran que los avances han sido mínimos.
“Nuestros hijos fueron desaparecidos por el Estado. Seguiremos luchando porque el derecho a la verdad y a la justicia está por encima de todo”, expresó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, otro de los normalistas desaparecidos.
Obstáculos en la investigación
De acuerdo con los familiares y sus abogados, uno de los principales obstáculos ha sido la negativa del Ejército mexicano a entregar toda la información sobre lo ocurrido. No obstante, las investigaciones han revelado que el Ejército tenía agentes de inteligencia en los escenarios clave de la desaparición y que monitoreaban en tiempo real a los estudiantes. Ahora, los familiares acusan a López Obrador de proteger a las Fuerzas Armadas en lugar de cumplir con su promesa de transparencia.
Además, en septiembre de 2022, la Comisión para la Verdad publicó un informe en el que confirmó la participación de los Guerreros Unidos y las fuerzas de seguridad en la desaparición de los estudiantes. Este, señalaba que la cadena de mando llegaba hasta altos mandos del Ejército, pero según lo informado por los familiares, la investigación se detuvo justo cuando se apuntaba hacia los responsables militares.
“Exigimos que se entreguen los folios donde está la información faltante de lo que ocurrió esa noche”, exigió Legideño, refiriéndose a los documentos aún en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Las demandas de justicia de este día
Aunque los familiares de los normalistas realizan diversas actividades a lo largo del año para exigir justicia, durante la marcha de hoy los manifestantes pintaron grafitis y levantaron pancartas exigiendo la liberación de 800 documentos que la SEDENA mantiene retenidos y que, según ellos, contienen información clave sobre lo sucedido con los estudiantes. Esta protesta marca la primera desde que las familias rompieron oficialmente el diálogo con el gobierno, alegando una falta de compromiso por parte de las autoridades.
“A estos 43 padres de familia no nos van a detener esos pedazos de bloque, si tenemos que brincarlos, los vamos a brincar”, advirtió Mario González, padre de César Manuel, refiriéndose a los muros de concreto instalados alrededor del Zócalo.
Responsables detenidos
En este sentido, durante estos 10 años, más de 140 personas han sido procesadas por su implicación en el caso Ayotzinapa, entre ellos 60 policías locales, 17 militares y varios funcionarios públicos.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos han sido señalados por diferentes roles: algunos, como los policías municipales de Iguala y Cocula, participaron activamente en la desaparición de los estudiantes, mientras que los militares han sido acusados de colaboración con Guerreros Unidos. Sin embargo, los familiares argumentan que los principales responsables siguen libres y que no se ha esclarecido completamente la cadena de mando.
Presión internacional
La desaparición de los 43 estudiantes ha generado una presión internacional constante. Conforme a las declaraciones de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso Ayotzinapa es una de las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia reciente de México.
El futuro de la investigación
Con el mandato de López Obrador llegando a su fin, las familias de los desaparecidos ahora ponen sus expectativas en la próxima administración. De acuerdo con lo expresado por el presidente, Claudia Sheinbaum, se encargará de darle continuidad al caso. “No descansaremos hasta saber qué pasó con nuestros hijos, gobierne quien gobierne”, concluyeron los padres de los desaparecidos, reiterando su compromiso de seguir exigiendo justicia y respuestas.